Este marco legal, contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, refuerza la estabilidad habitacional en un contexto marcado por la presión del mercado inmobiliario y el encarecimiento de los alquileres.

En concreto, la ley fija que el plazo pactado entre las partes no siempre coincide con el tiempo efectivo de permanencia del inquilino. Así, incluso en contratos de corta duración, el arrendatario puede extender su estancia si así lo desea, dentro de los límites establecidos.

¿Qué establece la ley sobre la duración real del alquiler?

El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que las partes acuerden libremente la duración inicial del contrato. Sin embargo, introduce una prórroga obligatoria que opera en favor del inquilino.

En la práctica, esto implica que si el contrato se firma, por ejemplo, por un año, el inquilino tiene derecho a renovarlo automáticamente cada año hasta alcanzar un mínimo de cinco años, siempre que el propietario sea una persona física. Si el arrendador es una empresa, ese plazo se amplía a siete años.

Durante ese período, el propietario no puede finalizar el contrato por simple vencimiento del plazo inicial. Solo el inquilino tiene la facultad de desistir, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique con un preaviso de 30 días.

¿En qué casos el propietario puede recuperar la vivienda antes?

La normativa contempla excepciones específicas que permiten al propietario recuperar el inmueble antes de que finalice ese período mínimo. Una de las principales es la necesidad de destinar la vivienda a uso propio o de familiares cercanos.

Para que esta posibilidad sea válida, debe figurar expresamente en el contrato y comunicarse con la antelación correspondiente. No se trata de una facultad automática, sino condicionada al cumplimiento de requisitos formales.

También existen otros supuestos que habilitan la finalización anticipada del contrato. Entre ellos se encuentran la realización de obras incompatibles con la habitabilidad o el incumplimiento grave por parte del inquilino, como impagos, daños en la vivienda o subarriendos sin autorización.

Una vez alcanzado el plazo mínimo de cinco o siete años, el contrato puede prorrogarse hasta tres años adicionales si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de finalizarlo. En ese caso, el propietario debe avisar con cuatro meses de antelación y el inquilino con dos meses si decide no continuar.

El cambio busca equiparar la protección de estos trabajadores con la del resto del mercado laboral. Hasta hace poco, el servicio doméstico quedaba fuera del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995. Sin embargo, una disposición adicional y un real decreto han corregido esta omisión, obligando a los empleadores a garantizar condiciones de trabajo seguras.

Qué documento presentar para cumplir con la nueva normativa

La herramienta fundamental para cumplir con esta responsabilidad es la aplicación digital Prevención10.es, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). A través de esta plataforma, cualquier empleador tiene la capacidad de llevar a cabo una evaluación personalizada de riesgos en su hogar. Este documento debe contener:

• Las características del domicilio
• Las funciones asignadas al empleado (limpieza, cocina, jardinería, conducción, etc.)
• Los riesgos identificados
• Las medidas de corrección y protección recomendadas

Asimismo, la plataforma permite establecer plazos, costes aproximados, identificar responsables de cada tarea y generar un informe final que debe ser conservado como evidencia de cumplimiento.

Adicionalmente, la normativa establece que el empleador está obligado a proporcionar equipos de trabajo y de protección individual sin coste alguno para el trabajador.

Sanciones por no cumplimiento del protocolo de riesgos

No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones económicas considerables. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el artículo 22.2 considera una infracción grave no haber dado de alta al empleado ni cumplir con las condiciones laborales exigidas.

Las multas pueden alcanzar los 12.000 euros, dependiendo de la gravedad: Grado mínimo: entre 3750 y 7500 euros; Grado medio: entre 7501 y 9600 euros; Grado máximo: entre 9601 y 12.000 euros.

Además del riesgo económico, en caso de accidente laboral, el empleador podría quedar desprotegido legalmente si no puede demostrar que ha cumplido con la evaluación de riesgos.

Fecha límite para implementar la evaluación obligatoria

Hasta que se genere el documento, los empleadores disponen del tiempo necesario para adaptar sus contratos y evaluar los potenciales riesgos en sus domicilios.

