Segmentación, eufemismo del inevitable ajuste
Por aproximación vamos estimando que las facturas residenciales de gas y electricidad en las zonas de Capital y Gran Buenos Aires (AMBA) tendrán un aumento para los consumos promedios de un 100 y un 200 por ciento respectivamente. Esos aumentos alcanzarán a los usuarios que no se inscribieron en el registro creado para preservar el subsidio, y a aquellos excedentes de consumo sobre determinados volúmenes de electricidad (400 kilovatios hora mes) y de gas (todavía a determinar) alcanzados por los subsidios.
Los aumentos por ahora comprometen el componente mayorista del precio de la electricidad y el gas dentro de la tarifa, e intentan que el consumo no subsidiado pague los costos económicos de la generación de electrones y producción de gas.
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En valores aproximados el costo promedio total de un megavatio hora de electricidad es de u$s 100 y el consumo residencial paga alrededor de u$s 20. Si queremos recuperar los costos económicos de generación tenemos que multiplicar por cinco, lo que equivale a aumentar el precio mayorista un 400%.
Semejante impacto se atenúa en la tarifa final según la participación relativa del precio mayorista eléctrico (que es el mismo para todo el país) en la tarifa final. En la zona de distribución de Edenor y Edesur, en una tarifa representativa del consumo residencial promedio (300 kwh/mes) el precio mayorista eléctrico representa el 50% de la tarifa final (28% el valor agregado de distribución, y el otro 22% la carga impositiva).
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De allí que el impacto en la tarifa final del aumento de la electricidad en la zona de AMBA se estima en alrededor del 200% (la mitad del 400% en que aumenta el precio mayorista). Ese impacto será menor en aquellas provincias donde el valor agregado de distribución y la carga impositiva tengan una participación relativa muy superior.
Caso extremo, por ejemplo, Tucumán, que ya tiene las tarifas residenciales más caras y donde el valor agregado de distribución en la tarifa final representa un 58% (el precio mayorista un 17% y los impuestos un 25%). En el caso del gas natural hay que pasar de un precio subsidiado al consumo residencial de alrededor de u$s 1,5 el MMBTU a 6 dólares (promedio ponderado del precio de gas doméstico, el gas importado de Bolivia y el de gas por barco).
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Es decir, para alcanzar el precio mayorista del gas natural sin subsidio, hay que multiplicar por cuatro el precio subsidiado, lo que implica un aumento de un 300%. Como el precio del gas representa alrededor de un tercio en la tarifa residencial promedio, el impacto de la suba en la factura no subsidiada será de alrededor de un 100%.
Se ha señalado también que los aumentos tanto en electricidad como en gas se escalonarán a partir de septiembre y a fin de año completarán las subas estimadas totales del 200% (electricidad) y 100% (gas natural) ¿Por qué semejantes aumentos en un contexto inflacionario y de deterioro salarial?. Primero, porque esta administración reincidió en políticas fallidas de congelar precios y tarifas energéticas en una economía inflacionaria.
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Lo habían hecho las anteriores administraciones kirchneristas con serias consecuencias para la calidad de los servicios y para las cuentas públicas y externas. El populismo energético instaló la falacia de que los subsidios son una "paga Dios", cuando representan la contracara de tener precios y tarifas subsidiadas y se terminan financiando con emisión inflacionaria. Los subsidios energéticos el año pasado alcanzaron los 11000 millones de dólares y este año estarían trepando a 15000 millones (los aumentos y su instrumentación a esta altura del año van a tener impacto el año próximo).
Por su parte, el déficit de balanza comercial energética este año alcanzará los u$s 5.500 millones. En segundo lugar, de la pasada experiencia anterior ya se sabía (investigaciones académicas y especializadas lo probaron) que los subsidios generalizados, como los existentes hasta ahora, en esta reincidencia de erradas, han beneficiado más a los ricos que a los pobres. Hasta el 2003 existía una sola categoría de consumo residencial. Y la tarifa social se instrumentó en la administración anterior que heredó el desbarajuste tarifario de las gestiones Kirchner.
Cuando Macri entregó el gobierno las facturas residenciales cubrían un 80% de los costos y los subsidios se habían reducido al 20%. Esta gestión volvió a congelar las tarifas.
Peor, para potenciar el populismo energético instrumentaron subsidios sobre tarifas ya subsidiadas (gas de zonas frías), hasta que la realidad impuso el ajuste. Allí surge la idea de la segmentación de tarifas por niveles de ingresos que se suma a la segmentación ya existente por niveles de consumo. Todo un eufemismo para evitar hablar de tarifazo.
El ajuste duele y pega en el índice de inflación, pero a no engañarse más, los subsidios no son indoloros: financiados con emisión, cronifican la inflación. Cuando la Argentina vuelva a ser un país normal, tendrá una sola tarifa residencial para recuperar los costos económicos de los servicios de gas y electricidad y se concentrará en mejorar el alcance de la tarifa social focalizada.
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