Las aspiraciones oficiales se centran en ampliar la capacidad de carga del servicio ferroviario. Mientras en Argentina el transporte de carga por ferrocarril es del 5% del total, estiman que con la realización de las obras obligatorias alcanzará entre el 20% y el 25%. Ese aumento se dará por la mayor capacidad de carga, que en casos como Chile es 10 veces el volumen local, mientras que en Australia lo supera en 40 veces.

Fuentes del Gobierno nacional precisaron que cada empresa interesada podrá presentar su propuesta para quedarse con la concesión de las vías por 50 años, ya sea la línea Belgrano, San Martín o Urquiza, con la posibilidad de presentar ofertas por todas ellas. El puntaje de cada competidor se definirá en base a su oferta de peaje y la cantidad de obras no obligatorias que incluya y su plazo de concreción.

Quien resulte adjudicado con cada línea tendrá la opción de comprar el 50% del material rodante de la línea al precio de la tasación, sin necesidad de ir a la subasta. El 50% restante será subastado entre todos los interesados que deseen adquirirlos. En total, estiman que el monto total de base para el material rodante es de u$s 500 millones.

Las obras obligatorias deberán hacerse en los primeros cinco años de la concesión y tendrá como respaldo el Fideicomiso que se constituirá con los fondos de la venta del material rodante. A medida que se concreten las obras obligatorias, se realizarán los desembolsos a los concesionarios. Quien se quede con la línea Urquiza tendrá derecho a percibir del fideicomiso u$s 34 millones por las obras, mientras que en el caso de la San Martín podrá percibir u$s 386 millones y el resto será destinado al Belgrano.

La diferencia responde a, por un lado, el mejor estado de la línea Belgrano en comparación con las otras y el mayor avance de sus obras obligatorias (como la circunvalación de Santa Fe), mientras que los montos presentados para el San Martín se vinculan con el mayor potencial de esta línea, con cercanía a los yacimientos de cobre.

Mientras que para las obras obligatorias estiman un gasto de u$s 800 millones entre las tres líneas, para las optativas no dieron precisiones, aunque señalaron que serán menores a las especulaciones que circulaban, que rondaban los u$s 3000 millones.

El Estado dejará así de operar los trenes, y pasará a ser controlante del desarrollo de las obras. En caso de demoras, establece multas diarias cuya unidad de medida será igual a 100 veces el peaje máximo. De superarse los 180 días de la fecha límite de habilitación de las obras obligatorias o las optativas, se podrá disponer la resolución del contrato de concesión.

La compulsa también será definida por los peajes. El pliego fija un piso y un techo para los mismos. Una vez que una empresa realice la oferta, no podrá aumentar el peaje con el que opere, solo bajarlo. El aumento está contemplado para cuando se concreten las obras obligatorias, cuando podrá aplicar un aumento del 15%.

El Gobierno modificó los pliego para habilitar que la inversión en infraestructura pueda ser incluida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Los beneficios que ofrece el régimen operan de incentivo para que la compulsa incluya la mayor cantidad de obras optativas posibles, ya que sólo las obligatorias no alcanzan a cubrir el monto mínimo del régimen.

La expectativa oficial es que la adjudicación y la adhesión al RIGI del proyecto salgan juntos. De hecho, si el comité del RIGI considera que alguno de los adjudicatarios no puede adherir al régimen, la oferta será descartada y avanzarán con la segunda oferta más competitiva.

La exclusión de las inversiones en maquinaria responde a que el régimen busca contemplar las inversiones que deriven en un aumento de la producción.

Financiamiento

Las gestiones para facilitar el financiamiento ya fueron llevadas a cabo y son múltiples los interesados, en su mayoría de Estados Unidos. Nutren la lista el Banco Interamericano de Desarrollo, el IFC del Banco Mundial, el DFC (brazo de inversiones internacionales en infraestructura de la Secretaría de Estado estadounidense) y el Eximbank, que estaría dispuesta a financiar los proyectos que impliquen mayores exportaciones de Estados Unidos, por ejemplo, la compra de vagones.

Competidores

De la mano de ese financiamiento reflotó la cláusula anti-China, nombre que se rechaza desde los despachos oficiales y plantean que no es una prohibición puntual, sino que se sustenta en que se trata de infraestructura estratégica que no debe estar sujeta a “otros intereses”.

Quienes compitan por las líneas también podrán presentar socios financieros o técnicos, otras compañías con participación accionaria y que complementen los intereses del oferente. Un caso ilustrativo sería para una línea como el Belgrano, que abarca desde la región núcleo hasta el norte de la cordillera, que podría compartir intereses entre los agroexportadores que conformaron un consorcio y las mineras que ven de utilidad el traslado de insumos hacia el norte.

Los competidores que manifestaron abiertamente su intención de participar en la concesión celebraron la publicación del pliego.

GMXT USA, el brazo de transporte de Grupo México, ratificó su interés en la línea y anunció un acuerdo estratégico con Wabtec, empresa dedicada a equipos, componentes, servicios e inteligencia digital para “dotar a las líneas de carga de un servicio logístico con los más altos estándares internacionales, optimizando la fluidez operativa y los tiempos de traslado. La llegada de este modelo incrementará la seguridad del sistema y ofrecerá mayores eficiencias, enviando una señal altamente positiva al mercado al confirmar el compromiso de dos actores de primer nivel mundial en acelerar la modernización ferroviaria en Argentina”.

Por su parte, el consorcio conformado por los principales agroexportadores anticipó que analizarán la presentación de una propuesta “sólida, competitiva y de largo plazo” para el Belgrano, que “tiene un enorme potencial para mejorar la competitividad de la agricultura, de la minería, de las economías regionales, reduciendo los costos logísticos y fortaleciendo la infraestructura del país”. Además, aseguraron que su compromiso es “trabajar con responsabilidad, profesionalismo y una visión de largo plazo, con el objetivo de contribuir a un ferrocarril más eficiente, moderno y al que puedan acceder todos los sectores y economías de la Argentina”.

Ante los antecedentes judiciales que tiene Argentina en el exterior, el pliego contempla que el tribunal será local. También crea un tribunal arbitral técnico específico para la resolución de disputas. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en los casos en los que la discrepancia supere los u$s 500.000, será sometido a un tribunal arbitral constituido en Uruguay.

La decisión, que lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, abre un escenario de incertidumbre para el oficialismo provincial.

La demanda, impulsada por la Confederación Frente Amplio Formoseño, no solo apunta contra la postulación de Insfrán para un noveno mandato, sino también contra la tercera candidatura del actual vicegobernador, Eber Solís.

Formosa: el “atajo” legal bajo la lupa

El núcleo del conflicto radica en la cláusula transitoria cuarta de la Carta Magna local. Según los demandantes, este apartado vulnera los artículos 1°, 5°, 37 y 123 de la Constitución Nacional, así como pactos internacionales de derechos humanos. El argumento central es que estas cláusulas funcionan como un “atajo” para eludir el principio republicano de alternancia.

Al asumir la competencia originaria, la Corte decidió correr traslado de la demanda a la provincia de Formosa, que ahora dispone de 60 días para presentar sus descargos. Este plazo procesal estira la tensión política en un distrito donde el control del Ejecutivo no ha cambiado de manos desde 1995.

Fallo Corte Suprema - Formosa by Cronista.com

El antecedente que marca el camino

Para comprender la gravedad del escenario para Insfrán, hay que remitirse al 19 de diciembre de 2024. En aquel entonces, en la causa promovida por la misma confederación opositora, la Corte ya había declarado la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución formoseña, que permitía la reelección ilimitada.

En aquel fallo, que funciona como un precedente directo, el Tribunal fue tajante respecto a los riesgos de la perpetuidad:

“Una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”.

Para los ministros de la Corte, la alternancia no es solo una opción política, sino una garantía del principio democrático. Sostienen que la permanencia indefinida “diluye la separación de poderes” y atenta contra la equidad en la competencia por el voto.

Con esta nueva resolución, el Tribunal Supremo ratifica su doctrina de intervenir en asuntos provinciales cuando está en juego la forma republicana de gobierno. En términos políticos, la decisión congela, al menos momentáneamente, la estrategia de Insfrán de utilizar cláusulas transitorias para sortear los límites impuestos por el fallo anterior de 2024.

Durante el cierre de la jornada, que se desarrolló en el Hotel Alvear del centro porteño, el mandatario habló ante funcionarios, empresarios y referentes públicos y privados, centrando su discurso en el plan económico y el “modelo de crecimiento” que impulsó desde su llegada al poder.

“El consumo privado, el PBI y las exportaciones están en niveles históricos, pero hay quienes salen a cuestionar los datos basándose en encuestas berretas hechas por nuestros enemigos. Frente a la precariedad intelectual, la primer respuesta es al mejor estilo de Milton Friedman: primero los datos”, comenzó su alocución, para luego destacar los resultados de su plan para bajar la inflación.

Además, el Presidente resaltó la “expansión” de la economía durante los últimos meses.

“En el caso más pesimista de todos, este periodo terminaría con la economía subiendo 8,3%, y cuando comparamos con la OCDE sería la primera vez que estaríamos por encima del promedio. Dije que sabía cómo hacer crecer la economía y, efectivamente, está creciendo. Y si limpiamos el arrastre de la gestion anterior, el número pasa a dos cifras, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la humanidad”, describió.

Y apuntó contra quienes hablan de un crecimiento “a dos velocidades”, con industrias que despegan y otras que sufren el cambio de modelo productivo.

“Hablar de crecimiento a dos velocidades es de una precariedad intelectual grosera, porque es no entender cómo son los procesos de crecimiento. Veníamos de una economía decadente desde hace 100 años, haciendo todo mal. Los economistas argentinos siempre están enfocados en los cortos plazos. Cuando las economías empiezan a despegar, el crecimiento es un quilombo marca cañón”, aseveró.

“Aún no estamos en la categoría de desarrollados, y ese modelo de la economía creciendo toda pareja no es para nosotros, además no es deseable, no queremos quedar atrapados en un equilibrio estacionario como somos ahora. A mí no me gusta ser de mitad de tabla, yo quiero que Argentina sea el país más grande del mundo”, agregó.

Y, en esa línea, se refirió al cierre de empresas: “Que cierren empresas y abran otras es un fenómeno natural, se van reasignando discursos, cambiaron las condiciones de la economía. Si ustedes tienen un shock, lo interesante es que la economía reasigne recursos, no tienen que recuperarse todos parejos, no es así”.

En su análisis también le respondió a quienes critican el plan de incentivos a industrias que crecen a pasos agigantados pero no logran “compensar” la caída de empleo en otros sectores.

“Hay que ser muy imbécil para decir que llegan inversiones en sectores que no generan trabajo, ¿las personas que ganan lo que ganan en Vaca Muerta en qué lo gastan? Hay expansión en el sector hostelero, en real estate, en restaurantes, en divertimento. ¿Cómo se les ocurre castigar la creación de valor?“, agregó.

“Claro que falta un montón, la foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina. Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no van a querer volver al pasado y no quieren convertirse en Cuba”, subrayó.

El mandatario no dejó pasar la oportunidad para reavivar la polémica por la interrupción voluntaria del embarazo, advirtiendo sobre su impacto en las cuentas públicas.

“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes, hoy no llegamos a una tasa de natalidad que permita la reposición”, advirtió el Presidente, y agregó de inmediato: ”Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y de sistema previsional”.

Sobre el cierre, Milei elogió el trabajo desregulador de Sturzenegger y el proceso de apertura comercial, apuntando nuevamente, sin mencionarlo directamente, contra Javier Madanes Quintanilla, el empresario detrás de FATE y Aluar.

“Si yo abro la economía, van a entrar neumáticos a 100 dólares, y nosotros antes los pagábamos 400. Si la empresa que los vende no se adapta, quiebra. Y Lumilagro se encontró frente algo así, modificó el modelo y hoy es un éxito,. En el caso del neumático, el señor decidió apretar al Gobierno y tirarnos 920 personas a la calle un día antes de moficiarse la ley de modernización laboral”,

Se trató del segundo discurso de Milei en la semana. El primero tuvo lugar el lunes, con motivo del acto conmemorativo del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

En ese mismo sentido, se refirió a una eventual candidatura “propia” del PRO en Nación: “A Hernán Lacunza (que presentó su candidatura) lo votaría; cómo no lo voy a votar si yo lo había elegido como mi ministro de Economía si era Presidente”.

Al referirse al actual Poder Ejecutivo, Larreta desafió a sus interlocutores al negar un posible acompañamiento a Diego Santilli, en el caso de que el actual jefe de Gabinete se presente como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. “No voy a votar nunca a La Libertad Avanza”, aseguró el exjefe de Gobierno porteño.

“Yo me tomaría un café con Patricia Bullrich y con cualquiera; no le niego el diálogo a nadie, tomar un café no es tener un acuerdo político. No sé si iría a San José 1111 (donde purga su prisión domiciliaria CFK)”, aseguró posteriormente el exalfil del PRO.

Larreta y sus críticas al Gobierno

Por otra parte, y al analizar la coyuntura, preguntó en tono político: “¿Por qué están todos endeudados? Porque no llegan a fin de mes. Se pierde empleo todos los meses“, cuestionó Larreta, quien aseguró que el Estado debiera acompañar el desarrollo. Sin embargo, también afirmó que él “vendería Aerolíneas Argentinas”.

Asimismo, aseveró que “Milei dice que está acá para destruir el Estado desde adentro; el Estado es la seguridad de la gente, 100% de la seguridad es estatal, el 75% de la educación es pública. ¿Ese es el Estado que vamos a destruir? Necesitás un Estado que funcione".

“El Presidente mintió, dijo que iba a destruir el Banco Central y no lo destruyó; dijo que iba a dolarizar y no dolarizó. ¿Cómo se llama eso? ¿Pragmatismo o mentira? Tenemos que agradecer que el Presidente nos mintió“, remarcó Larreta.

“Si se hubiera reducido una cuarta parte (de lo que recortó el Poder Ejecutivo), se habría retomado el ritmo de infraestructura que los argentinos tuvieron siempre”, afirmó.

Volviendo a poner el foco en 2027, garantizó que no está “buscando alianzas” y fue autocrítico con su campaña en 2023, donde buscó acuerdos con diversos sectores y no logró los dividendos esperados.

En última instancia, y para graficar este punto, confió que “hace un año y medio que no habla con Mauricio Macri”, su expadre político, y que no volvería a su anterior partido, puesto que “el PRO está con LLA”.

En su exposición, puso el foco en el potencial exportador argentino y en el fomento a la agenda de apertura comercial en un año clave para Javier Milei en este sentido, con exportaciones que podrían marcar un récord histórico en 2026, según distintas proyecciones.

“Durante el primer semestre, las exportaciones de bienes alcanzaron un récord de u$s 50.000 millones y crecieron 24,4% interanual”, afirmó Quirno. El funcionario agregó que el superávit comercial llegó a casi u$s 14.000 millones.

“Las ventas a Estados Unidos aumentaron más de 42%, a la Unión Europea 22%, a India casi 30% y a Vietnam más de 20%”, detalló, y remarcó: “La geografía de nuestra agenda empieza a mapearse en nuestro desempeño exportador”.

Según el canciller, “la minería alcanzó un récord de casi u$s 5.000 millones este primer semestre” y “los servicios basados en el conocimiento marcaron un máximo histórico cercano a los u$s 10.000 millones en el 2025”.

Las pymes también traccionaron el resultado: “En los primeros siete meses del año exportaron u$s 6.500 millones, un 26% más que en 2025 y el mayor valor de los últimos 13 años”, precisó Quirno.

“Vendemos más, llegamos más lejos y una parte sustantiva de esa canasta incorpora industria, tecnología, conocimiento y trabajo argentino”, sintetizó.

El funcionario vinculó estos resultados con la apertura de mercados. “En lo que va del año, concretamos 24 nuevas aperturas y 268 reaperturas de mercados para productos agroindustriales”, indicó.

Como ejemplo, citó el caso de la miel: “Pagaba 17,3% para ingresar a la Unión Europea; el nuevo esquema comercial abrió una cuota con arancel cero y el primer embarque desde Concordia ocupó todo el cupo disponible”.

“Al mismo tiempo completamos el cupo de huevos y, junto con Uruguay, el de arroz. Las economías regionales encontraron una puerta y no titubearon en cruzar el umbral”, agregó.

Más socios, más rápido

En otro tramo de su discurso, Quirno habló sobre la estrategia comercial del Gobierno. “Necesitamos más socios. Queremos hacerlo con el Mercosur. Ahora, si el bloque no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente. La urgencia marca nuestro ritmo”, planteó.

“Con los instrumentos ya concluidos, nos acercamos al 30% del producto mundial. La agenda en curso puede llevarnos hacia el 50% en el corto plazo y nuestro objetivo es avanzar en los próximos años hacia una cobertura cercana al 80%”, proyectó.

“En criollo: la apertura comercial que impulsamos tiene una magnitud que la Argentina pujante aquí representada nunca conoció”, sostuvo el canciller.

El funcionario también hizo referencia a lo que definió como “una paradoja difícil de justificar”: “El mundo necesita a la Argentina y demanda precisamente aquello que nuestro país puede ofrecer en abundancia. Sin embargo, nuestro propio desorden macroeconómico y nuestra obstinación proteccionista redujeron el espacio en el que esas ventajas podían desplegarse y ganar volumen”. Para Quirno, “esa paradoja empezó a quebrarse y la mejor prueba está en los números”.

Lo que dicen los números

En línea con los datos de exportaciones compartidos por Quirno, un informe reciente de la consultora LCG coincidió con el diagnóstico oficial: la firma proyecta exportaciones por encima de los u$s 100.000 millones para 2026, impulsadas por un crecimiento generalizado de los cuatro grandes componentes del ICA: Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía (CyE).

“Si bien esta proyección tiene un margen de desvío a partir de la lógica incertidumbre tanto en precios como cantidades, lo destacable es que el año sin dudas mostrará un récord histórico, con varios componentes que están traccionando a este resultado”, señaló LCG.

La consultora planteó, no obstante, un desafío pendiente que el Canciller también mencionó: “Resta ampliar todavía más la base de productos exportados, en bienes diferenciados y, presumiblemente, de mayor valor agregado local, de modo que sean más las empresas que colocan productos valorados por consumidores e inversores externos, y que haya más cantidad de trabajadores (calificados y no calificados) involucrados en el comercio exterior”, indicó.

“Si bien estamos viendo un año récord en exportaciones que da robustez a nuestra macroeconomía por la generación de divisas, un objetivo debería ser que una mayor cantidad de empleo sea utilizado para abastecer la demanda internacional”, concluyó LCG.

“Vamos a seguir reclamando las obras de infraestructura importantes. Y seguiremos trabajando con las empresas y el sector público”, afirmó Carlos Sadir en su exposición.

El reclamo de los gobernadores del Norte se dio durante el panel “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina. Perspectivas de las Provincias”, que se realizó este jueves en el Hotel Alvear, en el marco del Council of the Americas

Los mandatarios de Salta y Jujuy llegan al Council luego de un acuerdo con la Casa Rosada. En reunión con Diego Santilli se comprometieron a dar los votos necesarios para eliminar el régimen de zonas frías a las provincias del centro.

Asimismo, en Balcarce se comprometieron a dictaminar el régimen de “zonas cálidas” para subsidiar la energía eléctrica en el norte del país.

Sáenz fue el más explícito al describir la negociación con la Casa Rosada.

“Muchísimos años al norte argentino se lo tuvo olvidado”, sostuvo, y aseguró que esa situación obliga ahora a avanzar con las obras de infraestructura necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos.

El gobernador salteño enumeró cuáles son los principales pedidos de las provincias: rutas, ramales ferroviarios, gas y electricidad.

“Tiene que ver con las rutas, con los ramales de tren, el corredor bioceánico, nuestra ansiada salida al Pacífico”, señaló.

Además, aseguró que “todo esto significa inversión, inversión que nunca hubo, todo lo que se necesita para agilizar el movimiento de lo que va a haber en este tiempo”.

En ese punto, Sáenz remarcó que las provincias no están planteando estos reclamos por separado, sino que existe una mesa de trabajo con el Gobierno nacional.

“Estamos trabajando con Nación, buscando terminar con las rutas más importantes, agilizando los ramales porque la logística es fundamental, el gas y la electricidad”, afirmó.

El mensaje fue compartido con Jujuy y Catamarca. “De manera conjunta estamos Jujuy, Salta, Catamarca y Nación trabajando de manera mancomunada, más allá de los partidos políticos que representamos”, sostuvo Sáenz.

Carlos Sadir indicó que si bien se han reactivado algunas obras en rutas. “No se hizo ninguna obra en el corredor bioceánico y las rutas se van deteriorando al no hacer obra pública”, aseveró.

Para los mandatarios del Norte, el entendimiento forma parte de una relación más amplia con Nación en la que buscan conseguir respuestas a demandas históricas de infraestructura y energía.

Sáenz evitó plantear el vínculo en términos de confrontación y llamó a aprovechar la oportunidad que genera la minería. “Tenemos que dejar de lado las peleas, las retóricas fundamentalistas que no nos llevan a ningún lugar”, afirmó.

El gobernador salteño también colocó la discusión en términos territoriales. “Los del Norte nos sentimos postergados, aislados y con asimetrías marcadas con respecto al centro del país”, afirmó.

Consolidar el RIGI

Sadir, en tanto, puso el foco en las inversiones y en la decisión de Jujuy de adherir tempranamente al RIGI. “Consolidar es el rumbo. Hemos sido la segunda provincia en aprobar el RIGI y hoy vemos que no nos equivocamos”, afirmó.

El gobernador jujeño destacó que ya está en marcha el primer proyecto RIGI aprobado en la provincia y explicó que esperan la aprobación de otro proyecto vinculado al litio. Según planteó, la iniciativa permitirá superar los niveles actuales de exportación y generar nuevos puestos de trabajo.

“Las inversiones mineras cuando se desarrollan significan un crecimiento para toda la zona y, en general, para nuestra provincia”, sostuvo.

Sadir también dio una dimensión del nivel de actividad que ya existe alrededor de la minería: “Hoy tenemos 98 empresas trabajando en la exploración de distintos emprendimientos mineros, en litio y en cobre y plata”.

“Seguimos apostando por la minería y trabajando por lo que significa en materia económica y de producción”, señaló, y destacó particularmente el potencial de la energía solar de la provincia, que puede ser utilizada por los emprendimientos mineros.

Trabajo local y una condición para las inversiones

Sáenz, por su parte, planteó que la llegada de capitales debe traducirse en desarrollo para las comunidades donde se instalan los proyectos. “No queremos empresas meramente extractivas”, advirtió.

El gobernador reclamó que las compañías trabajen junto con las comunidades y los proveedores locales. “Somos una familia y van a convivir durante mucho tiempo juntos”, sostuvo, y destacó el funcionamiento de mesas de trabajo entre empresas, proveedores y habitantes de las zonas mineras.

“Exigimos que el trabajo sea local, pero nos ocupamos de capacitar a la gente para las necesidades de la empresa”, aseveró.

Según Sáenz, la minería genera “una cadena de oportunidades para todos” y permite que las comunidades puedan acceder a empleo y mejorar sus condiciones económicas.

El funcionario participó de la tradicional conferencia que reúne a funcionarios, gobernadores y representantes del sector privado y centró su discurso en los objetivos que concretó el gobierno de Javier Milei en materia económica.

En principio, habló de crecimiento económico y elogió la gestión del libertario. “Le gana por goleada a las presidencias anteriores”, dijo. Además, enumeró 12 proyectos enviados al Congreso este año que consideró claves.

De la reforma laboral a la Ley de Glaciares: los proyectos que destacó Sturzenegger

“Imagínense lo que va a pasar cuando reelija Javier Milei el año que viene”, sostuvo Sturzenegger al introducir el discurso.

“Lo más interesante es el proceso de crecimiento de la economía. Si a eso le sumamos las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) hasta el fin el mandato, habría terminado su primer mandato con un crecimiento de aproximadamente 13 puntos”, expresó. “Le gana por goleada a las presidencias anteriores”, agregó.

Además, destacó que “es un crecimiento liderado por las exportaciones”, a diferencia de otros previos. “A la cosecha se ha sumado las exportaciones de petróleo. La economía no cae como ocurría usualmente”, remarcó.

En ese sentido, se refirió al trabajo que lleva adelante la cartera que lidera. “Nosotros somos plomeros: nos metemos en las bases de los edificios, limpiamos los caños”, expresó el ministro. Por eso enumeró, a continuación, 12 reformas que impulsaron este año.

Comenzando por la ley de modernización laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. “Nos prohibía exportar la misma cantidad que Chile en productos mineros: u$s 60 mil millones”, sostuvo sobre esta última.

Mencionó, además, los cambios en propiedad intelectual de semillas; la reforma “extraordinaria” en el mercado de capitales; en materia de infraestructura en rutas, para lo que “el ministro [de Economía, Luis] Caputo está terminando el esquema de licitación; el tratado de comercio e inversiones con Estados Unidos; el proyecto de Ley de Propiedad Privada y el de Ley de Sociedades.

En el evento expusieron también el viceministro de Economía, José Luis Daza, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Además, el cierre está a cargo del presidente Milei.

Desde una perspectiva macroeconómica, Artana reconoció que la economía está “mucho más sólida” que en el pasado y valoró el orden en los números fiscales y los resultados externos. Sin embargo, advirtió sobre el número más preocupante de la actualidad: la inversión.

“Es un dato malo”, reconoció y advirtió que, hasta el momento, el RIGI tiene un impacto acotado. “Recién llevan desembolsados u$s 4000 millones y la inversión en la Argentina suele ser de u$s 130.000 millones por año. Sigue siendo un número pequeño”.

Artana vinculó esta situación a la construcción y, particularmente, a la paralización de la obra pública y la demora en la tracción de nuevas inversiones. Pese a esto, se mostró ligeramente optimista respecto a los últimos indicadores.

Citando datos del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), el economista observó una desaceleración en la caída del sector. “Pasamos de estar en un nivel de -20 a un -15”, explicó. Aunque el escenario sigue siendo negativo, Artana percibe una tendencia de mejora respecto a los meses anteriores.

El potencial de Vaca Muerta y la minería

Para Artana, el sector energético se encamina a ser decisivo para la generación de dólares para el país en el corto plazo. Concretamente, destacó el proceso que atraviesa el Oil & Gas en Vaca Muerta.

Acto seguido, proyectó: “De acá a un año, el oleoducto nuevo va a dar u$s 1.000 millones más de exportaciones por mes. Eso representa el 12% de las exportaciones. O sea, lo que está ocurriendo ahí es de una magnitud increíble”.

En paralelo, hizo foco en la minería y, si bien enfatizó que recién está comenzando su etapa de proyectos, estimó números significativos a largo plazo. “Para 2031, si se cumplen las proyecciones del principal proyecto, te agrega u$s 700 u u$s 800 millones por mes de exportaciones”, completó al respecto.

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En su exposición durante la 23° edición del encuentro, que se realiza en el Hotel Alvear Palace de Buenos Aires, Santilli sostuvo que el principal cambio de la gestión libertaria fue la construcción de un marco de orden fiscal, estabilidad y reglas claras, condiciones que consideró indispensables para que el sector privado vuelva a invertir.

“Sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible”, afirmó durante su exposición.

Santilli dedicó su discurso a defender la gestión económica, las reformas en el Congreso y el acuerdo con los gobernadores.

En este sentido, el funcionario remarcó que una empresa no puede proyectar su futuro sin conocer las reglas que tendrá en los próximos meses y que los trabajadores tampoco pueden progresar en un contexto en el que la inflación deteriora sus ingresos.

El funcionario ubicó al equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales del modelo de Milei. “Ningún país puede gastar más de lo que tiene. El equilibrio fiscal no se negocia”, sostuvo en concordancia con la decisión del gobierno de no ceder el eje principal de la gestión económica.

Para Santilli, esa disciplina es una condición para recuperar el crédito y terminar definitivamente con la inflación.

Asimismo, destacó la energía, la minería y la economía del conocimiento como los sectores concretos de la economía que van a crecer.

Asimismo, destacó el superávit energético y el crecimiento de las exportaciones mineras y planteó que la Argentina cuenta con recursos, talento y empresarios dispuestos a generar empleo si encuentran estabilidad.

El contraste con el kirchnerismo y la apuesta a un cambio estructural

En buena parte de su discurso, Santilli utilizó la herencia de los gobiernos kirchneristas como contrapunto para defender el rumbo actual.

Santilli sostuvo que el objetivo del Gobierno es producir un cambio estructural y terminar con lo que definió como “la lógica económica que cambia cada cuatro años”.

“Es el gobierno más reformista de la historia”, aseguró al defender la agenda de Milei, que vinculó no sólo con el orden fiscal sino también con cambios en el funcionamiento del mercado laboral, el régimen de inversiones y la inserción internacional de la Argentina.

En ese punto, también destacó el giro en la política exterior y la búsqueda de una mayor integración con los mercados internacionales y con Estados Unidos. El objetivo, afirmó, es que ese vínculo se traduzca en “más trabajo y más desarrollo”.