Esta medida se considera un avance en la dignificación del trabajo doméstico, uno de los sectores más precarios en España. Aunque el número de amas de casa ha disminuido en las últimas décadas —de cinco millones en 2002 a 2,8 millones en 2023—, el empleo doméstico continúa siendo fundamental para miles de familias.

Con este nuevo marco legal, se persigue que la seguridad y los derechos laborales lleguen también a quienes laboran en el ámbito más privado: el hogar.

La normativa vigente establece un reparto claro de responsabilidades. La Ley de Arrendamientos Urbanos regula qué arreglos debe asumir el arrendador, cuáles corresponden al arrendatario y qué ocurre cuando las obras afectan el uso normal de la vivienda alquilada.

Arreglos que debe pagar el propietario en un alquiler

El criterio general de la ley es inequívoco. El propietario tiene la responsabilidad de asumir las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. Esto se encuentra estipulado en el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que impone al arrendador la obligación de mantener el inmueble en condiciones adecuadas para el uso acordado.

Esto incluye, por ejemplo, averías que afecten instalaciones básicas o elementos imprescindibles del inmueble, siempre que no hayan sido ocasionadas por el inquilino. Adicionalmente, tales reparaciones no justifican un incremento en el precio del alquiler, dado que forman parte de las obligaciones legales del propietario.

Responsabilidad de los inquilinos en los arreglos de la vivienda

La ley también contempla excepciones. Si el deterioro se produce por un uso indebido, una actuación negligente o un daño causado por el arrendatario, la reparación deja de ser responsabilidad del propietario. En esos casos, el coste debe asumirlo el inquilino.

A esto se suman las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Son arreglos menores que forman parte del mantenimiento cotidiano del inmueble y que, por norma general, corresponden al arrendatario. La clave está en distinguir entre una avería estructural o funcional y un desgaste normal por el uso diario.

Averías en un piso alquilado: qué debe hacer el inquilino y quién paga

El inquilino no solo tiene la facultad de exigir ciertas reparaciones. También cuenta con obligaciones. La primera es comunicar de inmediato al propietario cualquier incidencia que requiera atención en la vivienda. En caso de no hacerlo y que el problema se agrave, dicha omisión puede acarrear repercusiones.

La normativa exige al arrendatario facilitar la revisión del estado del inmueble, ya sea por el propietario mismo o por los técnicos designados por este. Esta obligación es fundamental para evaluar el alcance del daño y realizar las obras correspondientes.

Cuando las reparaciones superan los 20 días, el inquilino tiene derecho a una reducción proporcional del alquiler. Si las obras impiden la habitabilidad de la vivienda, la ley establece medidas adicionales. En este escenario, la distribución de responsabilidades deja de ser informal y adquiere efectos económicos tangibles para ambas partes.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 10 de agosto?

Para el lunes, 10 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 223,41 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria	Precio por MWh
De 21:00 a 22:00	223.41 euros
De 22:00 a 23:00	200.43 euros
De 20:00 a 21:00	188.08 euros
De 23:00 a 24:00	185.08 euros
De 7:00 a 8:00	180.53 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 10 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 23,78 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria	Precio por MWh
De 15:00 a 16:00	23.78 euros
De 13:00 a 14:00	30.06 euros
De 14:00 a 15:00	34.05 euros
De 12:00 a 13:00	37.69 euros
De 16:00 a 17:00	38.16 euros

