¿Cancha inclinada? El nuevo rol de las empresas en la campaña electoral

¿Cancha inclinada? El nuevo rol de las empresas en la campaña electoral

Esta será la primera elección en la que las personas jurídicas puede hacer -legalmente- aporte de campaña con un tope máximo del 2 %

A 10 años de la Reforma Política que impulsó el kirchnerismo, la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos puso un nuevo jugador en el tablero del proceso electoral: las empresas, que ahora pueden realizar donaciones  de campañas legalmente.  ¿Transparencia o un nuevo escenario de 'cancha inclinada’?

¿Cómo analiza la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos?
MEC: Creo que hay que pensar mecanismos correctivos para los desbalances que va a producir. Hay que repensar el tema de cómo se hacen las campañas, porque va a generar inequidades y va a perjudicar a los partidos más chicos y sin llegada a estas empresas que, probablemente, no quieran financiar a un partido que sientan que no tenga capacidad de ganar. Y es muy importante pensar los mecanismos de democracia directa adentro de las empresas: me parece que los accionistas van a tener derecho a saber cómo y quién toma las decisiones de cómo se hacen los aportes. Habrá que ver cuál fue el efecto que tuvo en estas elecciones y qué correctivos se pueden hacer.
CT: La relación entre dinero y política es vulnerable. Si bien hay cosas pendientes, es un avance. Es positivo el hecho de que se haya puesto en la mesa, más allá de los resultados, dos temas que eran cruciales: la informalidad con la que se manejaba el dinero –porque hasta este año se podía financiar toda una campaña electoral completamente en efectivo, pero ahora tiene la obligación de ser bancarizado el 100 por ciento–; y el tema de los aportes de personas jurídicas a campañas. Lo que se decía es que las personas jurídicas, de hecho, donaban y que muchas de las inconsistencias que la Cámara Nacional Electoral (CNE) encontraba por parte de los partidos políticos correspondían a que muchas de las fuentes que los financiaban no estaban permitidas. Por ejemplo, las personas jurídicas.

María Esperanza Casullo. Estudió Ciencias de la Comunicación (UBA), magíster en Políticas
Públicas (UNSam) y un Doctora en Teoría Política (Universidad de Georgetown). Recientemente publicó su primer libro ¿Por qué funciona el populismo? (Siglo XXI Editores).

¿Las empresas son los nuevos jugadores en las campañas?
MEC: Hay que preguntarse cuál es el argumento normativo. No estoy de acuerdo en que se les otorguen derechos políticos a las personas jurídicas. La política, en la historia de la Humanidad, se reserva para las personas que son los que tienen derecho a votar, a ser elegidos y a formar asociaciones políticas. Mediante esta reforma, también se puede decir que las empresas, de alguna manera, tienen derecho a tener preferencias de intervenir en la esfera pública y en la esfera política. Estamos diciendo que las empresas son sujetos de derechos políticos.  Si realmente el tema va a ser ahora que las empresas deciden política, a quién van a apoyar, ¿cómo se toma esa decisión? Introduzcamos mecanismos de democracia interna en las empresas, porque ¿cuál es la transparencia interna de esa toma de decisiones?
CT: Para Cippec, la prioridad no pasaba por el financiamiento de las personas jurídicas. Nuestro trabajo siempre pasó por empujar a que lo que existe se haga de manera más transparente y equitativa. El tema de la trazabilidad, por ejemplo, que se pueda comprender cuál es la fuente y el fin de cualquier dinero que llega a una agrupación política, y se pueda trazar todo el camino de ese financiamiento. La cuestión de la equidad en la competencia: cómo controlamos el tema del abuso de los recursos públicos con fines proselitistas. Sin controles efectivos, el sistema de incentivos puede funcionar de manera perversa. Y el tema de las provincias: cómo hacemos para empezar a avanzar en esos espacios donde la Nación no puede intervenir porque cada una hace sus propias reglas en temas electorales. En materia de financiamiento, muchas veces lo que sucedía es que cuando las provincias y la Nación celebraban sus elecciones de manera simultánea, todo lo que no se podría justificar bajo las reglas nacionales, se podría filtrar como si fuera parte de la campaña provincial.