La defensa del modelo, en medio de los cuestionamientos, también estuvo centrada en la agenda de reformas.

El jefe de Gabinete destacó especialmente la reforma laboral y sostuvo que no se trata solamente de una modificación normativa, sino de una herramienta para enfrentar el problema de la informalidad.

“Dejar a millones de argentinos en la informalidad es un pecado que no podemos mirar para otro lado”, afirmó, y agradeció a los gobernadores por el trabajo conjunto para avanzar en las reformas.

También reivindicó el RIGI como una señal hacia los inversores. Según planteó, el régimen representa la decisión de la Argentina de volver a ofrecer previsibilidad y respeto por los contratos, dos de las condiciones que el Gobierno considera necesarias para atraer grandes proyectos.

“Las inversiones llegan cuando existe orden y cuando los países hacen las reformas que hay que hacer”, resumió Santilli ante una audiencia integrada por algunos de los principales representantes del empresariado.

Los gobernadores y Jorge Macri

Santilli dedicó parte de su discurso a destacar el acompañamiento de los gobernadores y del jefe de Gobierno porteño al rumbo impulsado por la Casa Rosada.

“Quiero agradecer a los gobernadores, presentes y los que no están por las reformas. Esto lo hemos entendido todos, hemos hecho un trabajo en conjunto”, sostuvo el funcionario.

El mensaje estuvo dirigido también a reforzar la idea de una nueva etapa de coordinación entre Nación, las provincias y la Ciudad, en la que el Ejecutivo busca apoyo territorial para sostener su agenda de reformas.

La presencia de gobernadores como Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa e Ignacio Torres forma parte de esa foto política que el Gobierno exhibe en el Council, un encuentro que justamente reúne al sector público con empresarios e inversores.

La alianza en la Ciudad

Antes de Santilli, Jorge Macri puso el foco en la coordinación entre la Ciudad y el Gobierno nacional y ratificó su respaldo al rumbo económico impulsado por Milei. “Donde hay orden hay libertad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, quien planteó que el camino trazado por la Casa Rosada es también el que acompaña la Ciudad.

“Si al país le va bien, a la Ciudad le va a ir mejor”, afirmó Macri, en una señal de alineamiento con Nación. En esa línea, destacó la importancia de contar con un rumbo económico claro y reivindicó al sector privado como motor del crecimiento.

El jefe de Gobierno también hizo hincapié en la necesidad de recuperar una cultura que vuelva a “celebrar el éxito del privado” y remarcó que en la Ciudad “la propiedad privada se defiende”. Su intervención funcionó así como un respaldo político al modelo económico que luego profundizaría Santilli ante el empresariado.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, introdujo una mirada más cautelosa sobre el presente. Advirtió que hay empresas que “la están pasando mal”, aunque sostuvo que el proceso de transformación y consolidación del nuevo modelo tiene costos.

La apertura de la jornada, que se realiza en el Alvear Palace Hotel, estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y contará con el cierre del presidente Javier Milei.

Daza vino a reemplazar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien no pudo asistir al evento, tal como estaba previsto en la agenda.

“Estamos ante una economía que cambió y hoy hay una aceptación universal del equilibrio fiscal”, aseguró el funcionario ante empresarios.

El funcionario aseguró que el proceso de desinflación continuará en la Argentina y sostuvo que la inflación dejó de representar una preocupación central.

“Estamos bajando la inflación al ritmo de otros países. La inflación para mí no es un tema”, afirmó Daza durante su exposición.

Además, Daza se mostró confiado sobre las perspectivas económicas de la Argentina.

“Cuando miramos hacia adelante, es muy difícil no ser optimista. Yo soy realista”, afirmó. En ese sentido, habló de la transformación que atraviesa la Argentina y aseguró que “no hay país con mejores perspectivas”.

La agenda del Council of the Americas

La jornada del Council incluye una agenda estructurada en torno a dos sectores prioritarios para la administración del presidente Javier Milei.

El primer panel, titulado “Minería — Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”, reúne a los gobernadores Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta.

El panel incluye además a Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, Executive Director & Country Manager de Newmont Argentina. Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, modera la discusión que aborda perspectivas de inversión minera.

Posteriormente, a las 11, un segundo panel enfocado en energía reunirá a los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén e Ignacio Torres de Chubut, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de Compañía General de Combustibles, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

Una vez finalizado, tomará la palabra el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta las 12.15. Luego, será el turno del canciller Pablo Quirno.

El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei, quien hablará a partir de las 12.30. Se espera que defienda el rumbo de la gestión y despeje dudas sobre la reactivación de la economía.

La etapa de tolerancia ciudadana frente a la crisis parece haber entrado en una fase de desgaste, cediendo terreno ante las urgencias diarias del bolsillo.

Los números sobre la percepción material de la sociedad son contundentes. Según el relevamiento, realizado durante los primeros días de agosto (del 1 al 12) sobre más de 1500 casos, el 68,3% de los encuestados afirmó que su situación familiar empeoró en los últimos meses, mientras que un 74% consideró que la economía general del país sufrió un severo retroceso.

En este contexto, los bajos ingresos (47,2%) se consolidaron como la principal preocupación de los argentinos, superando de manera amplia a la inseguridad y al aumento de precios.

El pesimismo también domina las expectativas a corto plazo, ya que seis de cada diez consultados (60,2%) estiman que su realidad financiera seguirá en declive dentro de los próximos seis meses.

Sin embargo, el dato que más puede llegar a preocupar en los despachos de la Casa Rosada es el cambio en la asignación de responsabilidades: el 48,3% del electorado ya señala a la actual administración como la principal culpable de la crisis, ubicándose casi diez puntos por encima del 38,9% que todavía responsabiliza a la gestión gubernamental anterior.

Este clima de insatisfacción económica tiene un correlato directo en el terreno político y amenaza los planes de reelección del líder libertario. Al proyectar un escenario de comicios nacionales, la encuesta marca una caída del oficialismo frente a la principal fuerza de la oposición, lo que evidencia que el sacrificio financiero demandado a la población no está garantizando una fidelidad inquebrantable de cara a las próximas citas en las urnas.

Ante la consulta sobre a qué espacio político elegirían si las elecciones fueran hoy, la marca “Fuerza Patria” (que agrupa al peronismo y al kirchnerismo) logra posicionarse en el primer lugar con una intención de voto del 36,6%. La Libertad Avanza queda relegada al segundo puesto con un 32,5%, mientras que el PRO apenas alcanza un magro 6,6%, reflejando una clara polarización entre las dos fuerzas mayoritarias del país.

El panorama cambia levemente al medir nombres propios en una hipotética primera vuelta presidencial, donde la figura individual del mandatario tracciona más que su propio sello partidario. Bajo esta métrica, Javier Milei logra retener el liderazgo con un 36,3% de las preferencias.

Su principal contrincante es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien concentra el 32,3% de los apoyos, dejando muy atrás a otras opciones como la dirigente de izquierda Myriam Bregman o el radical Maximiliano Pullaro.

La verdadera magnitud del desafío electoral para el oficialismo queda expuesta al simular un escenario de balotaje. En un hipotético mano a mano definitivo, Javier Milei y Axel Kicillof se disputan la presidencia de la Nación en un absoluto empate técnico. El actual jefe de Estado obtendría un 40,6% de los votos, situándose apenas un punto por encima del 39,6% que cosecharía el mandatario provincial, con un decisivo 12,7% de votos en blanco o impugnados.

Mirando hacia el 2027, la radiografía social muestra un electorado fragmentado. Un 41,7% agrupa a quienes desean que continúe el gobierno actual (ya sea con sus políticas intactas o con recambios en los equipos), frente a un 38,2% que exige un nuevo mandato de corte peronista.

A pesar de los números ajustados, la Casa Rosada aún conserva un escudo defensivo vital: el 45,1% de los encuestados confiesa estar dispuesto a votar a un candidato que no le agrade con el único fin de evitar el retorno del peronismo al poder.

“La Libertad Avanza instala entonces al ‘Jefe’, su máxima autoridad, la señora Karina (Milei), para asociarse a los vestigios sombríos que personalmente detesta y que persisten en el fondo de olla del PRO de Mauricio (Macri), su ya resignado interlocutor”, señaló.

En su blog personal, el periodista y escritor advirtió que la relación entre ambas figuras está marcada por la tensión. Sin embargo, sugirió que esta asociación es estratégica, con una inquietud en común: “El riesgo temible del regreso del peronismo”.

“La derecha tibiamente dulce de los gradualistas que se estrellaron debe anexarse para respirar con un caño a la barbarie moral de la derecha extrema de los Milei que actualmente tropieza y viene a los tumbos”, aseguró.

“Comparten el sano objetivo de confrontar con la alternativa viable del peronismo desordenado que siempre aparenta ser caótico cuando se pone creativo, casi interesante”, añadió Asís.

El peronismo y el “operativo resistencia” a la eliminación de las PASO

La reciente reunión entre los principales referentes del PJ -Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof-tuvo como eje central definir una postura conjunta frente al intento del Gobierno de eliminar las PASO, herramienta que el peronismo busca mantener para intentar ordenar su interna.

Al respecto, el periodista sugirió que el encuentro representa un primer paso para dejar de lado las diferencias internas que mantienen al PJ dividido.

Destacó el rol de Sergio Massa, al atribuirle un trabajo activo con gobernadores y autoridades parlamentarias. Entre ellos destacan el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, enfocados en la organización del bloque legislativo.

Para Asís, el logro más significativo fue reunir en una mesa de diez dirigentes entre quienes se encontraban Máximo Kirchner y Axel Kicillof. “Cuatro horas de deliberación que fueron invertidas en ponerse de acuerdo en que las PASO de ningún modo se deben cancelar”, destacó.

La cancelación de las primarias es, según el escritor, el objetivo principal del oficialismo que procura unificarse a través de Diego Santilli, que mantiene vínculos tanto con el PRO como con La Libertad Avanza.

“Asimismo fatiga también a los gobernadores de rosca fácil para que influyan sobre los legisladores que le hacen caso a cambio de algunos mangos escasos, y se sumen a la causa innoble de acabar con la elección inútil y así beneficiar el cuento del superávit operativo”, completó.

Además, defendió el vínculo del Gobierno con el sector privado y sostuvo que las entidades financieras ya están avanzando en procesos de reestructuración de deudas.

“Nosotros venimos de una película de terror y la Argentina hoy crece. Obviamente, falta que crezca uniformemente”, afirmó Santilli durante el encuentro del Council of the Americas organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en el Alvear Palace Hotel.

Tasas y las deudas, en la mira

Santilli también fue consultado por el nivel de las tasas de interés y la situación de las personas y empresas que mantienen deudas con el sistema financiero.

El ministro aseguró que conversó sobre el tema con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, y afirmó que bancos y entidades financieras ya comenzaron a trabajar en mecanismos de reestructuración.

“Estuve con el ministro de Economía, me contó lo que están haciendo los bancos y el sector financiero respecto a un montón de sectores. De hecho, la mora se detuvo”, afirmó. Y agregó: “La reestructuración que está haciendo el sector privado creo que va a llevar a alivio”.

Frente a la preocupación por el nivel que todavía mantienen las tasas, Santilli pidió poner la situación en perspectiva. “Recordemos de dónde vienen esas tasas. Vienen del 211% de inflación, donde la gente tomó préstamos de alguna manera y hoy, con tasas mucho más bajas —no lo que quisiéramos, quisiéramos que fueran más bajas aún—, el sector financiero está reestructurando”, señaló.

Según el funcionario, ese proceso ya comenzó a observarse en distintos puntos del país. “Lo vi en Santa Fe, lo vi en la Ciudad de Buenos Aires, lo veo en varias provincias y en varios bancos”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno adopte alguna medida adicional para los deudores, Santilli insistió en que actualmente el proceso está siendo encarado por las propias entidades financieras: “Hoy ya lo está haciendo el sector financiero y están caminando hacia eso”.

“Esperemos que temprano llegue a la micro”

Ante la consulta sobre cuándo la mejora de los indicadores macroeconómicos se trasladará a la micro, Santilli planteó que ambos planos están relacionados.

“La macro es el conjunto de la micro. Si la macro crece es porque hay sectores de la micro que van y hay otros que no. Entonces, en el conjunto el país crece”, explicó.

Sin embargo, reconoció que el desafío pendiente es extender esa recuperación: “Obviamente falta que llegue, que se generalice. El camino es el correcto porque cuando crece la macro, tarde o temprano —esperemos que temprano— llega a la micro”.

El círculo rojo

Consultado sobre la relación entre el Gobierno y el denominado “círculo rojo”, Santilli destacó la articulación entre el sector público y el privado. “Este es un ámbito público-privado donde se trabaja en sintonía. Por eso agradezco y destaco al Council de las Américas por el trabajo que hace”, dijo a El Cronista.

El funcionario se mostró optimista respecto de la evolución de la actividad, aunque admitió que la recuperación todavía es desigual. “Veo una transformación distinta. Veo un país que va a salir, que crece, pero que falta. Falta un montón”, sostuvo, y agradeció “el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos y todas las PyMEs”.

La relación con el PRO y el radicalismo

Santilli también habló sobre el armado político del oficialismo y la relación de La Libertad Avanza con otros espacios.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que LLA y el PRO vuelvan a confluir electoralmente, evitó anticipar una definición. “Falta un montón”, respondió.

No obstante, aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos sectores políticos: “Estamos trabajando y construyendo un puente tanto con el PRO como con el radicalismo y con otros sectores”.

Sobre la continuidad de la mesa política con La Libertad Avanza, sintetizó: “Se está trabajando. Seguimos trabajando”.

Cerimedo: que “los responsables vayan presos”

Santilli también fue consultado por la situación del aliado de Javier Milei, Cerimedo pero evitó realizar una evaluación definitiva y pidió esperar a que se esclarezcan los hechos.

“Esperemos a ver cómo se desenvuelve”, dijo. Luego agregó: “Ahí hay una especie de atentado. Tenemos que ver, o un atentado, por lo menos por lo que se vio hasta ahora”.

“Ojalá se clarifique y los responsables vayan presos”, concluyó.

Este primer llamado será para licitar los más de 7000 kilómetros de vías de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín por 50 años.

Este miércoles, el ministro de Economía ya había anunciado en sus redes sociales la convocatoria. “La concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos u$s 200 millones en la renovación de vías”, dijo el ministro.

La licitación

La traza total de las tres líneas incluye 7.594 kilómetros de vías que atraviesan 16 provincias y conectan las principales zonas productivas del país con los puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Si bien esa extensión es la que hoy se encuentra operativa, se contempla que las redes pueden ampliarse.

La compulsa se concretará entre al menos cuatro empresas que dieron a conocer su interés concreto en quedarse con las líneas y otras dos que manifestaron su interés a otros jugadores del mercado.

El pliego, y lo que definirá la concesión de las vías, contempla una serie de obras obligatorias que deberá realizar el adjudicatario. Según estiman desde los despachos oficiales, entre las tres líneas, las obras obligatorias requerirán una inversión mínima de u$s 800 millones.

Además, se incluirán una serie de inversiones adicionales que los competidores deberán ofertar para realizar.

Las obras obligatorias tendrán que concretarse en los primeros cinco años de la concesión, mientras que las obras optativas serán ponderadas durante el proceso de adjudicación, donde se favorecerá las que se concreten en los primeros años de la concesión.

Entre las obras obligatorias se incluye eliminar el cuello de botella que ocurre en Santa Fe (con un problema particular en la circunvalación de la ciudad de Rosario, foco de descarrilamientos), recuperar el ramal azucarero de la línea Belgrano, rehabilitar la capacidad del corredor principal de la línea San Martín y el ramal troncal de la línea Urquiza.

En línea con las licitaciones anteriores, como el caso de la Hidrovía o de AMBA I, desde el Gobierno aseguran que esta licitación incluirá una cláusula que restrinja la participación de empresas con control de estados extranjeros, también conocida como “cláusula anti China”. La cláusula no estaba en los pliegos originales, pero fue incluida en los despachos del Palacio de Hacienda, para estar en sintonía con las licitaciones anteriores.

La licitación de las vías incluirá además para cada uno de los futuros concesionarios la opción de adquirir un lote de material rodante correspondiente a la línea adjudicada, a un precio que ya fue determinado en los pliegos particulares. En paralelo, el Gobierno prevé avanzar con el remate del resto de los activos y con la concesión de los talleres.

Los recursos obtenidos tanto por esos remates como por la venta del material rodante incluido en las concesiones serán administrados a través de un fideicomiso que deberá constituir Belgrano Cargas y Logística. Según estableció Economía, los fondos tendrán como destino el financiamiento de las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios.

La resolución modificó así el esquema previsto originalmente, que contemplaba canalizar esos recursos a través de una cuenta fiduciaria en el Banco Nación. En los considerandos, Economía justificó la creación de un vehículo separado para “no entorpecer” la gestión del fideicomiso existente y estableció que el nuevo instrumento estará destinado exclusivamente a administrar los fondos provenientes de la venta del material rodante.

El pliego contempla el open access, sistema que habilita la operación de múltiples empresas en las vías, mientras quienes tengan el control de las mismas deben garantizar la igualdad de condiciones para quienes demanden su uso.

El precio de los peajes que cobrará el operador también será analizado como parte de la oferta de cada competidor, pero serán sujetos a bandas mínimas y máximas.

“El valor mínimo busca asegurar recursos suficientes para el mantenimiento de la infraestructura; el máximo busca preservar la competitividad del ferrocarril frente al transporte automotor”, explicaron desde el Gobierno.

Según las estimaciones oficiales, la tarifa ferroviaria resultaría al menos un 35% inferior a la del transporte automotor.

La adjudicación final se estima que se concretará en el primer trimestre del año próximo. La apertura de sobres está prevista para el 11 de noviembre a las 10 de la mañana a través de la página oficial CONTRAT.AR. Las presentaciones podrán hacerse hasta las 9.59 del mismo día.

Competencia

Esta privatización es quizás la que más interés generó. Los primeros en manifestar su interés fueron los representantes de Grupo México en su rama de transporte, GMXT, que anticiparon incluso que estaba dispuestos a ejecutar una inversión de u$s 3000 millones.

Al poco tiempo, los principales agroexportadores conformaron el Consorcio Pro Belgrano para presentar una oferta conjunta. El mismo está compuesto por las principales firmas agroexportadoras del país y del mundo: Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company (LDC) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

También manifestó su interés el Grupo Roggio, mientras que el Grupo Techint analiza la alternativa. Se trata de dos gigantes de la construcción y la industria local, ambos con antecedentes en la administración ferroviaria.

Fuentes conocedoras de la licitación advirtieron que también hay otros interesados internacionales.

Una incógnita era la participación de las empresas mineras, que se verían beneficiadas en particular por la traza de la línea Belgrano. Una de las especulaciones era que se vincularían con las cerealeras para dedicarse al tramo que se acerca a los principales campamentos mineros, principalmente para optimizar el uso de la traza hacia arriba con la carga de insumos para el sector. Sin embargo, no hay una postura unificada de las compañías.

Durante el último mes el Gobierno instrumentó cambios que habían planteado algunos interesados. Uno de ellos fue la posibilidad de incluir la inversión en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dando la posibilidad de adherir lo gastado en infraestructura dentro de los beneficios impositivos que establece.

A pesar de la mejora que tuvo en el balance, la compañía aún mantiene un resultado deficitario de $ 10.229 millones, principalmente explicado por los gastos en obras de infraestructura contempladas dentro de la emergencia ferroviaria.

Si bien la concesión no implicará ingresos al Tesoro, si implicara menores erogaciones por su parte. En el primer trimestre del año, la compañía recibió transferencias corrientes por $ 18.649 millones.

El estado de la red

Desde el Gobierno sostienen que la red atraviesa décadas de deterioro. Para ilustrar, plantearon que desde 1970, la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces.

Además, plantean que los informes técnicos mostraron pérdidas económicas de la empresa por el deterioro de la infraestructura, los descarrilamientos derivados, la falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Desde el Gobierno plantean que con esta privatización “el Estado deja de asumir el riesgo empresario y concentra su rol en la regulación, fiscalización y control”.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $ 70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores jubilados con la mínima en el noveno mes del 2026, pero tendrá una leve modificación.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $ 428.633,20 a partir de septiembre, sin contar el refuerzo extraordinario. Quienes reciban el bono completo de $ 70.000 tendrán un ingreso bruto de $ 498.633 en total. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $ 2.884.296 para septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores corresponden a montos brutos sin tomar en cuenta los descuentos.

Quiénes pueden cobrar el bono de $ 70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

Calendario de pagos septiembre 2026

Pese a que el noveno pago del 2026 comenzará el día 8 como es habitual, el esquema anterior se inició el 10 de agosto. Por eso, los beneficiarios verán un adelanto de dos días en su cobro.

Pensiones No Contributivas (PNC)

• DNI terminado en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
• DNI terminado en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
• DNI terminado en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
• DNI terminado en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
• DNI terminado en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilados con la mínima

• DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
• DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
• DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
• DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
• DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
• DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
• DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
• DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
• DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
• DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados por encima de la mínima

• DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
• DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
• DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
• DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
• DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $ 70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores jubilados con la mínima en el noveno mes del 2026, pero tendrá una leve modificación.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $428.633,20 a partir de septiembre, sin contar el refuerzo extraordinario. Quienes reciban el bono completo de $ 70.000 tendrán un ingreso bruto de $ 498.633 en total. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.884.296 para septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores corresponden a montos brutos sin tomar en cuenta los descuentos.

¿Cómo quedan las pensiones de ANSES con el aumento?

La actualización también impactará sobre las distintas pensiones que forman parte del sistema previsional y asistencial. Los principales valores para pensionados en septiembre serán los siguientes:

• PUAM: $342.891 y $412.891 con el bono completo.
• PNC por invalidez y vejez: $300.014 la mínima y $370.014 con el refuerzo.
• Pensión para madres de 7 hijos o más: $428.591 de básico y $498.591 con el adicional informado.

De esta manera, el aumento del 2,11% alcanzará a todas las prestaciones para adultos mayores administradas por ANSES durante septiembre.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos de ANSES en septiembre?

Pese a que el noveno pago del 2026 comenzará el día 8 como es habitual, el esquema anterior se inició el 10 de agosto. Por eso, los beneficiarios verán un adelanto de dos días en su cobro.

Pensiones No Contributivas (PNC)

• DNI terminado en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
• DNI terminado en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
• DNI terminado en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
• DNI terminado en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
• DNI terminado en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilados con la mínima

• DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
• DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
• DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
• DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
• DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
• DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
• DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
• DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
• DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
• DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados por encima de la mínima

• DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
• DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
• DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
• DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
• DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Los antecedentes muestran, en general, que muchos impuestos se crean de manera transitoria, pero llegan para quedarse. Algunos, adicionalmente, terminan ranqueando entre los más cuestionados.

Se puede discutir sobre la regresividad del IVA o cuáles deberían ser los pisos de Ganancias, pero entre empresarios, economistas, productores y buena parte de la política hay otro que concentra críticas casi unánimes: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).

Se trata de una de las principales fuentes de recaudación tributaria propia de las provincias y tiene varias particularidades que explican su mala fama: desde su “piramidación”, por la cual la carga se incorpora como costo en sucesivas etapas de producción y comercialización, hasta su carácter prácticamente “invisible” para el consumidor, que termina pagándolo dentro de los precios, pero no lo encuentra discriminado como ocurre con otros impuestos.

Tal vez por eso tampoco forma parte de un reclamo cotidiano equivalente al que generan otros tributos. Para las provincias, en cambio, su importancia es enorme: eliminarlo sin colocar otra fuente de recursos en su lugar supondría abrir un agujero en sus cuentas.

Ahí aparece una particularidad de la discusión. Economistas ubicados en lugares muy diferentes del mapa ideológico coinciden en que Ingresos Brutos genera distorsiones. El acuerdo empieza a desaparecer cuando tienen que responder qué debería reemplazarlo y, especialmente, quién debería asumir el costo de la reforma.

EL CRONISTA consultó sobre ese dilema a Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA; Martín Tetaz, economista y exdiputado nacional; Iván Cachanosky, economista y consultor; y Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Girard: sin crecimiento, la reforma tributaria no alcanza

Cristian Girard ocupa una posición particular dentro de esta discusión. Como titular de ARBA, administra la agencia encargada de recaudar los impuestos de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, observa el problema desde una jurisdicción para la cual Ingresos Brutos constituye una fuente central de recursos.

“Hay una discusión bastante instalada sobre Ingresos Brutos y sus efectos distorsivos, y nosotros no desconocemos ese problema”, sostuvo.

Según explicó, la Provincia buscó atacar algunos de esos efectos mediante una reducción de la carga de retenciones y percepciones, una devolución más rápida de saldos a favor y medidas destinadas a evitar que el cumplimiento tributario inmovilice innecesariamente capital de trabajo.

“Pero una cosa es corregir esas distorsiones y otra muy distinta es decir ‘eliminemos Ingresos Brutos’, como si eso no tuviera consecuencias. Es una de las principales fuentes de recursos propios de las provincias. Si se lo reduce de manera significativa sin generar una alternativa, lo que aparece del otro lado es desfinanciamiento”, dijo.

Su argumento introduce una primera condición para cualquier reforma. Para él no alcanza con decidir qué impuesto desaparece; hay que determinar qué recurso ocupará su lugar.

Pero Girard suma una segunda condición, que diferencia su planteo del de los otros economistas consultados. Antes, sostiene, la economía necesita volver a crecer.

“Para bajar de manera sostenible la carga tributaria necesitás crecimiento. Cuando la economía crece, aumenta la recaudación y el Estado gana espacio fiscal para aliviar al sector privado. En cambio, en una economía en recesión, prometer una baja generalizada de impuestos termina siendo una consigna más que una política.”

Su posición es que Nación puede impulsar políticamente un acuerdo para reducir Ingresos Brutos, pero no puede pedir a las provincias que absorban individualmente el costo de la menor recaudación.

“Cuando se plantea desde Nación que las provincias tienen que bajar impuestos, también hay que discutir cómo se distribuyen los recursos”, afirmó.

Las alternativas que menciona incluyen recomponer recursos provinciales, reformar la coparticipación o diseñar algún mecanismo equivalente que permita preservar el financiamiento de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Tetaz: un impuesto que sobrevive porque “no se ve”

Para Martín Tetaz, Ingresos Brutos tiene una ventaja política que ayuda a explicar su supervivencia.

“Es el impuesto más distorsivo de todos, pero es políticamente atractivo porque no se ve”

El economista y exdiputado nacional compara su magnitud con la del IVA. Según sus cálculos, este último recauda alrededor de siete puntos del PBI, mientras que Ingresos Brutos representa aproximadamente cuatro.

El consumidor conoce la alícuota del IVA porque puede identificarla. En cambio, no sabe cuánto IIBB quedó incorporado al precio después de atravesar las distintas etapas de una cadena.

“El Gobierno Nacional podría cambiar la ley de coparticipación, que es lo que necesita hacer para cambiar el régimen impositivo entre Nación y provincias. Ingresos Brutos es un problema, pero no es todo el problema”, explicó.

Para el exdiputado, el actual sistema de transferencias genera incentivos que desalientan a las provincias a desarrollar otras fuentes de recaudación y favorece la persistencia de impuestos como IIBB.

Y establece una restricción política bastante concreta para cualquier reforma: “Nadie en las provincias va a sacrificar ningún ingreso”.

Tetaz identifica distintos caminos posibles. El primero consiste en transformar gradualmente Ingresos Brutos en un impuesto sobre las ventas finales.

La lógica sería sacar la carga de actividades como industria, agro, transporte y otros eslabones productivos y concentrarla en la etapa comercial final.

Una segunda alternativa sería convertirlo en una suerte de IVA provincial.

En ese esquema se utilizaría la misma base imponible del IVA nacional y las provincias participarían directamente de una porción de la recaudación. Incluso podrían colaborar en su administración.

Tetaz también contempla un modelo híbrido: eliminar completamente IIBB de las etapas iniciales e intermedias de producción y compensar parte de esa pérdida mediante el régimen de coparticipación.

Cachanosky: la gradualidad “es una necesidad técnica”

Cachanosky también considera que la salida debería consistir en sustituir y no simplemente eliminar Ingresos Brutos.

Su propuesta central es reemplazarlo por un Impuesto a las Ventas Finales de Consumo, que grave exclusivamente la operación con el consumidor y elimine así la acumulación en las etapas anteriores.

Pero sostiene que una modificación de esa magnitud exige rediseñar simultáneamente la relación fiscal entre Nación y provincias.

“La gradualidad no es una opción política, sino una necesidad técnica”, dijo.

Según su diseño, las provincias podrían pasar a recaudar Ganancias de personas físicas, Bienes Personales, el impuesto a los combustibles e Impuestos Internos. Nación conservaría IVA, Ganancias de personas jurídicas y los derechos vinculados al comercio exterior.

Para evitar que una reforma de esa magnitud genere inmediatamente provincias ganadoras y perdedoras, Cachanosky propone además un Fondo de Redistribución de Recursos, financiado con el producido del impuesto a los combustibles, que permita mantener inicialmente niveles de recursos similares a los actuales.

