Como primera medida, se propuso que el Directorio acepte la renuncia de Lucio Leiva como miembro de la Comisión Departamental de Jóvenes; Lucio, hijo del condenado, había sido desvinculado previamente como asesor del edil. Lucio fue liberado tras ser detenido en el marco de la investigación que comenzó por la aparición de droga en la vivienda compartida por ambos.

La Fiscalía sostiene que la maniobra fue detectada el 16 de setiembre, cuando una Hyundai Tucson arribó a la casa de Pablo y Lucio Leiva en el barrio Pérez Castellanos y un ocupante entregó una bolsa con dinero. Los investigadores afirman que Pablo Leiva conocía la procedencia ilícita del efectivo —producto del narcotráfico— y que su rol consistía en introducirlo de forma aparente legal en el sistema financiero.

En el allanamiento a la vivienda se incautaron múltiples fajos de dinero y monedas, tres cuadernolas con anotaciones y un teléfono celular; además se hallaron cartuchos de distinto calibre en el dormitorio y una bolsa con dinero en el auto. En total, la Policía secuestró 2.980.240 pesos, según la información oficial.

Gómez aseguró que al conocerse el caso ya se encontraba en el exterior y que había procedido a desvincular a Pablo Leiva. Fuentes del partido indicaron que el edil se puso a disposición de la comisión de Ética y que solicitará licencia hasta que el tema quede esclarecido, en un intento de evitar que la causa afecte la gestión y la imagen institucional.

El episodio abre un desafío para el Partido Nacional en materia de control interno y reputación política, y deja sobre la mesa la necesidad de esclarecer responsabilidades penales y políticas mientras la investigación fiscal continúa su curso.

Orsi recordó que el avance de causas penales debe ser respetado y que corresponde a la justicia profundizar las pesquisas. “Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, que está en el marco de la justicia, por eso nosotros no deberíamos intervenir, mejor”, sostuvo, y añadió que no corresponde al presidente opinar sobre el accionar de fiscales o jueces, porque ello dañaría el funcionamiento del sistema judicial.

El jefe de Estado también advirtió sobre la permeabilidad que puede tener la actividad política frente a la infiltración del narcotráfico, en particular por el volumen de dinero que maneja ese delito. “Hay que ser muy exhaustivos en esto y cuidadosos”, dijo, y defendió la necesidad de dejar que las instituciones y los órganos competentes actúen sin presiones externas.

La condena a dos años y medio de prisión recayó sobre el asesor por su participación en maniobras ligadas a la incautación de 250 kilos de pasta base en Montevideo. Durante la investigación surgió que el condenado realizaba pagos a través de un local de cobranzas registrado a nombre de la esposa de Jorge Gandini, exsenador y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Gandini salió públicamente a negar vínculos con el condenado y aseguró que no lo conoce; explicó que el exasesor acudía al local de su mujer para abonar facturas del BPS por dos empresas de su propiedad. La investigación consignó pagos por sumas cercanas a 500.000 pesos que fueron efectuados en efectivo, con numerosos billetes de 100 y 200 pesos, un dato que figura entre los elementos analizados por la justicia.

Orsi cerró su exposición reiterando su respeto por la presunción de inocencia y la independencia judicial: “Nada más nocivo para el funcionamiento de la Justicia que el presidente de la República opine sobre el proceder de fiscales o jueces”.

Ahora, la negociación quedó concentrada en tres puntos y bajo la presión de un posible paro nacional de 48 horas si no se alcanza una solución.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, explicó que presentó una propuesta de acercamiento después de que las partes lograran avances en parte del nuevo convenio colectivo, si bien aún persisten diferencias sobre la cantidad de jornales mensuales asegurados, las partidas económicas extraordinarias y la duración del acuerdo.

El ministro explicó que hay más de 20 puntos en los cuales se han logrado acuerdos, pero hay tres puntos en los que hay diferencias y, al no moverse ninguna de las partes.

Castillo sostuvo que la intención del Ministerio de Trabajo no es que trabajadores y empresa aprueben sin modificaciones el planteo presentado por la cartera, sino utilizarlo como una base para continuar negociando los puntos que aún siguen sin ser solucionados.

Castillo consideró que la asamblea de los trabajadores realizada el jueves resolvió continuar con la negociación y aclaró que el ministerio “no hace causa” de que su propuesta sea votada tal como fue enviada, sino que aspira a que permita discutir las tres diferencias que impiden cerrar el convenio colectivo.

De esta manera, la reunión del próximo lunes aparece como una instancia central para definir si el conflicto puede encaminarse hacia un acuerdo después de meses de negociaciones.

En julio, trabajadores y empresa ya habían aceptado una propuesta del MTSS para encauzar la negociación y retomar la actividad, abriendo un ámbito tripartito destinado a alcanzar un nuevo convenio colectivo.

En tanto, la operativa de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se mantiene y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) abrió un compás de espera hasta comienzos de la próxima semana, aunque dejó aprobada la posibilidad de realizar un paro en todos los puertos del país por 48 horas.

El dirigente del sindicato Álvaro Reinaldo explicó que el objetivo es que la propuesta del MTSS permita resolver el conflicto “el lunes, martes a más tardar”, al tiempo que advirtió que la medida de 48 horas podría concretarse si no se avizora una salida.

Los trabajadores consideran que la propuesta del ministerio puede transformarse en una solución, aunque reclaman modificaciones y ponen el foco en alcanzar estabilidad laboral y garantizar los jornales.

A toda esta discusión se suma el rechazo del sindicato portuario a los servicios mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo para la operativa de la empresa TCP.

La resolución dispuso un régimen transitorio que comprende, entre otras actividades, la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores y los servicios de almacenamiento y depósito.

El Supra reclama que la medida sea levantada una vez que se firme el nuevo convenio colectivo y adelantó que buscará recurrir esta decisión primero en forma administrativa y, eventualmente, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).