Cuál es el costo (real) de la corrupción pública en tu calidad de vida

Cuál es el costo (real) de la corrupción pública en tu calidad de vida

El escándalo de los cuadernos -y sus implicancias en la clase empresaria- volvió a poner a la corrupción en la agenda. Daniel Funes de Rioja (Chair del B20) y Pablo Secchi (Chair del C20) analizan el impacto en la vida cotidiana.

En 2017, la Argentina se ubicó –a la par de Benín, Suazilandia, Kuwait, Kosovo y las Islas Salomón– en el puesto 85º (entre 180) del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Según Ariel Coremberg y Martín Grandes, investigadores del Conicet, el costo de los sobornos derivados solamente de la obra pública equivaldría a u$s 36.000.000.000 (6 % del PBI). Desde las campañas electorales hasta los actos de gobierno, es un fenómeno que se cuela en todas las instancias del sistema político. A nivel económico -según analizó Nicolás Dujovne meses antes de asumir en Hacienda-, puede convertirse en un freno a las inversiones, y genera grandes desequilibrios en la asignación de recursos.

¿Cuál es el impacto de la corrupción pública en la vida privada?

DFR: Lo que uno debe clarificar es que es un problema de ética pública y ética privada. La experiencia internacional indica que no hay un delito de cuello blanco con consecuencias limitadas, que no impacte en las finanzas públicas, el presupuesto y otras cuentas públicas o privadas. Por ello, con mayor énfasis, las economías más desarrolladas han buscado conjugar los aspectos de la contratación pública –particularmente en obras de infraestructura– con las referidas al comportamiento del sector privado, sea en las aludidas contrataciones o en las cadenas de valor. No es concebible pensar que la corrupción no tiene impacto: lo tiene y en todos los ámbitos. Perturba no sólo los procesos de selección del contratista, sino que traslada sus efectos a la economía, la política y, en definitiva, a la sociedad.

PS: La cara más visible de la corrupción es que afecta la calidad de vida de las personas. Pensemos en el accidente de la estación Once, que es el caso más directo, pero también  en las obras públicas que no se hacen o son mucho más caras por culpa de sobreprecios que son parte del delito. Esos fondos servirían para otras obras que pueden mejorar la educación, la salud o incrementar fondos para políticas públicas que mejoren la calidad de vida. Cuando se piensa en corrupción muchas veces se asocia con el enriquecimiento de un funcionario, pero la corrupción es un sistema del cual participan demasiados actores que se llevan una parte del presupuesto que es de todos.

¿Cuál debe ser el rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción?

DFR: La corrupción debe ser mirada con un criterio integral. Hay que erradicar no sólo la corrupción sino las circunstancias que la favorecen. Incluso la burocracia debe ser revisada con el objetivo de agilizar y simplificar trámites, de modo tal de evitar procedimientos irregulares que luego se transforman en modos de gestión. La digitalización de la economía constituye una herramienta sumamente útil para trasladar dicha experiencia a la gestión pública y, con ello, simplificar la vida ciudadana y la de la empresa. La acción conjunta de gobiernos, empresas y la sociedad civil es imprescindible para fortalecer la cultura de integridad. El Business 20 (B20) constituye una de las instancias internacionales de mayor relevancia para que dichos actores se reúnan y propongan soluciones aplicables. Entre las recomendaciones se encuentra el diseño de un documento que contemple principios básicos de integridad, con el objetivo de que sea adoptado por empresas del ámbito público y privado. Está orientado a la transparencia en proyectos de infraestructura y a la adopción de estándares de cumplimiento de normas por parte de las empresas estatales.

PS: La sociedad civil y el periodismo tienen que estar siempre en la vereda de enfrente de los gobiernos. Colaborar aportando determinados conocimientos específicos, pero principalmente controlar, ser un guardián de lo público, preguntando, criticando y hasta denunciando pública y judicialmente las irregularidades. No hay lucha contra la corrupción sin sociedad civil organizada y periodismo independiente.

¿Las denuncias de corrupción impactan más en la economía o en la política?

DFR: Los efectos colaterales de un proceso de esclarecimiento de la corrupción pueden ser diversos, incluso en el campo político. Pero de ninguna manera justifican consentir, dilatar o encubrir las acciones destinadas a esclarecer y condenar judicialmente los hechos de corrupción. No hay estado de derecho si no se aplica la ley, con criterio de razonabilidad y justicia pero, en todo caso, sin tolerar la impunidad. Más allá de la validez que puedan tener ciertos argumentos, terminan siendo excusas para justificar o consentir la corrupción, y ello no permite la construcción del desarrollo y  sustentabilidad. La inversión requiere reglas de juego y la corrupción limita la confianza que se puede tener en los compromisos asumidos por las naciones.

PS: El tema está en si pensamos a corto plazo o queremos aplicar soluciones sistémicas que cambien de raíz el problema. Indudablemente destapar la red de complicidades entre un gobierno y el sector privado va a generar a corto plazo turbulencias. Pero tenemos que pensar adónde nos llevó esa red de complicidades. Resulta también un ejercicio interesante pensar qué vamos a hacer a partir de ahora, cómo vamos a refundar el sistema para que no siga todo igual.