También plantea medidas intermedias mientras se negocia la reforma: eliminar Sellos donde todavía existe, excluir de IIBB las transacciones entre empresas y armonizar alícuotas provinciales, empezando por las actividades primarias e industriales.

Letcher: la advertencia sobre el “super IVA”

Hernán cuestiona una de las alternativas que aparecen recurrentemente en el debate: el denominado “super IVA”.

Para Letcher, director del CEPA, el problema es que una reforma de esas características podría terminar modificando no solamente la forma de recaudar, sino también la redistribución de recursos entre provincias.

Su advertencia apunta a las jurisdicciones con menor actividad económica y, por lo tanto, menor capacidad para recaudar una sobretasa propia sobre el consumo.

Si cada provincia dependiera en mayor medida de lo que consigue recaudar dentro de su territorio y simultáneamente perdiera parte de la redistribución existente, argumenta, las jurisdicciones económicamente más débiles podrían quedar en una situación mucho peor.

Además considera que la dirección de una reforma debería avanzar hacia una mayor tributación basada en la capacidad contributiva de las personas, en lugar de profundizar impuestos indirectos sobre el consumo.

El consenso termina cuando hay que repartir la plata

Las cuatro posiciones parten de lugares políticos muy diferentes, pero producen algunas coincidencias llamativas.

Ninguno propone simplemente derogar Ingresos Brutos mañana y dejar a las provincias sin esos recursos.

Tetaz y Cachanosky coinciden incluso en desplazar la imposición hacia la venta final, evitando que atraviese todas las etapas productivas.

Girard reconoce las distorsiones y plantea reducirlas, pero condiciona cualquier reforma profunda a una economía en crecimiento y a una revisión simultánea de los recursos provinciales.

Letcher acepta la necesidad de encontrar una alternativa menos distorsiva, pero advierte que el reemplazo puede producir nuevos problemas si modifica el mecanismo redistributivo entre jurisdicciones.

La solución tributaria parece relativamente imaginable: dejar de gravar sucesivamente las etapas de producción y comercialización y trasladar la carga hacia la venta final o hacia impuestos menos distorsivos. La dificultad aparece inmediatamente después.

Porque reemplazar un impuesto obliga a decidir quién recauda, quién distribuye, qué nivel del Estado resigna recursos y qué provincias ganarían o perderían con el nuevo sistema.

La acusación llega después del ataque armado sufrido por Beller días atrás frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo deberá presentarse este jueves ante un juez cautelar, que definirá su situación procesal.

Cómo avanza la causa en Bolivia

Según la reconstrucción de los hechos, dos hombres vestidos con ropa similar a la de los repartidores de comida abordaron a Beller y uno de ellos le efectuó tres disparos a corta distancia. Cerimedo fue detenido el martes de madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

La investigación continúa con nuevas medidas de prueba. Entre ellas, la Justicia boliviana perita el teléfono celular de Cerimedo para reconstruir los hechos y determinar si existen elementos que permitan esclarecer el ataque.

Las pericias realizadas en el hotel donde ocurrió el hecho también permitieron encontrar casquillos de bala, una evidencia considerada relevante para la causa. A esto se suma un dato incorporado al expediente: la ambulancia que asistió a la víctima recibió un llamado a las 20:34 hs, mientras que, según las cámaras de seguridad del hotel, el ataque ocurrió alrededor de las 20.40 hs.

Desde el Gobierno boliviano buscaron despegarse del caso. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que Cerimedo “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política” y aclaró que colaboró en la campaña de Paz y en temas de comunicación, pero no integraba formalmente la estructura estatal.

La defensa y la hipótesis del “autoatentado”

En las últimas horas, la defensa de Cerimedo sostuvo una hipótesis que fue ampliamente cuestionada. Su abogada, Margarita Arce, afirmó que Beller habría organizado un “autoatentado” con fines políticos y aseguró que la mujer buscaría “desarticular al actual gobierno” por su supuesta cercanía con el expresidente Evo Morales.

Beller, por su parte, cuestionó públicamente el manejo inicial de la investigación y pidió que el expediente no fuera declarado reservado. Su solicitud fue atendida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien instruyó al juez de la causa mantener el proceso fuera de reserva.

El caso también repercute en la Argentina, donde el expresidente Milei mantiene silencio sobre su exasesor y en el país se investiga el esquema de Cerimedo con pedidos de preservación de evidencia digital vinculada a sus comunicaciones. La audiencia de este jueves, prevista para las 14:30 hs, definirá si el consultor continúa detenido mientras avanza la causa.

Lo hizo a través de la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El encuentro clave se llevará a cabo a finales de este mes con un temario centrado en la actualización de los ingresos de los sectores más postergados de la economía formal y los montos de la asistencia por desempleo.

Cuándo y cómo será la reunión

La convocatoria oficial, firmada por la presidenta alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, fijó la fecha del debate para el próximo viernes 28 de agosto de 2026. Las deliberaciones de ambas instancias se realizarán de manera remota a través de una plataforma virtual.

La jornada de trabajo estará dividida en dos etapas principales:

• Reunión de Comisión (10.00 horas): en primer turno, se reunirán los miembros de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo para la discusión técnica de las variables.
• Sesión Plenaria Ordinaria (12.30 horas): los representantes debatirán en el plenario general los temas elevados por la comisión para su aprobación definitiva. En caso de no alcanzarse el quórum en la primera instancia, ya se estableció una convocatoria para una segunda sesión a las 14.00 horas de ese mismo día.

Cómo está conformado el Consejo

El Consejo del Salario es un organismo tripartito integrado por 16 representantes de los empleadores y dieciséis 16 de los trabajadores, quienes ejercen sus cargos con carácter ad-honorem tras ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional por un periodo de cuatro años.

El órgano es encabezado por un Presidente designado por la cartera de Trabajo, actualmente bajo la órbita de competencias del Ministerio de Capital Humano.

La resolución marca el inicio de una instancia clave de negociación en un escenario donde el salario mínimo sirve, además, como referencia directa para ajustar diversos programas sociales y actualizar las escalas de la economía informal.

De cuánto es el SMVM

Desde el 1° de julio de 2026, el SMVM en Argentina quedó fijado en $ 372.400 para trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa, lo que representa un aumento de $ 4600 respecto a junio, equivalente a un incremento aproximado del 1,25%.

La Procuración del Tesoro tiene plazo legal hasta hoy, 20 de agosto, para solicitar un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia que el 21 de julio confirmó el fallo contra la Argentina. La estrategia está bajo la conducción del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y no cerraría la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema como última instancia.

En lo inmediato, el objetivo es que la propia Cámara reconsidere la decisión que dejó firme y que establece una condena por u$s 390.907.115,55, a la que deben agregarse los intereses acumulados desde diciembre de 2024.

Además de reclamar el pago, los demandantes buscan identificar activos argentinos en Estados Unidos sobre los cuales puedan ejecutar la sentencia. Según trascendidos, el planteo no incluye un pedido específico para suspender su ejecución aunque en la práctica busca dilatar los tiempos procesales con este mecanismo.

La discusión que puede llevar el caso hasta la Corte Suprema

Hace un mes, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el planteo de la Argentina y confirmó la decisión de primera instancia en la demanda por la expropiación de la aerolínea de bandera. Pero el debate que llegó hasta ese tribunal no giró nuevamente sobre las condiciones de la expropiación de Aerolíneas y Austral, sino sobre una cuestión procesal decisiva: cuánto tiempo tenía Titan para pedir ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

La defensa argentina sostuvo que el reclamo había prescripto porque debía aplicarse un plazo de tres años. Los tribunales estadounidenses rechazaron esa interpretación y consideraron aplicable un período de doce años, lo que permitió mantener vigente la acción iniciada por Titan en 2021. Ahora, la Procuración intentará que la Cámara vuelva sobre esa resolución.

La elección de esta vía también tiene un efecto sobre los tiempos del litigio. Si la Cámara vuelve a rechazar el planteo, la Argentina conservará la posibilidad de recurrir posteriormente a la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, su intervención no está garantizada ya que el máximo tribunal estadounidense tiene discrecionalidad para decidir cuáles son los casos que acepta revisar.

En la Casa Rosada sostienen que el criterio general frente a los litigios de magnitud que enfrenta el Estado es utilizar todas las herramientas procesales disponibles y evitar que las condenas queden firmes mientras existan instancias de revisión. De hecho, la estrategia se inscribe en la política jurídica que el Ejecutivo también viene desplegando en otros litigios internacionales relevantes, entre ellos el juicio por YPF.

Un conflicto que comenzó con la expropiación de 2008

El origen del expediente se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans, concretada en 2008. Las compañías accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.

En 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar alrededor de u$s 321 millones, además de intereses y costas. El Estado intentó posteriormente anular esa decisión, pero el planteo fue rechazado en 2019. Los acreedores debieron luego recurrir a tribunales nacionales para conseguir su reconocimiento y avanzar con el cobro, ya que los procesos en el CIADI no contemplan esa posibilidad.

Los derechos económicos derivados de aquel litigio terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, el monto reclamado superó los u$s 390 millones.

El punto que la Argentina busca revertir ahora está directamente relacionado con esa presentación. La defensa sostiene que Titan llegó fuera del plazo correspondiente para intentar ejecutar el laudo en Estados Unidos. Hasta el momento, los tribunales rechazaron ese argumento.

El expediente tiene además una precisión jurídica relevante: la condena no recae sobre Aerolíneas Argentinas como compañía, sino sobre el Estado argentino por la expropiación realizada en 2008. La hoja de ruta inmediata queda así concentrada en Washington.

Además de excluir a los funcionarios públicos de los beneficios que otorga el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal incluyeron un alivio sobre las multas impositivas.

El oficialismo buscará que el proyecto tenga media sanción en Diputados. En ese sentido, el texto, que obtuvo dictamen de mayoría, establece una reducción permanente del 25% de las sanciones que recaen sobre las MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro, siempre que no revistan la categoría de “Gran Contribuyente Nacional”.

El proyecto añadió que determinadas multas que no estén firmes —o que estén firmes pero todavía no hayan sido pagadas— podrían reducirse un 50%, en la medida en que el incumplimiento se haya dado entre la Ley de Inocencia Fiscal I y la Ley de Inocencia Fiscal II, que aún debe ser aprobada por el Congreso.

“Este punto tiene una exigencia que tiene que ver con que hayas cumplimentado la obligación que dio origen a la multa. Es decir, que presentes la declaración jurada —ya sea determinativa o informativa— dentro de estos plazos”, explicó Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.

Según el dictamen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará, “dentro de los treinta días contados desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”, las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto anteriormente.

Cabe recordar que actualmente rige una reducción del 50% (presentación voluntaria) en caso de que se presente la declaración jurada o informativa y se abone la multa dentro de los 15 días hábiles administrativos desde la intimación del organismo.

¿Por qué el asunto de las multas es uno de los puntos críticos de la Ley 27.799, según la visión de los especialistas? El inconveniente comenzó a partir de la sanción de la normativa que busca captar los “dólares del colchón”, que incrementó en más de un 100.000% los importes de algunas sanciones impositivas, sin medir la capacidad económica del contribuyente.

Por ejemplo, en el caso del artículo 38 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, las personas humanas que omitan la presentación de la declaración jurada recibirán una intimación por $ 220.000 (antes $ 200). En cambio, en las sociedades, asociaciones o entidades constituidas en el país, el monto asciende a $ 440.000 (antes $ 400).

A esto se suma que la falta de presentación de la declaración jurada informativa —balances corporativos— puede derivar en una multa de hasta $ 10.000.000 (antes $ 10.000).

De algún modo, el oficialismo reconoció que el incremento de estas sanciones había sido exacerbado. Incluso los tributaristas que asesoraron al equipo económico antes del envío del proyecto habían hecho hincapié en este aspecto, presentando alternativas para graduar y reducir las multas.

Con la reducción del 25%, la multa por omisión de la declaración jurada para personas humanas y jurídicas quedaría establecida en $ 165.000 y $ 330.000, respectivamente. En tanto, la omisión de una declaración jurada informativa pasaría a tener una sanción de hasta $ 7.500.000 si se trata de una pequeña empresa.

“Considero que es un alivio, pero bastante insuficiente. Habría que ir hacia un esquema progresivo y de graduación según tipo de contribuyente y las reincidencias. Hoy la reducción quedó muy escueta”, afirmó Marcos Felice, contador y creador del sitio “Blog del Contador”.

Por su parte, Pose remarcó que “como en las multas formales no se tiene en cuenta la cuantificación —es un número fijo—, esto va en contra de lo que siempre pregona el sistema tributario”.

Precisamente, los especialistas remarcan que esa falta de proporcionalidad deriva en que la multa formal resulte injusta. “Con estos cambios, se busca neutralizarlo de alguna forma, pero no es suficiente”, concluyó Pose.

El proyecto que recibió Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió una propuesta elaborada por la contadora Miriam Roldán. La iniciativa funcionó como disparador para avanzar con modificaciones en el esquema de sanciones impositivas, aunque finalmente no se incorporó al texto de la Ley de Inocencia Fiscal II.

La iniciativa proponía reducir en un 80% el monto de las multas para las microempresas y las personas humanas o las sucesiones indivisas, siempre que no se encuentren categorizadas como grandes contribuyentes.

En el caso de las pequeñas empresas, el importe se graduaría en un 60%, mientras que en el caso de las medianas empresas (“Tramo 1” y “Tramo 2”), la reducción sería del 20%.

En definitiva, el objetivo consistía en reconocer la verdadera capacidad económica del infractor. “De este modo, el impacto relativo de la sanción guarda proporción con la estructura del contribuyente”, resalta el documento.

Además, con el objetivo de regularizar la situación de manera extemporánea sin sanción alguna, se proponía que el plazo se gradúe de la siguiente manera:

1. Microempresas y personas humanas alcanzadas: 90 días corridos.
2. Pequeñas empresas: 60 días corridos.
3. Medianas empresas (Tramo 1): 45 días corridos.
4. Medianas empresas (Tramo 2): 30 días corridos

El primer eje apunta reordenar el mapa de juzgados federales con la modificación a la ley de Organización de la Justicia Federal. El plan que trascendió contempla reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante por debajo de la Corte Suprema.

La eliminación de esos cargos, junto con camaristas vacantes en los fueros laboral y criminal nacional, apunta a liberar una porción relevante del presupuesto judicial, la disminución de las causas en trámite y la distribución del poder en los juzgados.

El Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que se liberen con la reducción de cargos, además de avanzar en el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, un fuero que concentra cerca del 30% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación.

El segundo eje de la reforma es la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces. El proyecto que trabaja el equipo de Mahiques busca sacar a la Corte Suprema de la integración del Consejo y reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos: jueces, abogados, académicos y legisladores.

Ese cambio responde a un fallo de la Corte de diciembre de 2021, que declaró inconstitucional la ley vigente desde 2006 que redujo el cuerpo a 13 miembros por romper el equilibrio entre estamentos que exige la Constitución. El máximo tribunal le dio al Congreso 120 días para sancionar una nueva norma. Como el plazo venció sin ley, rige de manera automática la integración anterior, de 20 miembros, con el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, al frente del cuerpo de manera provisoria.

El proyecto que impulsa el Gobierno busca ahora reglamentar esa instancia bajo sus propios términos, con una integración más chica y sin injerencia del máximo tribunal en las decisiones de designación y remoción de magistrados.

Fuentes judiciales del Gobierno aseguraron que una parte de la reforma está avanzada para remitirse en el corto plazo, aunque todavía no definieron el nombre que llevará el proyecto. Un funcionario del área precisó, además, que el envío “van separado en cuanto a la forma, pero no necesariamente en cuanto a los tiempos”.

Otra reforma pendiente es la del Código Penal. A diferencia de lo que se planteó a comienzos de año, cuando la cartera estaba influenciada por el ala del asesor Santiago Caputo con Sebastián Amerio como secretario de Justicia, al asumir Mahiques optó por revisar todo el texto planteado y avanzar sobre un esquema de reformas parciales sobre la base del texto vigente desde 1921, para evitar que una iniciativa demasiado extensa quede trabada en el Congreso.

Como contó El Cronista, los desacuerdos sobre cómo avanzar en el formato de la reforma trabaron la negociación y, desde que habían acordado enviarlo en dos tandas, ahora se encaminan a mandar una versión general acordada de alrededor de 300 artículos -de los originales 900-. Cerca de Mahiques aseguran que en realidad la reforma todavía no se mandó porque la trabó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, quien responde al asesor Caputo.

Algunos sospechan de si esa táctica del asesor volverá a aparecer con la reforma judicial, aunque otras fuentes aseguran que ya fue consensuada entre todas las partes involucradas por lo que no debería repetirse la traba.

El paquete penal combinará un criterio de interpretación “pro víctima”, que obliga a jueces y fiscales a ponderar con mayor peso los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, con un endurecimiento de penas para una serie de delitos urbanos: las llamadas “viudas negras”, los motochorros, las salideras bancarias y las entraderas, entre otros, tendrían escalas penales específicas de hasta doce años de prisión, con agravantes en casos de vulnerabilidad de la víctima.

También se prevén nuevas figuras vinculadas a delitos informáticos, estafas piramidales, cuestiones migratorias y estructuras narco.

Los tres proyectos comparten origen en el Ministerio de Justicia, pero no necesariamente el mismo calendario legislativo. Mientras la creación y reducción de juzgados depende en gran medida de acuerdos presupuestarios con los gobernadores, la reforma al Consejo de la Magistratura enfrenta un debate más técnico sobre el equilibrio constitucional entre estamentos, y el paquete penal requiere consenso político más amplio en un año electoral.

La prioridad, en tanto, pasa por cubrir las vacantes de los juzgados y fiscalías de todo el país. El Ejecutivo giró 203 pliegos al Senado en lo que va del año -144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces-, de los cuales ya se designaron 96 funcionarios mientras otros 85 esperan acuerdo parlamentario. La meta oficial es llegar a unas 300 postulaciones antes de fin de año y bajar la vacancia del 35% con que arrancó la gestión, a un 27%.

Dentro de ese proceso hay un capítulo que el Gobierno maneja con particular cautela: los juzgados con competencia electoral en las provincias. A diferencia del resto de los fueros, el Ejecutivo retuvo deliberadamente el envío de esos pliegos, porque esos juzgados definen cuestiones sensibles para el armado político territorial, como la conformación de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.

Esa demora llega a su fin: en el Ministerio de Justicia confirmaron a El Cronista que en los próximos días se enviarán al Senado los primeros candidatos para cubrir esas vacantes electorales, en simultáneo con la negociación por el resto de la agenda judicial con los gobernadores.

Qué cambia en los mínimos y las escalas

El mínimo no imponible general para el período fiscal 2025 quedó establecido en $ 384.728.044,57. La exención de casa habitación, por su parte, llega hasta $ 1.346.548.155,99. Ambos valores surgen de la actualización automática por IPC que prevé el esquema vigente desde la reforma de la Ley 27.743, que eliminó la necesidad de una reforma legislativa cada año para ajustar los parámetros del tributo.

Sobre el excedente de esos mínimos, la escala general aplica alícuotas de 0,50%, 0,75% y 1,00% según el tramo de patrimonio. Ese esquema forma parte de una reducción paulatina que se extiende por cinco ejercicios, desde 2023 hasta 2027, y que además unificó las tasas para los bienes situados en el país y en el exterior, algo que hasta la reforma de 2024 tenía un tratamiento diferenciado y más gravoso para los activos externos.

Existe, además, un régimen diferencial para los llamados “contribuyentes cumplidores”, es decir, quienes mantuvieron sus presentaciones al día. Para ese grupo la escala baja a 0%, 0,25% y 0,50% según el tramo, con un monto fijo de $ 153.604,17 en el escalón superior. El beneficio busca premiar la regularidad en la presentación de declaraciones juradas y funciona como un incentivo adicional a la formalización.

Quiénes ahora deben declarar

El movimiento que va en sentido contrario es la ampliación del universo alcanzado por la declaración jurada informativa. ARCA fijó en $ 196.963.134,52 el piso de ingresos o rentas brutas de 2025 a partir del cual corresponde presentar esa declaración, aunque el saldo determinado sea cero y el contribuyente no llegue a estar inscripto en el impuesto.

Esa obligación alcanza a trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, funcionarios públicos y socios de cooperativas que hayan superado ese umbral de ingresos durante 2025, con independencia de si su patrimonio supera o no el mínimo no imponible del impuesto principal. El efecto es que un segmento amplio de asalariados de ingresos altos, que hasta ahora quedaba fuera del radar formal de Bienes Personales, pasa a tener una obligación de presentación ante ARCA aunque no termine pagando.

Bienes personales: qué hay que declarar y cuándo

El impuesto se calcula sobre el total de bienes gravados al 31 de diciembre de cada año, tanto los situados en el país como en el exterior, con las exenciones previstas por la normativa. Entre los activos alcanzados figuran inmuebles, automotores, dinero en cuentas, inversiones y criptomonedas, mientras que depósitos en plazo fijo y caja de ahorro en pesos, junto con los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales, están exentos.

En cuanto a los plazos, la información disponible sitúa el vencimiento de la declaración jurada determinativa y su pago en junio de 2026, según terminación de CUIT, con la informativa venciendo a fines de ese mismo mes. De todos modos, ARCA prorrogó posteriormente ese cronograma para personas humanas y sucesiones indivisas, llevando el vencimiento de la declaración jurada y el pago del período fiscal 2025 hasta el 27 de julio de 2026, y la informativa hasta el 31 de julio.

Actualización automática por IPC

Un rasgo distintivo de este ciclo es que los ajustes se producen por la vía administrativa, sin necesidad de una nueva ley. El mecanismo de actualización automática por IPC, sumado al cronograma de reducción de alícuotas ya definido hasta 2027, le da previsibilidad al esquema, pero también lo vuelve más sensible a la inflación acumulada. Un año de aceleración de precios eleva los mínimos y reduce la base gravable agregada, mientras que un escenario de desinflación puede achicar ese efecto y dejar a más contribuyentes cerca del piso.

Ese mismo mecanismo es el que empuja hacia arriba el umbral de ingresos que dispara la obligación informativa, ya que también se actualiza por inflación. El resultado es una tensión entre dos objetivos que conviven en el mismo tributo. Mientras la reducción de alícuotas apunta a aliviar la carga sobre el patrimonio de quienes ya tributan, la ampliación de la base de declarantes informativos busca sumar información al organismo recaudador sobre un universo más amplio de contribuyentes.

La pregunta que comienza a circular en algunos espacios de oposición es también qué inversiones se materializaron en el territorio y cuál será el costo económico, fiscal, ambiental y social de las condiciones concedidas a las empresas.

El balance del Observatorio del RIGI plantea que se concentraron las inversiones en dos actividades que ya tenían un fuerte desarrollo: hidrocarburos y minería.

Según la actualización presentada por Mariano Novas, investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), 42 proyectos ingresaron al Ministerio de Economía en los primeros dos años. De ellos, 21 corresponden a minería y 15 a hidrocarburos. Ambos sectores explican más del 95% de los montos comprometidos.

En agosto de 2025, el Observatorio había identificado 19 proyectos por u$s 30.760 millones: el 63% correspondía a minería y el 32% a petróleo y gas. El turismo, la tecnología, la forestoindustria y otras actividades habilitadas por el régimen tenían una participación marginal o inexistente.

“El RIGI no diversificó la economía argentina”, sintetizó Novas. Para el investigador, terminó agregando incentivos a sectores que ya contaban con condiciones favorables para expandirse.

La semana pasada, antes de anticipar un anuncio de YPF por u$s 50.000 millones para el proyecto Argentina LNG, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que El funcionario destacó que, con los proyectos actuales, “se espera que en los próximos cuatro años haya inversiones por, en promedio, u$s 5000 millones por año, solo a raíz de los proyectos ya aprobados. Y contabilizó cerca de 20 más en espera. Hasta ahora, el total que ya cuenta con el visto bueno llega a u$s 46.000 millones.

Cambió el papel del Estado

Aprobado en julio de 2024 dentro de la Ley Bases, el RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad durante 30 años.

Para el Observatorio, esas condiciones pueden limitar el margen de futuras administraciones frente a nuevas regulaciones ambientales, tributarias o sociales. A esto se agrega el arbitraje internacional: el régimen incorpora mecanismos de solución de controversias entre inversores y el Estado y extiende esas protecciones a capitales extranjeros y nacionales.

Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET, la UNSAM y el Transnational Institute, puso el foco en el cobre. Argentina posee, según explicó, alrededor del 1,8% de las reservas mundiales y podría alcanzar una producción de un millón de toneladas anuales durante la próxima década.

El ingreso de grandes jugadores globales como Glencore, Rio Tinto, BHP y Lundin Mining incorpora, según Ghiotto, el riesgo de que recurran a tribunales internacionales si consideran que una regulación estatal afecta sus inversiones.

El arbitraje, explicó, puede convertirse en una herramienta de presión ante decisiones vinculadas con el agua, el ambiente, los derechos laborales o los impuestos.

Golfo San Matías: Vaca Muerta llega al Atlántico

Uno de los territorios elegidos para observar la otra cara del RIGI es el Golfo San Matías, en Río Negro.

Allí confluyen Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy, dos grandes proyectos destinados a llevar hidrocarburos al mercado internacional.

VMOS prevé un oleoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada y una terminal de exportación con monoboyas. Fue diseñado para alcanzar una capacidad de 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000. Southern Energy proyecta exportar gas natural licuado mediante buques instalados en el golfo.

El Golfo San Matías forma parte de una ecorregión de alta biodiversidad, vinculada con Península Valdés y utilizada como hábitat y corredor migratorio por especies como la ballena franca austral.

Los investigadores cuestionan que las evaluaciones ambientales de VMOS se hayan realizado por tramos, sin estudiar integralmente los efectos acumulativos. También señalan riesgos de derrames, aumento del tráfico marítimo y alteraciones del ecosistema.

La discusión no se queda en el impacto ambiental alcanza de manera central al empleo. Las obras prometen puestos durante la construcción, pero el Observatorio alerta por efectos negativo en actividades preexistentes como la pesca y el turismo.

Cobre: inversiones, agua y glaciares

El segundo frente está en la Cordillera. El cobre se convirtió durante el segundo año del RIGI en uno de los protagonistas de la nueva ola de inversiones.

El primer informe del Observatorio ya mostraba su magnitud: El Pachón, de Glencore, contemplaba u$s 9500 millones, mientras que MARA proyectaba otros u$s 4000 millones.

La expansión cuprífera pone en discusión el uso del agua y la energía, la protección de glaciares y ambientes periglaciares y la generación de encadenamientos productivos nacionales.

Vicuña aparece como uno de los casos representativos. El proyecto, integrado por los depósitos José María y Filo del Sol, está ubicado en la Cordillera de San Juan y enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientales por su relación con ambientes glaciares y periglaciares.

También existen interrogantes sobre el “derrame” hacia proveedores y pymes. El RIGI establece un piso para las compras locales, pero la discusión pasa por cuánto valor agregado argentino generarán esas contrataciones.

Argentina podría así convertirse en un gran exportador de un mineral indispensable para la transición energética mundial pero sin desarrollar necesariamente los eslabones industriales de mayor valor.

Según datos del Observatorio Pyme, menos del 5% de las empresas pequeñas y medianas son proveedoras de los proyectos del régimen de grandes inversiones.

Litio: una disputa anterior al RIGI

El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, muestra que muchas de estas tensiones son anteriores al régimen.

La extracción de litio se desarrolla allí desde fines de los años 90 y las comunidades de Antofagasta de la Sierra cuestionan desde hace años sus efectos sobre el territorio y las fuentes de agua.

El RIGI incorporó nuevos proyectos sobre esa cuenca. Durante su primer año fue aprobado Hombre Muerto Oeste, de Galan Lithium, con una inversión de u$s 217 millones y una estimación de 250 empleos directos.

Para los investigadores, el salar también muestra las tensiones dentro de las comunidades: las expectativas de empleo e infraestructura conviven con cuestionamientos por el uso del agua y los impactos territoriales.

El costo fiscal bajo la lupa

La otra gran zona de “opacidad” es la fiscal. Alejandro Gaggero, integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, sostuvo que todavía no existe una estimación oficial pública del costo de las exenciones concedidas por el RIGI.

Según una estimación citada durante la presentación, apenas 12 proyectos, una vez en pleno funcionamiento, podrían generar un costo fiscal equivalente al 0,25% del PBI, convirtiendo al RIGI en el principal gasto tributario entre los regímenes de promoción económica. Otro cálculo mencionado estimó una pérdida de recaudación cercana a u$s 1800 millones anuales.

El Observatorio reclama que el costo del régimen aparezca en la separata de gastos tributarios del Presupuesto 2027.

Desde el Gobierno argumentan que las inversiones no estaban aseguradas sin el régimen.

La discusión también es distributiva. Ganancias, retenciones y aranceles son recursos nacionales. Mientras algunas provincias pueden aumentar regalías o actividad económica, buena parte del sacrificio fiscal recae sobre el Estado nacional.

