En una entrevista en el programa La Séptima, Sánchez afirmó que espera una victoria progresista y defendió la necesidad de frenar lo que considera una involución política. Además, se refirió a los debates electorales, la corrupción, la huelga general y distintas cuestiones sociales que marcarán la agenda antes de los comicios, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Sánchez espera superar la participación de las elecciones de 2023

El presidente del Gobierno aseguró que el escenario electoral estará marcado por una movilización ciudadana superior a la registrada en los últimos comicios generales. En concreto, pronosticó que el 29N habrá “una movilización histórica que de lejos va a superar el 70% de participación” de 2023.

“Ahora lo más importante es frenar la involución”, sostuvo Sánchez, quien considera que existen avances sociales y políticos que están puestos en cuestión “por la involución que representan el PP y Vox”.

El líder socialista también manifestó su confianza en conseguir una victoria electoral y se mostró convencido de que el resultado permitirá revertir los insultos que, según afirmó, recibe de simpatizantes de la oposición.

Consultado sobre si abandonaría la política en caso de perder las elecciones, descartó esa posibilidad: “Me han dado por jubilado en muchas elecciones y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social”.

Debates electorales, corrupción y medidas sociales: las declaraciones del presidente

Durante la entrevista, Sánchez confirmó que todavía no se han cerrado las fechas de los debates electorales, aunque existe un acuerdo para que la Academia de Televisión se encargue de organizarlos. También lamentó que el PP haya vetado a los medios públicos para celebrar estos encuentros.

Sobre la corrupción, el presidente aseguró que le produce asco y defendió la actuación de su partido: “con total contundencia (...) cueste lo que cueste y caiga quien caiga”. Además, acusó al PP de haber comprado la corrupción, en contraposición con la respuesta que, según sostuvo, han dado los socialistas.

Las declaraciones estuvieron relacionadas con las acusaciones de Koldo García, quien afirmó que un abogado del PP le habría ofrecido un millón de euros para que mintiera sobre Sánchez, su mujer y el Gobierno. El presidente consideró que “hay pruebas que efectivamente están demostrando que puede haber evidencias como para iniciar una investigación” judicial.

También se refirió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y negó que este le hubiera hablado de Plus Ultra o de alguna empresa vinculada a la aerolínea. Por otra parte, confirmó que antes del 29N habrá Consejos de Ministros extraordinarios para abordar asuntos sociales pendientes.

Entre las cuestiones que todavía están sobre la mesa mencionó el posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “La disposición es hacerlo, pero me está preguntando si antes o después (de las elecciones) y esa decisión no la tenemos tomada, entre otras cosas, porque el proceso de indulto sigue su curso”, explicó.

Huelga general, vivienda y redes sociales: qué anticipó Sánchez antes del 29N

Otro de los asuntos abordados fue la huelga general convocada para este miércoles. Sánchez criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por cuestionar, según dijo, el derecho de los trabajadores a secundarla. Además, defendió la movilización y consideró que responde a uno de los principales problemas del país: el acceso a la vivienda.

En relación con esta convocatoria, el presidente y los ministros no tendrán actos públicos en sus agendas durante la jornada, aunque la previsión es que la mayoría continúe con trabajo de despacho. Desde el Ejecutivo, la portavoz Elma Saiz pidió respeto tanto a los sindicatos como al ejercicio del derecho a huelga.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llamó a los trabajadores a participar y afirmó: “Este trabajo (de ministro) no se acaba nunca, no para nunca, pero yo voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito”.

Sánchez también se pronunció sobre la regulación de las plataformas digitales, una iniciativa que quedó pendiente en las Cortes Generales por el adelanto electoral. El presidente confió en que pueda retomarse durante la próxima legislatura y planteó estudiar posibles responsabilidades penales de los dirigentes de estas empresas.

La cuestión surgió después de que Maldita.es detectara en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden ese material, de los cuales más de 7000 operan en español.

“Y si tenemos que suspender una red social, no le quepa duda de que lo vamos a hacer porque antes que nada están los derechos de los menores”, advirtió Sánchez, quien también se comprometió a hablar con la Fiscalía para analizar cómo actuar ante los hechos denunciados.