El precio de la luz por hora

HORA	PRECIO
De 0:00 a 1:00	163.38
De 1:00 a 2:00	160.95
De 2:00 a 3:00	161.13
De 3:00 a 4:00	158.31
De 4:00 a 5:00	152.8
De 5:00 a 6:00	157.5
De 6:00 a 7:00	167.72
De 7:00 a 8:00	180.53
De 8:00 a 9:00	169.22
De 9:00 a 10:00	135.33
De 10:00 a 11:00	89.77
De 11:00 a 12:00	66.54
De 12:00 a 13:00	37.69
De 13:00 a 14:00	30.06
De 14:00 a 15:00	34.05
De 15:00 a 16:00	23.78
De 16:00 a 17:00	38.16
De 17:00 a 18:00	83.47
De 18:00 a 19:00	99.55
De 19:00 a 20:00	135.21
De 20:00 a 21:00	188.08
De 21:00 a 22:00	223.41
De 22:00 a 23:00	200.43
De 23:00 a 24:00	185.08

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

Este subsidio busca garantizar un ingreso mínimo a las personas desempleadas de larga duración que, pese a encontrarse sin trabajo, siguen cotizando para su futura jubilación.

Desde el SEPE explican que quienes tengan 52 años o más y hayan agotado su prestación o subsidio por desempleo pueden consultar los requisitos y el proceso para solicitar esta ayuda.

Requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años

El SEPE recuerda los requisitos que se deben de cumplir para acceder al subsidio para mayores de 52 años.

En 2026, se solicitan que la persona esté en situación de desempleo y tenga 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos. Además, la persona interesada deberá de cumplir con las siguientes condiciones:

• Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
• Ser emigrante que ha retornado a España
• Ser liberado o liberada de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo
• Haber sido declarado o declarada plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial
• Estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado por desempleo, al menos, entre 90 y 359 días.

A todo lo anterior hay que sumarle que la persona que va a recibir el subsidio debe carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Una buena noticia es que el SMI ha aumentado en 2026, hasta los 17.094 euros brutos anuales.

Para más información, puedes visitar la web del SEPE donde se recoge todo lo relativo al subsidio para mayores de 52 años.

Buenas noticias para los nacidos antes de 1973: el SEPE tiene este subsidio de más de 5000 euros

El SEPE establece que en 2026 podrán acceder al subsidio para mayores de 52 años todas las personas nacidas en 1974 o antes, cumpliendo así el requisito de edad mínima de 52 años.

En cuanto a la cuantía mensual de esta ayuda, se mantiene en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2026.

El subsidio se abonará en mensualidades de 30 días y se pagará entre los días 10 y 15 del mes siguiente al que corresponda.

Este domingo, 9 de agosto de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,69 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,69 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Esta diferencia del 0.73% en la gasolina y del 0.48% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

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El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 9 de agosto de 2026:

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 9 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

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¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche:

Aunque buena parte de los programas sociales se dirige a jóvenes, familias con hijos o población jubilada, las autoridades reconocen ahora la necesidad de ampliar la cobertura a quienes todavía no cumplen la edad de retiro, pero tampoco encajan en otros perfiles de asistencia.

Pagos y condiciones que permiten compatibilizar ayudas

Según lo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las personas mayores de 52 años que hayan agotado el paro y estén en situación de desempleo total o parcial pueden solicitar el subsidio por desempleo.

Esta prestación, dirigida a quienes figuran como demandantes de empleo en la Seguridad Social, tiene asignada para 2025 una cuantía mensual de 480 euros, equivalentes al 80% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), cuyo valor se sitúa este año en 600 euros.

El acceso a esta ayuda exige el cumplimiento de ciertas condiciones, como no superar determinados umbrales de renta o carecer de ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

Este subsidio se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, lo que lo convierte en una medida especialmente relevante para quienes no logran reinsertarse en el mercado laboral.

El Gobierno permite sumar el Ingreso Mínimo Vital al subsidio por desempleo

Una de las novedades más destacadas es la compatibilidad entre el subsidio gestionado por el SEPE y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación administrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El IMV está destinado a personas o núcleos familiares con bajos recursos económicos, y su importe mínimo parte de los 658,59 euros mensuales, pudiendo superar los 1400 euros en función de la composición y situación económica de la unidad de convivencia.

El hecho de poder percibir ambas ayudas simultáneamente representa un alivio significativo para este grupo etario, especialmente en un contexto de dificultades para reincorporarse al empleo o acceder a una pensión contributiva.