Para Gaggero, esto puede profundizar la regresividad: grandes compañías acceden a un régimen tributario privilegiado mientras empresas de otros sectores, incluidas pymes industriales, permanecen bajo el esquema general.

“El RIGI se aleja de las iniciativas globales que buscan combatir la elusión fiscal y establecer un piso común de tributación corporativa, como el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE y el G20″, plantea el documento elaborado por investigadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/ UNSAM), entre otros.

El debate por la recaudación

Dos años después, el debate empieza a desplazarse: qué economía queda detrás de esas inversiones.

Los datos del Observatorio muestran una fuerte concentración en hidrocarburos y minería, junto con beneficios garantizados por tres décadas, un costo fiscal aún sin estimación oficial e interrogantes sobre el empleo, los proveedores locales, el agua y el ambiente.

El Estado, mientras tanto, no desaparece, señaló Novas y explicó que cambia de función: otorga beneficios tributarios, garantiza condiciones jurídicas de largo plazo.

A la par se creó una Unidad de Seguridad Productiva, que el CELS vincula con una estrategia para intervenir frente a la conflictividad en actividades consideradas estratégicas.

A dos años de su sanción, el interrogante ya no es sólo cuántas inversiones puede atraer el RIGI, sino cuánto está dispuesto a resignar el Estado para conseguirlas y cómo se distribuirán sus beneficios y costos en el territorio.

Entre las limitaciones, los investigadores señalaron que el RIGI, puede profundizar las desigualdades entre provincias ya que las potenciales regalías se concentrarán en distritos mineros e hidrocarburíferos, mientras el Estado al resignar recaudación pierde capacidad para equilibrar esas diferencias.

Este procedimiento, que afecta a quienes no se recategorizaron o lo hicieron de manera incorrecta, se inicia cuando el organismo detecta que la facturación, las compras y los gastos para el desarrollo de la actividad, la adquisición de bienes, los gastos de índole personal o las acreditaciones bancarias superan el importe de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual está inscripto un contribuyente.

“Las personas recategorizadas de oficio reciben una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico, dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo para realizar la recategorización. Los motivos de la recategorización pueden consultarse con clave fiscal desde el portal de Monotributo”, detalló ARCA en su sitio web.

Según diferentes consultas que realizó El Cronista, algunas de las recategorizaciones de oficio que están recibiendo los contribuyentes son por cobros en plataformas electrónicas/digitales que no fueron facturados.

Cabe recordar que la Resolución General 4614/2019 establece la obligación de informar las comisiones cobradas por los servicios de gestión de pago que ofrecen. Allí operan dos cuestiones clave:

1. Título I (ventas): vinculado con los sujetos que realizan actividades de comercio electrónico y utilizan estas plataformas como canales habituales para vender bienes o prestar servicios, a través de tarjetas de crédito y débito, links de pago y QR. Las plataformas informan los ingresos, egresos y movimientos que registran a través de sus sistemas (sin monto mínimo). Esa información después puede ser utilizada por ARCA para sus controles y, eventualmente, para detectar inconsistencias.
2. Título II (movimientos): las plataformas informan los ingresos, egresos y saldos finales al cierre de cada mes de la totalidad de las cuentas a reportar, en la medida en que el saldo resulte igual o superior a $ 50 millones (personas humanas) o $ 30 millones (personas jurídicas).

En esta ocasión, las recategorizaciones de oficio se vinculan con el Título I. Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich, registró casos en los cuales las billeteras virtuales informaron ingresos por encima de los comprobantes de facturación emitidos.

Son datos que le permiten a ARCA cruzar la información recibida de la plataforma de gestión de cobro con el monto facturado por el contribuyente y, en consecuencia, detectar diferencias entre ambos registros.

En esa misma línea, la contadora Aldana Fernández también detectó casos cuya causal de recategorización de oficio apunta a cobros electrónicos (Título I).

Según relató, la notificación que recibió uno de sus clientes en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) no solo menciona el motivo por el cual ARCA tomó esa decisión, sino que además detalla a qué categoría fue recategorizado (de la F a la H) y el monto que debería haber facturado considerando los últimos doce meses de actividad ($ 57.782.067).

Por su parte, la contadora Ana María Kaiser comentó a este medio que registró un caso de recategorización de oficio por ventas con tarjetas de débito y crédito que no fueron facturadas. “Uno les insiste (a los clientes) en que tienen que facturar todos los cobros que reciben a través de las plataformas”, remarcó.

Monotributo: cuándo y cómo apelar en caso de una recategorización de oficio

Si bien en la mayoría de los casos señalados la recategorización de oficio es válida, puede no serlo y, por lo tanto, el contribuyente no está obligado a aceptarla.

“Si entiende que ARCA tomó información que no corresponde o que interpretó incorrectamente sus movimientos, tiene la posibilidad de apelar”, remarcó Girardi.

Los pequeños contribuyentes tendrán 15 días hábiles desde que recibieron la notificación para presentar un recurso de apelación mediante el servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”). Allí podrán expresar los motivos de su disconformidad y aportar, en caso de corresponder, la documentación que permita demostrar que la recategorización determinada por ARCA no es correcta.

Si se confirma la decisión administrativa, la recategorización de oficio producirá efectos respecto de cada semestre (enero-junio y julio-diciembre).

Es decir que si la recategorización corresponde al semestre enero-junio, el cambio comenzará a aplicarse desde el período devengado agosto y se extenderá hasta enero del año siguiente, inclusive. Si corresponde al semestre julio-diciembre, el cambio empezará a aplicarse desde el período devengado febrero y se extenderá hasta julio, inclusive.

Las obligaciones de pago también aplicarán a partir de esos períodos devengados.

Escalas del monotributo desde agosto 2026 hasta febrero 2027

El Gobierno actualizó los límites con respecto al esquema anterior y, desde ahora, las personas que superen estas cifras deberán justificar el orígen de sus fondos.

ARCA investigará a las personas que superen este límite de transferencias diarias

El organismo explicó que se trata de un régimen informativo, mediante el cual los bancos y plataformas digitales deberán reportar las operaciones de las personas que superen los límites de transacción permitidos.

De esta manera, se cruzará información con la situación fiscal de cada usuario para determinar el orígen fehaciente de los fondos.

Desde agosto 2026, las entidades deben informar:

• Personas físicas: operaciones desde $ 50.000.000
• Personas jurídicas: operaciones desde $ 30.000.000

El nuevo límite representa una diferencia importante respecto del parámetro anterior, que se ubicaba en $ 2.000.000.

Vale destacar que la obligación de informar el movimiento le corresponde al banco o billetera virtual, y no es una responsabilidad del usuario.

Las operaciones que informará ARCA desde agosto 2026

Extracciones de efectivo

• $ 10.000.000 para personas físicas
• $ 10.000.000 para personas jurídicas

Saldos bancarios

• Personas físicas: desde $ 50.000.000
• Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

Plazos fijos

• Personas físicas: desde $ 100.000.000
• Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

Inversiones

• Personas físicas: desde $ 100.000.000
• Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

El empresario recordó que atravesó “todas las experiencias” en más de cinco décadas de actividad y comparó el presente con la etapa de estabilidad durante el menemismo: “Tuvimos una tranquilidad en cuanto a la inflación que empezó a bajar, una moneda más estable. El tema es que después se sostenga en el tiempo”.

Para Fera, el desafío actual es prolongar esa calma: “Si lo pudiéramos sostener es lo que realmente al país le va a hacer bien. Mientras pasa este proceso, se lastima a mucha gente”.

Al ser consultado sobre quiénes resultan más afectados, señaló: “Generalmente, los mismos, los más necesitados. La clase media baja está más lastimada que todas”.

Consideró que el objetivo debería ser que la inflación desaparezca. “Lo lógico es que la inflación se vaya terminando. En todos los países normales no tienen inflación”, sostuvo.

Y volvió sobre su principal preocupación: “Estamos cercanos a ser un país normal, pero tenemos que apuntar a esa persona que más necesita en cambiarle la vida”.

“Hoy es el momento de producir más y bajar costos, no de especular”, resumió su visión sobre la coyuntura.

Sobre el modelo económico, aclaró una frase que se le atribuyó: “No dije que me convenía el de antes. Quise decir que antes teníamos otra proyección, pero el modelo de que no tengamos inflación es el mejor. La gente sabe lo que puede comprar, lo que puede gastar, cómo puede vivir”.

La crítica a los impuestos

Fera también cuestionó algunas de las decisiones del Gobierno en materia tributaria. Al referirse a la posibilidad de reducir impuestos vinculados con los automóviles importados, consideró que existen otras prioridades.

“Cuando a mí me dijeron ‘le voy a sacar el impuesto al auto que importamos’, yo digo: ‘¿Para qué? No lo necesito’. Por ahí tendríamos que haber bajado el IVA o Ingresos Brutos, que era mucho más necesario para un jubilado que la plata no le alcanza”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el foco debería estar puesto en los impuestos que afectan al consumidor final. “Faltan bajar impuestos esenciales”, afirmó.

En el plano empresarial, reveló que su grupo emplea a unas 4.000 personas y que, pese a algunas reestructuraciones, sigue creando puestos de trabajo: “Hoy estamos creando puestos de trabajo en General Rodríguez. Hicimos un hotel en San Pedro. Siempre pienso en crear fuentes de trabajo”.

El proyecto Súper RIGI, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, llega este miércoles a una instancia clave en el Senado.

A partir de las 16, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomaron el tratamiento del proyecto en una nueva reunión plenaria.

El encuentro constituye la última ronda informativa antes de avanzar hacia el dictamen. Sin embargo, el faltazo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue un indicador de los problemas del oficialismo con los aliados.

La Libertad Avanza necesita el acompañamiento de los bloques aliados para avanzar con el proyecto. No obstante, tras la derrota con Propiedad Privada, la discusión se complejizó.

Fuentes legislativas aseguraron a El Cronista que los aliados quieren introducir dos cambios claves: incluir industrias que no son contempladas por el Super RIGI y agregar además cláusulas para que las empresas que accedan al beneficio deban realizar obra pública en rutas nacionales.

El proyecto indica que los incentivos del Super RIGI son únicamente para “industrias nuevas” que podrían acceder a beneficios extraordinarios. Es decir, industrias que ya existen en Argentina no pueden aplicar, eso sería lo que los aliados quieren cambiar.

Voces del oficialismo en el Senado aseguraron que los aliados no llevaron esta inquietud al bloque libertario. Sin embargo, La Libertad Avanza no quiere introducir cambios al proyecto.

Según indicaron desde este sector, el bloque quisiera obtener dictamen el 26 de agosto, pero no hay consenso entre el radicalismo. De dictaminarse para esa fecha, no podría ser tratado en agosto y deberá recién ser presentado en sesión en septiembre.

Fuentes parlamentarias aseguraron que el Super RIGI no se tratará la próxima semana, sino que habrá una sesión para tratar la Ley de Hojarasca, pliegos judiciales y dos proyectos de los aliados. Esto último es un guiño a los gobernadores.

La discusión por el Súper RIGI, entonces, se superpone con una negociación más amplia por el funcionamiento del Senado.

En ese contexto, Patricia Bullrich habilitó el tratamiento de dos proyectos vinculados al mercado voluntario de créditos de carbono, impulsados por senadoras de bloques provinciales, como parte de la estrategia para recomponer acuerdos de cara a la próxima sesión.

La letra chica del Súper RIGI

El proyecto de Súper RIGI crea un régimen de incentivos para grandes inversiones destinadas a desarrollar nuevas industrias en la Argentina.

La iniciativa apunta a proyectos que requieran una inversión mínima de u$s 1.000 millones y que estén vinculados con actividades que actualmente no tienen desarrollo comercial en el país o se encuentran en una etapa experimental, piloto o incipiente.

Entre los sectores que el Gobierno identifica como potenciales beneficiarios aparecen la cadena de valor del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno de bajas emisiones, el GNL, los pequeños reactores nucleares, los vehículos eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, la industria aeroespacial, la producción de fertilizantes y los grandes centros de datos.

Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer una inversión mínima de u$s 1.000 millones y ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años.

El beneficio no está limitado a empresas extranjeras: el régimen alcanza a los vehículos de proyecto que se constituyan para realizar las inversiones, independientemente de su origen. La adhesión al esquema implica, además, un período de estabilidad de los beneficios previsto por 30 años.

El principal atractivo está en el paquete de beneficios impositivos. El proyecto fija una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, frente al 25% que establece el RIGI vigente y al 35% de la alícuota general.

Además, permitiría una amortización acelerada: para las inversiones alcanzadas, se puede computar el 60% durante el primer ejercicio y el 20% en cada uno de los dos siguientes. A esto se suma la posibilidad de compensar quebrantos sin límite temporal y un régimen más favorable para dividendos y utilidades, cuya alícuota pasa del 7% al 3,5% después de cuatro años desde la adhesión.

El caso escaló a las altas esferas cuando Nadia Beller, expareja de Cerimedo e internada tras recibir tres disparos en Santa Cruz de la Sierra, declaró desde la camilla del hospital que el exasesor del jefe de Estado le había asegurado que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “estaba involucrada con la corrupción” de la ANDIS.

Beller fue atacada a balazos el lunes por la noche en un hotel de la zona del Canal Isuto. Los agresores llegaron vestidos como repartidores y se movilizaban en moto. Cerimedo fue detenido horas después en el aeropuerto Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires, y quedó investigado por tentativa de feminicidio.

“Habla de desesperada para que no la maten”, coincidieron fuentes tanto del núcleo duro libertario -quienes pusieron en duda un operativo intencional contra el Gobierno detrás del caso-, como también los que son ajenos al partido. “Acá se resuelve todo a los tiros. Fernando le habrá dicho alguna cosa y ella se quiere proteger mostrando que tiene información”, dijeron en la misma línea fuentes con terminales en el país vecino.

La lectura, no obstante, reconoce los antecedentes de violencia dentro de la pareja. “Él la maltrataba a la mina, todo eso es verdad, es público y notorio en Bolivia”, sumaron sobre la relación entre Cerimedo y Beller.

El vínculo de Cerimedo con el espacio libertario tiene más de un capítulo de ruptura y reconciliación. El asesor supo ser la mano derecha de Javier Milei antes de que asuma al poder, pese a no tener la mejor sintonía con quienes lo rodeaban en su círculo íntimo del momento, como Ramiro Marra y Lilia Lemoine. “Lo que Milei necesitaba, Cerimedo se lo conseguía”, resumieron testigos del nacimiento del espacio ante El Cronista.

¿Cuándo fue la primera ruptura? Algunos percibieron un distanciamiento para abril del 2024, con Milei ya en el poder. Otros directamente no se animan a desvincular a Cerimedo del espacio al día de hoy y aseguran que él continuó asistiendo a los eventos libertarios hasta el año pasado y que mantuvo contacto, desde Bolivia, con la mesa chica del Gobierno. Lo que sí es certero, en definitiva, es que con el tiempo el asesor tuvo un rol menos activo en el espacio.

“Las veces que hablé con el tipo siempre sentí que me tomaba el pelo. Leo los hechos y me parece un zafarrancho. Nada tiene sentido”, describió una fuente de extrema confianza del Presidente en diálogo con El Cronista. “Karina lo apartó, tiene un radar para detectar a estos tipos”, sumaron en ese sentido otros referentes del partido. Las versiones sobre su relación con la hermana de Milei, en ese aspecto, son distintas.

Las terminales del exasesor en la gestación de la derecha en la región -uno de los temas más presentes en la agenda de Milei en estos días- es otro de los ejes que atraviesan la polémica. Una fuente de LLA le atribuyó el caso en Bolivia a un “vuelto” del cartel brasileño por la denuncia de fraude electoral que instaló Cerimedo en el 2022.

“Tener de enemigo al Brasil de Lula (Da Silva) no es gratis. Todo allá se resuelve así, es parte del día a día. Nadie habla de la influencia que tienen los grupos narcos brasileños en Bolivia”, especularon.

Según el relato de los libertarios, en aquella transmisión en la que el asesor instaló la idea de fraude contra Jair Bolsonaro reunió a cerca de un millón de personas. “Eran cientos de miles de brasileños con la cara de Cerimedo”, rememoraban las fuentes. Esa exposición fue lo que lo colocó después entre los investigados por la Justicia brasileña en torno al intento golpista contra Lula Da Silva.

En una línea similar fueron otras fuentes, solo que en vez de atribuírselo a Brasil se centraron exclusivamente en la escalada política de Bolivia. “Cerimedo no es una figura menor allá, no es un tarado”, resaltaron en diálogo con El Cronista. Tenía, según su descripción, poder real dentro del entramado político boliviano y “intereses de por medio” que excedían su rol de asesor de comunicación del presidente Rodrigo Paz.

Ese poder boliviano conecta con otro nombre que aparece de manera recurrente en las conversaciones con fuentes libertarias: el abogado Franco Bindi, señalado como amigo personal del expresidente boliviano Evo Morales, pareja de la diputada exLLA Marcela Pagano, némesis de Lilia Lemoine. Según pudo reconstruir El Cronista, Bindi no lo conoce a Cerimedo. No obstante, el pasado mediático los conectó en aquellas épocas en las que el fenómeno libertario todavía se gestaba.

Para el tiempo que Cerimedo fundó La Derecha Diario, el medio cabecera por excelencia de la “batalla cultural” internacional que nació en el año 2020 en colaboración con Juan Pablo Carriera -conocido como “Juan Doe”-, también manejaba un proyecto llamado Madero Media Group, en donde trabajaban los que hoy conforman el streaming afín a Milei, “Carajo”.

Ese equipo, compuesto por “El Gordo Dan”, Nicolás Promanzio y compañía, solían hacer el programa en Madero Media hasta que se distanciaron de Cerimedo.

“Los chicos de Carajo se pelearon con Cerimedo y Ciro Álvarez (uno de los referentes de ese espacio) fue a pedirle a Franco Bindi si podían usar los mismos estudios de ExtraTV”, comprobó El Cronista de parte de una alta fuente del entorno.

Esa cercanía entre el entorno de Cerimedo y la estructura de Bindi hizo sonar alarmas dentro de LLA. Por caso, la propia Marcela Pagano se involucró en el caso este miércoles, a partir de las declaraciones de Beller esta mañana, y pidió que la Justicia penal argentina la cite “con carácter urgente” como testigo en la causa ANDIS y que se preserven las grabaciones que dice conservar.

Cerimedo ya había declarado en esa causa el año pasado, cuando sostuvo que Spagnuolo le había hablado de un circuito de compra de medicamentos con pagos irregulares que, según esa versión, terminaban en Karina Milei. “El mismo salió a los medios a tirarnos mierda, igual que (Eugenio) Cassielles”, sostuvieron las fuentes. Otros son más incrédulos de que Cerimedo tendría intención de boicotear al Gobierno adrede.

En ese sentido, fuentes con conocimiento de los orígenes de LLA aseguran que Cerimedo se distanció de Karina después de declarar como testigo en aquella causa, cuando sostuvo que los audios filtrados reflejaban lo que le había contado Diego Spagnuolo con el objetivo de despegar de la causa a su propia mujer, Natalia Basil, extitular de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, y que ambas partes habrían vuelto a acercarse cuando el espacio necesitó reforzar su vínculo con el bolsonarismo en Brasil y consolidar una red de derecha internacional, uno de los planes prioritarios de Milei este año.

Basil se retiró de la ANDIS tiempo atrás: versiones sostuvieron que el propio Spagnuolo la echó, mientras que otros aseguraron que ella renunció tras no haber podido impulsar un esquema de reformas en las auditorías.

Pero la influencia de Cerimedo sigue activa en el Gobierno a través de “El Pasante”, Ezequiel Acuña, uno de los jóvenes que colaboraba para Cerimedo en Brasil y los sedimentos de La Derecha Diario, manejó primero las redes de Radio y Televisión Argentina (RTA) y este año fue reubicado como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria en Nucleoeléctrica Argentina.

Casi todos esos socios terminaron con un cargo en el Estado, ya que Carreira -Juan Doe- vendió sus acciones de La Derecha Diario, asumió como director de Comunicación Digital de la Presidencia y quedó al frente de una nueva oficina destinada a cuestionar en forma directa a periodistas críticos del Gobierno.

Cerimedo absorbió entonces las participaciones de quienes pasaron a la función pública y quedó con el 50% de la empresa, porcentaje que comparte ahora con el lobbysta español Javier Negre, dueño del conglomerado Right News Media.

El presidente Milei no volvió a mostrarse con Cerimedo -como sí lo hace con Negre- pero difunde lo que sube La Derecha Diario constantemente. En la Casa Rosada, mientras tanto, niegan cualquier vínculo vigente con el exasesor y algunos hasta niegan que el consultor tenga relación con la administración desde 2023, cuando integraba de manera periférica el esquema de campaña.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, recorrió junto a la legisladora y presidenta partidaria porteña, Pilar Ramírez, la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano. Allí conversaron con sus dueños sobre producción, empleo y las dificultades que enfrentan las empresas para invertir y crecer.

La visita sirvió además para impulsar la denominada Ley de Libertad Comercial, uno de los proyectos con los que los libertarios buscan instalar una agenda propia en un distrito gobernado por el PRO desde hace dos décadas.

“Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle”, sostuvo Ramírez.

La iniciativa propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo mediante declaración jurada digital, sin inspección previa, y establece que el Gobierno porteño tendrá hasta 180 días para realizar el primer control. Si no lo hace por razones ajenas al comerciante, la habilitación quedará firme.

Otro de los ejes es el “silencio positivo”: la administración contará con 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco adicionales luego de una alerta. Si no responde, la solicitud se considerará aprobada.

También se establece una ventanilla única digital, la obligación estatal de formular todas las observaciones a un expediente de una sola vez y la prohibición de volver a exigir documentación que ya esté en poder de la administración.

El proyecto incorpora además el reconocimiento de permisos emitidos por otras jurisdicciones y un plazo de 30 días para corregir incumplimientos menores antes de aplicar una clausura o suspensión. Farmacias, establecimientos sanitarios, locales bailables, espectáculos masivos y otras actividades consideradas riesgosas quedarán excluidas y mantendrán los controles previos.

“Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”, afirmó Ramírez.

Elecciones 2027: las condiciones que fija LLA para el acuerdo con el PRO

La actividad de Karina se produjo mientras la conducción porteña de LLA comenzó a enfriar las expectativas de un entendimiento rápido con el PRO. “¿Una alianza para qué, nos vamos a acompañar en proyectos que para nosotros son importantes o es solo para ganar una elección?”, planteó Ramírez en una entrevista en radio Rivadavia.

La dirigente admitió que en las conversaciones entre ambos espacios existen coincidencias, entre ellas evitar un regreso del kirchnerismo, pero sostuvo que todavía deben discutirse políticas concretas antes de avanzar hacia candidaturas o fórmulas.

Entre los temas que LLA quiere poner sobre la mesa aparecen la eliminación de las PASO porteñas, una eventual Ley Bases para la Ciudad, la reducción de impuestos, reformas sobre el funcionamiento del Estado y la propia Ley de Libertad Comercial.

Ramírez también marcó distancia con la actual gestión porteña. Reconoció que el “PRO de los inicios”, bajo Mauricio Macri, hizo “mucho bien” a la Ciudad, pero consideró que con el tiempo el espacio “se ha ido apagando” y calificó al gobierno de Jorge Macri como “bastante desordenado” y sin algunos “ejes claros”.

La presidenta de LLA porteña aclaró que no mantiene un conflicto personal con el jefe de Gobierno, pero insistió en que existen diferencias políticas profundas. “Nosotros queremos que esa misma velocidad que el Presidente está llevando a nivel nacional pase en la Ciudad”, afirmó.

El bloque libertario, integrado por 14 legisladores, pretende utilizar ese peso para impulsar además iniciativas vinculadas con los “trapitos”, la VTV, una Ley Hojarasca porteña y un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. También la eliminación de las PASO será otro punto de discusión. LLA sostiene que las internas partidarias deben continuar existiendo, pero financiadas por los propios espacios políticos y no por todos los contribuyentes.

La aparición de Karina Milei en territorio porteño refuerza así una estrategia doble. LLA mantiene abierta la negociación con el PRO, pero al mismo tiempo construye agenda, presencia territorial y estructura propias.

El mensaje hacia los amarillos es que un eventual entendimiento no estará basado únicamente en el reparto de candidaturas. Por ahora no rompen el puente. Pero tampoco están dispuestos a avanzar hacia 2027 sin responder primero la pregunta que queda en el aire sobre la utilidad real de una alianza.

A esos cambios se suman nuevas reglas sobre vacaciones, salarios, indemnizaciones y tercerización. La Ley de Modernización Laboral N° 27.802 también modificó el alcance de los controles que deben realizar las empresas sobre sus contratistas y abrió una discusión sobre cómo documentar ese cumplimiento para evitar la responsabilidad solidaria por deudas laborales.

El objetivo económico del Gobierno atraviesa toda la reforma: bajar el costo y la incertidumbre asociados a la contratación formal, generar incentivos para incorporar trabajadores y dar mayor flexibilidad a las relaciones laborales. Pero la implementación también abrió interrogantes sobre horas extras, litigiosidad, acuerdos individuales y los límites que terminará fijando la Justicia.

Banco de horas: el cambio que ya llegó a las empresas

Uno de los instrumentos que comenzó a funcionar es el banco de horas. El sistema permite compensar tiempo trabajado por encima de la jornada habitual con descansos, francos o reducciones posteriores de la jornada, en lugar de pagar necesariamente esas horas con el recargo tradicional.

El primer caso concreto se produjo en Mirgor, que acordó con SMATA un esquema de hasta 200 horas durante un período de 12 meses para sus plantas de Garín y Baradero. El mecanismo permite adaptar las jornadas a los ciclos de producción.

La reforma modificó el artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Antes, estos mecanismos debían surgir de la negociación colectiva. Ahora también pueden establecerse mediante acuerdos individuales y voluntarios entre empleador y trabajador, siempre que queden formalizados por escrito.

Las horas extras, sin embargo, no desaparecen. Continúan vigentes los recargos del 50% en días comunes y del 100% para los casos alcanzados por ese adicional. La diferencia es que, cuando exista un banco de horas acordado, parte del tiempo adicional podrá compensarse con descanso.

Este artículo fue desarrollado a partir del trabajo realizado por la redacción de El Cronista con el aporte de Google Pinpoint, una herramienta clave para el manejo de un gran caudal de contenido, diseñada especialmente para el periodismo de investigación

El sistema exige un registro verificable de las horas trabajadas y disponibles y debe respetar los descansos mínimos. Allí aparece uno de los principales focos de discusión: especialistas advierten que todavía existen interrogantes sobre los límites de acumulación y sobre qué ocurre con las horas pendientes si finaliza la relación laboral.

También hay debate sobre la extensión máxima de las jornadas. Aunque el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas podría llevar a interpretar que son posibles jornadas de hasta 12 horas, especialistas señalan que continúa vigente una reglamentación que establece límites para las jornadas desiguales. Esa convivencia normativa podría terminar siendo definida por los tribunales.

Menos cargas durante cuatro años para nuevas contrataciones

Otro cambio que ya está operativo es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado por el Decreto 315/2026 y posteriormente instrumentado por ARCA mediante la Resolución General 5844/2026.

El régimen apunta a nuevas relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 con trabajadores que cumplan determinadas condiciones de baja actividad laboral previa. Entre los casos contemplados aparecen personas sin relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, desempleados durante los seis meses anteriores al alta y determinados monotributistas sin empleo privado registrado durante ese período.

El beneficio es significativo para las empresas: durante los primeros 48 meses desde el alta, las contribuciones patronales alcanzadas por el régimen se reducen a una alícuota total del 5%.

Para acceder, la registración no es automática. Los empleadores deben dar de alta al trabajador mediante el servicio Simplificación Registral utilizando el código de modalidad de contratación 710. La liquidación mensual se realiza a través de Declaración en Línea y el Formulario 931.

El cumplimiento formal es determinante. Una registración incorrecta o inconsistencias en las declaraciones juradas pueden provocar la pérdida del beneficio y obligar a pagar las diferencias correspondientes, con intereses y eventuales multas.

Un nuevo recibo muestra cuánto cuesta cada puesto de trabajo

La reforma también llegó a un documento cotidiano para millones de empleados: el recibo de sueldo.

El Decreto 407/2026, que reglamentó aspectos de la Ley 27.802 y modificó el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableció un formato con mayor información. El cambio no altera el salario, los aportes ni las contribuciones vigentes, pero obliga a exponer con mayor detalle cómo se compone la liquidación.

El nuevo recibo se organiza en cuatro bloques: identificación del empleador y el trabajador; contribuciones patronales y costo laboral total; remuneración bruta y descuentos; y remuneración neta.

Además, cada concepto debe permitir identificar la base utilizada para el cálculo, la cantidad o porcentaje aplicado y el monto resultante. El trabajador puede ver así no sólo cuánto cobra, sino también las contribuciones que la empresa paga por fuera de su salario.

