ATP, IFE y okupas: se necesitan subsidios que apunten al futuro y no gratifiquen la ilegalidad

La agudización de la crisis socioeconómica con el advenimiento del coronavirus pone sobre el tapete la necesidad de replantear un modelo de país que permita proyectar un futuro venturoso para la Argentina.

Con la economía en su pozo más profundo, la emergencia se tornó en lo cotidiano y la apelación al dinero del Estado se transformó en un recurso permanente antes que en un auxilio puntual para sostener una transición y avanzar hacia una recuperación. Pero con el agravante de que, en la medida en que las fuentes de financiamiento de esa política se fueron agotando, la apelación cada vez mayor a la emisión monetaria para atender esa demanda dejó al país en una situación extremadamente delicada, como lo muestra el déficit fiscal que complica al Tesoro, el cuasifiscal que llena de obligaciones futuras al Banco Central y la expansión de la brecha cambiaria, que traba a la economía por la incertidumbre sobre los precios de reposición de mercaderías y mantiene lejos a los inversores.

El subsidio fue, es y probablemente será por un largo tiempo más, el instrumento que requiera un amplio sector de la sociedad para mantener la cabeza fuera del agua, pero debe tener un fin superador para que aquel que lo solicite pueda comenzar a nadar y no quedar atrapado o hacer la plancha en medio del océano de la crisis.

Subsidiar el sostenimiento y la creación de empleo privado no es lo mismo que hacerlo con la ocupación ilegal de tierras. El primero achica las necesidades financieras futuras al evitar un mayor crecimiento del desempleo y precarización laboral. El segundo incrementa el problema preexistente a tal punto que podría llegar a alentar, peligrosamente, más tomas de terrenos. Por caso, la cifra de $ 50.000 mensuales que se le ofrecerían a los ocupantes para desalojar las tierras en Guernica es hoy mayor a la que un trabajador privado promedio lleva a su bolsillo cada 30 días.

Se trata entonces de resolver por qué camino se pretende transitar, si el de invertir fondos para mejorar la educación, la salud, el empleo y aliviar la emergencia habitacional, o engrosar partidas para incrementar la dependencia estatal.

La Argentina no crece desde 2011 pero la tasa de desempleo se había mantenido estable en 10% hasta este fatídico año del coronavirus. Cuando la pandemia de respiro y el mercado de trabajo se normalice, el piso de la desocupación alcanzará, según proyectan los analistas, al 15%. Y pensar en resolverlo con empleo público, solo agravaría los desequilibrios macroeconómicos de un país con cuentas en rojo e ingresos menores a sus gastos.

Por ello, es crítico establecer las condiciones necesarias para atraer inversiones. Así, se podrán generar los puestos de trabajo privado que la sociedad requiere para su crecimiento y el Estado para destinar sus recursos al desarrollo.

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