El objetivo, según lo expresado por el Ejecutivo, es garantizar una red de protección más sólida para quienes se encuentran en una etapa vital compleja desde el punto de vista económico y laboral.

En España, el Gobierno posee la facultad de revocar una pensión de jubilación incluso si el solicitante ha cumplido con todos los aportes obligatorios. Esta prerrogativa se fundamenta en las normativas de la Seguridad Social, que estipulan que los beneficiarios deben satisfacer ciertos requisitos para conservar el derecho a las prestaciones.

La importancia de mantener actualizados los datos personales

Uno de los motivos más significativos por los cuales el Gobierno puede proceder a la reducción de una pensión es la omisión en la actualización de la información personal. Esta circunstancia incluye la falta de notificación sobre cambios en la situación familiar o residencial, tales como un matrimonio o un cambio de domicilio.

En caso de que un beneficiario no comunique estos cambios, la Seguridad Social tiene la autoridad para suspender la prestación hasta que se regularice la situación. Esta falta de actualización es especialmente crítica en el contexto de las pensiones no contributivas, donde es fundamental declarar periódicamente los ingresos de la unidad familiar y otros factores relevantes que puedan influir en la elegibilidad para recibir dicha prestación.

Importancia de declarar ingresos adicionales

Un motivo adicional que puede dar lugar a la suspensión de una pensión es la omisión en la declaración de ingresos adicionales. Los beneficiarios de pensiones no contributivas tienen la responsabilidad de informar sobre cualquier ingreso extra que pueda afectar el cumplimiento de los requisitos para la percepción de dicha prestación.

En caso de que esta declaración no se realice dentro del plazo estipulado, la Seguridad Social está autorizada para suspender la pensión correspondiente. Además, si se determina que un beneficiario ha recibido ingresos sin haberlos declarado, el Gobierno tiene la facultad de exigir la restitución de los fondos percibidos de manera indebida, lo que podría acarrear sanciones adicionales.

Sin embargo, existe una excepción: se permite un viaje de hasta 30 días naturales, siempre que se notifique previamente al SEPE y se reciba el visto bueno. Este trámite debe hacerse con antelación y siguiendo los plazos establecidos, ya que cualquier descuido puede dejarte sin prestación justo cuando más la necesitas.

Hasta hace poco, el SEPE solo permitía ausencias de hasta 15 días al año. Sin embargo, desde noviembre de 2024, la normativa ha cambiado y ahora se permite viajar fuera del país por un máximo de 30 días naturales al año sin perder la ayuda, siempre que se informe previamente.

Plazos para viajar mientras se cobra el subsidio por desempleo

La cita previa se debe pedir a través de la web especificando la necesidad de notificar un desplazamiento. En cuanto haya sido autorizado, el beneficiario podrá viajar.

En el caso de viajes al extranjero, el SEPE aplica controles más estrictos. Si la ausencia es inferior a 15 días, la persona que cobra la prestación debe notificarlo por adelantado a través del formulario “comunicación de salida al extranjero”. Además, al regresar, no basta con volver al país: es obligatorio presentarse en la oficina del SEPE el primer día hábil para confirmar el retorno y evitar sanciones.

Viajes superiores a 15 días anuales

Este tipo de viajes no son compatibles con el cobro de la prestación. Una vez comunicada la salida, el subsidio queda suspendido durante todo el período de ausencia, aunque sin descontar días del total.

Es importante notificar previamente el viaje en la oficina del SEPE, especialmente si se trata de desplazamientos por motivos recreativos o sin una causa justificada. En cuanto a estancias superiores a 90 días, la suspensión puede derivar en la pérdida definitiva de la ayuda, salvo que el viaje esté motivado por razones laborales, formativas o de cooperación internacional.

¿Qué pasa si no avisas de tu viaje al SEPE?