De lo que se declaró de las campañas electorales de 2017 ante la CNE, el 80% son no trazables

¿Podría derivar en inequidades entre los partidos?
MEC: Los politólogos pensamos que la cancha tiene que ser lo más pareja posible entre los partidos. Sabemos que hay factores de desigualdad, pero la legislación debería generar cierta equidad. Por ejemplo, la reforma para que los partidos tengan el mismo tiempo de televisión. Si tenés un partido, como el Republicano en los Estados Unidos, que concentra la inmensa mayoría de donaciones de empresas, a priori ya sabés que va a tener mucha mayor capacidad para comprar segundos de publicidad televisiva y eso ya le otorga una ventaja. Obviamente eso no hace ganar una elección, pero inclina la cancha a su favor. Hablamos del 'síndrome de cancha inclinada' y el temor es que pase lo mismo en la Argentina.
CT: La evidencia comparada dice que una buena ley de financiamiento genera un marco regulatorio que impide las asimetrías en la competencia. Una manera de mitigar esas asimetrías, cuando se permite la intervención de privados, ya sea de personas físicas o jurídicas, es que los topes sean claros y que sean respetados. Eso hace que aquellos partidos que tengan el apoyo del poder económico no tengan una ventaja abismal sobre los que no lo tienen.

¿Hay riesgo real de ‘privatización de las campañas’?
MEC: Las campañas ya las manejan privadamente los partidos. Ahora lo que tendríamos es un partido que puede tener 50 veces más recursos que otros. Me parece que requiere otro tipo de debate, un mayor involucramiento de la sociedad civil, de los partidos políticos. No se construyen legislaciones de algo tan sensible como un tema electoral así.
CT: Desde lo que la ley prevé, hay dos mecanismos para evitarlo. Uno son los topes, y el otro es el hecho de que debe existir un reporte por parte de los privados ante la CNE cada vez que hacen un aporte a una campaña. Es como una especie de declaración jurada que se le pide a los aportantes privados, sean individuos o empresas. Si es efectivo o no, lo vamos a ver después de esta elección 2019, pero se prevé eso y me parece que juega a favor de blanquear un poco quién está detrás de cada partido político y de cada candidato. Si, como están haciendo algunos países desarrollados, se obliga –de a poco, porque es algo complejo el proceso– a las agrupaciones políticas a rendir sus aportes durante la campaña, y hay maneras de transparentar eso y de ponerlo al servicio de la ciudadanía para que también haya un control social sobre lo que hacen los partidos y los candidatos, y el costo de hacer algo mal es la propia candidatura, eso es un buen incentivo para que las cosas funcionen de manera más armoniosa.

Carolina Tchintian. Licenciada en Ciencia Política (UBA), magíster en Políticas Públicas (UTDT) y
doctora en Ciencia Política (Rice University). Actualmente es Directora de Instituciones Políticas en Cippec.

Transparencia, ¿una deuda pendiente del financiamiento electoral?
MEC: Por un lado, todo el mundo sabe que hay aportes y plata en negro y que, además, muchos gastos de las campañas políticas se hacen en negro, porque tiene que ver con un montón de cosas que se pagan en efectivo: desde darle $ 500 a un grupo de pibes para que hagan pintadas a pagar por entrevistas en medios, son cosas que no se hacen con factura, en general. Uno de los problemas o de la fragilidad del sistema (que también era bastante fácil de solucionar) es que el ámbito que tiene que controlar esto, la CNE, no tiene el capital humano necesario para hacer esos controles rápido y en tiempo real. Ahora, en los últimos años también se habían hecho muchos esfuerzos por una mayor transparencia. Porque había controles y, de alguna manera, funcionaron. Quedó probado en el caso de la provincia de Buenos Aires con las personas a quienes les habían fraguado su identidad para hacer aparecer aportes como si fueran en blanco, sobre todo en el caso de Cambiemos.
CT: En estos 10 años, el sistema de financiamiento de la política (de las campañas y los partidos políticos) en la Argentina se caracterizó por el tema de la informalidad. Por ejemplo: de lo que se declaró de las campañas electorales de 2017 ante la CNE, el 80% son no trazables, con lo cual no se puede hacer la ruta del dinero. Se usaron fuentes no permitidas para el financiamiento de la campaña, personas jurídicas y el abuso de los recursos públicos, como el uso de publicidad oficial con fines proselitistas. El sistema de incentivos que deriva del tipo de controles que tenemos también funciona un poco en contra de la transparencia y de la equidad, porque se hacen después de que la campaña finalizó y los representantes fueron ya electos. Y, por último, el tema del doble estándar entre la nación y las provincias, que genera esa brecha entre lo que se puede hacer a nivel nacional y provincial. Así es como funcionó hasta ahora esta idea de la informalidad o de la opacidad del sistema y de lo que genera en términos de transparencia y de equidad.

