El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de tres días en distintas regiones de Colombia como rechazo a lo que denomina la nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La medida, según comunicó la propia guerrilla, comenzará el 14 de diciembre en horas de la mañana y se extenderá hasta el 17, con restricciones a la movilidad y advertencias a la población civil.

De acuerdo con el comunicado difundido por el grupo armado, la decisión se enmarca en su postura crítica frente a la política exterior de Estados Unidos en América Latina. El ELN sostiene que existe una intención de profundizar la intervención extranjera y el control sobre los recursos naturales de la región, argumento que utiliza para justificar la convocatoria al paro.

Durante este tipo de acciones, el ELN suele limitar el tránsito por carreteras y ríos, además de ordenar el cierre de comercios y advertir sobre posibles sanciones a quienes no acaten las restricciones. Por ese motivo, la organización pidió a los civiles evitar desplazamientos en las zonas donde tiene presencia armada durante los días anunciados.

Qué zonas podrían verse afectadas por el paro armado del ELN

El grupo insurgente no detalló si el paro armado se aplicará en todos los territorios donde opera. Sin embargo, informes de organizaciones especializadas en conflicto armado señalan que el ELN tiene presencia en más de 200 municipios, distribuidos en al menos 19 departamentos, con fuerte influencia en regiones como Chocó, Norte de Santander y Arauca, además de zonas fronterizas.

En anteriores paros armados, las principales afectaciones se registraron en el transporte intermunicipal, el abastecimiento de alimentos y la actividad comercial, especialmente en áreas rurales y corredores estratégicos.

Respuesta del Gobierno: despliegue militar y policial

Ante el anuncio del ELN, el Ministerio de Defensa informó que se activaron todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para proteger a la población y garantizar la movilidad. Desde el Gobierno calificaron el paro armado como una forma de constreñimiento ilegal y aseguraron que se mantendrán operativos especiales en las regiones más sensibles.

Las autoridades indicaron que habrá mayor presencia de uniformados, controles en vías principales y acompañamiento a comunidades rurales, con el objetivo de reducir el impacto de la medida y prevenir hechos violentos.

El paro armado en medio del estancamiento del proceso de paz

El anuncio se produce en un contexto de estancamiento en los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN. El último cese al fuego bilateral venció en agosto de 2024 sin que se lograra un acuerdo para su renovación, lo que incrementó la tensión en varias regiones del país.

Mientras tanto, la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro enfrenta dificultades para avanzar con esta guerrilla, en un escenario en el que organismos internacionales han advertido sobre el deterioro de la seguridad y el recrudecimiento del conflicto armado en zonas estratégicas de Colombia.