Tras una comparecencia de casi seis horas en el Congreso de los Diputados, ambos volvieron a cruzar acusaciones durante la sesión de control al Gobierno. Feijóo centró buena parte de su intervención en cuestionar la responsabilidad política de Sánchez respecto a las investigaciones que rodean al partido y a personas de su entorno más cercano.

La declaración de la renta y los viajes al exterior

Durante el intercambio, el líder de la oposición lanzó una referencia directa a la declaración de la renta del jefe del Ejecutivo. “La declaración de la renta, ¿la tiene usted? No le pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase”, afirmó Feijóo desde su escaño.

Con estas palabras, el presidente del PP aludió también a los viajes internacionales realizados por Sánchez, en una referencia velada a polémicas protagonizadas en el pasado por otros dirigentes políticos.

La respuesta del presidente del Gobierno no se hizo esperar. Sánchez replicó cuestionando la situación de la vivienda del líder popular en Madrid y le instó a aclarar quién asume el coste del inmueble en el que reside. “Ya que es el adalid de la transparencia”, señaló el jefe del Ejecutivo, debería explicar quién paga y cuánto por “su casa en el Viso”.

Feijóo acusó a Sánchez por los casos de corrupción que afectan al PSOE

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo cuando Feijóo responsabilizó directamente a Sánchez de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

“Usted es el nexo político corruptor”, aseguró el dirigente popular ante el pleno del Congreso. A continuación, elevó aún más el tono de sus críticas al afirmar: “La corrupción es usted”.

El líder del PP sostuvo que Sánchez está al frente de un supuesto “sistema organizado de corrupción” que, según denunció, se habría gestado, operado y beneficiado a personas de su entorno político más próximo.

Además, insistió en atribuir al presidente toda la responsabilidad política derivada de las investigaciones que actualmente afectan a miembros del PSOE.

La presión sobre los socios del Gobierno

Feijóo también dirigió parte de su discurso a los partidos que respaldan al Ejecutivo. En una de las frases más contundentes de la sesión, aseguró que quienes en su día apoyaron a Sánchez han pasado a convertirse en sus colaboradores políticos.

“Ya son sus cómplices”, afirmó, antes de advertirles de que, si mantienen su respaldo al Gobierno, “acabarán siendo simples daños colaterales”.

El pedido de una moción de censura contra el presidente

El líder popular concluyó su intervención reclamando una reacción inmediata de los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo. “Deberíamos echar este Gobierno con una moción de censura por mí hoy mismo”, declaró ante la Cámara.

Con esta petición, Feijóo buscó aumentar la presión sobre los socios parlamentarios de Sánchez y convertir el debate sobre los casos judiciales que afectan al PSOE en una ofensiva política directa contra la continuidad del Gobierno.

El enfrentamiento volvió a evidenciar la creciente tensión entre el Ejecutivo y la principal fuerza de la oposición en uno de los debates más duros de la actual legislatura.

Con esta decisión, la isla balear contará por primera vez con representación propia en la Cámara Alta, dejando atrás el sistema que la obligaba a compartir un único senador con Ibiza. La reforma ya había sido avalada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y solo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor.

¿Por qué Formentera no tenía hasta ahora un senador propio?

Durante el debate parlamentario, el senador Juanjo Ferrer, representante de Ibiza y Formentera, defendió la medida como una corrección necesaria de una situación que calificó como un “error histórico”.

Según recordó, desde 2007 Formentera dispone de un consell insular propio, una condición que, de acuerdo con la Constitución, justificaba la asignación de un escaño específico.

Sin embargo, otro apartado del texto constitucional mantenía la circunscripción conjunta “Ibiza-Formentera”, lo que impedía aplicar ese criterio. Esa contradicción normativa mantuvo durante casi dos décadas la representación compartida entre ambas islas.

La modificación fue posible gracias a la reciente reforma constitucional que eliminó el guion entre Ibiza y Formentera en la Carta Magna. Ese cambio abrió la puerta a la adaptación de la legislación electoral para reconocer a la menor de las Pitiusas como circunscripción independiente.

¿Qué implicancias políticas tiene esta reforma?

La aprobación supone un avance en la representación institucional de Formentera y responde a una demanda histórica de dirigentes y sectores políticos de la isla. Varios senadores destacaron durante la sesión que la corrección llega con cerca de 19 años de retraso respecto de la creación de su órgano de gobierno insular.

El debate también sirvió para poner sobre la mesa otras reformas electorales pendientes. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) lamentó que no se aprovecharan las modificaciones para introducir cambios más amplios en el sistema de circunscripciones de las elecciones generales y europeas.

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) criticó que no prosperara una propuesta para modificar en la Constitución el nombre de Ibiza por su denominación en catalán, Eivissa. A pesar de esas diferencias, la creación del escaño propio para Formentera logró un consenso prácticamente unánime y comenzará a aplicarse en la próxima convocatoria electoral.