Las declaraciones se producen después de que más de 12.000 migrantes fueran rescatados en aguas de Canarias desde el 1 de octubre, la mayoría en las proximidades de El Hierro, en un contexto de repunte de las llegadas a través de la Ruta Atlántica.

En paralelo, Torres reconoció que ninguno de los menores que cruzaron irregularmente la frontera de Ceuta a finales de julio ha sido devuelto a Marruecos, pese a que cerca de 16.000 adultos regresaron al país vecino desde el pasado 10 de agosto.

Torres responde a Feijóo por la inmigración en Canarias: “Eso es dramático”

El enfrentamiento comenzó después de que Feijóo cuestionara la intención del Ejecutivo de trasladar a la península a los inmigrantes que llegan a El Hierro, una vez identificados por la Policía, con el objetivo de aliviar la presión sobre los centros de primera acogida.

“Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa”, escribió el domingo el candidato del PP a la presidencia del Gobierno en su cuenta de X.

Durante un acto de precampaña del PSOE organizado por Canarias 7, Torres respondió que la responsabilidad de atender a las personas que llegan al archipiélago debe compartirse entre España y el conjunto de Europa.

El ministro, que también preside la Comisión Interministerial de Inmigración, sostuvo que impedir los traslados supondría concentrar toda la responsabilidad de acogida en los territorios fronterizos.

“Convierten a Canarias en un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) permanente, en una cárcel de inmigrantes. Esa es la propuesta que ellos tienen para la inmigración. No es la nuestra, lógicamente”, afirmó.

Torres insistió en que, según su interpretación, tanto el PP como Vox defienden que las personas migrantes permanezcan en los territorios por los que ingresaron a España. “Eso es dramático para Canarias”, advirtió.

El ministro también cuestionó a quienes lamentan las muertes en el mar mientras califican de “invasores” a las personas que llegan en cayuco.

En este contexto, defendió una respuesta humanitaria y recordó que los repuntes de la Ruta Atlántica responden a un fenómeno que se presenta de manera cíclica.

El Gobierno reconoce que no ha podido devolver a ningún menor desde Ceuta a Marruecos

La controversia por la política migratoria también alcanzó a Ceuta, donde el Ejecutivo central y el Gobierno de la ciudad autónoma afrontan las consecuencias de la entrada irregular de miles de personas durante los días 30 y 31 de julio.

Según los datos expuestos por Torres y difundidos por la agencia de noticias EFE, cerca de 16.000 mayores de edad regresaron desde Ceuta a Marruecos entre el 10 de agosto y el 9 de noviembre. Sin embargo, no se ha producido ninguna devolución de menores.

“Cerca de 16.000 mayores de edad han regresado desde el 10 de agosto hasta hoy de Ceuta a Marruecos. Cero menores”, afirmó el ministro.

Torres señaló que las competencias de protección de menores corresponden a la ciudad autónoma, cuyo Gobierno está presidido por el Partido Popular, y cuestionó las propuestas de devolución inmediata defendidas por algunos dirigentes de la oposición.

“La competencia de menores es de la ciudad autónoma, del Gobierno de Ceuta, de un gobierno presidido por el Partido Popular. Y no han podido devolver a ninguno, porque no es fácil”, remarcó.

El responsable de Política Territorial recordó que la legislación protege el interés superior del menor y exige estudiar individualmente cada situación antes de adoptar una decisión sobre su posible retorno.

En ese sentido, respondió a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de trasladar directamente a los menores a la frontera.

“Decir, como ha dicho (el líder de Vox, Santiago) Abascal, que lo que hay que hacer con los menores es ponerlos en la frontera, es mentir, es engañar, es decir algo que él sabe que no se puede hacer. No lo ha hecho ni (la primera ministra italiana Giorgia) Meloni en Italia”, sostuvo.

Torres defendió que la respuesta institucional debe ajustarse a los procedimientos legales y rechazó que la devolución de menores pueda resolverse mediante medidas indiscriminadas.

La crisis migratoria en Ceuta: el Gobierno ya pagó 11,3 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos

La entrada masiva de personas a Ceuta también tuvo consecuencias sobre la actividad comercial y empresarial de la ciudad, que motivaron la aprobación de un paquete de ayudas económicas del Gobierno central.

