Están operativos desde las 00:00 de este sábado y hasta las 00:00 del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias aconseje modificar el plazo. El Gobierno español los aplica después de que Roma se negara a levantar las medidas que impone a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

En qué consisten los controles a los viajeros de Italia

El Ministerio del Interior ha insistido en que los controles son aleatorios y no sistemáticos. Se realizan en la puerta del avión, a la salida de la pasarela, sin desviar el flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior.

Los agentes actúan sobre los pasajeros que son ciudadanos de terceros países y verifican el cumplimiento de los requisitos del Código de Fronteras Schengen: pasaporte válido en vigor y, en su caso, visado o tarjeta de residencia. Los nacionales de estados miembros quedan eximidos de la inspección para agilizar la salida del avión.

Si surgen dudas sobre algún pasajero, se le acompaña al puesto fronterizo para hacer las comprobaciones de forma discreta. En su caso, se tramitaría la denegación de entrada “con respeto de las garantías y derechos” que establece la normativa de extranjería.

A cuántos aeropuertos y viajeros afecta la medida

España ha ampliado a siete aeropuertos los controles, que comenzaron a medianoche en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. A lo largo de la mañana se extendieron a Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia, y en las próximas horas llegarán a Baleares y Canarias, destinos de mucho turismo italiano.

Los controles verifican la documentación de entre el 5 y el 10 % de los viajeros. Cada avión es supervisado por entre dos y cuatro policías según el número de pasajeros, lo que supone una media de unas 15 personas en aparatos medianos y unas 25 en los de mayor capacidad. Un centenar de efectivos los llevan a cabo.

Los principales aeropuertos italianos de origen afectados son Fiumicino y Ciampino, en Roma; Malpensa, en Milán; además de Nápoles, Venecia y Florencia. La medida alcanza también al tráfico marítimo: este sábado estaba prevista la llegada de un crucero procedente de Italia a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona.

Qué base legal tiene la reintroducción de los controles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado la decisión a las autoridades de la Unión Europea, entre ellas la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, y el comisario de Migración, Magnus Brunner.

En su escrito, Marlaska explica que España sigue la evolución de la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central, que afecta a Italia, y sus efectos por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza. Ante las posibles repercusiones para el orden público, ha decidido reintroducir de forma temporal los controles.

La medida se apoya en los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399, el Código de Fronteras Schengen, que permite reintroducir controles en fronteras interiores. A su vencimiento, el 7 de septiembre, España evaluará si mantiene, modifica o levanta la medida.

Vivas se pronunció así tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la ciudad. Rechazó que pueda hablarse de normalidad y cuestionó las cifras del Gobierno central, que sitúa en unas 2.500 las personas que continúan en Ceuta. “Las estimaciones hablan de entre 8.000 y 11.000”, señaló, y reclamó “transparencia en la comunicación”.

Por qué Vivas exige el retorno de los migrantes a Marruecos

El presidente describió un escenario con miles de personas “deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes, en las playas, sin techo”. A su juicio, esa situación genera inseguridad, perturba la vida cotidiana y pone en riesgo la convivencia.

Vivas defendió que la solución pasa por el retorno a Marruecos de todos los que llegaron durante la avalancha. “La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal”, afirmó, antes de advertir de que quienes siguen en la ciudad deben saber que “aquí no va a haber papeles” ni “salidas a la península”.

Para hacerlo posible, reclamó al Gobierno central reforzar los medios del área de extranjería, aumentar la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil y mantener al Ejército en la ciudad. Consideró el retorno una “tabla de salvación” para evitar que quede abierta una expectativa que favorezca nuevas situaciones similares.

¿Qué dijo Vivas sobre la colaboración de Marruecos?

El presidente ceutí cuestionó que se siga afirmando que Marruecos colaboró activamente para impedir la entrada. “Me sorprende que todavía se esté diciendo que Marruecos ha colaborado de manera activa para que esto no ocurriera”, declaró.

Aunque admitió no tener información sobre qué sabía exactamente el país vecino, puso en duda que una movilización de esa magnitud pasara inadvertida. “Me parece que es prácticamente imposible que haya una movilización de 80.000 personas (…) y uno no se entere y uno no avise y uno no alerte”, manifestó.

