A un código de terminar con el espectáculo de las escuchas

Hace algún tiempo, los ciudadanos asistimos a una escena peculiar. Periódicamente, los medios de comunicación masiva difunden “escuchas exclusivas , vinculadas a resonantes casos judiciales. Después de la irrupción inaugural esas conversaciones circulan por otros medios, por las redes sociales y generan un debate que recorre dos senderos. Uno vinculado al contenido de las escuchas. El otro relativo a la razón por la que esas conversaciones privadas llegan a conocimiento del gran público. Me voy a detener en este punto.

Las conversaciones de cualquiera de nosotros, de cualquier tema y por cualquier medio están protegidas por la Constitución Nacional. Sólo un juez, en el marco de un expediente, después de cumplir pasos procesales, puede legalmente ingresar a ese espacio íntimo. Sin embargo, sólo puede usar aquellas charlas relevantes para su investigación y el resto debe destruirlas o preservarlas del público, mientras la causa judicial está en trámite. La paradoja de nuestra vida pública es que esas conversaciones se conocen. ¿Qué pasa?

La secuencia es repite. Una vez que la información trascendió los organismos públicos, demuestran que ellos no fueron los autores de la filtración y los periodistas se amparan en el secreto de la fuente. En medio de ese estado de negación recíproco, el derecho a la intimidad -que es un pilar de la apuesta democrática- se hace añicos.

Los actores que tienen acceso a esa información son pocos. El juez que ordena la intervención, el fiscal que controla esa disposición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a través de la oficina respectiva implementa la orden, y la Agencia Federal de Inteligencia, que colabora en esa implementación a veces.

Frente a cada filtración, los responsables de las áreas precedentemente individualizadas demuestran que ellos se limitaron a cumplir esa parte de la tarea. Lo hacen a través de documentos que así lo acreditan. Es más, en varios casos, existen constancias de órdenes judiciales que disponen “destruir el material que, pese a todo, llega a los medios masivos. ¿Qué hacer entonces?

Me parece que se pueden hacer algunas cosas. Este movimiento singular nos muestra un rasgo de la institucionalidad de nuestro país. En efecto, en demasiadas ocasiones hay un hiato entre lo que los expedientes formalmente dicen y lo que efectivamente pasa en la realidad. En este supuesto, es obvio, las escuchas destruidas circulan por los medios.

Las autoridades podrían mejorar sus actividades de control que, como lo reconoció por estos días un experto de las Naciones Unidas, no son malos. Quizá deberían asegurar que las escuchas efectivamente se destruyan.

Pero en el siglo de la revolución comunicacional no es tan sencillo evitar que algún funcionario infiel preserve una copia para sí. No obstante, existe -y en algunos casos se utiliza-, un dispositivo técnico que funciona como un documento de identidad de las escuchas telefónicas. Hablo del código has. Funciona como una firma. Con esa rúbrica, sería factible identificar la fuente de la información sin violar la Constitución.

Más allá de que en las facultades de derecho, de cualquier facultad, se nos enseña a los abogados que la posibilidad de restringir derechos en el marco de una causa judicial es restrictiva porque el Estado tiene muchos medios para descubrir los delitos, y porque esa tarea debe hacerla más allá de los ciudadanos, y no a través de los mismos. Más allá de todo eso, decía: si es que un juez debe por razones excepcionales recurrir a ese medio, hay que proteger técnicamente esa diligencia de intereses particulares.

Pero también quienes tienen la capacidad de decidir qué se publica y qué no se publica pueden tomar caminos diferentes. Ningún derecho constitucional es absoluto, y tampoco es una obligación automática ejercerlos. Siempre hay un margen de elección, sujeto a un análisis de razonabilidad que tiene que ver con una lógica de las proporciones. En este caso, entre los derechos en juego.

Ese análisis es personal, y se juegan en un proceso de reflexión individual. Nadie puede intervenir en esa deliberación interior. Es parte de la identidad de cada ciudadano.

Aun así, en tiempos en que muchas veces nos gobierna la desmesura de la hibris en el que el sujeto de derechos se asemeja a un objeto mediado por la razón instrumental, es bueno recordar con Imanuel Kant la noción de ese mandato moral de carácter universal según el cual “Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal , en tanto y en cuanto, es un modo de no descargar toda la responsabilidad en el Estado sobre la convivencia social y tomar conciencia que el mundo en que vivimos es en gran parte el resultado de micro decisiones que en términos macro dibujan un brumoso formato societal.

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