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La Contraloría General de la República encendió una señal de alerta tras revisar el manejo de los recursos del FonIgualdad, un fondo clave del Ministerio de Igualdad y Equidad. Los resultados de la auditoría mostraron cifras que llaman la atención y abrieron interrogantes sobre el verdadero impacto de los programas creados para reducir brechas sociales y territoriales.
Aunque el fondo recibió recursos millonarios para cumplir sus objetivos, los niveles de ejecución registrados durante la vigencia auditada no reflejan, en todos los casos, una implementación efectiva. El contraste entre los montos asignados y los resultados alcanzados plantea dudas sobre la capacidad operativa del esquema diseñado por el Gobierno.
A este panorama se sumaron cuestionamientos políticos que pusieron el foco no solo en la ejecución presupuestal, sino también en la forma en que se han celebrado algunos contratos. Sin embargo, el alcance de estas observaciones se entiende plenamente al revisar los hallazgos detallados del órgano de control.
Contraloría General y la baja ejecución del FonIgualdad
La Contraloría General realizó la primera auditoría al Patrimonio Autónomo del FonIgualdad con el objetivo de vigilar la gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2024. El informe reveló una baja ejecución presupuestal, pese a que el fondo recibió cerca de $1,9 billones transferidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Según el organismo de control, durante el periodo auditado solo se comprometió el 25 % de los recursos apropiados, se obligó el 13 % y se realizaron pagos equivalentes al 3,08 % del total destinado al funcionamiento del fondo. Además, de los $469.047 millones trasladados en diciembre de 2023, FonIgualdad ejecutó apenas el 25,30 % durante 2024, lo que equivale a $118.652 millones.
Programas sin ejecución y denuncias por contratación
En el detalle del gasto, la Contraloría indicó que los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución del 98 %, con compromisos cercanos a $13.040 millones. No obstante, en los gastos de inversión se evidenció que 12 de los 25 programas del fondo no registraron ejecución alguna durante la vigencia auditada.
Los programas con mayor nivel de cumplimiento fueron Jóvenes en Paz, con un 87 %, y el Programa Nacional del Cuidado, que alcanzó un 85 %. En paralelo, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció presuntas irregularidades en la contratación del Ministerio de Igualdad, señalando que el fondo habría celebrado contratos directos con la empresa Laborando S.A.S. por más de $70.582 millones, así como la utilización de operadores logísticos mediante esquemas de tercerización, hechos que calificó como una “feria de contratos, burocracia y derroche”.