Aunque muchas personas creen que estar en paro equivale a tener “vacaciones”, legalmente no es así. Mientras cobras el paro, estás obligado a estar disponible para aceptar ofertas de empleo, asistir a cursos de formación o acudir a cualquier cita del SEPE. Por tanto, no comunicar un viaje puede suponer una infracción grave, incluso si se trata de una escapada breve.

Para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, es necesario alcanzar la edad legal establecida. En 2026, las personas nacidas entre 1960 y 1970 serán las que podrán acceder al importe completo, ya que estarán llegando a la edad ordinaria de retiro.

Excelente noticia de la Seguridad Social para los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970

Para 2026, la Seguridad Social ha asegurado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Eso sí, existirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre y cuando se haya cotizado 38 años y 3 meses o más.

Serán los nacidos en los años 60 quienes lleguen a la edad de jubilación ordinaria. Esto quiere decir que podrán optar a la jubilación ordinaria y al 100% de base reguladora, siempre que cuenten con 38 años y 3 meses cotizados.

En cualquier caso, si no llegan a dicha cotización, tendrán que esperar a cumplir los 66 años y 10 meses. Igualmente, las personas que quieran acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre y cuando cumplan dicho requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

¿Quiénes podrán acceder a la jubilación en 2026?

Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzaron a alcanzar la edad de jubilación en 2025. En particular, quienes hayan nacido en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan 38 años y tres meses cotizados.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta será de 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años.

Además, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 9 de agosto?

En el transcurso del domingo, 9 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 175,73 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria	Precio por MWh
De 22:00 a 23:00	175.73 euros
De 21:00 a 22:00	175.23 euros
De 0:00 a 1:00	173.23 euros
De 23:00 a 24:00	173.23 euros
De 1:00 a 2:00	164.14 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 9 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria	Precio por MWh
De 13:00 a 14:00	-0.1 euros
De 14:00 a 15:00	-0.1 euros
De 12:00 a 13:00	-0.02 euros
De 15:00 a 16:00	-0.02 euros
De 11:00 a 12:00	0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA	PRECIO
De 0:00 a 1:00	173.23
De 1:00 a 2:00	164.14
De 2:00 a 3:00	161.05
De 3:00 a 4:00	159.4
De 4:00 a 5:00	156.99
De 5:00 a 6:00	155.4
De 6:00 a 7:00	156.0
De 7:00 a 8:00	159.0
De 8:00 a 9:00	154.29
De 9:00 a 10:00	71.97
De 10:00 a 11:00	1.13
De 11:00 a 12:00	0.0
De 12:00 a 13:00	-0.02
De 13:00 a 14:00	-0.1
De 14:00 a 15:00	-0.1
De 15:00 a 16:00	-0.02
De 16:00 a 17:00	0.0
De 17:00 a 18:00	1.08
De 18:00 a 19:00	5.88
De 19:00 a 20:00	80.0
De 20:00 a 21:00	144.47
De 21:00 a 22:00	175.23
De 22:00 a 23:00	175.73
De 23:00 a 24:00	173.23

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más valorada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes, en particular, quienes promueven esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Sin embargo, son numerosos los autónomos que sostienen que el camino del emprendimiento está repleto de riesgos, sacrificios y desafíos. A su vez, todos los emprendedores que relatan sus experiencias comparten un aspecto en común: las ganas y el esfuerzo por llevar adelante un proyecto.

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Los secretos desconocidos de los emprendimientos

La idea para GOI surgió cuando Canosa se mudó a Galicia. Allí su familia le enviaba cajas enormes con verduras frescas y descubrió una oportunidad de negocio al darse cuenta de que no existía ningún operador logístico que gestionase pedidos mayores a los 40 kg. “Así surgió, no tenía ni idea de logística. La primera vez que fui a hablar con un cliente no tenía ni idea de lo que estaba hablando“, confesó.

Durante la entrevista, Canosa infirió en los detalles de su profesión. La emprendedora fundó una empresa de datos a los 16 años, que luego vendió con 19 al darse cuenta de que ese no era su sector. De allí, por primera vez trabajó como empleada, pero pronto descubrió que deseaba ser su propia jefa.

