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LUNES 10/12/2018
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Aborto, salud pública y justicia social

GABRIELA ESTEVEZ Diputada nacional FPV-PJ

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Aborto, salud pública y justicia social

Uno de los roles fundamentales del Estado es la preservación de la salud integral de todas las personas. El de los y las gobernantes, representar los intereses que garanticen el bienestar de la mayoría de la población.

Debe interpretarse como salud el "completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades", tal como define la Organización Mundial de la Salud. Estas dos premisas contienen las garantías de las que deben gozar las personas que habitan el suelo argentino: la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad gubernamental de gestionar la realidad. 

La penalización del aborto es exclusiva -y excluyente- porque se aplica sólo a las mujeres en situación de vulnerabilidad social, económica y cultural, que abortan en consultorios clandestinos, casas no preparadas para la práctica, baños públicos o terrenos baldíos. La sentencia es inmediata y sin juicio previo: la muerte. Las clases media y alta, en cambio, reemplazan ilegalidad por ilegitimidad porque pueden acceder a un mejor trato cuando desean interrumpir el embarazo; en cualquiera de los dos casos, el aborto sucede, y es hora de dejar de silbar bajito ante la evidencia.

La justicia social no es un mero eslogan en tiempos de gobiernos marketineros. Es la búsqueda de la igualdad en el trato entre quienes tienen la posibilidad de acceder a esa práctica de forma segura y a quiénes se les niega esa posibilidad por su posición o clase social. 

La legalización no es sólo la firma de un papel sino la garantía de que no seamos condenadas en la justicia ni en la calle por interrumpir un embarazo, es la apertura de los consultorios de la salud pública a todas, es la posibilidad de ejecutar programas de gobierno para acompañar a las más vulnerables, es facilitar que nuestras parejas, madres, padres, hermanas y hermanos puedan acompañarnos en esos momentos y es la conquista de miles de mujeres en nuestro país que lucharon y luchan por el reconocimiento del derecho a decidir. Es igualdad y justicia social, y mucho más.

El informe publicado en 2016 por el Ministerio de Salud de la Nación ubica al aborto como la causa principal de mortalidad materna. Lo más doloroso y difícil de comprender es que se trata de muertes absolutamente evitables. No se trata de nuestros valores ni de nuestra ideología o nuestra moral, tampoco de lo que cada una de nosotras haría o haya hecho ante las complejas disyuntivas en las que nuestros cuerpos quedan atrapados. Se trata de la preservación de la salud y bienestar, de lo que no podemos ni empezar a hablar si siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos.

No estamos ante una discusión sobre derechos individuales sino sobre igualdad de derechos humanos para más de la mitad de nuestra población. Todas tenemos alguna conocida que ha pasado por esta situación traumática por la clandestinidad, el estigma social por tratar una problemática vinculada a la salud de la mujer como un delito y también conocemos a muchas que han decidido llevar adelante el embarazo, pero no puede imperar en nosotras la razón individual porque no estamos hablando de situaciones aisladas sino de una cuestión que involucra a todo el género. 

La ilegalidad tiene como resultado que nuestras vidas y nuestra salud tengan precio, un elevado precio, inaccesible para la mayoría de las mujeres argentinas y que sin embargo hoy se condena con prisión, generando mayor desigualdad ante la justicia porque las condenas recaen siempre sobre quienes no pudieron pagar una clínica privada y mucho menos pueden afrontar los costos de un abogado.

El debate debe ser profundo, serio, debe involucrar a todas las mujeres de buena voluntad, en un pie de igualdad, por nosotras y por nuestras hijas.

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