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Acatamiento vestido de generosidad para sostener la gobernabilidad política y fiscal

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HERNÁN DE GOÑI Subdirector Periodístico

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El acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y las provincias para restituir una parte de los recursos coparticipables, no es el fruto de una visión racional de largo plazo, sino de un fallo de la Corte Suprema que interpretó que un cambio de gestión podía ser el momento adecuado para ponerse al día con una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

El máximo tribunal generó un acto político, ya que el Poder Ejecutivo no tuvo otra salida que negociar un cambio en el reparto. Si hay algo inédito en el consenso celebrado ayer, es que en los últimos 25 años las transferencias siempre fueron diseñadas para nutrir al Tesoro nacional. El déficit previsional que acompañó el nacimiento de las AFJP, y el rojo en las cuentas que heredó la Alianza en 1999, impulsaron cambios en la distribución que el nuevo marco solo va a corregir parcialmente.

El nuevo ciclo vino con una factura inicial para las provincias. Los cambios en Ganancias y la rebaja en curso del IVA implican resignar $ 25.000 millones, según la Fundación Mediterránea. Pero la cuenta final será largamente positiva: las transferencias automáticas crecerán algo más de $ 200.000 millones, con Córdoba, Santa Fe, San Luis y la Capital como principales ganadores (por la sentencia de la Corte y el traspaso de la Policía), un monto mucho más relevante que los $ 12.300 que aportará en 2016 la restitución de 3% pactada. Más allá de cuánto pese la generosidad oficial en la suma final, está claro que revela cuanto importan los distritos en el esquema de gobernabilidad macrista. Lo que resta negociar en este rubro no es menor: un nuevo esquema federal de financiamiento para el sistema jubilatorio y un marco de responsabilidad fiscal que límite la tentación de gastar más de lo necesario.

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