Va a generar inequidades y va a perjudicar a los partidos más chicos

Dinero y campaña: ¿es posible regular una relación tan sensible?
MEC: Además de regularlo hay que pensar cómo tienen que ser las campañas. Hay que lograr que sean más baratas y más cortas, y que no se necesite semejante cantidad de dinero. Es un tema muy difícil de manejar en todo el mundo, y no hay ningún país que haya encontrado un sistema que funcione perfectamente. En la mayoría de los países de la región se están moviendo en una dirección: hacer campañas más cortas, que los partidos obtengan un mayor porcentaje de sus fondos del Estado, es decir, con financiamiento estatal. Y nosotros nos estamos moviendo en otra dirección, bastante solos.
CT: Las reglas de juego deberían marcar incentivos para que uno haga las cosas de manera prolija. Los marcos regulatorios en este contexto son fundamentales. Y los avances graduales: tuvimos una primera ley de financiamiento, se reformó, se volvió a ajustar, y me parece que vamos a seguir ajustando. El incentivo tiene que estar puesto en reforzar los controles y que los principales involucrados tengan ese incentivo para hacer las cosas bien. Por eso el tema del control es fundamental. Esta ley prevé mejoras en materia de control –inyecta más recursos a la Justicia Electoral para que controle en menos tiempo y para que haga sus auditorías–  pero sigue siendo a posteriori.

¿Sistema mixto o 100% público?
MEC: Me inclinaría por un sistema mixto muy regulado y con campañas controladas. Porque un sistema solamente público genera demasiado incentivos para la circulación de dinero en negro.
CT: Esas cosas hay que evaluarlas siempre en contexto. Imagino un sistema 100% público en la Argentina, con tanta desilusión o conceptos negativos que existen sobre el uso de los recursos públicos por parte de la sociedad…  No sé cuán beneficioso podría ser un marco regulatorio donde a la gente se le diga: “De ahora en más, las campañas electorales van a ser financiadas completamente por el Estado”. El análisis de las reglas de juego de un país tiene que tener muy en cuenta el contexto en el que se deciden esas cosas.

Financiamiento electoral, ¿tabú en el país?
MEC: Es un tema que no pertenece a la cultura política argentina y me parece que va a haber que discutirlo. Es decir, en los Estados Unidos tienen mucho más regulado el tema del conflicto de intereses, las relaciones entre cámaras empresarias y el sistema político. Por lo menos es un tema que aparece. Acá no aparece y es otro de los temas que va a haber que discutir.
CT: Es cierto, no está en las prioridades el tema del financiamiento de la política. No quiero generalizar, pero me parece que los temas institucionales son complejos de abordar porque son muy técnicos y eso los vuelve no prioritarios. Entiendo que en la ciudadanía el tema de la corrupción importa, indigna, y al final de cuentas creo que cada escándalo –que copan la agenda pública y mediática– relacionado con el financiamiento de la política, contribuye al descreimiento generalizado en las instituciones de la democracia. Por eso, esté o no esté en agenda, tenemos la obligación de empujar para que esto mejore, porque creo que los escándalos sí terminan siendo perjudiciales para el funcionamiento de las elecciones en general y de la democracia de nuestro país.

 

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