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La situación de los jubilados en Colombia vuelve a estar en el centro del debate tras la confirmación de que, en ciertos casos, la ley permite embargar hasta la mitad de la pensión. Aunque la reforma pensional impulsada por el gobierno aún no ha entrado en vigor, muchas de las normas vigentes siguen generando preocupación entre quienes ya se han retirado del mundo laboral o están próximos a hacerlo.
Lo que más alarma es que estos descuentos pueden aplicarse sin previo aviso directo al titular, especialmente en casos relacionados con pensiones alimenticias o deudas con cooperativas.
La posibilidad de ver reducida la mesada en un 50% plantea un nuevo desafío para miles de adultos mayores que dependen exclusivamente de su pensión para sobrevivir.
La reforma pensional en Colombia cambia el modelo de jubilación
La reforma pensional liderada por el gobierno de Gustavo Petro no entrará en vigor el 1 de julio de 2025, como estaba previsto, debido a un fallo de la Corte Constitucional que exige un debate adicional en la Cámara de Representantes. A pesar de esta pausa, la Ley 2381 de 2024 ya marca un nuevo rumbo para los sistemas de pensiones en Colombia.
Este nuevo esquema establece un Sistema de Protección Social Integral basado en pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. El cambio más relevante es que Colpensiones será la única entidad encargada de administrar las pensiones, mientras que fondos privados como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia operarán únicamente el componente complementario de ahorro individual (Accai).
Embargos legales podrían afectar hasta el 50% de la pensión
Aunque la nueva reforma no modifica la regla de que las pensiones son, en general, inembargables, la Ley 100 de 1993 (artículo 134) ya establece que en casos específicos se puede embargar hasta el 50% del valor neto de la mesada pensional. Esta medida aplica tanto a jubilados del régimen público como a quienes están en fondos privados.
Las razones más comunes para aplicar este tipo de embargo incluyen el pago de pensiones alimenticias y deudas adquiridas con cooperativas. Aunque el descuento puede ser legal, muchos jubilados no son notificados de manera directa, lo que ha generado preocupación entre asociaciones de pensionados y expertos en seguridad social.