En una sesión marcada por los reproches de PP, Vox, Junts y Podemos, Sánchez aseguró que no se rendirá y denunció la existencia de “una campaña de ataques personales y mentiras”. El debate evidenció la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, aunque también puso de manifiesto que la oposición carece de los apoyos necesarios para impulsar una moción de censura, informó EFE.

Sánchez rechaza adelantar elecciones y promete continuar la legislatura

Durante su intervención, Sánchez dejó claro que no contempla abandonar el cargo ni adelantar los comicios pese a las peticiones formuladas desde distintos grupos parlamentarios. “Y ante este panorama para mí la pregunta no es si debemos continuar; la pregunta es cómo no vamos a continuar”, afirmó el presidente al defender la continuidad de su proyecto político.

El jefe del Ejecutivo compareció para abordar los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, aunque insistió en que no son comparables con la que calificó como “corrupción sistémica” del PP. Además, reiteró su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y defendió la inocencia de su hermano David y de su esposa, Begoña Gómez, mostrando su confianza en que la justicia “sea justa”.

En el cierre de su comparecencia, también garantizó que el Gobierno continuará durante el tiempo que resta de legislatura y que trabajará para sacar adelante unos presupuestos generales más ambiciosos.

Cruce de acusaciones entre Sánchez, Feijóo y Abascal

Buena parte del debate estuvo marcada por el enfrentamiento entre el presidente y la oposición. Sánchez cargó contra un Partido Popular que considera “carcomido” por la corrupción y acusó a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de haberla “tolerado” y de haberse “beneficiado” de ella.

“Señor Feijóo, usted es el pasado y el presente de la corrupción y por eso no puede ser el futuro de este país”, espetó desde la tribuna del Congreso.

Por su parte, Feijóo reclamó la convocatoria inmediata de elecciones generales y sostuvo que la única salida posible pasa por devolver la palabra a los ciudadanos. También aseguró que, si dependiera exclusivamente de él, presentaría una moción de censura para desalojar al Ejecutivo.

Desde Vox, Santiago Abascal fue aún más allá y acusó a Sánchez de estar “maniobrando” para alterar los resultados de futuros comicios. El presidente respondió con ironía: “Está preparando la excusa para su próxima derrota y me alegra ver que ya la dan por hecha”.

Los socios exigen explicaciones y piden un rumbo claro para el Gobierno

Además de la oposición, varios socios de investidura cuestionaron la continuidad política de Sánchez. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le instó a “apartarse” porque considera que está “tocado y hundido”, mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que su ciclo político ha terminado y le pidió “dejar paso” a una nueva etapa.

Desde otras formaciones, como ERC, PNV, Bildu, BNG y Compromís, se reclamó al Ejecutivo que aproveche el tiempo restante de legislatura para impulsar medidas progresistas y afrontar los principales problemas de los ciudadanos.

En este contexto, Sánchez defendió que tanto el Gobierno como el PSOE han asumido su responsabilidad frente a los casos de corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas. “Yo creo que, como presidente de Gobierno, este Gobierno, con todos los errores y todas las mejoras que tengamos que hacer, ha asumido su responsabilidad, y también lo he hecho como secretario general del Partido Socialista”, afirmó.

Asimismo, diferenció entre combatir la corrupción y “utilizarla como un arma de destrucción política”, subrayando que los comportamientos irregulares de algunos dirigentes no invalidan la acción del Ejecutivo.

El único respaldo sin matices llegó desde las filas socialistas. El portavoz del PSOE, Patxi López, defendió a Sánchez y denunció la “persecución, la inquina y la indignidad” que, a su juicio, sufre Begoña Gómez. “Yo, con Begoña, claro que sí”, afirmó, provocando una larga ovación de los diputados socialistas.

La senadora popular Teresa María Belmonte sostuvo que mientras la reforma “siga secuestrada en el Congreso”, debe acordarse una “moratoria urgente de todos los deslindes en curso”.

La reforma a la que alude el PP fue aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 y buscaba preservar los núcleos costeros tradicionales con “valor etnográfico” y ofrecer “protección jurídica a las decenas de miles de personas que ven amenazadas sus construcciones”.

Por qué el PP pide suspender el anteproyecto europeo sobre costas

El Senado, con mayoría popular, también solicitó la suspensión cautelar de la tramitación del anteproyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas para adaptarlo a la normativa europea de concurrencia competitiva.

Para Belmonte, el texto supone un “atropello constitucional” y una “expropiación encubierta”, al permitir revocar concesiones vigentes sin garantizar una indemnización plena a los propietarios, e “impone la inseguridad jurídica” al introducir el silencio administrativo sin cobertura legal.