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Consejos de una joven empresaria para quienes desean emprender

“Si tuviese un hijo, le diría que por favor hiciese todo lo posible por no emprender“, infirió. La empresaria admitió en el pódcast que ella emprendió porque era algo que siempre quiso hacer, aunque también reconoce que fue algo arriesgado e imprudente.

Por último, Canosa reflexionó sobre la naturaleza del emprendimiento y la presión interna que implica la profesión: “Para mí es innato: es todo o nada. O hacemos esto o explotamos como una palomita, porque va dentro”. La conclusión de la empresaria que es una salida laboral “arriesgada”, aunque puede reflejar resultados.

Sin embargo, Yaiza también destacó que para ella no existe otra alternativa más que emprender: “Yo no podría hacer otra cosa y soy la persona más feliz. Si me pagasen 1.000 euros por hacer lo que hago, lo haría, no hay nada más que me compense ni que me merezca la pena”.

“Yo he estado a punto de arruinarme muchas veces con el proyecto. Ahora lo ves y va todo bien y facturamos un montón y la verdad es que tengo mucha suerte y la vida me da muy bien, pero la realidad es que en el inicio había probabilidades de arruinarme e hipotecarme. Hay que estar chiflado para arriesgarse a una locura así y no lo recomiendo”, señaló. “No lo recomiendo ni me parece que sea un camino a seguir. Creo que está muy bien decirlo porque todo el mundo habla de las cosas que van bien“, explicó en la entrevista.

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El trabajo liderado por Raj Chetty analizó datos de más de un millón de inventores en Estados Unidos. La conclusión principal es clara: los niños del 1% más rico tienen muchas más opciones de innovar en el futuro.

En concreto, los hijos de familias con mayores ingresos tienen 10 veces más probabilidades de convertirse en inventores que aquellos que crecen en hogares con ingresos medios o bajos. Este dato se mantiene incluso cuando se comparan niños con niveles similares de rendimiento en matemáticas desde edades tempranas.

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Sin embargo, también existe el riesgo de que las desigualdades se mantengan o incluso aumenten. El acceso a tecnología avanzada, formación especializada o redes de contacto sigue siendo desigual. Por eso, expertos advierten que el impacto real de la IA dependerá de cómo se distribuya su acceso y uso en la sociedad.

Durante este sábado, 8 de agosto de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,68 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,86 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,79 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un -0.21% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.38%.

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¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto:

Lo que no siempre se conoce es que el sistema contempla un subsidio específico que puede cubrir parte de esa falta de ingresos, y que una sentencia judicial reciente amplió el acceso a este subsidio para un colectivo que hasta ahora quedaba excluido.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), es una ayuda asistencial dirigida a personas que han agotado la prestación contributiva, tienen dificultades para encontrar trabajo y cumplen los requisitos de cotización. En 2026, su cuantía equivale al 80% del IPREM, lo que representa 480 euros mensuales. Además, cotiza para la jubilación por el 125% de la base mínima vigente, lo que puede mejorar la pensión futura de quien lo percibe.

Qué amas de casa pueden cobrar el subsidio del SEPE en 2026

Para acceder al subsidio para mayores de 52 años en 2026 es necesario cumplir varios requisitos simultáneamente. Tener 52 años o más, estar inscrito como demandante de empleo, haber agotado una prestación contributiva por desempleo y comprometerse a buscar empleo activamente.

En materia de cotización, la norma exige haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y al menos 6 años por la contingencia de desempleo. Los ingresos del solicitante no pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, límite que en 2026 queda fijado en 915,75 euros mensuales. Hay que presentar una declaración de rentas cada 12 meses ante el SEPE para mantener el cobro.

El requisito de los seis años de cotización por desempleo es precisamente el que dejaba fuera a muchas empleadas del hogar y amas de casa. Hasta octubre de 2022, las trabajadoras del servicio doméstico no tenían posibilidad legal de cotizar por esta contingencia. El Real Decreto-ley 16/2022 corrigió esa exclusión, pero no resolvió la situación de quienes ya llevaban años trabajando sin poder cotizar por desempleo. Esa laguna generó una situación de desprotección que llegó a los tribunales.