La modificación persigue un objetivo de transparencia, aunque para las compañías supone adaptar sus sistemas de liquidación y verificar que los comprobantes incorporen toda la información exigida.

Tercerización: controlar ya no alcanza si no se puede demostrar

Otro de los cambios con impacto empresarial aparece en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma precisó qué documentación debe exigir una compañía cuando contrata o subcontrata servicios y vinculó el cumplimiento de esos controles con la posibilidad de quedar fuera de la responsabilidad solidaria prevista por la legislación laboral.

El punto resulta especialmente relevante para construcción, logística, transporte, seguridad, limpieza, mantenimiento e industria, donde trabajadores de distintas compañías suelen operar en una misma planta, obra o establecimiento.

El cambio obliga a mirar el control documental de otra manera. No alcanza únicamente con conservar papeles: la empresa debe estar en condiciones de acreditar el proceso de control.

Eso supone generar trazabilidad sobre cuándo recibió la documentación, quién la verificó, cuál era su vigencia, a qué trabajador y contratista correspondía y para qué establecimiento o tarea resultaba aplicable.

La reforma fija un estándar legal, pero las empresas pueden adoptar controles adicionales de acuerdo con su actividad y exposición al riesgo. La jurisprudencia tendrá un papel decisivo para determinar hasta dónde alcanza la exclusión de responsabilidad cuando una compañía acredita haber cumplido con las exigencias.

Indemnizaciones, vacaciones y salarios: qué más cambió

La transformación también alcanza el costo de las desvinculaciones. La ley creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para financiar indemnizaciones mediante aportes previos de los empleadores y reducir el impacto financiero que representa afrontar esos pagos de una sola vez.

Su aplicación, sin embargo, tiene condiciones y plazos propios. El nuevo esquema requiere una etapa de conformación y no supone que todas las indemnizaciones existentes sean reemplazadas inmediatamente por el fondo.

En vacaciones, la legislación amplió las posibilidades de acordar fechas y fraccionar períodos de descanso dentro de los límites establecidos. La organización del tiempo de trabajo pasa así a tener un componente mayor de negociación entre las partes.

En materia salarial, la reforma permite incorporar componentes vinculados con productividad, desempeño o características específicas de una empresa. Esos adicionales pueden tener distintas modalidades y se agregan a los conceptos obligatorios de la remuneración.

La Justicia, el otro escenario de la reforma

La implementación no eliminó el frente judicial. Uno de los puntos sensibles es el mecanismo para actualizar créditos derivados de juicios laborales, donde la legislación buscó establecer parámetros que limiten la dispersión de criterios.

La discusión ya llegó a los tribunales. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional una de las disposiciones vinculadas con el cálculo en un caso concreto. El pronunciamiento no elimina la norma con alcance general, pero constituye un antecedente que puede alimentar nuevas impugnaciones.

Especialistas también advierten que algunos mecanismos de actualización podrían producir efectos distintos de los buscados y terminar incrementando la litigiosidad.

La CGT, por su parte, mantiene abiertos otros frentes judiciales vinculados con aspectos de la reforma, lo que confirma que una parte de sus alcances terminará definiéndose fuera del Congreso.

La apuesta oficial: formalizar empleo y reducir costos

El denominador común de las modificaciones es la intención oficial de cambiar los incentivos del mercado de trabajo. Menores contribuciones para determinadas incorporaciones, mecanismos para distribuir el costo de las indemnizaciones, flexibilidad horaria y reglas más precisas para la tercerización apuntan a reducir el riesgo y el costo de contratar.

Para las empresas, el nuevo escenario ofrece herramientas que pueden reducir costos, pero también incorpora nuevas exigencias operativas. Utilizar el RIFL requiere registraciones específicas; aplicar un banco de horas demanda acuerdos escritos y registros verificables; tercerizar obliga a construir evidencia de los controles; y liquidar salarios exige adecuar los recibos al nuevo formato.

Para los trabajadores, los efectos son más heterogéneos. El incentivo a la formalización puede ampliar las oportunidades de empleo registrado, mientras que el banco de horas puede ofrecer mayor flexibilidad o modificar el ingreso mensual de quienes dependían habitualmente del pago de horas extras.

La reforma entró así en una segunda etapa. El debate ya no pasa solamente por qué dice la ley, sino por cómo empresas, trabajadores, sindicatos, organismos públicos y tribunales interpretan y aplican sus nuevas reglas. De esa implementación dependerá si los cambios logran el objetivo oficial de aumentar el empleo formal y reducir la litigiosidad o si, por el contrario, algunos de sus puntos terminan abriendo nuevos conflictos laborales.

La cantidad de empresas con atrasos mayores a 90 días en los pagos en sus créditos trepó al 3,5% en mayo de este año. Si bien se mantiene muy por debajo del registro de las familias (12,8%), tuvo un salto de 2,5 puntos respecto de mayo de 2025.

En este contexto, una de cada cuatro pymes tuvo atrasos en sus pagos. El dato se desprende de una encuesta del Observatorio Pyme, que encontró que el 24% de las pymes incurrió en atrasos en sus propios pagos, el doble de lo registrado durante el año pasado. Los principales atrasos declararon registrarlos en el pago de impuestos (17,3%), a proveedores (15,3%) o a bancos (8,6%).

Esto hizo que la preocupación por las tensiones en la cadena de pagos creciera en relevancia y se ubicara en el segundo lugar. Es que el 62% de las pymes industriales plantearon que sufrieron una extensión en el plazo de cobro a sus clientes.

La principal preocupación de las pymes industriales es la demanda: el 81% ve como el mayor desafío la debilidad de las ventas en el mercado interno. La caída en las ventas compite con la mayor presión importadora, que además hizo que el 25% de las empresas buscaran sustituir insumos locales por importados, mientras que un 15% incorporó insumos importados.

Mientras el Gobierno confía en que se dará una reconversión de las industrias locales hacia la asistencia a los sectores que hoy pican en punta, vinculados a la minería, la energía y el agro, y estimulados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la encuesta del Observatorio Pyme dio cuenta de que solo el 4,7% de las pymes industriales encuestadas son proveedoras de manera directa o indirecta de proyectos del RIGI, mientras que el 80,5% dijo que no participa de la cadena de estos proyectos.

Esta tensión en los pagos y las dificultades de incluirse en los sectores más dinámicos de la actividad traen complicaciones en la inversión, la producción y el empleo. En el segundo trimestre, la producción se contrajo un 11% interanual, mientras que el empleo lo hizo en un 4,5%.

El bajo dinamismo trae implicancias también en cierres y en el frente judicial. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial procesados por Germán Pizarro, titular del departamento de legales de Industriales Pymes Argentinos (IPA), entre febrero y junio de 2026 se abrieron 132 concursos preventivos, mientras que en 2025 se abrieron 190.

En el primer trimestre se abrieron más del 60% de la cantidad de casos registrados el año pasado. Así, también se superó el registro alcanzado durante la pandemia (106 casos). Pizarro suma a este escenario al menos 14 pedidos de quiebra propia registrados en el mismo período.

A pesar de lo mencionado, el optimismo empresario se mantiene e incluso aumenta. El índice de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por la Fundación Observatorio Pyme registró un aumento de 3 puntos respecto del trimestre anterior y se ubicó en 43 en el segundo trimestre del año. Esto se vio impulsado por las expectativas a futuro. El índice para las expectativas hacia los próximos 12 meses se ubicó en 52,1 puntos.

El martes por la tarde Diego Santilli selló una promesa con los gobernadores del Norte Grande. En búsqueda de reordenar a los aliados para conseguir sanciones claves como el fin de las PASO y el fin de zonas frías, el gobierno materializará en una resolución de Economía que será publicada antes de septiembre.

Según indicaron fuentes de Economía a El Cronista, luego que se consigan los votos y se le dé la media sanción restante en el Senado al proyecto de modificación del régimen de Zonas Frías, para convertirlo en ley. La idea es que se incremente la cobertura en KW al doble, diferenciando así entre zonas cálidas y muy cálidas.

Qué pasa con zonas frías

Antes de la resolución de Santilli, fuentes de los gobernadores aliados que pertenecen a las provincias perjudicadas habían advertido a El Cronista que el acuerdo con el Gobierno era que la ley no se tratara este año.

Sin embargo, las nuevas definiciones llenaron de incertidumbre algunas charlas con la Rosada. Como ya contó este medio, las alianzas electorales de Javier Milei se extienden a provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Estas dos últimas conversaciones no están blanqueadas, pero, fuentes calificadas aseguraron que en Córdoba el Ejecutivo habría acordado ir dividido en las elecciones locales a cambio de eliminar las PASO.

En Santa Fe, Maximliano Pullaro se presenta a la reelección con un mal resultado en las elecciones 2025, algunas voces legislativas aseguraron que irán junto a los libertarios el próximo año.

Sin embargo, estas tres aliadas, junto con Neuquén, están en contra de eliminar el régimen de zonas frías. Dicha medida perjudica a zonas que hoy están alcanzadas por los subsidios, si bien es posible que termine de legislarse una vez haya terminado el invierno.

“Por más que hayan hablado con los del Norte, no sé si van a llegar con los tiempos legislativos para sacarlo ahora”, aseguró una voz allegada a la gobernación de Mendoza.

Esto mismo es ratificado por ciertas voces en el Senado, dónde todavía no existe un panorama de cuando comenzaría a tratarse la quita de subsidio a la zona media de argentina. Se dejaría únicamente el subsidio a la zona patagónica.

“Es para encuadrarlos (a los gobernadores del Norte) con otras reformas”, afirmaron en diálogo con este medio.

Si bien desde ciertas provincias radicales hablaron de que todavía no hubo reuniones clave como con Rogelio Frigerio, Maximliano Pullaro ni Alfredo Cornejo, lo cierto es que Diego Santilli comenzó a juntarse de manera individual con los mandatarios.

“No vamos a aprobar que les den zonas cálidas a los otros y nos saquen zonas frías”, indicó una voz cordobesa a El Cronista.

Este miércoles, luego del golpe a zonas frías, el jefe de Gabinete recibió en la Casa Rosada a Rolando Figueroa.

“No han hablado con los damnificados, han ido primero los del norte, en algún momento arrancarán con los gobernadores que le faltan. Tiene que suceder la reunión con los gobernadores radicales”, indicó una voz radical pese a admitir que Juan Pablo Valdés, el gobernador de Corrientes, si estuvo presente en el meeting de los mandatarios del norte.

Aun así, en provincias como Mendoza no dudan que la alianza electoral sigue en pie. “Es una cuestión de gestión, más que de política”, determinaron.

El ex legislador llevó un escrito de 141 páginas al Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en momentos en que el juez Lino Mirabelli aún tiene por delante definir la situación procesal de Espert en el marco de la investigación por el pago de US$ 200.000 que recibió en 2020, que estaría ligado al empresario Federico “Fred” Machado.

“¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.

Espert aseguró que el pago llegó a una cuenta con su nombre en la referencia de la transferencia. “Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, enfatizó.

También descartó que se trate de un “contrato simulado”, ya que afirmó que “su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial”. “Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo antes del pago”, agregó.

“Ya declararon tres testigos sobre ese contrato, que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno”, manifestó.

El ex diputado dijo que no tenía conocimiento sobre las acusaciones que recaían sobre Machado por fraude, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, las cuales salieron a la luz tras su detención en 2021.

“¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía nadie? Ni los bancos de EE. UU. con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal”, explayó.

Con respecto a la acusación de “enriquecimiento extraordinario”, comentó: “Antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del ‘aumento’ (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales”.

“Dicen que ‘lavé’ para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar. El dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, con mis impuestos pagados. Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago. ¿Entonces ‘lavé’ para mí?”, argumentó.

Y sumó: “A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”.

“Un empresario que movía muchos millones por empresas y cuentas del exterior, ¿me necesitaba a mí —un economista conocido candidato a presidente— para mover 200 mil dólares por una cuenta con mi nombre? Una vía tan evidente y trazable sería el peor plan de lavado de la historia”, agregó.

Espert volvió a remarcar que “todo lavado tiene un beneficiario: o el dueño recupera su plata “limpia”, o uno disfraza plata propia”, y que en su caso “no pasó ni una cosa ni la otra”. “Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que no ocurrió”.

Además, sentenció que cuando supo quién era Machado “lo dije por radio, en vivo, con todas las letras. Y rectifiqué mis impuestos y pagué, antes de que el fisco me reclamara un peso. Esa es mi ‘maniobra de ocultamiento’”.

Lo hizo mediante la Resolución 485/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el secretario de Educación Carlos Horacio Torrendell, establece períodos diferenciados de inscripción según cada línea del programa.

La primera convocatoria de 2026 funcionó bajo las directrices de la Resolución 172/2026, emitida el pasado 26 de marzo. Ahora, es el turno de la segunda y úlltima del año.

Esto permite que estudiantes que no accedieron a la primera convocatoria puedan presentar sus solicitudes durante este segundo período.

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser tenidos en cuenta en la evaluación. Entre ellos, la edad y el nivel de ingresos tanto del postulante como del grupo familiar.

Cuándo comienzan las inscripciones para las Becas Progresar

El Gobierno dispuso las fechas de inscripción para las tres líneas de las Becas Progresar:

• “Finalización de la educación obligatoria”: la inscripción comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre de 2026.
• “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” habilitarán inscripciones a partir del 18 de agosto, con cierre establecido el 11 de septiembre de 2026.

La primera línea, la de finalización de educación obligatoria, está dirigida a estudiantes en situación de vulnerabilidad que buscan completar su escolaridad.

La línea de fomento de educación superior apunta a estudiantes terciarios y universitarios, mientras que la línea Progresar Enfermería se especializada en formar profesionales del sector salud.

Cuánto se cobra con las Becas Progresar en 2026

Para este año se estableció un monto mensual de $ 35.000 para todas las líneas del programa.

El sistema de pago funciona con un esquema dividido:

• 80% mensual: $ 28.000 que se depositan cada mes.
• 20% retenido: se acumula y se paga más adelante una vez que el estudiante presenta la documentación académica correspondiente.

Ese trámite suele requerir certificados de alumno regular u otras constancias educativas, dependiendo de la línea del programa.

En cuanto a la duración del beneficio, el calendario varía según el momento de la adjudicación:

• Quienes ingresen en la primera convocatoria cobrarán 12 cuotas.
• Quienes se sumen en la segunda instancia recibirán 6 pagos.

Becas Progresar by Cronista.com

Becas Progresar 2026: requisitos para inscribirse

Progresar Nivel Obligatorio

• Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
• Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
• La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
• Cumplir con la condición de alumno regular.
• Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
• Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
• Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Progresar Nivel Superior

• Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
• Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
• Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
• Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
• La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
• Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
• Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
• Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
• Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
• Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Formación Profesional

• Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
• Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
• Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
• Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
• Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo yProducción (CoNETyP).

¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026?

Para poder ser seleccionado y cobrar una de las Becas Progresar 2026, se deberá completar la inscripción dentro del plazo establecido.

Además, es necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente:

1. Registrarse en Mi Argentina.
2. Ingresar al sitio oficial de Progresar;
3. Completar el usuario y contraseña. En el caso de no tener uno deberá crear un nuevo usuario
4. Seleccionar la línea de beca correspondiente
5. Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.
6. Esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

Así, oficializó la nueva posición del Estado tras el acuerdo entre las partes para afrontar un compromiso que se remonta a una compra de aviones realizada hace más de 10 años.

La operación, dispuesta mediante el Decreto 758/2026 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, adecúa el aval del Tesoro al saldo de capital pendiente luego de los pagos realizados por Aerolíneas y acompaña la extensión de los plazos acordada con el Banco Nación. La reducción del monto garantizado no responde a una quita de deuda, sino a la cancelación de parte del capital del préstamo por parte de la compañía.

Así, el nuevo aval será por hasta u$s 94,7 millones, más los intereses correspondientes, tendrá una vigencia de 36 meses e incluirá 12 meses de gracia. El beneficiario seguirá siendo el Banco de la Nación Argentina.

El movimiento llega después de una negociación directa entre Aerolíneas y el Banco Nación. Según explica el propio decreto, a través de distintos pagos de capital, la compañía redujo el monto de la deuda y ahora logró extender el plazo del préstamo, lo que llevó al Ejecutivo a adaptar también la garantía que había otorgado el Tesoro.

No se trata, sin embargo, de una condonación ni de un aporte directo del Estado a la empresa. Aerolíneas continúa siendo responsable por la deuda y, si el Tesoro tuviera que responder ante el Banco Nación por un incumplimiento, la compañía deberá reembolsarle esos fondos. Para respaldar esa obligación, además, mantiene como contragarantía parte de sus ingresos provenientes del exterior.

El origen de la deuda de Aerolíneas con el Nación

El origen de la operación se encuentra en la adquisición de Aerolíneas de 20 aeronaves Embraer 190 que ingresaron al país durante 2010 y 2011. Previamente, en 2024, se había autorizado un aval de hasta u$s 159.981.723 para financiar gastos de capital o refinanciar las deudas vinculadas con la compra de esos aviones.

Finalmente, el 23 de julio de ese año el Tesoro otorgó una garantía por u$s 151.739.903, más intereses, destinada a respaldar ante el Banco Nación la refinanciación de esa deuda.

Pero el escenario cambió este año: el pasado 20 de febrero, el directorio del Banco Nación aprobó una nueva reestructuración de la financiación. Aerolíneas negoció así una extensión de los vencimientos.

Como consecuencia, el Decreto 758/2026 firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, reestructura ahora el aval estatal para adaptarlo a las nuevas condiciones.

El nuevo esquema garantiza hasta u$s 94,7 millones más intereses, frente a los u$s 151,7 millones respaldados por el aval de 2024. Esto implica que el capital máximo cubierto por la garantía del Tesoro se reduce en alrededor de u$s 57 millones, cerca de un 38% respecto del aval anterior.

La garantía tendrá una duración de 36 meses desde que el Banco Nación contabilice la operación, período dentro del cual estarán incluidos 12 meses de gracia. Su destino específico será garantizar la refinanciación aprobada por el directorio de la entidad bancaria en febrero.

Qué pone Aerolíneas como garantía y qué pasa si no paga

La extensión del aval estatal viene acompañada de una serie de resguardos para el Tesoro. Aerolíneas deberá mantener la cesión “pasiva e irrevocable” de determinados derechos de cobro que genera en el exterior.

Por un lado, quedan cedidos los derechos sobre los ingresos por ventas de pasajes realizadas con tarjetas Mastercard y Visa, cuyo procesamiento se efectúa a través de Worldpay en los Estados Unidos.

Por otro, se mantienen como respaldo los pagos presentes y futuros que Aerolíneas recibe a través de la International Air Transport Association (IATA) mediante dos sistemas: el Billing and Settlement Plan (BSP), utilizado para las ventas y cobranzas de pasajes a través de agencias de viaje acreditadas, y el Cargo Accounts Settlement Systems (CASS), correspondiente a los servicios de transporte de carga. Esos cobros también se realizan en los Estados Unidos, con exclusión de los servicios prestados en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La cesión alcanza el mismo monto de capital e intereses cubierto por el aval y tiene segundo grado de prelación. Es decir, ante una eventual ejecución, el Tesoro podrá cobrar de esos derechos una vez cancelada la deuda garantizada por las cesiones que tengan un acreedor con primer grado de privilegio.

Además, las contragarantías no pueden ejecutarse automáticamente ante cualquier atraso. El contrato establece que podrán activarse en caso de mora de Aerolíneas en el reembolso de las sumas que haya tenido que pagar el Tesoro y siempre que el incumplimiento persista luego de 15 días corridos desde una intimación por escrito.

El mecanismo funciona así: el Banco Nación es el acreedor y beneficiario del aval; Aerolíneas conserva la obligación de pagar la deuda; y el Tesoro actúa como garante. Si la compañía incumple y el Estado debe pagarle al banco, Aerolíneas queda obligada a devolver ese dinero al Tesoro, que cuenta a su vez con las cesiones de ingresos internacionales como respaldo.

Milei le da oxígeno a Aerolíneas: reestructura el aval de una deuda por casi US$ 95 millones by Cronista.com

El mecanismo quedó plasmado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001 de Fabricaciones Militares S.A.U., al que accedió El Cronista.

El documento establece las condiciones para seleccionar a los inversores y contiene también el modelo de contrato que deberán firmar los ganadores.

Con el pliego en mano, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), elaboró un informe jurídico crítico sobre las condiciones del concurso y sostiene que el mecanismo constituye una “privatización material” de la compañía.

Como ya lo adelantó El Cronista, el Gobierno preparó un concurso de empresas para incorporar capital privado a Fabricaciones Militares mediante un esquema asociativo de largo plazo. Hasta ahora, fuentes oficiales habían confirmado que los contratos podrían extenderse entre 10 y 30 años.

El documento definitivo amplía ese horizonte: los contratos tendrán una duración mínima de 10 años y podrán llegar hasta los 35 años, de acuerdo con la propuesta que presente el adjudicatario.

Pero el pliego revela además un dato central que hasta ahora no se conocía, el operador privado deberá tener al menos el 51% de participación en la Unión Transitoria (UT) que constituya junto con Fabricaciones Militares.

“El porcentaje de participación del oferente no deberá ser inferior al 51%”, establece el documento. La participación definitiva de FM será uno de los componentes de la oferta económica presentada por cada interesado.

Desde el gremio de estatales cuestionaron todo el diseño y sostiene que el mecanismo constituye una “privatización material” de Fabricaciones Militares sin transferencia formal de los activos.

Según el informe elaborado por ATE, la combinación de una participación privada de al menos 51%, una mayoría de tres contra dos en el Comité Ejecutivo, la designación privada del representante y la gestión operativa a cargo del adjudicatario deja al Estado en una posición minoritaria.

El gremio cuestionó también que los contratos puedan llegar a 35 años, la posibilidad de operadores extranjeros, el régimen laboral, la cláusula de no competencia y las condiciones previstas para una eventual salida anticipada.

Cómo será el nuevo esquema de Fabricaciones Militares

A diferencia de una venta tradicional, el esquema no contempla transferir la propiedad de las fábricas al privado. Fabricaciones Militares seguirá siendo propietaria de sus establecimientos, maquinarias y activos.

El mecanismo elegido es la constitución de Uniones Transitorias (UT) entre FM y cada adjudicatario. El objetivo formal del concurso, según el pliego, es seleccionar “uno o más operadores estratégicos” para llevar adelante junto con la compañía estatal la ampliación, modernización y optimización de sus actividades industriales, productivas y comerciales.

Las plantas serán puestas a disposición de las nuevas UT, pero el contrato aclara expresamente que esto no implica una transferencia de dominio, usufructo, locación ni concesión administrativa.

Sin embargo, la conducción operativa quedará principalmente en manos privadas.

El modelo de contrato establece que el Comité Ejecutivo tendrá cinco integrantes. En este sentido, habrá tres representantes designados por el operador privado y dos por Fabricaciones Militares. Además, el presidente del Comité será elegido por el contratista.

Para algunas decisiones estratégicas se necesitará unanimidad. Entre estas decisiones se ubica el endeudamiento que afecte la producción, inversiones no previstas, disposición de bienes conjuntos, transferencia de tecnología sensible, aumento del fondo operativo, seguros y determinadas subcontrataciones.

Para otras decisiones, en cambio, alcanzará la mayoría. Entre ellas se encuentran la aprobación de los presupuestos anuales, la iniciación de acciones judiciales y la contratación de personal y equipos.

El contrato va todavía más lejos y establece que el contratista operador tendrá “a su exclusivo cargo la gestión de las Operaciones Conjuntas”.

También será el privado quien designe al representante de la UT, aunque deberá contar con la conformidad de Fabricaciones Militares.

Qué partes de Fabricaciones Militares quedan incluidas

El concurso divide la actividad de la empresa en cuatro renglones, que podrán ser adjudicados a uno o varios operadores.

El primero corresponde a químicos básicos e incluye ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de amonio en solución con destino fertilizante y óleum. Estas actividades se desarrollan en Río Tercero, Córdoba.

El segundo comprende explosivos y energéticos para minería y Defensa: pólvoras, explosivos industriales y TNT, destinados entre otros sectores a minería, oil & gas y Defensa. La producción corresponde a las plantas de Villa María, Córdoba, y Azul, provincia de Buenos Aires.

El tercer renglón es uno de los más sensibles: Defensa, con municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. Se desarrolla en Fray Luis Beltrán, Santa Fe.

Para este segmento, el Gobierno valorará especialmente las propuestas que incluyan acuerdos de licencia, transferencia tecnológica e integración progresiva de producción nacional. Incluso podrán presentarse ofertas parciales por distintas subcategorías.

Finalmente aparece metalmecánica y capacidades industriales asociadas, que comprende material rodante, cañones, envueltas y vainas y se desarrolla en Río Tercero.

De esta forma, distintos operadores podrían quedarse con diferentes negocios y constituir UT independientes con Fabricaciones Militares.

Cuánto deberán invertir los privados

Otro de los interrogantes alrededor de la operación era el monto de inversión.

Como informó El Cronista, fuentes gremiales habían señalado que el proyecto buscaba inversiones por alrededor de USD 500 millones, mientras que fuentes oficiales de Fabricaciones Militares habían descartado entonces que existiera un monto cerrado y sostenían que dependería de las propuestas.

El pliego conocido ahora no establece una inversión mínima global de USD 500 millones.

Cada interesado deberá presentar su propio Plan de Inversiones, expresado en dólares, detallando montos, cronograma, fuentes de financiamiento y condiciones de repago.

Las inversiones quedarán a cargo del adjudicatario. Además, los bienes y las propias fábricas de FM no podrán utilizarse como garantía para conseguir ese financiamiento.

El privado también deberá presentar una proyección de ingresos y egresos para toda la duración del contrato, su tasa interna de retorno esperada, el porcentaje de participación de FM y el canon anual en dólares que pagará a la empresa.

Ese canon se abonará mensualmente y se actualizará anualmente de acuerdo con la variación del Producer Price Index (PPI) de los Estados Unidos.

La evaluación económica ponderará tres componentes: 40% el plan de inversiones, 40% el canon ofrecido y 20% la participación de Fabricaciones Militares en la UT.

Las millonarias condiciones para entrar al concurso

El Gobierno estableció requisitos económicos elevados para quienes quieran participar.

Para acceder al Data Room con la información de Fabricaciones Militares, los interesados deberán desembolsar USD 30.000, que no serán reintegrados.

Además, deberán acreditar un patrimonio neto mínimo diferente según el negocio al que quieran ingresar: USD 35 millones para químicos básicos; USD 70 millones para explosivos y energéticos; USD 40 millones para Defensa; y USD 40 millones para metalmecánica.

Si una misma compañía presenta propuestas para varios renglones, los requisitos patrimoniales se suman. Por lo tanto, una empresa que quisiera competir por los cuatro debería acreditar USD 185 millones de patrimonio neto.

Además, se exige una experiencia no inferior a 15 años en operación y mantenimiento de unidades de características similares, junto con experiencia comercializando productos y materiales controlados en mercados internacionales.

A esto se suma una garantía de mantenimiento de oferta de USD 2 millones por cada renglón.

Una vez adjudicado el contrato, el ganador tendrá que constituir otra garantía de USD 10 millones por renglón, además de garantizar cada año el equivalente al 50% de las inversiones comprometidas para ese período.

Empresas extranjeras podrán quedarse con la operación

El concurso será nacional e internacional y podrán participar sociedades constituidas tanto en la Argentina como en el exterior.

Esto abre formalmente la competencia a los grandes jugadores internacionales de Defensa.

Como ya adelantó El Cronista, durante los últimos años circularon distintos nombres interesados en Fabricaciones Militares. Entre ellos apareció la checa CSG Defense, mientras que fuentes gremiales también señalaron a GAM y Oshkosh Defense.

El nuevo pliego, sin embargo, no menciona ni confirma a ninguna empresa interesada o participante.

Sí establece una particularidad: quedan inhabilitadas las personas jurídicas controladas directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales. También se excluye a compañías incluidas en las listas de sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Qué pasará con los trabajadores

El futuro de los trabajadores era otro de los grandes interrogantes desde que comenzó a discutirse el nuevo modelo.

El pliego determina que la firma de la UT no implicará automáticamente la transferencia de los empleados actuales. Quienes sean afectados a la operación continuarán bajo relación de dependencia de Fabricaciones Militares, salvo que exista un acuerdo “libre y voluntario” entre el trabajador, FM y la UT para su traspaso.

Las remuneraciones y cargas sociales de esos empleados seguirán siendo abonadas por Fabricaciones Militares, aunque serán cargadas económicamente a la UT.

Sin embargo, el contrato modelo introduce un cambio sustancial en la conducción del personal.

“A partir del inicio de las Operaciones Conjuntas las decisiones operativas diarias vinculadas a la organización del trabajo serán tomadas por el Operador”, establece.

Además, dispone que “las remuneraciones, horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el Operador”.

Por lo tanto, parte del personal podría continuar teniendo formalmente a Fabricaciones Militares como empleador mientras la organización cotidiana del trabajo queda en manos del socio privado.

Las nuevas contrataciones que realice la UT, en cambio, se regirán exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo y no tendrán relación laboral con Fabricaciones Militares.