La moción reclama garantizar una indemnización íntegra que comprenda tanto el “daño emergente como el lucro cesante” derivado de la reducción del periodo concesional, y asegurar la “plena seguridad jurídica” de las concesiones otorgadas y las inversiones realizadas.

El senador socialista José Antonio Valbuena defendió el anteproyecto apelando al “rango normativo superior” de las directivas europeas, y precisó que la ley actual fue puesta en marcha en 2013 por el propio PP sin el apoyo socialista y que, cuando se aplica, lo hace con “garantías legales y jurídicas”.

Qué más exige la resolución del Senado al Ejecutivo

La resolución aprobada pide al Ejecutivo garantizar la “máxima transparencia” en la adopción de la normativa de costas y convocar con “carácter urgente” una conferencia sectorial para estudiar su alcance.

También establece que los criterios técnicos del deslinde del dominio público marítimo-terrestre deben definirse “evitando interpretaciones expansivas basadas en episodios extremos aislados de temporales”.

Qué dice la Ley de Costas y por qué genera tanto conflicto

La Ley de Costas, aprobada en 1988 y reformada en 2013, establece que el dominio público marítimo-terrestre es de titularidad estatal.

Obliga a desarrollar medidas de adaptación al cambio climático ante la subida del nivel del mar y la erosión, e incluye una franja de protección de 100 metros tierra adentro con fuertes limitaciones de uso.

Las viviendas situadas en ese espacio solo pueden mantenerse mediante concesiones de hasta 75 años, lo que elimina la propiedad privada perpetua y genera un conflicto permanente con miles de propietarios del litoral español.

La moción aprobada este miércoles no tiene efectos legislativos directos ni vinculantes, pero supone una presión política significativa sobre el Gobierno en un asunto que afecta a decenas de miles de viviendas en toda la costa española.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la defensa del exdirigente socialista advierte de que, si dicha autorización no existe, las conversaciones “tienen que ser excluidas del procedimiento”, “con las consecuencias procesales que ello conlleva” y ello comprendería, “en su caso, promover un incidente de nulidad”.

El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado “crucial”, que contiene conversaciones del abogado investigado Miguel Palomero y de otros terceros afectados por los registros efectuados el 24 de octubre de 2024 en el marco de solicitudes de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza.

El origen de las conversaciones bajo sospecha

Según la defensa, esas comunicaciones fueron analizadas posteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), incorporadas a informes policiales y utilizadas en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2025.

Además, sostiene que una resolución judicial que derivó el procedimiento a la Audiencia Nacional tomó como referencia un chat denominado “Danilo-España”, al considerar que “podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países”.

El letrado argumenta que el material digital fue incautado “con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero”, pero después habría sido empleado en investigaciones españolas diferentes. Por ello, reclama conocer qué resolución judicial autorizó a las fuerzas policiales a analizar esas comunicaciones privadas.

“La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)”, sostiene el escrito.

Zapatero también cuestiona las pruebas procedentes de Estados Unidos

Paralelamente, la defensa ha recurrido la decisión del juez Calama de no ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos respecto al contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.

Moreno Catena considera que una eventual autorización estadounidense para utilizar ese material no bastaría por sí sola para incorporarlo al proceso español. A su juicio, es necesario conocer en detalle su “génesis, validez, trazabilidad y cadena de custodia”.

El recurso advierte de que mantener en la causa documentación obtenida en el extranjero sin un control judicial completo supone “un riesgo cierto y permanente de vulneración de los derechos fundamentales”.

Escrivá niega gestiones en favor de Plus Ultra

Mientras tanto, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha negado haber abordado asuntos relacionados con Plus Ultra durante una reunión mantenida con Zapatero el 7 de septiembre de 2020.

“Yo quería, a través del señor Zapatero, acceder a toda una parte de la izquierda parlamentaria, y de eso fue mi conversación con el señor Zapatero”, afirmó durante una comparecencia en el Congreso.

Escrivá explicó que el encuentro estuvo vinculado a las negociaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones y defendió que la aerolínea cumplía con los requisitos administrativos exigidos para acceder a los mecanismos de apoyo habilitados durante la pandemia.

Además, reivindicó su actuación al frente del Ministerio de Seguridad Social y aseguró que durante su gestión se concedieron cientos de miles de aplazamientos sin que interviniera personalmente en ninguno de ellos.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, defendió las acciones legales del Gobierno.

El ministro comparó la respuesta del Ejecutivo y del PSOE frente a las sospechas que afectaban a Ábalos con la actitud que, a su juicio, mantiene el PP respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Óscar López contrapone la actuación del Gobierno con la del PP

Durante su intervención, López afirmó que el Gobierno actuó ante los indicios que apuntaban a José Luis Ábalos, mientras que acusó al Partido Popular de estar “volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso”.