Según informó Sandra López, portavoz de la Gestora del PSOE de Ceuta, desde el 6 de octubre se han abonado 11,3 millones de euros correspondientes a 1309 ayudas, alrededor del 60% de las 2118 solicitudes recibidas.

Las compensaciones están destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectados por la crisis de finales de julio.

El esquema de ayudas, regulado por el Real Decreto-ley 22/2026, establece las siguientes cuantías:

• Autónomos: 5000 euros.
• Empresas: entre 10.000 y 150.000 euros, según su volumen de facturación.

El plazo para solicitar estas compensaciones permanece abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, mediante el procedimiento habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Las ayudas forman parte de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo para sostener la actividad económica de Ceuta y atender las consecuencias de la crisis migratoria.

Nueva reunión del Gobierno por la crisis migratoria en El Hierro: qué medidas se esperan

Ante el incremento de las llegadas a Canarias, la Comisión Interministerial de Inmigración celebrará este martes 10 de noviembre una reunión extraordinaria en Madrid para analizar la situación de El Hierro.

Al encuentro fueron invitados el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, del PSOE.

Torres anticipó que el Ejecutivo adoptará nuevas medidas y que se estudiarán recursos económicos, refuerzos de personal y mecanismos de apoyo para la isla, aunque no detalló las decisiones concretas que se aprobarán.

Pese al enfrentamiento político con el PP a nivel nacional, el ministro reconoció la colaboración del Gobierno autonómico de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y destacó su “lealtad institucional” durante la gestión de la emergencia.

La reunión tendrá lugar en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, con la política migratoria convertida en uno de los principales asuntos de confrontación entre el Gobierno y la oposición.

La resolución, notificada este lunes 9 de noviembre, responde a las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. El alto tribunal consideró que la proximidad de los comicios dificulta una revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con las garantías necesarias.

En paralelo, el Supremo rechazó las peticiones de varias asociaciones y particulares para levantar la suspensión que afecta a otros 162.454 nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Por tanto, la restricción sobre este último colectivo continúa vigente, salvo para quienes acrediten su condición de descendientes de exiliados.

¿Por qué el Supremo permite votar a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos?

La Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoció que existe una relación entre ambos colectivos. En su resolución, sostuvo que “si se cuestiona la inscripción” de los progenitores en el CERA, “en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos”.

Sin embargo, el tribunal advirtió de que existen “serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva” de una nueva suspensión cautelar a tan pocas semanas de las elecciones. La medida exigiría actuaciones coordinadas entre distintas administraciones y organismos responsables del proceso electoral.

Los magistrados señalaron que ya transcurrió más de la mitad del período electoral y que faltan apenas dos semanas para el inicio del depósito del voto en urna en los consulados españoles. En ese contexto, una revisión del censo podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso.

Por este motivo, el Supremo concluyó que suspender ahora el voto de estas 189.678 personas podría provocar una “perturbación grave de los intereses generales”. La decisión no supone una validación definitiva de sus inscripciones, sino el rechazo de una medida provisional antes del 29-N.

¿Quiénes no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre por la ley de nietos?

La suspensión cautelar continúa vigente para 162.454 personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. La medida afecta a quienes no hayan acreditado su condición de descendientes de exiliados, según los términos establecidos por el tribunal.

El Supremo rechazó reconsiderar esta restricción, pese a las alegaciones presentadas por asociaciones y particulares. La Sala insistió en que sus decisiones buscan proteger la seguridad jurídica y garantizar la certeza del censo electoral.

La resolución tampoco obtuvo el respaldo unánime de los seis magistrados. Antonio Jesús Fonseca-Herrero emitió un voto particular en el que defendió extender la suspensión a los hijos de los nacionalizados, al considerar que debía mantenerse una línea de actuación coherente.

Por su parte, la magistrada Ana Millán respaldó que los 189.678 descendientes puedan votar, aunque discrepó de parte de los argumentos de la mayoría. A su juicio, las nuevas medidas cautelares solicitadas no guardan relación suficiente con el objeto del procedimiento judicial.

De esta manera, el 29-N tendrá dos situaciones diferentes para los beneficiarios de la ley de nietos: los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad podrán ejercer su derecho a voto, mientras que los 162.454 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar seguirán excluidos, con la excepción establecida para los descendientes de exiliados.