El documento tampoco establece una garantía general de estabilidad de la dotación actual.

Incluso regula las eventuales indemnizaciones del personal de FM afectado a la UT: ante una desvinculación, Fabricaciones Militares deberá afrontar proporcionalmente la parte correspondiente a la antigüedad acumulada hasta la entrada en vigencia del contrato y el resto se pagará con cargo a la cuenta conjunta.

ATE cuestionó especialmente este capítulo, el gremio sostuvo que se produce una separación entre el empleador formal y quien ejerce efectivamente el poder de dirección sobre los trabajadores.

Una cláusula que limita a la propia Fabricaciones Militares

Entre las condiciones aparece además una cláusula de no competencia.

Durante la vigencia de cada contrato, ninguna de las partes podrá competir directa o indirectamente en la Argentina con las actividades desarrolladas por la UT.

La prohibición comprende la fabricación, diseño, desarrollo, comercialización y distribución de productos idénticos o similares a los producidos por la asociación.

ATE interpreta que esto implica que Fabricaciones Militares quedará impedida de desarrollar por fuera de la UT las mismas actividades entregadas al operador privado durante contratos que pueden extenderse por hasta 35 años.

Qué control conserva el Estado

El esquema mantiene, de todas formas, algunas facultades estratégicas en manos estatales.

Las ventas realizadas en el mercado argentino deberán priorizar las necesidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Para exportar, además, la UT sólo podrá vender a países autorizados por el Ministerio de Defensa argentino.

En este sentido, el contrato reconoce expresamente la facultad del Estado de redefinir el destino de la producción frente a un conflicto armado, emergencia nacional, crisis de Defensa, estado de sitio, guerra o movilización militar.

Esto cobra relevancia porque, como informó anteriormente El Cronista, fuentes gremiales habían señalado la presencia de representantes de Ucrania en instalaciones de Fabricaciones Militares y especulaban con una eventual exportación hacia ese país.

El pliego no hace ninguna referencia específica a Ucrania ni confirma una operación de ese tipo.

Qué pasa si el Estado quiere recuperar la operación

Otra de las novedades está en las condiciones para terminar anticipadamente los contratos.

Fabricaciones Militares podrá extinguir unilateralmente la UT por razones de Defensa Nacional, seguridad pública, interés público o conveniencia estratégica.

Pero en ese supuesto deberá pagarle al operador privado la inversión que todavía no haya sido amortizada y agregarle un 10% en concepto de extinción anticipada.

Al finalizar normalmente el contrato, en cambio, las fábricas regresan plenamente a la operación de Fabricaciones Militares y las instalaciones y equipos adquiridos por la UT quedan incorporados a su patrimonio sin derecho a indemnización.

Desde ATE consideraron que el costo de una terminación anticipada, sumado a contratos de hasta 35 años, puede funcionar como un fuerte condicionamiento económico para que futuras administraciones recuperen anticipadamente la gestión.

Del otro lado, el peronismo aparece con posibilidades de disputar el poder, aunque todavía dividido y sin haber definido quién será su candidato.

Así surge del Monitor Sociopolítico y Electoral de julio elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA. El estudio muestra que el 61% de los consultados prefiere un cambio de gobierno en 2027, mientras que el 39% se inclina por la continuidad.

El dato representa una señal de alerta para las aspiraciones de Milei. El rechazo a la continuidad incluso alcanza a una porción de quienes lo llevaron a la Casa Rosada: entre los votantes de La Libertad Avanza en el balotaje de 2023, el 70% quiere que continúe el Gobierno después de 2027, pero un 30% prefiere un cambio.

Sin embargo, cuando la encuesta pasa de preguntar por continuidad o cambio a medir intención de voto, el escenario se modifica. La Libertad Avanza aparece primera, con 34%, seguida por el peronismo kirchnerista, con 21%, y el peronismo no kirchnerista, con 15%. Más atrás quedan la izquierda, con 9%; los indecisos, con 8%; el PRO/macrismo, con 7%; y otras alternativas, con 6%.

El contraste es uno de los datos centrales del relevamiento: existe una mayoría que manifiesta querer un recambio en la Casa Rosada, pero ese rechazo todavía no se concentra en una única alternativa electoral. Milei pierde respaldo como Presidente, aunque conserva la primera minoría frente a una oposición fragmentada.

El dilema del peronismo

La encuesta también deja números significativos para un peronismo que todavía no resolvió su candidatura presidencial. Entre el 61% que quiere un cambio de gobierno, la alternativa más elegida es “un nuevo gobierno peronista no kirchnerista”, con 37%, seguida muy de cerca por “un nuevo gobierno del kirchnerismo”, con 34%. Otro 21% elige otras alternativas y apenas 8% prefiere un nuevo gobierno del PRO o el macrismo.

El desafío opositor aparece entonces por partida doble: capitalizar el desgaste del Gobierno y, al mismo tiempo, encontrar una candidatura capaz de reunir electorados que hoy aparecen separados.

En ese contexto, OPSA ensayó un eventual ballotage entre Milei y Axel Kicillof. El resultado muestra una elección completamente abierta: 41% votaría al gobernador bonaerense y otro 41% al actual Presidente. Un 9% no sabe a quién elegiría y otro 9% afirma que no votaría por ninguno de los dos.

El escenario es hipotético: el peronismo todavía no definió su postulante para 2027. Pero el resultado muestra que Milei podría enfrentar una segunda vuelta altamente competitiva pese a que La Libertad Avanza continúa encabezando individualmente las preferencias.

El desgaste de Milei y la economía

La principal debilidad del oficialismo aparece en la evaluación de la gestión. El 58% desaprueba al Gobierno y el 42% lo aprueba. Entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023, la aprobación alcanza todavía el 74%, mientras que 26% desaprueba su administración.

El malestar tiene un fuerte componente económico. El 59% califica la situación económica del país como mala o muy mala, mientras apenas 19% la considera buena o muy buena. A su vez, el 60% tiene una evaluación negativa de la situación social y el 56% considera mala o muy mala la situación política.

También cambió el orden de las preocupaciones. La inflación, que marcó buena parte de la agenda política de los últimos años, aparece relegada frente a los problemas vinculados con el empleo y los ingresos. La falta de trabajo y el desempleo encabezan el ranking, con 61%, seguidos por los bajos salarios, con 57%. Luego aparecen la inseguridad, con 46%; la corrupción y las medidas de ajuste de Milei, ambas con 45%. La inflación es mencionada por 25%.

El deterioro alcanza además a la imagen presidencial. Entre quienes tienen una opinión formada sobre Milei, el mandatario registra 38% de imagen positiva y 62% negativa, con un diferencial de 24 puntos en contra. Kicillof también presenta saldo negativo, aunque menor: 45% de positiva y 55% de negativa.

El problema, de todos modos, excede al Presidente. 15 de los 16 dirigentes relevados tienen más imagen negativa que positiva, una señal de que el descontento no está siendo acompañado por la consolidación de un liderazgo opositor claramente dominante.

Así, el camino hacia octubre de 2027 aparece abierto. Milei tiene hoy más rechazo que aprobación y seis de cada diez argentinos quieren un cambio de gobierno, pero sigue al frente de la fuerza individualmente más votada.

El peronismo, mientras tanto, encuentra un electorado disponible para disputar la Presidencia, aunque todavía debe resolver su interna y, sobre todo, definir quién será el candidato capaz de transformar el rechazo al oficialismo en una mayoría electoral.

El relevamiento de OPSA fue realizado entre el 28 y el 31 de julio de 2026 sobre 2.895 casos de todo el país, mediante encuestas online geolocalizadas. El estudio informa un margen de error de ±2% y un nivel de confianza del 95%.

En diálogo con Radio Mitre, la funcionaria se refirió a la situación de los uniformados y puso énfasis en la necesidad de abordar una recomposición salarial para mejorar la situación del sector.

“Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, se lo aseguro. Pero estamos también en un contexto donde esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico. Nadie descarta este tema ni se lo pasa por alto”, aseguró.

¿Qué dijo Monteoliva sobre un posible aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad?

“Estamos prontos cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio”, sostuvo Monteoliva. Según pudo adelantar, la intención del Gobierno contempla un porcentaje general para todo el personal de seguridad, incluyendo a los retirados.

Sin embargo, remarcó que habrá un foco especial en quienes cumplen tareas operativas. Asimismo, la ministra admitió que todavía no se fijó una cifra de incremento para el sector. “No tengo el total de ese porcentaje”, señaló ante la consulta

“Nosotros no hablamos de aumento, porque sabemos muy bien que tenemos que iniciar una recomposición, mirar para atrás y acomodar esos números”, completó.

Las declaraciones de Monteoliva se producen un día después de una reunión clave de la mesa política en Casa Rosada, donde analizaron avanzar con esta decisión.

Según fuentes oficiales, el anuncio de la recomposición salarial se realizaría en los próximos días, aunque todavía no se difundieron los porcentajes ni los montos que recibirán los integrantes de las distintas fuerzas.

Aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: qué se sabe hasta ahora

La recomposición salarial apunta a atender el deterioro de los ingresos registrado durante los últimos meses. Según fuentes oficiales, los haberes de buena parte del personal quedaron rezagados frente a la evolución de los precios.

A principios de año habían sido postergadas las cuotas de jerarquización salarial impulsadas durante la gestión anterior. Esta situación profundizó el reclamo de los efectivos, mientras que algunos integrantes de las fuerzas recurrieron al pluriempleo para complementar sus ingresos.

El Gobierno busca ahora avanzar con una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido. La nueva recomposición salarial se sumaría a otras medidas adoptadas recientemente para mejorar los ingresos del personal militar.

Entre ellas se encuentra la ampliación de los suplementos por título universitario para integrantes de las Fuerzas Armadas, además de bonificaciones extraordinarias otorgadas luego de los reclamos realizados por distintos sectores.

El cambio repercutirá sobre las distintas categorías de jubilaciones y pensiones, por lo que el monto final dependerá del tipo de prestación que perciba cada titular. Además, continuará vigente el refuerzo extraordinario, aunque su aplicación variará según el haber correspondiente.

Los nuevos montos que regirán desde septiembre

La actualización llevará el haber mínimo previsional a un nivel superior al vigente durante agosto, mientras que el techo del sistema también tendrá una modificación. La misma actualización alcanzará a otras prestaciones destinadas a adultos mayores y personas que reciben pensiones asistenciales.

Los valores establecidos para el noveno mes del año son:

• Jubilación mínima: $498.633,20.
• Jubilación máxima: $2.884.395,56.
• PUAM: $412.906,55.
• PNC por invalidez o vejez: $370.043,23.

En tres de estas prestaciones, las cifras ya contemplan el refuerzo extraordinario. El importe correspondiente a la jubilación máxima se presenta, en cambio, sin sumar ese adicional.

Quiénes recibirán el bono previsional

El adicional de $70.000 continuará acompañando los haberes más bajos durante septiembre. Su valor permanece congelado nominalmente desde hace más de dos años y no se modifica por el aumento aplicado a las jubilaciones y pensiones.

La forma de liquidación dependerá del ingreso previsional de cada persona:

• Cobro total: quienes se encuentren dentro de los haberes establecidos para recibir el refuerzo completo accederán a los $70.000.
• Cobro diferencial: los jubilados que superen la mínima, pero permanezcan por debajo del límite de $498.633,20, recibirán únicamente la suma necesaria para alcanzar ese monto.
• Acreditación: el dinero se depositará junto con la prestación habitual y en la misma cuenta bancaria utilizada para el cobro.

De esta manera, un jubilado cuyo haber básico se encuentre por encima de la mínima no necesariamente percibirá los $70.000 completos. El cálculo se realiza sobre la diferencia entre su prestación y el tope fijado para septiembre, mientras que quienes estén alcanzados por el refuerzo completo recibirán el adicional íntegro.

Durante el debate en comisión, el oficialismo debió ceder en un punto sensible. El dictamen excluye de los beneficios del régimen a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, así como a quienes ocuparon cargos de alta responsabilidad en los cinco años previos a la adhesión, una modificación que permitió sumar el respaldo de bloques aliados como el PRO. Ese universo alcanzado podrá usar el sistema simplificado únicamente como canal para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el impuesto correspondiente, pero sin acceso a la presunción de exactitud ni a la liberación de fiscalizaciones que sí tienen el resto de los contribuyentes.

Sobre los aspectos técnicos del régimen, que definen los límites de de acción del fisco y el nuevo alivio en multas para las pymes, desde EL CRONISTA consultamos a Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores.

Cuándo puede ARCA impugnar la declaración jurada

El proyecto establece un criterio nuevo y definido para que el organismo de recaudación pueda dejar sin efecto la presunción de exactitud de la declaración jurada simplificada. “El cambio central es que para impugnar la declaración jurada tiene que encontrar una discrepancia significativa”, sintetizó Rodríguez, quien precisó que esa discrepancia “más allá de ser el 15% del impuesto declarado por el contribuyente, tiene un monto mínimo de 5 millones de pesos. Eso es el 5% del umbral mínimo de punibilidad de la ley penal tributaria”.

Por lo tanto, aunque la diferencia detectada supere el 15% del impuesto declarado, si no llega a ese piso de 5 millones de pesos no configura una discrepancia significativa y no habilita a ARCA a rechazar la declaración. El otro supuesto que rompe la presunción de veracidad es que ARCA “encuentre facturas apócrifas, eso te hace perder la verosimilitud, el bloqueo fiscal”, señaló Rodríguez.

El contador subrayó también que la pérdida de esos beneficios no opera de manera automática ni irreversible. Incluso dentro de un proceso de fiscalización ya iniciado con una orden de intervención, el contribuyente conserva ventanas para regularizar su situación sin perder el régimen.

En ese sentido, explicó que el contribuyente aún “puede rectificar y pagar la declaración jurada 15 días después de la notificación del inicio de la determinación de oficio, como así también 15 días después de que se notifique la boleta de deuda por la cual tiene que pagar el monto en cuestión”.

El hecho de que ahora ARCA ahora otorgue la chance al contribuyente de mantener los beneficios del régimen vía el pago con los intereses correspondientes “diluye el riesgo de perder el tapón fiscal, porque antes, una vez que recibías la orden de intervención de una fiscalización, ya estabas complicado”, comparó Rodríguez .

La posibilidad de rectificar antes de que arranque formalmente el proceso determinativo es, según el tributarista, uno de los aportes más relevantes del texto en términos de previsibilidad, ya que según opinó, “otorga mayor certidumbre al individuo que opte, por ejemplo, por exteriorizar fondos ocultos del colchón”.

Qué multas bajan y cuáles quedan afuera de la reducción

En cuanto al segundo eje del dictamen, basado en las sanciones formales de ARCA, en particular las previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley de Procedimiento Tributario, Rodríguez afirmó que dicha multa del 38 es la multa automática por falta de presentación de declaración jurada, y la del 39 está vinculada con regímenes informativos que tiene que presentar el contribuyente, por ejemplo presentar una declaración jurada de precios de transferencia”.

Sobre esa base, la ley introduce dos tipos de reducciones:

La primera es una rebaja permanente, hacia adelante, para un universo acotado de contribuyentes. “Acá la ley lo que hace es reducir estas multas para las PyMEs, para las personas humanas, para entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes nacionales, se reduce la multa el 25%”, explicó Rodríguez. Quedan fuera de ese beneficio permanente, por lo tanto, los grandes contribuyentes nacionales.

Fernando López Chiesa, tributarista y socio del departamento de impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, coincidió en el alcance de esa quita del 25% y afirmó a EL CRONISTA que “alcanza a las multas formales previstas en el artículo 38, el artículo 39 y los artículos incorporados a continuación de estos de la Ley 11.683. El beneficio está pensado para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales”, precisó. Además remarcó que “no alcanza a las multas materiales, es decir, aquellas vinculadas, por ejemplo, con la omisión de impuestos o la defraudación fiscal, porque el proyecto no modifica esas sanciones”.

La segunda reducción tiene carácter retroactivo y un alcance más amplio, ligado a la entrada en vigencia de la norma. “Adicionalmente, dentro de la ley hay un artículo que establece que todas las multas que se generaron desde la entrada en vigencia de la ley, el 2 de enero de este año, se reducen tanto la del 38 como la del 39 al 50%”, indicó el tributarista. Ese recorte alcanza también a sanciones ya firmes. “Salvo que el contribuyente las hubiera pagado, e incluso si no las pagó y estuvieran firmes, también se reducen al 50%”, indicó Rodríguez al respecto.

Sobre este segundo tramo, López Chiesa coincidió en que se trata de un régimen diferente para las multas ya aplicadas y precisó que “se propone una reducción del 50% para determinadas multas formales cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, siempre que correspondan a obligaciones vencidas desde la vigencia de la Ley 27.799 y que las multas no hayan sido canceladas, entre otros requisitos”.

Así, la ley tiene una quita estructural del 25% acotada a PyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro que no revisten como grandes contribuyentes, y una quita transitoria del 50% con base temporal (multas generadas desde el 2 de enero) que no distingue por tamaño de contribuyente ni por si la sanción fue abonada o quedó firme.

Reforma tributaria: otros proyectos que van al Congreso y cuándo se debate

El proyecto forma parte del paquete de reformas que el Gobierno nacional envió al Congreso en paralelo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Además de los cambios en la presunción de exactitud y en las multas formales, el dictamen elimina los topes de ingresos y patrimonio (1.000 millones de pesos de Ganancias y 10.000 millones de pesos de patrimonio) que hasta ahora condicionaban el ingreso al régimen simplificado.

La norma también prevé que los sujetos obligados por la Ley 25.246 de lavado de activos sigan sujetos a las tareas de monitoreo, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas, sin que el nuevo régimen los exima de esas obligaciones.

El texto se votará en el recinto de Diputados en la sesión prevista para el 26 de agosto. Si obtiene media sanción, pasará al Senado para que lo debata, antes de convertirse en ley.

El debate sobre la sobrecapacidad manufacturera de China suele enfocarse en las métricas equivocadas. Informes como los publicados por The Economist señalan con preocupación cómo el exceso de oferta en vehículos eléctricos, baterías, tecnología solar y electrónica ahoga las economías occidentales. Frente a esto, la narrativa de Pekín contraataca denunciando un doble rasero: tras predicar durante décadas las virtudes del libre comercio, Occidente recurriría al proteccionismo únicamente porque su propia industria ha dejado de ser competitiva frente a la eficiencia del gigante asiático.

El choque de dos modelos y cómo entienden el comercio exterior

Desde el ángulo oficial, el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) sostiene que el concepto de sobrecapacidad ha sido politizado arbitrariamente para distorsionar la división internacional del trabajo. En su postura institucional, Pekín argumenta que el liderazgo de sus sectores clave no proviene de subsidios distorsivos, sino de la tesis de la ventaja comparativa y la eficiencia sistémica. Bajo este enfoque, la competitividad asiática es el resultado de la construcción de ecosistemas industriales altamente integrados, infraestructura madura, mano de obra calificada, economías de escala y una competencia feroz dentro de su propio mercado interno. Para defensores de esta perspectiva, exigir una disculpa por superar a los competidores globales castiga la eficiencia real y amenaza con imponer un impuesto proteccionista a los consumidores del resto del mundo.

Sin embargo, ambas lecturas eluden el núcleo del problema. Plantear el concepto de sobrecapacidad como un simple fallo técnico o un error de cálculo implica aplicar la óptica de los modelos de equilibrio teórico a un escenario de competencia dinámica. En cualquier mercado real, la inversión productiva requiere anticipar demanda futura, asumiendo márgenes inevitablemente imprecisos de experimentación, error y acumulación de capital.

La distorsión actual no deriva de la dinámica propia de los mercados libres ni de la mera eficiencia productiva, sino de un esquema sistemático de subsidios estatales que altera los costos reales de producción. La interrogante analítica de fondo es por qué la dirigencia del Partido Comunista Chino sostiene un modelo que transfiere recursos de sus propios contribuyentes para abaratar los bienes consumidos en el exterior. La respuesta no es la filantropía comercial, sino un mecanismo de supervivencia institucional y proyección geopolítica.

El modelo industrial chino se sostiene sobre una asimetría estructural deliberada: la represión directa del consumo doméstico en favor de la capacidad manufacturera exportadora. La arquitectura financiera del Estado redirige masivamente el crédito, la planificación industrial y el ahorro nacional hacia las cadenas de producción, sacrificando de forma sistemática el poder adquisitivo de las familias locales. El ciudadano chino trabaja, produce y ahorra bajo salarios contenidos y controles de capital; los bienes excedentarios resultantes deben ser absorbidos por los mercados internacionales para impedir el colapso operativo de las fábricas y garantizar la paz social interna a través del empleo.

A nivel internacional, este diseño económico opera como una herramienta geopolítica de largo alcance. Al colocar productos subvencionados por debajo del costo de capital real, Pekín erosiona la viabilidad de la base industrial en otros países, captura nodos productivos estratégicos y genera una vulnerabilidad estructural en las cadenas de suministro globales.

La brecha ideológica entre ambas visiones radica en la concepción del sistema económico. Mientras la teoría occidental concibe el mercado como una estructura descentralizada orientada a maximizar el bienestar y la decisión del consumidor, el modelo chino instrumentaliza la economía como un vector descendente concebido para consolidar el poder del Estado y la soberanía industrial.

Tratar esta asimetría bajo la premisa de que los mercados se autoregularán entraña un riesgo estratégico considerable. Si una potencia rival utiliza subsidios estatales masivos para neutralizar sectores industriales clave, la pérdida de capacidades instaladas —como la siderurgia, la construcción naval o la microelectrónica— puede volverse irreparable. Estos ecosistemas de alta complejidad no pueden reconstruirse rápidamente ante un eventual shock geopolítico o una interrupción severa en los suministros globales.

El ciudadano chino trabaja, produce y ahorra bajo salarios contenidos y controles de capital; los bienes excedentarios resultantes deben ser absorbidos por los mercados internacionales para impedir el colapso operativo de las fábricas y garantizar la paz social interna a través del empleo.

El pragmatismo occidental no tiene ideología

Ante esta dinámica, la respuesta de Occidente cambió de rumbo de manera contundente. Voceros e instituciones que antes rechazaban de plano los aranceles y la intervención estatal han comenzado a aplicar barreras tarifarias, incentivos a la producción local y estrategias de “de-risking” destinadas a aislar sus economías de los shocks de oferta chinos.

Frente a estas barreras crecientes, la maquinaria exportadora china ha mostrado un dinamismo adaptativo mediante la reorientación de exportaciones e inversiones a través de terceros países. De acuerdo con análisis de firmas como Rhodium Group, el valor agregado chino llega de manera indirecta a los mercados occidentales a través de plataformas intermedias como México, Vietnam y naciones del Sudeste Asiático. La proporción del valor agregado chino incorporado a la demanda final extranjera a través de terceros países pasó del 39% en 2020 al 44% en 2024, evidenciando que el despliegue del capital manufacturero chino está buscando eludir los aranceles directos y las restricciones de origen.

No obstante, este giro proteccionista de Occidente contrarresta de forma directa las premisas con las que China impulsó su crecimiento durante las últimas décadas. La integración comercial acelerada, el acceso ilimitado a capital extranjero y la transferencia tecnológica en mercados abiertos —vientos a favor que consolidaron su posición como fábrica global— están siendo retirados de forma metódica.

Sin el motor de la demanda ilimitada y la apertura de los mercados desarrollados, el equilibrio se vuelve precario para ambas partes: mientras China queda expuesta a sus propias contradicciones internas —un estancamiento demográfico imprevisto, un endeudamiento crítico y una centralización que limita la innovación necesaria para superar la trampa del ingreso medio—, Occidente enfrenta su propio dilema estructural. Al optar por el desacoplamiento y el proteccionismo, las economías avanzadas arriesgan encarecer drásticamente su propia transición energética, reavivar presiones inflacionarias sostenidas y fragmentar el comercio global, obligando a sus industrias a competir en un escenario donde la resiliencia estratégica cotiza muy por encima de la eficiencia.

El Sumo Pontífice recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Y aunque todavía no está confirmada la letra chica de las actividades, se prevé que durante la visita se realicen misas multitudinarias.

Triple feriado santo: el proyecto para declarar asueto durante la visita de León XIV

El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que la esperada Visita Apostólica tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. “Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para los argentinos”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone que el Gobierno declare no laborables el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de implementar un “triple feriado nacional” que facilite la participación de los fieles.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Jorge Taiana y cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores. Sin embargo, los tres días todavía no son feriados ni jornadas no laborables, ya que la propuesta debe ser evaluada y eventualmente adoptada por el Poder Ejecutivo.

Los tres días no laborables que podrían sumarse en noviembre

El proyecto plantea declarar excepcionalmente como días no laborables el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026. La medida buscaría evitar complicaciones en los traslados y permitir que una mayor cantidad de personas pueda participar de las actividades previstas durante la visita papal.

La propuesta también contempla que se garantice una oferta adecuada de transporte público y la circulación durante esas jornadas, debido a la gran cantidad de personas que podría movilizarse hacia los puntos incluidos en la agenda de León XIV.

Por ahora, se trata únicamente de un proyecto. Si el Gobierno no lo aprueba, esas tres fechas continuarán siendo días laborales normales.

Cuándo llega León XIV y qué ciudades visitará

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país, el Pontífice tiene previsto pasar por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá además una dimensión institucional, ya que está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei. Será el primer viaje de un papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

La magnitud de la agenda y la convocatoria esperada explican, según los fundamentos del proyecto, la necesidad de analizar medidas excepcionales para facilitar los desplazamientos.

¿Serán feriados el 9, 10 y 11 de noviembre?

Por ahora, no. Los días 9, 10 y 11 de noviembre no figuran como feriados ni como días no laborables en el calendario oficial de 2026.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo disponga esas tres jornadas de manera excepcional, pero hasta que exista una decisión oficial no hay cambios en el calendario oficial.

La decisión corrió tajante por parte de la Casa Rosada, según pudo confirmar El Cronista este martes. La única vez que el primer mandatario asistió de manera presencial a la Cámara de Diputados a introducir el texto fue en el año 2024, el primero de su gestión. Dicho proyecto nunca fue aprobado y derivó en una segunda prórroga, pese al impacto político de la Asamblea Legislativa.

En tanto, el Presupuesto 2026 sí fue aprobado. El texto fue presentado el 15 de septiembre del 2025, como fija la ley, pero por un mensaje de 15 minutos transmitido por cadena nacional, en la que Milei se mostró solo frente al atril del Salón Blanco de la Casa Rosada. El contexto asomaba hostil para el Gobierno en ese entonces, en plena campaña electoral y con la oposición activa y sancionando leyes contra el programa económico del Gobierno.

La posibilidad de que Milei vuelva a defender el proyecto en el recinto fue deslizada la semana pasada por parte del núcleo duro de La Libertad Avanza, tal como adelantó este medio. “Probablemente lo vuelva a presentar el Presidente”, habían afirmado desde el oficialismo. “A Milei le gusta ir al Congreso”, sumó en ese sentido otro de los allegados al primer mandatario.

Las fuentes, tal como detalló este medio, habían sido cautas al transmitir que la idea no estaba confirmada. No obstante, la noticia se viralizó y cuando llegó a las altas esferas, fue descartada de cuajo. En el Gobierno ahora buscan aclarar que Milei no decidió “bajarse” de dicha presentación, sino que nunca estuvo contemplada en el primer lugar.

En ese sentido, sostienen que en realidad la presentación del 2024 fue excepcional ya que se trató del primer proyecto de Presupuesto que establecía equilibrio fiscal y que eso merecía ese tipo de explicación. El jefe de Estado, no obstante, mantuvo una línea propia por fuera de la tradición ya que generalmente quienes se encargaban de presentar el texto de la Ley de Leyes siempre fueron los ministros de Economía. Luis Caputo, por caso, jamás asistió al Congreso a hablar ni siquiera en comisión.

En aquella oportunidad, Milei solo contaba con un puñado de diputados y senadores propios. La ceremonia legislativa contó con la participación de sus padres, los ministros e incluso gobernadores, mientras que los bloques opositores dieron asistencia parcial. UP, por caso, solo mandó a los legisladores que pertenecían a la comisión de Presupuesto y Hacienda, y muchos habían criticado la decisión de hacer un “show” en el Congreso.

Para este año, con la situación parlamentaria inclinada muy a favor del oficialismo -de 27 diputados ahora cuentan con 95 y de 7 senadores hoy tienen 21- hubiese dado un escenario parecido al de la Apertura de Sesiones del 2026, con una fuerte oleada libertaria y una presencia opositora que pasó a ser necesaria para no dejar el escenario despejado. Terminó en fuertes cruces entre Milei y la oposición.

“Es el mejor comunicador que tenemos por lejos”, consideró una voz del bloque en Diputados al contemplar la idea de que se repita la escena en septiembre de este año.

El vaivén de ideas fallidas y enojos internos por la trascendencia de las internas no es nueva en el Gobierno. Hace poco, el Presidente bajó el pulgar fuerte ante la propuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de volver a pedir facultades delegadas al Congreso en el marco del paquete desregulador que preparaban para el segundo semestre.

