Los nuevos emplazamientos serán Luis Alberto de Herrera entre avenida Italia y Rivera; avenida Joaquín Suárez entre Micenas y Berro; Caramurú entre Grito de Gloria y Hernani; Uruguayana y Flangini; y avenida Millán y Garzón.

Benítez explicó que los radares ya fueron reinstalados y la señalización correspondiente colocada, de modo que los conductores puedan identificar los puntos. Para facilitar la adaptación, el director aclaró que desde este martes 10 y hasta el 12 de noviembre los equipos funcionarán en modo de advertencia y no multarán; las infracciones comenzarán a aplicarse a partir del viernes 13.

Además de los radares de velocidad, la IMM reubicó dos cámaras fijas destinadas a controlar la prohibición de estacionar: una en Presidente Berro y avenida Italia y otra en General Urquiza y avenida Garibaldi. Según la comuna, estas cámaras vigilarán que no se deje el vehículo en lugares señalizados como no estacionamiento.

La medida, según la Intendencia, responde a un seguimiento de puntos conflictivos y a la intención de reducir incumplimientos que generan congestión y riesgos para peatones y otros usuarios de la vía. Desde la Dirección de Movilidad insistieron en la importancia de respetar la normativa y las señales instaladas para evitar sanciones y contribuir a una circulación más fluida.

Las autoridades anticiparon que continuarán evaluando el impacto de los cambios y que cualquier ajuste en la ubicación o en la señalización será comunicado oportunamente a la ciudadanía. Mientras tanto, la IMM recomendó a conductores y peatones prestar atención a la nueva señalética y planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta los puntos controlados.

El presidente de la Cámara de Turismo, Fernando Tapia, señaló que los primeros informes de los operadores, especialmente del sector hotelero, anticipan una ocupación total en la capital durante esas fechas.

“Ya tenemos reportes, no datos, pero sí reportes de operadores, sobre todo hoteleros, que hablan de una ocupación plena en Montevideo del 26 al 29 de noviembre aproximadamente”, explicó.

El movimiento de visitantes no se limita a Montevideo. Tapia explicó que también se registra una mayor demanda de alojamiento en la Costa de Oro, Colonia y Punta del Este, entre otros destinos.

Entre los visitantes previstos se destaca la presencia de turistas brasileños y argentinos vinculados a Estudiantes de La Plata, uno de los equipos que disputará la final.

Tapia recordó que Montevideo ya fue sede de una final de la Copa Libertadores en 2021, aunque advirtió que el contexto de entonces era diferente por la salida de la pandemia.

La Cámara de Turismo espera que la final de la Libertadores también contribuya a posicionar a Montevideo como sede de futuros acontecimientos internacionales.

“Esperamos también que sea una gran fiesta y que Montevideo, en este caso, sea una sede que se repita, porque la verdad que es un evento que tiene un impacto muy grande en la dinámica y en el nivel de actividad del turismo en Uruguay”, afirmó Tapia.

Lustemberg recordó que la decisión original, del 1º de octubre de 2025, había reducido la sanción de cinco a tres años, pero que posteriormente surgieron nuevos elementos que motivaron una revisión. “Por ahora, yo estoy trabajando acá. Siempre estoy trabajando y, por ahora, no me planteo la renuncia”, afirmó al ser consultada.

La ministra explicó que los plazos entre la decisión administrativa y la resolución de revocación respondieron al tiempo que demandan los procesos administrativos y judiciales. Señaló además que existían procedimientos relacionados con el caso de los que no tenía conocimiento al momento de firmar en octubre de 2025.

Según Lustemberg, esos hechos posteriores y el recurso presentado por la madre de la víctima fueron determinantes para solicitar una nueva evaluación jurídica.

Lustemberg sostuvo que nunca puso en duda la gravedad de lo ocurrido en la cirugía que costó la vida a la pediatra Soledad Barrera, sino únicamente el “quantum” de la sanción, que se había establecido con base en la valoración de la Unidad Académica de Anestesiología.

Tras el recurso de revocación, añadió, se elevó un informe jurídico desde el Ministerio y se trabajó en conjunto con Jurídica de Presidencia, lo que terminó en el acuerdo con el presidente Orsi para restablecer la inhabilitación de cinco años.

Orsi explicó que la medida fue adoptada tras una segunda revisión jurídica solicitada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de un recurso presentado por la madre de la víctima. La resolución revierte una definición previa del propio Ministerio de Salud Pública, que había reducido la sanción a tres años.

El mandatario subrayó que la decisión final fue compartida entre la Presidencia y la ministra, tras examinar informes contrapuestos.

Según Orsi, la revisión se produjo porque hubo discrepancias entre la asesoría jurídica del Ministerio de Salud Pública y la asesoría jurídica de Presidencia. “Fue una visión distinta de la Jurídica”, afirmó, y agregó que para sanciones de esta naturaleza es imprescindible apoyarse en informes técnicos y legales.

La ministra, añadió el presidente, se acercó al Ejecutivo con el caso luego de que la familia de la víctima presentara un recurso de revocación. A partir de ese pedido, explicó Orsi, se le solicitó a la Jurídica de Presidencia que evaluara si la decisión anterior era procedente.

El presidente reconoció que la resolución previa, que había rebajado la pena de cinco a tres años, pudo haber sido “demasiado dura” o incluso inducida por un error de interpretación jurídica. “Todos podemos ser inducidos a error, por eso tenés que tener tiempo y la capacidad de revisar y corregir”, señaló. Orsi justificó la intervención de Presidencia en términos de asegurar que la sanción contara con el respaldo técnico-jurídico necesario. También resaltó que no existía riesgo inminente y que había tiempo para llevar a cabo la revisión sin afectar otros procedimientos.