El dirigente socialista señaló que quienes creen en la política, la democracia y la separación de poderes son conscientes de que pueden existir casos de corrupción dentro de la actividad política. Sin embargo, remarcó que “la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto”.

Asimismo, extendió esa reflexión al ámbito judicial y aseguró que “sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen”.

A partir de esa premisa, defendió que lo fundamental es mantener un criterio único frente a cualquier caso de corrupción y reiteró que “quien la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso”.

El Ejecutivo reivindica la “tolerancia cero” frente a la corrupción

Tanto Óscar López como la ministra portavoz, Elma Saiz, destacaron la política de “tolerancia cero” que, según sostuvieron, mantiene el Gobierno frente a la corrupción.

Sin entrar a valorar el contenido de la sentencia relacionada con el caso, ambos insistieron en que el Ejecutivo asumió responsabilidades políticas “desde el primer momento”.

Saiz aseguró que el Gobierno continuará trabajando para evitar cualquier tipo de tolerancia hacia prácticas corruptas y afirmó: “Vamos a trabajar con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”.

La portavoz añadió además que la acción gubernamental se basa en los principios de “integridad, transparencia y mérito”, valores que, según indicó, guían la actuación del Ejecutivo.

El Gobierno evita pronunciarse sobre Víctor de Aldama

Los ministros también fueron consultados por la suspensión de la pena concedida al comisionista Víctor de Aldama debido a su colaboración con la Justicia.

Ante estas preguntas, evitaron realizar valoraciones y Elma Saiz señaló que no deseaba entrar “en los detalles de la sentencia”. Al mismo tiempo, reivindicó el respeto del Ejecutivo hacia la separación de poderes.

Tampoco quisieron comentar las declaraciones realizadas por Aldama, quien llegó a sostener que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminará en prisión porque conocía todos los detalles de la presunta trama corrupta.

No obstante, Saiz recordó que se han escuchado “afirmaciones” que la propia sentencia “acredita” que “evidentemente no responden a la realidad”.

Críticas a Feijóo por rechazar el plan anticorrupción

A lo largo de la rueda de prensa, la ministra portavoz también instó a la oposición encabezada por el Partido Popular a respaldar las iniciativas impulsadas por el Gobierno para combatir la corrupción.

Saiz reprochó al PP su negativa a apoyar el plan anticorrupción presentado por el Ejecutivo y cuestionó la posición de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, criticó la “hipocresía” que, a su juicio, demuestra Feijóo al condenar públicamente la corrupción desde una “atalaya moral” mientras vota en contra de las medidas planteadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra estas prácticas.

Con información de: EFE

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que Peinado decidiera enviar a juicio a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte. Desde el Ejecutivo defendieron que la causa presenta numerosas irregularidades y expresaron su confianza en que instancias superiores revisen las decisiones adoptadas durante la investigación, informó EFE.

El Gobierno denuncia una “persecución” contra Begoña Gómez

Saiz aseguró que el procedimiento judicial contra Begoña Gómez responde a una estrategia de desgaste personal y político: “No se comprende, es una persecución, una campaña de desgaste que parece no tener fin a Begoña Gómez“.

“La pregunta que hemos hecho más de una vez en esta mesa es quién repara el daño causado a Begoña Gómez y el daño causado a la Justicia en este país”, expresó la portavoz.

Asimismo, sostuvo además que el caso ha generado un importante perjuicio tanto para la esposa de Pedro Sánchez como para el sistema judicial. A pesar de ello, manifestó la confianza del Ejecutivo en el desenlace del proceso. “La justicia, la verdad y la razón se abrirán camino”, afirmó.

Críticas al procedimiento dirigido por Juan Carlos Peinado

Durante su intervención, Saiz reclamó la actuación de los órganos superiores para corregir lo que considera deficiencias en la instrucción judicial. “Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo”, subrayó.

La portavoz recordó además las resoluciones revocatorias emitidas por la Audiencia Provincial de Madrid y las quejas y denuncias presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, se trata de un procedimiento que “no entiende nadie”.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reforzó la posición del Ejecutivo al afirmar que el caso contra Begoña Gómez “ha sido un atropello desde el minuto uno”.

El PSOE cuestiona la continuidad de Peinado como juez

Las críticas también llegaron desde el grupo parlamentario socialista. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que la actuación de Juan Carlos Peinado durante la instrucción demuestra que no debería continuar ejerciendo como juez.

López cuestionó el origen de la causa y la evolución posterior de la investigación. Según explicó, el magistrado inició el procedimiento con información aportada por la asociación Manos Limpias y mantuvo decisiones que, a su juicio, han sido corregidas en repetidas ocasiones por instancias superiores.

También criticó la retirada del pasaporte a Gómez y recordó que tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Supremo han llamado “al orden” al juez en varias ocasiones. “Este señor, a estas alturas, no tendría que ser juez”, concluyó el portavoz socialista.