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Durante años, era habitual que familias y particulares entregaran o vendieran cachorros nacidos en sus hogares sin necesidad de realizar ningún trámite. Sin embargo, esa práctica cambió en España con la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
La norma, vigente desde el 29 de septiembre de 2023 y con controles reforzados durante 2026, establece que la reproducción de animales de compañía ya no puede realizarse libremente con fines comerciales. A partir de ahora, quienes deseen dedicarse a esta actividad deberán inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía y cumplir una serie de exigencias administrativas.
Solo los criadores registrados podrán tener camadas
La legislación prohíbe que particulares críen perros, gatos o hurones sin contar con la autorización correspondiente. El objetivo es reducir la cría incontrolada, combatir el abandono y garantizar que los animales sean criados bajo estándares mínimos de bienestar.
De esta manera, tener una camada deja de ser una decisión exclusiva del propietario y pasa a convertirse en una actividad regulada por el Estado.
Además, la normativa busca frenar el mercado irregular de mascotas, especialmente las ventas realizadas a través de redes sociales, páginas web o acuerdos entre particulares.
Cómo funciona el Registro de Criadores de Animales
Las personas que quieran criar animales de compañía deberán inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía y acreditar que cumplen determinadas condiciones.
Entre los requisitos figuran:
- Demostrar conocimientos sobre bienestar animal.
- Contar con instalaciones adecuadas para garantizar la higiene y el cuidado de los animales.
- Cumplir con los controles veterinarios exigidos.
- Permitir la trazabilidad de cada camada.
El sistema también permite identificar el origen de los animales y controlar su recorrido para evitar la cría ilegal.
Qué ocurre con los dueños que no estén registrados
La ley obliga a los propietarios que no formen parte del registro a evitar la reproducción de sus mascotas.
En el caso de los gatos, la normativa establece la esterilización antes de los seis meses de edad, salvo que el animal forme parte de un programa de cría autorizado o exista una justificación veterinaria.
Para perros y hurones, aunque la esterilización no es obligatoria en todos los casos, los dueños son responsables de impedir que sus mascotas tengan crías si no están inscritos como criadores.
Cuáles son las sanciones por incumplir la ley
La normativa también prohíbe la venta de cachorros entre particulares fuera de los canales autorizados.
Criar animales sin estar inscrito en el registro oficial puede acarrear multas de entre 10.001 y 50.000 euros, además de otras sanciones administrativas.
Según las autoridades españolas, la medida busca reducir el abandono de mascotas y reforzar el control sobre la reproducción y comercialización de animales de compañía.