Vivas también cuestionó la respuesta del Gobierno español previa a la avalancha. Aseguró que en las semanas anteriores entraban “cien, doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas personas al día”, y que la ciudad alertó a los ministerios y a la Presidencia. “No conocíamos la avalancha, pero que el prólogo no indicaba nada bueno, de eso sí tenía conocimiento el Gobierno”, matizó.

El temor a una nueva entrada masiva el 15 de agosto

Vivas reconoció el temor de los ciudadanos ante la posibilidad de que el 15 de agosto se produzca una nueva entrada masiva, aunque lanzó un mensaje de tranquilidad. Admitió que la ciudad no tiene capacidad para garantizar por sí sola que no se repita, por lo que trasladó esa responsabilidad al Gobierno central.

“Espero que el Gobierno cumpla con su obligación”, afirmó, y reclamó medidas “preventivas, disuasorias y de reacción”. Insistió en que la prioridad debe ser evitar que se repita lo que definió como un “trauma” para la ciudad, y pidió mantener el refuerzo policial y militar mientras persista la excepcionalidad.

El PP cargó contra el Ejecutivo por lo que considera una respuesta insuficiente. El vicesecretario Alberto Nadal criticó que el Gobierno “se esconda y se niegue a comparecer” en el Parlamento ante una crisis que calificó de humanitaria y de seguridad nacional.

Nadal sostuvo que las políticas migratorias de España afectan al resto de la UE y que Sánchez está “cada vez más aislado” en Europa. En ese marco situó el contencioso con Italia, a cuyos nacionales España pide desde este sábado el pasaporte en los controles fronterizos, después de que el Gobierno de Giorgia Meloni aplicara medidas similares a los viajeros procedentes de España. El dirigente afirmó que “no puede haber impunidad política” ante lo que cifró en cerca de 150 muertes.

La discusión se produce cuando España, Portugal y Marruecos avanzan en la organización conjunta del Mundial 2030, una candidatura que fue elegida por la FIFA y que supone uno de los mayores acontecimientos deportivos de la próxima década.

Mientras el PP sostiene que España debe albergar el partido decisivo, el Ejecutivo insiste en que su prioridad es que el campeonato sea un éxito para los tres países organizadores.

Mundial 2030: el PP exige que el Gobierno defienda la final en España

La vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, pidió este viernes al Gobierno que defienda que la final del Mundial 2030 se dispute en España.

Durante una visita a León, la dirigente popular afirmó: “En las últimas horas hemos conocido informaciones bastante preocupantes sobre la celebración del Mundial de fútbol de 2030 en España. Al parecer, el presidente de la FIFA le habría ofrecido a Marruecos la celebración de la final en el Estadio Hassan II en Casablanca”.

Ezcurra hacía referencia a una información publicada por el diario británico The Times sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sin embargo, ese extremo fue posteriormente desmentido por la propia FIFA.

La dirigente del PP defendió el papel histórico del fútbol español y criticó la posibilidad de que el encuentro más importante del torneo se celebre fuera de España.

En ese sentido aseguró que los españoles “no entienden que, en un evento deportivo que nos hemos ganado por tradición y por décadas de liderazgo en el fútbol mundial, estadios como el Bernabéu, Riazor, San Mamés o el Camp Nou acojan los dieciseisavos de final, pero la final se juegue en Marruecos”.

Además, recordó que la selección española es campeona del mundo y una referencia internacional en este deporte.

Finalmente, concluyó: “Un mundial cuya final no se juegue en España no debería ser organizado por España. Acogemos la mayor parte de las sedes y lideramos las organizaciones del principio y, además, nos lo hemos ganado”.

Qué respondió el Gobierno sobre la organización del Mundial 2030

Tras las declaraciones del PP, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la candidatura conjunta formada por España, Portugal y Marruecos.

El ministro recordó que la propuesta fue la ganadora del proceso organizado por la FIFA y subrayó que el Ejecutivo mantiene el foco en la organización del campeonato.