¿Pueden las empleadas del hogar acceder al subsidio aunque no hayan cotizado los seis años exigidos?

La respuesta es sí, según la jurisprudencia actual. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó una sentencia en la que reconoció el derecho de una empleada doméstica a percibir el subsidio para mayores de 52 años pese a no haber acumulado los seis años de cotización por desempleo que exige la norma.

La demandante había cotizado 1.762 días cuando el mínimo exigido era de 2.160. El tribunal ordenó computar como cotizados los periodos anteriores a la entrada en vigor del RDL 16/2022 en los que la trabajadora estuvo dada de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.

El argumento del tribunal fue directo: la exclusión histórica de las empleadas del hogar de la cotización por desempleo había sido declarada contraria al derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2022.

Exigirles los mismos años de cotización que al resto de trabajadores suponía mantener una discriminación indirecta por razón de sexo, dado que el sector está integrado mayoritariamente por mujeres. La sentencia abrió la puerta a que otras trabajadoras en situación similar puedan reclamar el subsidio.

El origen del problema: la exclusión histórica del empleo doméstico

Durante décadas, las trabajadoras del hogar estuvieron excluidas por ley de la cotización por desempleo. Esa exclusión fue la que el TJUE declaró contraria al derecho comunitario en su sentencia de 24 de febrero de 2022.

A raíz de ese fallo, España publicó el Real Decreto-ley 16/2022, que estableció la cotización obligatoria por desempleo para el Sistema Especial de Empleados de Hogar a partir del 1 de octubre de 2022. Sin embargo, la norma solo resolvió el problema para quienes comenzaran a cotizar desde esa fecha, dejando sin protección a quienes ya llevaban años en el sector.

Según datos de la Encuesta de Población Activa, en 2025 había aproximadamente 2,4 millones de personas dedicadas a labores del hogar en España, frente a los cinco millones de 2002. Muchas de ellas llegan a la edad de jubilación sin haber acumulado los periodos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva.

La sentencia del TSJ de Navarra, confirmada por el Poder Judicial, estableció que los tribunales deben aplicar directamente el derecho europeo y computar esos periodos previos como cotizados, sin esperar a que el legislador modifique la norma.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se situó en el 3,5% en julio, lo que mantiene el aumento medio de los salarios acordados por convenio por debajo de la evolución de los precios.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo recogidos por EFE, hasta julio se registraron 2.768 convenios colectivos con efectos económicos durante este año, que afectan a unas 860.100 empresas y a 8,6 millones de trabajadores.

Los salarios pactados en convenio mantienen su tendencia al alza

El incremento salarial continúa por debajo de las cifras registradas durante todo 2025, aunque mantiene la senda ascendente desde el 2,87% con el que comenzó enero de este año.

Habitualmente, las subidas suelen ser más moderadas durante los primeros meses del año, cuando hay menos convenios negociados, y aumentan conforme avanza el ejercicio y se cierran nuevos acuerdos.

Al analizar los datos de julio, la subida salarial se sitúa en el 2,26% en los convenios de grupo de empresa, alcanza el 2,59% en los convenios de empresa y llega al 3,06% de media en los convenios sectoriales.

Por sectores, el mayor incremento se registra en los servicios, con un 3,04%, seguido de la industria, con un 3,01%. Asimismo, la construcción registró un aumento del 3% y el sector agrario una subida del 2,69 %.

Más de 3 millones de trabajadores tienen cláusulas de revisión salarial

Del total de 2.768 convenios con efectos económicos vigentes en julio de 2026, 836 cuentan con una cláusula de garantía salarial, un mecanismo que permite revisar al alza los sueldos en función de la evolución del índice de precios de consumo (IPC) para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Estas cláusulas adquieren especial relevancia cuando el incremento de los salarios pactados queda por debajo de la evolución de los precios, como ocurre actualmente. Mientras que la subida salarial media acordada en convenio se situó en el 3,02% hasta julio, la inflación alcanzó el 3,5% durante ese mes.