El borrador que circuló entre empresarios, al que accedió El Cronista, contemplaban declarar una emergencia administrativa y de competencia por seis meses para modificar o derogar normas que establezcan barreras regulatorias, restricciones a la competencia o requisitos considerados excesivos para el desarrollo de actividades económicas, pero no tuvo el aval de Javier Milei. En tanto, allegados al ministro Sturzenegger descartaron que haya estado en los planes.

A esto se suma a los ya conocidos cruces internos contra la senadora Patricia Bullrich, cuando avanza en concesiones con aliados por su cuenta, y luego en la Mesa Política se plantean la falta de la efectividad de las negociaciones, a diferencia de cómo fluye la conversación en Diputados donde están mejor coordinados entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt.

No obstante, más atrás, el camino no siempre estuvo allanado para la negociación política ya que el propio Milei avanzaba con decisiones que algunos funcionarios cuestionaban por su impacto en el Congreso. Entre ellas, el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad y el intento de derogarla en el marco del Presupuesto 2026, algo que también derivó en responsabilidad del equipo económico.

El intento, que terminó en la caída de un capítulo entero del Presupuesto, había sido metido por la ventana en una reunión de comisión sin conocimiento de la Mesa Política. El ala técnica del Gobierno continuó insistiendo sobre sus reformas, como ocurrió hace unas semanas atrás con la Ley de Tierras y Manejo de Fuego en el marco de Propiedad Privada, y ahora la secretaria general, Karina Milei, exigió una suerte de “filtro previo” de la Mesa antes del envío de los proyectos para garantizar que las espadas políticas puedan prever el impacto de las iniciativas del Gobierno en los aliados.

Según pudo reconstruir El Cronista, la idea de que Milei regrese al Congreso para presentar el Presupuesto había surgido como algo prematuro que no había sido consultado por los hermanos Milei, en el marco de un contexto en el que el oficialismo no consigue recuperar el puente de comunicación con el electorado después de la salida de Manuel Adorni y los constantes furcios de Adrián Ravier, el nuevo portavoz.

Con el año electoral tocando la puerta, Milei aparece como el mejor interlocutor y en la Mesa Política consideran que deberá volver al “ring” pronto para recuperar puntos en la imagen del Gobierno mientras que ya se comienzan a delinear los primeros acercamientos para las elecciones del 2027.

El objetivo principal, según se apuntó en el Decreto 757/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, es impulsar la “transformación digital” del sistema de salud. También quedó asentado un primer préstamo de u$s 85 millones para la provincia de Mendoza.

Además, se definen los componentes del proyecto, que incluyen la mejora de la infraestructura digital, ciberseguridad y capacitación profesional.

Nuevo préstamo del BID: transformación digital del sistema sanitario

El financiamiento, otorgado por el BID, está destinado específicamente a la “Transformación Digital en Salud” en los sistemas sanitarios subnacionales de la Argentina.

El instrumento central de la operación es el Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033, que el organismo se comprometió a poner a disposición de los gobiernos provinciales del país por un plazo de 10 años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo.

El objetivo declarado del programa es “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud”.

La medida cuenta con el aval de los organismos técnicos del Ministerio de Economía. La Oficina Nacional de Crédito Público destacó que el costo financiero de este préstamo es inferior al que la República podría obtener actualmente en el mercado voluntario de deuda.

Por su parte, según destacó el texto oficial, el Banco Central (BCRA) analizó el impacto en la Balanza de Pagos, y precisó que la operación tendrá un efecto “acotado y consistente” con la dinámica prevista para las operaciones externas, sin representar una presión significativa sobre los flujos internacionales.

Mendoza, primera beneficiaria

En el marco de este acuerdo global, se autorizó el primer contrato de préstamo individual por u$s 85 millones para la provincia de Mendoza. Los fondos se aplicarán al “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud” provincial, con el objetivo de reducir la carga evitable de enfermedad y muerte mediante una mejora en la seguridad y continuidad de la atención pública.

El proyecto en territorio mendocino se estructurará sobre cuatro ejes centrales:

1. Infraestructura y equipamiento digital.
2. Sistemas de información y servicios digitales.
3. Formación, acompañamiento y gestión del cambio.
4. Interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad

Los detalles de la línea de crédito

La línea de crédito global (CCLIP N° AR-O0033) tendrá un plazo de utilización de 10 años. Para el caso específico de Mendoza, la Nación actuará como garante ante el BID. No obstante, para preservar el crédito público nacional, se suscribió un Contrato de Contragarantía con la provincia.

Este mecanismo establece que, ante cualquier incumplimiento por parte de Mendoza, el Gobierno Nacional está facultado para efectuar el débito automático de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos hasta cubrir el total de la deuda.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. Así, el Ministerio de Economía queda facultado para suscribir la documentación adicional y realizar las modificaciones necesarias, siempre que no alteren el objeto principal ni incrementen el monto del endeudamiento.

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Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $ 70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores jubilados con la mínima en el noveno mes del 2026.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $428.633,20 a partir de septiembre, sin contar el refuerzo extraordinario. Quienes reciban el bono completo de $ 70.000 tendrán un ingreso bruto de $ 498.633 en total. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.884.296 para septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores corresponden a montos brutos sin tomar en cuenta los descuentos.

¿Cómo quedan las pensiones de ANSES con el aumento?

La actualización también impactará sobre las distintas pensiones que forman parte del sistema previsional y asistencial. Los principales valores para pensionados en septiembre serán los siguientes:

• PUAM: $342.891 y $412.891 con el bono completo.
• PNC por invalidez y vejez: $300.014 la mínima y $370.014 con el refuerzo.
• Pensión para madres de 7 hijos o más: $428.591 de básico y $498.591 con el adicional informado.

De esta manera, el aumento del 2,11% alcanzará a todas las prestaciones para adultos mayores administradas por ANSES durante septiembre.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

En esta audiencia se buscará determinar los nuevos aumentos que tendrá el personal que realiza tareas domésticas. La reunión se desarrollará en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, de forma virtual.

¿Qué es la CNTCP y por qué es clave esta reunión?

La CNTCP es el órgano normativo del régimen especial que rige al sector, y está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, con la presidencia a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. Entre sus atribuciones legales figura, específicamente, la de fijar las remuneraciones mínimas del sector.

La resolución no adelanta cifras ni porcentajes de aumento: se limita a fijar fecha, horario y modalidad de la reunión, además de establecer el temario. Cualquier número de actualización salarial deberá surgir del debate entre las partes durante ese encuentro y plasmarse en una resolución posterior.

La convocatoria se enmarca en el funcionamiento habitual del organismo, que sesiona en forma virtual.

Qué se espera después del 21 de agosto

Una vez realizada la sesión plenaria, la CNTCP deberá emitir una nueva resolución con el esquema de aumento acordado, que se publicará también en el Boletín Oficial. En ese documento se definirá el impacto concreto en el bolsillo de las trabajadoras de casas particulares.

El sector del empleo doméstico agrupa a un universo amplio de trabajadoras, en su mayoría mujeres, con escalas salariales que se actualizan periódicamente a través de este mecanismo tripartito. La última actualización sobre los salarios de las empleadas domésticas se aplicó en julio, cuando se pagó el ultimo tramo de los aumentos acordados en abril.

En abril, el aumento alcanzó el 1,8% respecto de los valores de marzo. Al mes siguiente, la suba fue del 1,6%, calculada sobre los salarios ya incrementados. Para junio, el ajuste llegó al 1,5%. En julio, la actualización aplicada fue del 1,4%, sobre el monto ya actualizado.

La escala salarial de julio 2026

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

• Antigüedad: 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.
• Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.

Empleadas domésticas: convocan a una reunión clave para definir los nuevos salarios by Cronista.com

La Ley 27.799 ya había sido sancionada en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo, luego de reunirse con distintos tributaristas, aceptó modificar algunos aspectos de la normativa con el objetivo de ampliar el número de contribuyentes y brindar mayor seguridad jurídica.

Uno de los cambios, ratificado en el dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, señala que la carga de la prueba para determinar si existe o no una discrepancia significativa recaerá exclusivamente sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El organismo deberá considerar únicamente “la información declarada por el contribuyente y aquella disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros”.

En ese sentido, el texto deja implícito que “cualquier otra consideración que tome en cuenta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —que no sea la mencionada anteriormente— a fin de afirmar que existe discrepancia significativa, no tendrá valor probatorio alguno a los efectos de impugnar el Régimen de la Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las Ganancias”.

Según remarcó Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios, la modificación no forma parte de la Ley 27.799, sino del decreto reglamentario publicado a comienzos de febrero de este año, por lo que ARCA debe cumplir con sus disposiciones mientras se encuentre vigente.

“Puede pasar que la reglamentación se modifique mediante otro decreto. En cambio, si está establecido en la ley, para cambiarlo se necesita otra ley”, explicó el tributarista.

Por eso, resulta necesario que estas disposiciones estén incorporadas en una norma de mayor jerarquía. “Es determinante para darle validez al sistema, sobre todo para quienes pretendan exteriorizar fondos, porque el fisco no va a poder hacer una fiscalización tradicional, con una orden de intervención y un requerimiento en el que el contribuyente tenga que aportar elementos que demuestren que no cometió ninguna falta”, señaló Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores.

Pero esta no es la única modificación orientada a brindar mayor seguridad jurídica. En materia de discrepancias significativas, el proyecto busca evitar que inconsistencias de escasa magnitud provoquen la pérdida de los beneficios del régimen, como el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud.

De esta manera, solo se configurará una discrepancia significativa si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos superior al 15%.

No obstante, aun cuando un contribuyente supere ese porcentaje, no quedará excluido del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión simple previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, es decir, $ 5.000.000.

A esto se suma que los contribuyentes podrán subsanar las discrepancias detectadas por el organismo mediante la rectificación de la declaración jurada y la cancelación del saldo, más los intereses resarcitorios, dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución determinativa de oficio.

Exclusión de funcionarios públicos

El proyecto, que comenzará a tratarse en Diputados el próximo 26 de agosto, elimina los parámetros de ingresos totales ($ 1000 millones) y de patrimonio ($ 10.000 millones) para personas humanas y sucesiones indivisas.

Además, permite a los “Grandes Contribuyentes Nacionales” adherirse al régimen simplificado, aunque sin acceder a sus beneficios.

Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos que ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. Podrán inscribirse en la modalidad simplificada del impuesto a las Ganancias, pero no gozarán del efecto liberatorio del pago ni de la presunción de exactitud (tapón fiscal).

La disposición comenzará a regir con la entrada en vigencia de la nueva ley y alcanzará a funcionarios con rango de secretario de Estado, legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concejales municipales, jueces y fiscales, entre otros. La decisión, sin embargo, no alcanza a los familiares directos de los funcionarios públicos.

Pedido de prórroga

Mientras el Congreso se prepara para iniciar el debate de la Ley de Inocencia Fiscal II, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) solicitó a ARCA que evalúe una nueva adecuación del plazo para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

“Resulta particularmente relevante considerar que el tratamiento legislativo se encuentra previsto para el día 26 de agosto de 2026, mientras que el vencimiento actualmente establecido para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 opera el 27 de agosto de 2026”, señalaron en una nota enviada a Andrés Vázquez, titular del organismo.

La FACPCE considera que, aun cuando el proyecto obtuviera el aval legislativo en la fecha prevista, sería necesario contar no solo con el texto definitivo y conocer sus alcances y vigencia, sino también disponer de la reglamentación correspondiente.

Dichas circunstancias “no permitirían razonablemente a los contribuyentes y a los profesionales que los asisten adecuar sus liquidaciones con el debido tiempo antes del vencimiento previsto para el día siguiente”.

Pedido de prórroga a ARCA by Cronista.com

Las señales de deterioro en los cultivos estadounidenses por el impacto climático, dudas sobre los rindes y una demanda china más activa, son parte del combo de estos días.

Este martes, el contrato más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) llegó a u$s 12,24 por bushel, equivalente a alrededor de u$s 450 por tonelada, y alcanzó su mayor nivel desde fines de julio, según Reuters. Los valores disponibles se movieron durante la rueda en la zona de u$s 444 a u$s 450 por tonelada.

La referencia necesita una aclaración. Aunque son valores altos, los u$s 450 actuales no son comparables linealmente con u$s 450 de hace 15 o 20 años.

Se trata del mismo valor nominal en dólares, pero no del mismo valor real: la inflación estadounidense acumulada durante ese período redujo significativamente el poder adquisitivo de la moneda.

Por eso, hablar de “máximos” refiere en este caso a los valores alcanzados durante los últimos meses y no a un récord histórico de la soja.

La recuperación se produce, por otra parte, después de semanas en las que el mercado estuvo condicionado por perspectivas relativamente holgadas de oferta. Ahora, distintos datos empezaron a introducir nuevamente una prima de incertidumbre sobre la cosecha estadounidense.

La soja sube: qué cambió en Estados Unidos

El primero de los factores apareció en los campos norteamericanos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) redujo su evaluación de la soja en condiciones buenas o excelentes.

El último dato informado ubicó esa proporción en 61%, un punto porcentual menos que la semana anterior y el nivel más bajo para esta altura del año desde 2023.

En tanto, el informe Agro Perspectivas, elaborado por Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, ya venía advirtiendo sobre el deterioro.

El relevamiento señalaba que el estado de los cultivos había bajado y se encontraba sensiblemente por debajo del año anterior. Sin embargo, el escenario todavía está lejos de estar definido.

El clima mejoró posteriormente y Romano advierte que el período de llenado de granos podría compensar parte del daño provocado por la sequedad previa.

Además, el último reporte de oferta y demanda del USDA bajó ligeramente el rendimiento esperado pero aumentó el área, de manera que la producción proyectada terminó creciendo en lugar de caer

Ahí aparece una de las tensiones que explica la volatilidad actual. El mercado teme por los rindes, pero todavía no tiene confirmación de una cosecha estadounidense significativamente menor.

El Crop Tour puso otra vez al clima en el centro

Esta semana comenzó además el Pro Farmer Crop Tour, una recorrida por las principales zonas productoras de Estados Unidos que realiza mediciones directas sobre los cultivos.

Los primeros datos conocidos agregaron argumentos a los compradores. Los inspectores encontraron en Dakota del Sur perspectivas de rendimiento de maíz y conteos de vainas de soja inferiores tanto a los del año pasado como al promedio de los últimos tres años, después de un verano marcado por condiciones cálidas y secas.

El mercado está empezando a pagar por el riesgo de que la cosecha sea menor, pero todavía faltan datos para conocer la magnitud real del problema.

China volvió a aparecer como comprador

El segundo gran argumento alcista viene por la demanda.

“Vale la pena remarcar que las compras de China sobre EE.UU. siguen muy activas, recuperando el terreno perdido en la guerra comercial”, señala Romano.

En su análisis específico de soja, el especialista destaca que China participó con 1,5 millones de toneladas dentro de las exportaciones semanales estadounidenses, a lo que posteriormente se sumaron nuevas ventas flash.

Reuters, por su parte, informó que operadores estimaban que China ya había comprado alrededor de 7 millones de toneladas de soja estadounidense, y el mercado espera que las adquisiciones puedan intensificarse durante las próximas semanas.

El tercer factor está dentro del propio complejo oleaginoso. Los futuros de aceite de soja en Chicago también operaron al alza, mientras el aceite de palma de Malasia alcanzó su mayor precio en más de cuatro meses.

Qué significa la suba para la Argentina

Para la Argentina, el movimiento internacional es favorable, pero la transmisión al mercado local no es automática.

La soja disponible en Rosario operó alrededor de los $ 507.000 por tonelada, acompañando parcialmente la firmeza externa.

Romano advierte, justamente, que en las últimas ruedas la sensibilidad del mercado argentino frente a Chicago fue baja y ocurre en un momento en el que la comercialización doméstica continúa lenta.

“Los compradores están ofreciendo precios con poco diferencial versus noviembre, para tentar las ventas. Sin embargo, al no llegar los precios a valores tentadores, el ritmo continúa bajo”, señala el informe.

Para los productores que todavía conservan mercadería, una recuperación sostenida de Chicago puede mejorar la oportunidad de venta.

Para la macroeconomía argentina, una soja más cara significa potencialmente un mayor valor de las exportaciones agroindustriales y mejores condiciones para la liquidación de divisas, siempre que el movimiento internacional consiga trasladarse al precio recibido localmente y genere incentivos suficientes para acelerar ventas.

En tanto, las estimaciones creen que el agro aportará u$s 4.613 millones por retenciones en 2026. La cifra implica una caída interanual del 1% respecto de 2025 y el volumen exportado compensará la baja de alícuotas aplicada en diciembre pasado. La soja liderará el aporte fiscal con 3.275 millones.

Los ingresos actuales quedan lejos de los picos de 2021 y 2022. En ese bienio la recaudación superó los 8.000 millones por los altos precios internacionales. Sin embargo, el monto previsto para este año supera en un 50% el piso histórico de 2023 marcado por la sequía.

Qué puede pasar ahora con el precio de la soja

El mercado tiene por delante varios datos capaces de definir si el rally continúa o pierde fuerza.

El primero será la evolución del Pro Farmer Crop Tour. Si los relevamientos confirman rendimientos inferiores a los esperados, Chicago podría encontrar nuevos argumentos alcistas. Si, en cambio, las lluvias recientes permiten una mejora durante el llenado de los granos, parte de la prima climática podría desaparecer.

El segundo será China. La continuidad de sus compras sobre Estados Unidos constituye hoy uno de los soportes más claros de la demanda.

Y el tercero será el complejo de aceites, donde la fortaleza de la palma, el aceite de soja y el petróleo volvió a sumar presión alcista.

La soja recuperó así niveles que no mostraba desde hace varias semanas, pero todavía no existe evidencia definitiva de un problema severo de oferta estadounidense.

Casi siete de cada diez empleos de la Ciudad de Buenos Aires tienen algún grado de exposición a esta tecnología. En concreto, el 67% se encuentra en alguno de los cuatro gradientes de exposición contemplados por el Índice de Exposición Ocupacional a la IA Generativa (IEOIAG), elaborado por el Consejo Económico y Social (CESBA) porteño.

El indicador general de CABA alcanza 0,353 en una escala de 0 a 1. Exposición no equivale a reemplazo de trabajadores.

“El índice mide tareas, no ocupaciones completas. Y exposición no es lo mismo que pérdida de puestos de trabajo”, explicó en X Manuel Socías, presidente del CESBA.

Una misma ocupación incluye tareas sobre las que la IA puede tener efectos muy distintos: algunas pueden automatizarse, otras pueden realizarse con asistencia de estas herramientas y otras prácticamente no se ven afectadas.

Los trabajos y sectores expuestos

El estudio analizó 39 grupos de ocupaciones y encontró que la exposición es especialmente elevada entre los trabajos centrados en procesar información.

Los oficinistas y empleados en trato directo con el público encabezan el ranking, con un índice de 0,642. Les siguen los profesionales TIC, con 0,517; los profesionales de negocios y administración, con 0,502; y los empleados contables, con 0,453.

En el extremo contrario aparecen los trabajadores del sector de limpieza y asistentes, con 0,118; los oficiales de la construcción, con 0,123; los peones, con 0,144; y los conductores, con 0,237.

La correlación se plantea en los sectores. La administración pública registra una exposición de 0,423 y finanzas, TIC y servicios profesionales, de 0,420. En conjunto representan alrededor del 35% del empleo porteño.

Mucho más abajo aparecen la construcción, con 0,212, y el servicio doméstico, con 0,150.

La brecha según la educación

Una de las particularidades de esta transformación es que la exposición aumenta, en términos generales, con el nivel educativo.

Quienes tienen hasta secundario incompleto registran un índice de 0,230; con secundario completo asciende a 0,312 y entre aquellos con estudios superiores completos alcanza 0,378. El máximo aparece entre quienes tienen estudios superiores incompletos, con 0,405.

El CESBA explica que en este último grupo hay una fuerte presencia de estudiantes universitarios y terciarios empleados en puestos administrativos, de oficina y atención al cliente.

El fenómeno diferencia a la IA generativa de otras olas de automatización. En lugar de concentrarse exclusivamente sobre trabajos manuales y rutinarios, la tecnología puede intervenir en tareas cognitivas como redactar, analizar información, programar o sintetizar.

También existe una brecha por ingresos: el índice pasa de 0,281 entre el 20% de trabajadores de menores ingresos a 0,385 entre el 20% de mayores ingresos.

Mujeres jóvenes, más expuestas

El grupo con mayor exposición al cruzar género, categoría laboral, registro y calificación son las mujeres asalariadas registradas en ocupaciones operativas: unas 153.000 trabajadoras con un índice de 0,484. Entre los varones en la misma categoría baja a 0,341.

La diferencia responde principalmente a la composición de los empleos: las mujeres tienen mayor presencia en tareas administrativas, contables y de atención al público, mientras que los varones se concentran más en conducción, industria, construcción y seguridad.

Por edad y género, las mujeres de 16 a 24 años son las más expuestas, con un índice de 0,389.

Comparación global -con pinzas-

Para poner en perspectiva el 0,353 de CABA, el CESBA lo comparó con los índices nacionales calculados con metodología de la OIT. El resultado porteño se ubica cerca de Singapur, con 0,366, y por encima de Reino Unido, con 0,331; Estados Unidos, con 0,322; Francia, con 0,318; y la Argentina, con 0,292.

La comparación es relativa porque no se pueden igualar países con ciudades. Y hasta el momento es la primera medición urbana. Buenos Aires tiene una economía altamente concentrada en servicios, mientras que los indicadores nacionales incluyen también regiones industriales, agrícolas y rurales. El dato relevante es que la exposición porteña es más alta que la del promedio de Argentina.

La estructura productiva de servicios explica la elevada exposición porteña. Casi la mitad de los ocupados de la Ciudad —unas 776.000 personas— ya trabaja con sistemas informatizados como tecnología principal.

“La IA no va a llegar a las ocupaciones expuestas: ya está adentro”, plantea el estudio.

El índice, en definitiva, no anticipa cuántos empleos desaparecerán. Busca identificar en qué lugares del mercado laboral la transformación puede ser mayor.

“La IA va a transformar el trabajo. Tenemos que ir hacia un nuevo contrato social entre capital, trabajo y Estado que defina cuánto, cómo, y para quién”, sostuvo Socías.

La organización sindical informó que el incremento correspondiente a julio de 2026 será del 2,1% y que el mecanismo de actualización continuará durante agosto. La negociación paritaria, según precisó, se retomará durante la segunda quincena de septiembre.

Salario bancario: cuánto quedó el sueldo inicial en julio

Con la actualización correspondiente a julio, el salario inicial de los trabajadores bancarios quedó establecido en $2.463.757,68, según informó la Asociación Bancaria.

A ese monto se suma la participación en las ganancias (ROE), calculada en $71.219,54. De esta manera, el ingreso inicial, considerando ambos conceptos, alcanza los $2.534.977,22.

La organización sindical aclaró que la actualización se aplica sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales.

Paritarias bancarias: cuánto aumentaron los salarios en siete meses

De acuerdo con el comunicado difundido por la Asociación Bancaria, las actualizaciones acumuladas entre enero y julio representan un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025.

El sindicato sostuvo que el mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector y señaló: “De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

La actualización de julio, del 2,1%, forma parte de ese esquema de incrementos aplicado durante los primeros siete meses del año.

Día del Bancario: cuál es el monto mínimo

El comunicado también estableció el monto correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en un mínimo de $2.196.354,74.

La cifra, según la Asociación Bancaria, deberá ser corregida por las futuras actualizaciones salariales.

Paritaria bancaria: cuándo volverán a negociar

El esquema acordado continuará durante agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance utilizado hasta el momento.

Para la próxima etapa de la negociación, la Asociación Bancaria informó que las conversaciones con las cámaras empresariales se retomarán en la segunda quincena de septiembre.

De esta manera, el sector mantendrá durante agosto el mecanismo vigente y dejará para septiembre una nueva instancia de discusión salarial.

Tal y como lo adelantó El Cronista, los gobernadores y representantes del Norte Grande tenían previsto reunirse hoy, martes 18 de agosto, a las 17 en el Ministerio de Economía, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y avanzar así en un esquema de tarifas eléctricas para las denominadas zonas cálidas.

Del encuentro también estaba previsto que se sumen el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Se preveía desde el inicio la presencia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Salta, Gustavo Sáenz; Chaco, Leandro Zdero, y Jujuy, Carlos Sadir, mientras que las restantes provincias del Norte Grande enviarán funcionarios y equipos técnicos especializados en energía. También se sumó el mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Acuerdo por zonas cálidas: los ejes del entendimiento entre Nación y provincias

Acorde a los trascendidos, el entendimiento entre Nación y las provincias del norte se materializará en una resolución de Economía que será publicada antes de septiembre, luego que se consigan los votos y se le dé la media sanción restante en el Senado al proyecto de modificación del régimen de Zonas Frías, para convertirlo en ley. La idea es que se incremente la cobertura en KW al doble, diferenciando así entre zonas cálidas y muy cálidas.

De este modo, la cobertura especial del nuevo régimen de subsidios al uso de energía eléctrica en estas zonas abarcaría los meses de temperaturas más elevadas entre noviembre y abril. Tales serían los ejes de la propuesta que todavía debe plasmarse al papel.

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con @diegosantilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias.Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”, posteó Caputo tras el encuentro.

Pese a ello, las dudas persisten respecto a la intención real del Gobierno de materializar el nuevo régimen dado que solo pudieron arrancar un compromiso de las autoridades nacionales. Del lado provincial, ponen un asterisco: la hoja de ruta legislativa del oficialismo es larga y quedan muchas leyes por votar además del cambio de subsidios al gas.

El miércoles pasado se reunieron nueve de los diez gobernadores que forman el bloque del Norte Grande, la reunión tuvo como foco el reclamo el prometido régimen de subsidios a las “zonas cálidas”.

Según confirmaron los gobernadores a través de un comunicado, durante la cumbre todos los mandatarios del norte argentino plantearon al jefe de Gabinete que se incluya a las zonas cálidas del país, a través de algún instrumento que contemple las altas temperaturas de muchos meses del año y la falta de gas que hace que las provincias del norte dependan 100 por ciento de la electricidad.

En este sentido, Santilli, tras escuchar las declaraciones, acordó con los mandatarios reunirse con parte del gobierno nacional para instrumentar lo necesario para avanzar en una reglamentación para dichas zonas.

El pedido fue hecho tras la presentación del CFI sobre la Estrategia Federal Energética, sobre nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas, que es una iniciativa impulsada por las provincias argentinas, orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial.

En este sentido, los gobernadores mantendrían su apoyo al gobierno en la eliminación del régimen de las zonas frías y se avanzaría con zonas cálidas.

Zonas cálidas fue una promesa que el gobierno nacional hizo a los mandatarios aliados por su apoyo en la Cámara de Diputados a la eliminación del régimen de zonas frías.

Para los gobernadores del Norte Grande existe “una asimetría estructural mayor que el resto del país en materia de abastecimiento y tarifas de gas”.

“Hasta septiembre de 2024 el Norte Grande se abastecía con gas boliviano y producción local. A partir de la caída de la producción de Bolivia fue necesaria la reversión del Gasoducto Norte”, remarcaron.

Hoy, la región Norte Grande, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, demandan 50 millones de MMm3/d. En esta línea, aseguraron que llega menos gas del necesario para los residenciales y el sector industrial, además de los precios elevados.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aseguró que resolver la cuestión energética significa atender “un problema de trabajo, infraestructura, industria y desarrollo regional”.

El reclamo por debajo

“El Gobierno le debe mucho a todos los Gobernadores, será un debate fuerte en Misiones para el encuentro del Norte Grande”, anticipó una voz del Congreso que responde a los mandatarios provinciales en diálogo con El Cronista.

Asimismo, remarcaron que “si quieren que salga Zonas Frías como está, tienen que mostrar voluntad y decisión respecto a Zonas Cálidas”.

“Y cumplir con los demás compromisos de gestión”, remarcaron.

La fuente legislativa recordó la brutal derrota del gobierno nacional en el Senado el pasado jueves y afirmó que el oficialismo debería “recalcular sus prioridades en la agenda parlamentaria”.

“Hoy deberían agradecer a los Gobernadores Jalil, Jaldo y Saenz haber puesto racionalidad ante una locura como la de Sturzenegger; la tierra es nuestra, es de las Provincias, es de la gente del interior”, sentenciaron.

Por último, dichas fuentes indicaron que “los temas electorales se irán analizando más adelante”.

Lo que quiere el gobierno y la respuesta de los gobernadores

Voces cercanas a los gobernadores del Norte Grande en el Congreso Nacional indicaron que en la reunión en Posadas se habló de otros temas, además de la resolución de zonas cálidas, pero no se resolvió el tema de las PASO. “Hubo planteos de por qué sí o por qué no, pero no más que eso”, aclararon.

“Va a ser zonas cálidas por zonas frías, una por una”, indicó una voz con vínculos en los peronismos provinciales.