En rueda de prensa afirmó: “España presentó una candidatura junto a Portugal y Marruecos, que fue la vencedora, porque la FIFA tiene sus procedimientos, su mecanismo de voto, y esa fue la candidatura que ganó. Desde luego, ahora mismo el Gobierno trabaja para que ese mundial sea un éxito y eso es lo más importante”.

De este modo, el Ejecutivo evitó entrar en la controversia sobre la sede de la final y reiteró que su prioridad es garantizar el éxito del Mundial 2030 organizado conjuntamente por los tres países.

La polémica coincide con otros debates políticos del Gobierno

Durante la misma comparecencia, Óscar López también fue consultado por la crisis migratoria en Ceuta y por las iniciativas impulsadas por el Partido Popular en el Senado.

Respecto a una futura visita del rey Felipe VI a la ciudad autónoma, señaló que “su majestad el rey irá a Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto”.

Además, respondió a las críticas del PP por la gestión de la crisis migratoria y aseguró que el Ejecutivo mantiene reuniones con los ministerios implicados para coordinar la respuesta institucional.

El ministro añadió que existen partidas extraordinarias habilitadas en distintos departamentos y defendió que existe coordinación con el Gobierno de Ceuta. También insistió en que las comunidades autónomas deben cumplir la legislación vigente en relación con la distribución de menores migrantes no acompañados.

Mientras tanto, el debate sobre la sede de la final del Mundial 2030 continúa abierto en el terreno político, aunque la FIFA ya desmintió las informaciones que apuntaban a un supuesto ofrecimiento para que el partido decisivo se dispute en Casablanca.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE y cuya presentación los socialistas consideran “inminente”, se dirige contra el Consejo de Administración de la empresa Planifica Madrid.

El inmueble fue adquirido por esa empresa, dependiente de la consejería de Presidencia, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la presidenta durante las obras previstas en la Real Casa de Correos.

Finalmente, se puso en venta con el fin, según la Comunidad, de destinar los beneficios a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.

Qué irregularidades señala el PSOE en la compra del ático

Los socialistas consideran que el cauce elegido para la adquisición fue “contradictorio e injustificado” para la finalidad declarada públicamente. Apuntan a un posible uso de Planifica Madrid como entidad mercantil de derecho privado con el objetivo de “evitar las normas del patrimonio público y sus controles”.

Para el partido, la operación cercena los mecanismos de publicidad previstos en la Ley 3/2001 para la compra de patrimonio público, desde la celebración de un concurso hasta la comunicación a la Asamblea de Madrid.

Añade, además, que el presupuesto de Planifica Madrid para 2026 no contemplaba ninguna partida destinada a la compra de inmuebles de esa naturaleza.

¿Qué preguntas plantea la denuncia socialista?

En el escrito, la formación plantea la disyuntiva que, a su juicio, resume el caso. “¿Estamos ante una gravísima irresponsabilidad negligente que da lugar a una adquisición con altos costes para una finalidad imposible de cumplir (…), o, realmente, toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial?”, se pregunta.

Los socialistas consideran, además, que la venta “precipitada” del inmueble es otro “indicio” de posibles irregularidades y puede constituir en sí misma una situación irregular “con posible relevancia penal”.

La del PSOE no es la única acción: existen otras dos denuncias, una del partido extraparlamentario Iustitia Europa ante los juzgados de Instrucción de Madrid y otra del abogado Javier Flores ante el Tribunal de Cuentas, mientras Más Madrid estudia también emprender acciones legales.

Qué ha respondido el PP

El PP ha devuelto la crítica al Gobierno central. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha reprochado que el Ejecutivo no haya mostrado la misma coordinación para afrontar las crisis de los últimos días y sí “una extraña coordinación en redes sociales y medios de comunicación” para denunciar la compra del ático.

Ezcurra ha pedido “preocuparse más por los problemas de los españoles y menos por los de los políticos” y ha sostenido que tanto Ayuso como el Gobierno regional “ya han dado las explicaciones oportunas”. “Si para alguien no son suficientes, deben acudir a los mecanismos legales que correspondan”, ha zanjado.