La causa de los cuadernos expuso, por primera vez, a los privados involucrados en la corrupción política. ¿Cambió el paradigma?

DFR: La corrupción se veía como una acción exclusiva de los funcionarios, y no como un hecho de complicidad o connivencia. La sociedad concibe hoy de forma mucho más precisa esta lectura, de modo tal de reconocer como actores a ambos: al funcionario que se corrompe y a quien participa en el acto de corrupción, aún desde el sector privado.

PS: Siempre observamos la corrupción como un fenómeno con múltiples actores. En primer lugar, un funcionario público que utiliza su posición de poder para beneficiarse en forma privada. En los casos que estamos viendo eso implica también a un privado. Pero también a los organismos que no logran controlar esas relaciones. El avance de causas judiciales en las cuales se comienza a ver la pata del sector privado es un avance para luchar en forma integral contra la corrupción. No podríamos decir que es un cambio de paradigma. Por el momento es una causa puntual, pero esperamos que se comiencen a observar los casos de corrupción desde esa óptica.

¿Es utópico pensar en corrupción cero o hay que considerarla sistémica?

DFR: La regla es que no haya corrupción, y la excepción debe ser verificarla. Allí donde la corrupción ha sido estructural, produce un derrumbe de las instituciones políticas, además de efectos negativos sobre la economía y la sociedad. Desde el ciclo argentino del Business 20 hemos hecho énfasis en otorgar prioridad a recomendaciones de políticas públicas que aborden propuestas educativas para fomentar una cultura de integridad. Instalar prácticas de transparencia comienza con la educación y se complementa con la normativa legal.

PS: Sin lugar a dudas, es un problema sistémico. Lo vemos en el caso del financiamiento de las campañas electorales, en la obra pública, en el funcionamiento del Poder Judicial como garantía de ese sistema. Nuestro país tiene un problema de fondo que necesita ser atacado en forma integral con un sistema de engranajes anticorrupción.

¿La política puede luchar contra la corrupción cuando el financiamiento de sus campañas está bajo sospecha?

DFR: Para que haya una hipótesis de transparencia en los procesos electorales debe haber un financiamiento de los partidos políticos que aborde claramente estas cuestiones, vedando determinadas formas de cotización e ingreso de fondos. Si la campaña está bajo sospecha, pierde legitimidad el eventual elegido porque la sociedad condena que recurra a medios ilegales para acceder al poder.

PS: Hace muchos años que desde Poder Ciudadano estamos trabajando para instalar en la agenda el tema del financiamiento de las campañas electorales. Sabemos que los principales partidos financian irregularmente sus campañas y que el dinero en negro supera a lo declarado. En este punto, los políticos son cómplices de no impulsar un control más firme e integral desde la Justicia, y no sancionar leyes más rigurosas y con sanciones reales. El tema está en que se tienen que autorregular y eso pone de manifiesto quizás la dificultad más grande que tenemos por delante.

¿Por qué desde el poder se debería luchar contra algo que claramente lo beneficia?

DFR: Por el bien común. La diferencia entre bien común y el beneficio personal o de un grupo es obvia. Por ende, los actores de la política deben respetar ese principio. En caso contrario serán sectarios o actuarán en beneficio propio, y cualquiera de ambas finalidades es contraria a la ética pública. Cuando ocurren escándalos de corrupción, más allá de la incidencia que pueden tener en contrataciones y concesiones puntuales, todo el ecosistema de inversiones de los países involucrados se ve afectado. Esto repercute en la confianza internacional y, en definitiva, es el desarrollo de la sociedad en su conjunto lo que se ve comprometido.

PS: La ciudadanía, la calidad de vida que se erosiona con cada acto de corrupción, la democracia que pierde fuerza cuando el que llega al poder lo hace por financiamientos ilegales, las escuelas que no se construyen o están en pésimas condiciones… Los beneficios de la corrupción son para unos pocos en detrimentos de muchos.

¿La Justicia es parte del problema?

DFR: Si la Justicia está subordinada al poder político o no cumple sus funciones con quienes incurren en actos de corrupción, está afectada su transparencia e imparcialidad como poder. En ese sistema político está seriamente comprometido y vulnerado el principio de separación de los poderes. Por ende, tales magistrados son parte del problema y no de la solución.

PS: La Justicia es uno de los actores responsables de la corrupción. Actúa tarde, en muchos casos mal, y su poca independencia se demuestra cuando se activa una vez que los poderosos dejan el gobierno. Sin embargo, es el sistema que tenemos. Y hasta que no lo reformemos, las garantías las dan procesos judiciales donde no actúa un solo juez sino también un fiscal, las apelaciones con otros jueces y las garantías del debido proceso. Indudablemente, la matriz de corrupción no va a ser resuelta si en la ecuación no entran los problemas que tenemos en el Poder Judicial.