Sin embargo, este mecanismo no está incluido en todos los convenios. De los 8,6 millones de trabajadores amparados por los acuerdos registrados hasta julio, alrededor de 3,4 millones cuentan con una cláusula de revisión salarial.

Además, un tercio de estos trabajadores tiene cláusulas con efectos retroactivos, lo que permite que las revisiones salariales acordadas puedan aplicarse también sobre periodos anteriores cuando se cumplen las condiciones establecidas en cada convenio.

El debate sobre estas penalizaciones ha vuelto a cobrar actualidad después de que el Ejecutivo respondiera a preguntas parlamentarias del BNG y de Podemos sobre la posibilidad de eliminarlas para trabajadores con más de 40 años cotizados. La respuesta fue negativa. El Gobierno cifró el coste en 3.358 millones de euros anuales y lo descartó como inviable en el contexto actual del sistema de pensiones.

Cómo funciona el recorte en la pensión por jubilación anticipada forzosa

La jubilación anticipada involuntaria está regulada en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social. Para acceder a ella, el trabajador debe haber cotizado al menos 33 años, estar inscrito como demandante de empleo durante un mínimo de seis meses y haber agotado la prestación contributiva por desempleo. Los autónomos no pueden acogerse a esta modalidad.

Las causas que habilitan este tipo de jubilación son concretas: despido colectivo, despido por causas objetivas, extinción del contrato por resolución judicial, fuerza mayor constatada por la autoridad laboral, muerte o jubilación del empresario individual, concurso de acreedores y situaciones de violencia de género. Una vez que se cumplen los requisitos, la Seguridad Social aplica los coeficientes reductores sobre la pensión en función de los meses de adelanto y los años cotizados. En 2026, esa reducción puede oscilar entre el 4,75% y el 30%, y es permanente: no se recupera cuando llega la edad ordinaria de jubilación.

¿Cuánto pierde en la pensión quien se jubila de forma involuntaria?

Los datos que el Gobierno trasladó al Congreso permiten poner cifras al impacto real. Los beneficiarios de pensión por jubilación anticipada involuntaria con más de 40 años cotizados soportan un coeficiente reductor medio del 18,9%, muy por encima del 11,36% que se aplica a quienes se jubilan de forma voluntaria. A pesar de ese recorte, la pensión media de este grupo alcanza los 2.100,42 euros mensuales, con una edad media de jubilación de 61 años y diez meses y una carrera de cotización promedio de casi 43 años.

La diferencia entre los coeficientes de la modalidad voluntaria y la involuntaria responde a un criterio deliberado del legislador: quien se jubila anticipadamente por causas que no controló merece condiciones más favorables que quien lo hace por decisión propia. Por eso la involuntaria permite adelantar hasta cuatro años la jubilación frente a los dos años máximos de la voluntaria, y los coeficientes por mes de adelanto son, en términos generales, algo menores.

El coste de las penalizaciones y el debate político sobre su eliminación

El Gobierno cifró en 3.358 millones de euros anuales el coste de eliminar los coeficientes reductores para jubilados anticipados con 40 o más años cotizados. De esa cifra, 2.013 millones corresponden a la jubilación anticipada involuntaria, derivada de despidos colectivos, causas de fuerza mayor, violencia de género o incumplimientos graves por parte de la empresa.

El debate llegó al Congreso impulsado por Podemos y el BNG, que defienden la supresión de esas penalizaciones para trabajadores con largas carreras de cotización. En noviembre de 2025 se aprobó una moción que pedía impulsar las reformas necesarias para eliminar los coeficientes reductores. El Ejecutivo, sin embargo, ha respondido que la medida no es viable dado el estado actual del sistema de pensiones, y ha mantenido el régimen de penalizaciones sin cambios para 2026.