Los gobernadores hoy tienen realidades distintas en cada provincia, no sólo a nivel de gestión sino a nivel electoral. “Se pidió no tratar únicamente la eliminación de las PASO en el Congreso”, explicaron voces calificadas.

Uno de los puntos fuertes para los mandatarios provinciales es el estado de las rutas nacionales y afirmaron que no alcanza con el traspaso de Nación a las provincias.

“Santilli se compromete y después no concreta, el gobierno necesita definiciones políticas y los gobernadores de gestión”, afirmaron.

De la reunión que comenzó para las 13 participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Para esta oportunidad no participó ningún otro ministro como invitado, luego de que la semana pasada inaugurara la silla rotativa con el de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero para la próxima ya anticiparon que corrió invitación para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para abordar cuestiones vinculadas a educación y trabajo. Se dará en el marco de las negociaciones paritarias con los docentes de las Universidades Nacionales, en plena puja judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El encuentro semanal llegó después de que, por pedido de la secretaria general, parte de ese mismo grupo recibiera días atrás a los principales referentes del PRO en búsqueda de profundizar la relación con los aliados. El objetivo de esa reunión fue acercar posiciones de cara a 2027 y, en el mismo ámbito, avanzar sobre los proyectos que el Ejecutivo pretende sancionar en lo que resta del año legislativo.

En contraste con ese despliegue de gestión de cara al 2027, la comunicación oficial volvió a exhibir fragilidad en la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, que se dio en la antesala del cónclave a las 11 una nueva conferencia de prensa en la que respondió con frases breves y, en varios tramos, desconectadas del sentido de las preguntas que le formuló la prensa acreditada.

Consultado sobre si el ajuste se sostendrá durante todo el mandato en momentos en que la sociedad “quiere saber si el ajuste va a seguir intacto”, Ravier evitó precisiones y se limitó a sostener: “La motosierra es un símbolo de este Gobierno”. Ante una repregunta sobre el mismo punto, redobló la definición: “La motosierra no se apaga nunca. Mientras el Presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar”.

La sucesión de respuestas cortas, sin desarrollo y por momentos desalineadas del eje de las preguntas, profundizó la percepción dentro del propio oficialismo de que la vocería atraviesa un desgaste creciente, y mientras que la gestión comunicacional todavía no repunta, empezó a asomar nuevamente la idea de que Santilli encabece el próximo informe de gestión pronto en el Congreso. “Lo conversamos con Santilli, pero todavía se está evaluando cuándo podría ser”, reconocieron fuentes de la Mesa Política en diálogo con El Cronista esta semana.

La superposición de agendas -el acercamiento al PRO, la mesa con los gobernadores del Norte Grande y el planteo sobre un informe de gestión con otro protagonista- delinea un mismo diagnóstico interno: el Gobierno necesita ampliar sus interlocutores políticos y, al mismo tiempo, revisar cómo comunica sus resultados, en la antesala de un semestre que combinará la sesión del 26 de agosto en Diputados, el debate por el Presupuesto 2027 y la negociación por la reforma electoral.

En ese mismo sentido, tal como anticipó este medio, desde La Libertad Avanza esperan que el 15 de septiembre el presidente Milei asista al Congreso para presentar el Presupuesto 2027, tal como lo hizo en la primera oportunidad. “Es el mejor comunicador que tenemos”, definieron desde la mesa chica presidencial ante El Cronista. No obstante, allegados al primer mandatario aclararon que Milei decidió que aquel evento no se repetirá, como deseaban algunos.

Por lo pronto, Milei se presentará este jueves en el Council of the Americas, donde brindará una suerte de “conferencia”, mientras que el viernes viajará a Santa Fe para disertar en la Bolsa de Comercio de Rosario. Serán seguidillas de aparición pública tras una semana sin agenda en Balcarce 50, ya que el Presidente se mantuvo puertas adentro en la Quinta de Olivos. Se espera que, en los próximos discursos, Milei se refiera a las situaciones económicas que hicieron ruido en las últimas semanas, como la situación de los morosos y la reactivación económica.

En tanto, tras los primeros gestos hacia los acuerdos electorales con los aliados naturales del PRO, el Gobierno también avanzó esta semana en recomponer vínculos con los gobernadores del Norte Grande.

Por un lado, en el oficialismo apuestan a dar concesiones en las reformas que se tratan en el Congreso, como el pedido de “federalización” del directorio del BCRA, que se tratará formalmente el próximo 26 de agosto en la Cámara de Diputados junto con Inocencia Fiscal II y otros proyectos. En tanto, este martes después de la Mesa Política Santilli y Luis Caputo encabezarpn una reunión de trabajo con los jefes provinciales para avanzar en una respuesta al reclamo por el mayor consumo eléctrico que enfrentan las provincias del norte durante los meses de altas temperaturas.

Participaron los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, mientras que el resto de las provincias de la región están representadas por equipos técnicos especializados en materia energética. También participó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

El encuentro había quedado acordado la semana pasada en Posadas, durante la reunión del Consejo Regional del Norte Grande, donde los mandatarios plantearon la necesidad de contemplar las particularidades de la región en los meses de mayor calor.

El acuerdo por una resolución que cree un régimen para las Zonas Cálidas, busca destrabar la modificación del régimen de Zonas Frías, que ya tiene media sanción de Diputados y espera tratamiento en el Senado. Para el Gobierno, la mesa energética funciona como un gesto concreto hacia los gobernadores en momentos que necesitan avanzar en los acuerdos por la suspensión de las PASO y el resto de las reformas que empezaron a caminar tras las negociaciones fallidas por Propiedad Privada.

Esta semana, mientras tanto, continuará el tratamiento de la Ley de Sociedades y el Súper RIGI en el Senado, en conjunto con los pliegos judiciales.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro que anticipado por El Cronista semanas atrás, junto con a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el canciller Pablo Quirno.

Participaron, en esta primera instancia, representantes de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se espera que en las próximas semanas se realicen otras mesas de coordinación con las demás provincias involucradas, Córdoba y Buenos Aires.

La silla reservada en la mesa de coordinación fue para el funcionario Gabriel Sánchez Zinny, mientras que la Conferencia Episcopal Argentina atendió la convocatoria oficial con figuras de enorme peso institucional. Por un lado, asistió el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach en representación de la Santa Sede.

Junto al alto prelado también asistieron los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic; ambos clérigos integran de forma activa la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, un ente creado especialmente para este hito.

Según trascendió del encuentro, el papa León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de la delegación lo hará en un hotel contiguo para facilitar la logística de la visita. Se espera también una delegación de 80 periodistas de distintos países del mundo.

“Preparar la venida del Papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande. Fue la primera reunión de articulación, primero compartimos la alegría de estar hablando de esto y Karina nos dijo que el Gobierno Nacional se ponía a disposición”, describió el padre Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la CEA ante los acreditados de Casa Rosada.

Según detalló, no se habló de la posibilidad de declarar feriado aunque el Gobierno está analizando la posibilidad de asueto y esperan que la agenda oficial de la Secretaría de Estado se confirme para mediados de septiembre. El operativo contempla, además, que las misas sean todas multitudinarias en las ciudades que recorrerá: “En las próximas semanas está llegando una segunda avanzada de la Santa Sede, donde ya el tema de Seguridad seguramente va a estar presente”, sumó.

“Hay que tener un montón de respuestas, que las puede dar el gobierno nacional, el gobierno porteño. La seguridad estaría a cargo del gobierno nacional y ellos van a articular con las provincias. Son celebraciones al aire libre, estamos pensando en términos de un millón de personas en cada evento”, sumó en ese sentido el arzobispo García Cuerva a la salida del encuentro.

Sobre la agenda con el presidente Javier Milei, Jurcinovic precisó que es seguramente “una de las primeras cosas que va a hacer el Papa”, en el marco de los actos de protocolo de las visitas papales, así como también implicará la recepción en el aeropuerto y el encuentro con el cuerpo diplomático. “Nos imaginamos que seguramente León va a hacer en algún momento algún homenaje al Papa Francisco”, aseguró Jurcinociv.

“Es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, aseguró por su parte García Cuerva.

El Congreso de la Nación también adopta un rol activo de cara a noviembre: el bloque de Elijo Catamarca impulsa un proyecto para que el Papa León XIV presida una sesión de la Asamblea Legislativa. Si la propuesta legislativa avanza en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, el titular de la Santa Sede hablará ante la totalidad de los senadores y diputados nacionales.

Este mismo martes, además, se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede, presidido por el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, y con Nóblega como vice. Si bien no tiene poder legislativo, es el canal por el que se coordinarán las actividades del Sumo Pontífice en el parlamento y, a diferencia de otros espacios del Congreso, su composición incluye a casi todo el arco político con UP, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Defendamos Córdoba e Independencia.

Este acto representa un gesto institucional inédito para un líder religioso en el parlamento argentino. La iniciativa del diputado Sebastián Nóblega busca consensos rápidos con los bloques aliados y la oposición dialoguista para garantizar el quórum, y el objetivo de la cúpula legislativa es aprobar la resolución durante el mes de septiembre.

La agenda oficial del viaje apostólico cuenta con la confirmación de la nunciatura local. El obispo de Roma llegará al país el viernes 8 de noviembre. Su estadía se extenderá hasta el lunes 11 de ese mes. El cronograma ubica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede principal de los eventos masivos y de los encuentros formales de Estado.

Además, el líder católico visitará la ciudad de Luján por su valor mariano. La provincia de Córdoba completa el itinerario como un punto estratégico de concentración de fieles del interior del país. En el territorio cordobés, la gobernación local prepara el estadio Mario Alberto Kempes como principal alternativa para la misa central.

Antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, León XIV pasará por Uruguay y Perú. Argentina, por su parte, lleva 39 años sin la visita de un Sumo Pontífice. La última ocasión de estas características ocurrió con la gira nacional de Juan Pablo II a fines de la década de los ´80. El gran sueño de que regrese al suelo argentino el Papa Francisco finalmente no se dio, y en ese sentido desde el sector eclesiástico destacan que León XIV sigue una “continuidad” de ese deseo de Francisco.

Fuentes del Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, adelantaron los lineamientos técnicos del operativo conjunto. La Casa Militar coordina acciones tácticas de forma directa con la Guardia Suiza para garantizar la custodia cercana del Pontífice. El plan preventivo contempla tres anillos céntricos de seguridad para todos los traslados al aire libre.

La Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional tendrán a su cargo los perímetros externos. Se implementarán zonas de exclusión aérea total sobre los recintos y avenidas con actividad papal programada. El despliegue táctico incluye francotiradores apostados en las terrazas, inhibidores de señal para evitar el vuelo de drones civiles y tecnología de reconocimiento facial de Interpol.

La administración de la capital federal también tiene participación operativa directa en las mesas del Ejecutivo. Sánchez Zinny debe alinear a los efectivos de la Policía de la Ciudad, a las ambulancias del sistema de emergencias SAME y a los agentes de tránsito, mientras que las autoridades viales planifican cortes totales en arterias clave y diseñan corredores sanitarios.

El Ministerio de Salud porteño también evalúa declarar el alerta roja en los principales hospitales públicos para garantizar camas de atención rápida. Al mismo tiempo, los equipos técnicos analizan la Avenida 9 de Julio para el armado de la misa de cierre. La decisión final sobre el escenario depende de la viabilidad de los operativos de evacuación de emergencia.

Son tres referencias que no miden exactamente lo mismo, pero que permiten dimensionar la distancia entre los ingresos laborales y el costo de vida.

En ese debate, algunos sindicatos sostienen una mirada diferente: en lugar de tomar como punto de partida un porcentaje de aumento, calculan cuánto debería cobrar un trabajador para cubrir las necesidades que la propia legislación identifica como indispensables.

Ese criterio, que tiene como uno de sus principales antecedentes al sindicalismo aceitero, volvió a cobrar fuerza con el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal). El espacio actualizó su Canasta Básica del Trabajador y estableció un nuevo valor para el ingreso que considera necesario para vivir dignamente en la Argentina: $3.065.161 mensuales.

La cifra equivale a más de ocho veces el salario mínimo oficial vigente: desde agosto, el piso legal es de $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa, mientras que en julio había sido de $372.400.

La diferencia también aparece al comparar ambos valores con las canastas que mide el INDEC. En julio, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.715,90 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que requirió $708.016,24 para superar la línea de indigencia. Para un adulto equivalente, los valores fueron de $506.380,55 y $229.131,47, respectivamente.

La comparación permite dimensionar que el planteo del FreSU no busca replicar la medición oficial de pobreza e indigencia. El INDEC utiliza la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para establecer la línea de indigencia y amplía esa estructura con bienes y servicios no alimentarios para obtener la Canasta Básica Total (CBT), que funciona como referencia para la línea de pobreza.

En cambio, el FreSU utiliza otra definición de salario mínimo: toma el concepto establecido en el artículo 14 bis de la Constitución y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y calcula cuánto dinero necesitaría un trabajador sin cargas de familia, con una jornada legal completa, para cubrir las nueve necesidades contempladas por esas normas.

Qué incluye la nueva canasta del FreSU

El cálculo actualizado por el FreSU parte de nueve necesidades. Para julio, el frente sindical estimó $653.231 para alimentación adecuada; $609.613 para vivienda digna; $279.529 para educación; $146.631 para vestimenta; $373.934 para salud; $665.055 para transporte, esparcimiento y vacaciones; y $337.168 para previsión social.

La suma de esos componentes alcanza los $3.065.161 reclamados como salario mínimo.

La diferencia entre esa referencia y el salario mínimo oficial es amplia. Los $3.065.161 del FreSU representan 8,14 veces los $376.600 que rigen desde agosto. Incluso si se toma como referencia julio, cuando el SMVM era de $372.400, la relación era prácticamente la misma: 8,23 veces.

La distancia también puede medirse contra las estadísticas de pobreza. El ingreso reclamado por el FreSU equivale a casi el doble de la CBT de julio para una familia de cuatro integrantes: $3.065.161 contra $1.564.715,90. Frente a la CBA de ese mismo hogar, la relación es todavía mayor: la canasta sindical representa 4,33 veces los $708.016,24 necesarios para superar la línea de indigencia.

Qué dice el salario oficial

El SMVM que fija el Consejo del Salario tiene una evolución mensual definida por la Resolución 9/2025. El monto pasó de $341.000 en enero a $346.800 en febrero, $352.400 en marzo, $357.800 en abril, $363.000 en mayo, $367.800 en junio, $372.400 en julio y $376.600 desde agosto. Para los trabajadores jornalizados, el valor vigente desde agosto es de $1.883 por hora.

Ese dato es relevante para la comparación porque el valor de $372.400 que circuló como referencia de julio ya no es el vigente al momento de la actualización del FreSU. Desde el 1° de agosto, el salario mínimo oficial subió a $376.600. Aun con ese último aumento, la cifra sindical continúa siendo más de ocho veces superior.

La estadística oficial de salarios, por su parte, muestra una dinámica diferente a la del SMVM. El último dato disponible del INDEC corresponde a mayo: el Índice de Salarios aumentó 2,2% mensual y 35,9% interanual, con una suba acumulada de 15,2% frente a diciembre de 2025. En ese mes, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2%, los del sector público 1,5% y los del sector privado no registrado 3,5%.

El índice de salarios y el SMVM no son equivalentes. El primero mide la evolución de los ingresos salariales de distintos sectores; el segundo funciona como un piso legal para determinados trabajadores. Por eso, la brecha entre el SMVM y la canasta del FreSU no significa que todos los trabajadores argentinos cobren el salario mínimo, sino que muestra la distancia entre el piso legal establecido por el Estado y el ingreso que el frente sindical considera necesario para satisfacer las necesidades definidas por la legislación.

El antecedente aceitero

La influencia de la Federación Aceitera en este planteo es central. El gremio convirtió hace años la definición legal del salario mínimo en una herramienta concreta de negociación: calcular cuánto cuesta satisfacer cada una de las necesidades contempladas en la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo y utilizar ese resultado como referencia para el salario inicial de la actividad.

La política tuvo una nueva expresión este año. En junio, los aceiteros informaron que, según su cálculo basado en las estadísticas oficiales, el salario mínimo vital y móvil necesario para mayo era de $2.802.754. Ese mismo criterio fue utilizado como fundamento de la negociación paritaria.

Finalmente, la paritaria aceitera llevó el salario inicial de la categoría peón a $2.578.400 desde julio y estableció $2.719.040 desde septiembre.

El FreSU tomó ese criterio y lo convirtió en una referencia común para un espacio sindical más amplio. El frente reúne organizaciones de distintas centrales y sectores, entre ellas ATE, UOM, la Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, sindicatos aeronáuticos, marítimos, fluviales, molineros, papeleros y viales.

En las modificaciones al régimen publicadas este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno contempló la inclusión de las inversiones en infraestructura ferroviaria. Así, las mismas podrán sumarse al esquema que contempla beneficios impositivos y estabilidad jurídica por 30 años, además de garantías en el acceso al mercado cambiario, entre otros.

El texto establece que podrán incluirse en el régimen las inversiones ferroviarias que involucren nueva infraestructura (sean nuevas trazas o instalaciones), la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente y la creación de infraestructura accesoria.

El decreto reglamentario ya contemplaba al sector ferroviario, pero con el decreto 748/2026 puntualizó en qué elementos se contemplará. También contempla que se incluyan la duplicación de vías, rehabilitación de ramales no operativos, electrificación de la traza, instalación de sistemas de señalamiento, la construcción de nodos logísticos, puertos secos y centros de transferencia de carga.

Ante un escenario de una red deteriorada, que implica en muchos casos pérdida de tiempo y de carga, el decreto especifica que se excluyen las tareas de conservación o mantenimiento de la red actual. También detalla que para que una inversión en infraestructura preexistente pueda ser considerada en el RIGI como ampliación de un proyecto previo, se debe demostrar un “incremento verificable en la capacidad de transporte” que se deberá probar cuantitativamente con parámetros técnicos objetivos que demuestren las diferencias entre la capacidad previa y la que se ganará con la inversión. Las mismas no podrán ser estimaciones.

Licitación Belgrano Cargas

El decreto no es casual. Desde el oficialismo aseguran que la publicación del pliego para la concesión de las tres líneas de carga (Belgrano, San Martín y Urquiza). Los despachos oficiales confían en que el pliego se conocerá antes de fines de agosto, aunque es un proceso que viene con una demora de al menos ocho meses. Desde los competidores, esperan que se conozcan en las próximas dos semanas. La adjudicación está prevista para el primer trimestre del año.

La inclusión de la privatización de los trenes en el RIGI era vista como una condición necesaria por parte de uno de los competidores, la rama de transporte de Grupo México, GMXT. Desde la empresa de capitales mexicanos y con operaciones en Estados Unidos lo veían como un factor por demás relevante para garantizar la estabilidad de la inversión a largo plazo, considerando que la concesión será por 50 años.

La compulsa atrajo a múltiples jugadores locales, que también miran con buenos ojos la posibilidad de incluir la inversión en el RIGI. Los primeros en mostrarse interesados por los agroexportadores, que conformaron el consorcio Belgrano Cargas compuesto por las principales empresas exportadoras de cereales. Otro gran jugador local interesado es el Grupo Roggio, con amplia trayectoria en el sector de la construcción y que amplió sus operaciones a sectores de servicios públicos. El grupo familiar ya participa en operaciones ferroviarias, con los trenes de pasajeros Belgrano y Urquiza, y de subtes con Emova. Fuentes con conocimiento en la materia aseguran que otro jugador interesado en la concesión de los trenes de carga es el Grupo Techint, de Paolo Rocca.

El atractivo de las concesiones es indiscutible. Las trazas de las tres líneas que cubren más de 7000 kilómetros incluyen los principales puertos exportadores, la creciente producción minera en la cordillera norte, la producción agrícola de la zona núcleo y la producción cuyana.

Si bien en el Argentina Week trascendió que la inversión necesaria ascendería a los u$s 800 millones, Grupo México anunció que estaba dispuesta a invertir u$s 3000 millones para la puesta a punto de las líneas.

Sin embargo, esos montos contemplan no sólo el restablecimiento de las vías, sino también la renovación de maquinarias, talleres, vagones, entre otros.

Esto es algo que fue cuestionado por algunos competidores, que consideraron que la inversión en infraestructura es solo una parte del total. Recientemente también se conoció la reglamentación de los fideicomisos que recibirán los fondos que surjan de la venta de la maquinaria. Los mismos tienen como destino exclusivo financiar las inversiones en infraestructura que deben hacerse para la puesta a punto de las redes.

“Este resultado se alcanzó en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares. En este sentido, el pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público fue de $ 2.715.436 millones”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un posteo en su cuenta de X.

De esta manera, en los primeros siete meses del año, las cuentas públicas acumularon un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PBI.

Cabe recordar que las cuentas fiscales del Sector Público Nacional habían registrado un déficit primario y financiero en junio, el primer resultado negativo de la gestión de Javier Milei por fuera de diciembre, mes en el que suelen acumularse gastos pendientes del año.

Con el resultado de julio, el Gobierno acortó la distancia respecto de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI para 2026, pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del programa.

Según precisó el titular del Palacio de Hacienda, una de las principales razones detrás del resultado de julio fue el recorte real interanual del 7% en el gasto primario. En contraste, el gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) creció 3,8% real interanual.

“El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PBI desde el inicio de la gestión”, agregó Caputo.

EN JULIO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE 244.897 MILLONES

✅ El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio
✅ Este resultado se alcanzó en un mes con…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026

Ingresos

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $ 17,09 billones, un incremento interanual del 30,4%.

En cuanto a los recursos tributarios, el Ministerio de Economía informó un aumento interanual del 29,6%, impulsado por el ingreso extraordinario del impuesto a las Ganancias de personas humanas.

Considerando el análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF), es decir, los ingresos y gastos según cuándo efectivamente se cobra o se paga el dinero, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 2,5%.

“Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 3,1% y los no tributarios subieron un 4,8% real interanual”, consignaron.

Gastos

Por su parte, los gastos primarios totalizaron $ 14,13 billones, un incremento interanual del 24,4%.

Las prestaciones sociales ascendieron a $ 8,68 billones, con un aumento interanual del 22,9%. La comparación se vio influida por la suba del 38,9% interanual de la Asignación Universal por Hijo, parcialmente compensada por la concentración de pagos producida el año pasado en concepto de prestación alimentaria.

Por otra parte, las remuneraciones representaron erogaciones por $ 2,17 billones, con una suba interanual del 28,7%. En tanto, las transferencias corrientes sumaron $ 4,76 billones (+24,7%). Dentro de este rubro, las transferencias destinadas a universidades registraron un incremento interanual del 44,9%, en línea con las decisiones adoptadas por el Congreso.

En cambio, el conjunto de subsidios económicos se ubicó en $ 1,18 billones, explicado fundamentalmente por $ 874.568 millones en concepto de energía y $ 305.189 millones en concepto de transporte.

Por último, el gasto de capital, es decir, la inversión que realiza el sector público y su contribución al incremento de la capacidad instalada, totalizó $ 280.951 millones, un aumento interanual del 42,5%. Según el Ministerio de Economía, allí se destacaron las obras de infraestructura eléctrica (+124,6%), de transporte (+46,5%) y las hídricas (+30,2%).

Ajustado por inflación

El gasto primario registró una caída real interanual del 7%, mientras que el gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 5,8% en términos reales interanuales.

En consecuencia, el IARAF detalló que el superávit primario de julio de 2025 de $ 2,34 billones en moneda constante de julio de 2026 se transformó en un superávit primario de $ 2,96 billones.

Asimismo, el déficit financiero de $ 225.517 millones de julio de 2025 (a valor actual) se transformó en un superávit de $ 244.897 millones en julio de 2026.

Primeros siete meses de 2026

Al analizar lo sucedido en los primeros siete meses de 2026, la ejecución presupuestaria base caja del SPNNF derivó en que los ingresos totales tuvieran una variación real interanual negativa de 4,6%.

“Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 6% y los no tributarios subieron un 14% real interanual”, subrayó el IARAF. Es decir que un mayor volumen de ingresos no tributarios no fue suficiente para compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios.

El gasto primario, por su parte, registró un descenso real interanual del 2,8%. De esta manera, el superávit primario de los primeros siete meses de 2025, que equivalía a $ 13,54 billones en moneda constante de julio de 2026, se ubicó en $ 11,15 billones en el mismo período de este año, lo que implica una baja real interanual del 17,6%.

Si se excluyen los ingresos por la privatización, el superávit primario sería de $ 9,94 billones, con un descenso real interanual del 26,6%.

Por otro lado, el gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) se redujo un 1,4% en términos reales interanuales. En efecto, el IARAF estimó que el superávit financiero de $ 4,21 billones de los primeros siete meses de 2025 pasó a ser un superávit de $ 1,95 billones en 2026, con una baja real interanual del 53,6%.

“Al excluir los ingresos por privatización, el superávit financiero desciende hasta los $ 748.207 millones, lo que implica un descenso del 82,2% en términos reales interanuales”, concluyó la organización que dirige Nadin Argañaraz.

Si bien en esa comparación se observa que la inflación global actúa como un atenuante (solo en Estados Unidos acumula casi 33% en los últimos ocho años), al revisar las cantidades importadas en el primer semestre de 2023, se comprueba que en diversos rubros existen incrementos que superan el 100%.

Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información del INDEC y de ARCA, que permite identificar qué sectores y empresas están detrás del fenómeno.

Tras la baja generalizada de importaciones en 2024, el ritmo de las compras al exterior se recuperó en 2025. Y si bien el salto interanual de la compra en dólares fue más moderado, alcanzando al 1,8%, significa un nuevo récord.

“En prácticamente todos los rubros, salvo farmacéuticos, el incremento en cantidades frente al 2023 es muy superior al de dólares, lo que agrava el escenario del informe”, aclaró Hernán Letcher, director de CEPA a El Cronista.

Entre los rubros con los movimientos más significativos se destacan electrodomésticos, indumentaria, alimentos, motos y artículos de cuidado personal.

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el nivel general de las compras externas; si bien la Argentina no atraviesa un récord de importaciones totales lo que está cambiando con fuerza es su composición.

Entre enero y junio de 2026, las importaciones totales alcanzaron u$s 35.531 millones, un nivel apenas superior, en dólares corrientes, al registrado durante el anterior ciclo de fuerte apertura de 2018 y por debajo de otros años recientes.

La diferencia aparece al observar qué se compra. Los bienes de consumo explicaron 15,1% de todas las importaciones del país, la participación más alta desde 2004 mientras que en el primer semestre de 2018 representaban alrededor del 12,7%.

La comparación con 2023 profundiza ese contraste. Desde entonces, las importaciones totales retrocedieron, pero las de bienes de consumo crecieron 34,7%.

También aumentaron las compras de vehículos automotores de pasajeros (155,7%) y la categoría “resto” (181,9%), que incluye, entre otras operaciones, los envíos mediante courier.

En sentido contrario, cayeron categorías estrechamente vinculadas con la producción como bienes intermedios(-17,8%) y las de piezas y accesorios para bienes de capital (-21,6%).

Así, a diferencia de lo ocurrido en 2017 y 2018, cuando se produjo una expansión más general de las compras externas, el proceso actual muestra rasgos particlulares.

Mientras ganan participación los productos terminados destinados al consumo, algo que el Gobierno impulsó para bajar la inflación, el empleo industrial se desploma por el cierre de fabricas.

Electrodomésticos y ropa lideran el salto

La expansión de los bienes de consumo tampoco fue homogénea; según el relevamiento de CEPA 10 actividades concentraron el 84,7% del total importado durante el primer semestre.

El mayor incremento frente a 2023 correspondió a electrodomésticos, baterías y lámparas (109,2%). Le siguieron prendas de vestir (86,3%); motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte (67,6%); productos alimenticios (51,9%); y farmacéuticos (27%). Esos cinco sectores representaron, en conjunto, el 45,5% de las compras de bienes finales.

Pero el fenómeno no se explica únicamente porque los importadores tradicionales compran más. También se amplió fuertemente el universo de empresas que trae productos del exterior.

Según CEPA, la cantidad de firmas importadoras se duplicó respecto de 2023, con 33.108 empresas adicionales.

El mayor incremento porcentual se produjo en prendas de vestir (175%), seguido por marroquinería (144%) y electrodomésticos, baterías y lámparas (127%). En términos absolutos, caucho y plástico sumó 5476 importadores; joyería, juguetes e instrumentos musicales, 4022; y prendas de vestir, 3516.

De todos modos, las empresas que ya operaban en 2023 todavía explican alrededor del 80% del monto total importado, señal de que el récord combina el ingreso de nuevos jugadores con un fuerte incremento de las compras de firmas preexistentes.

Whirlpool, Carrier y Frimetal, al frente en electrodomésticos

Dentro de electrodomésticos, baterías y lámparas, las 20 mayores empresas concentraron el 55% de las importaciones sectoriales.

Whirlpool Argentina encabezó el ranking con u$s 21,2 millones, 24% más que en 2023. Pero los mayores saltos se produjeron inmediatamente detrás: Carrier importó u$s 14,4 millones y multiplicó casi 22 veces sus compras (+2077%), mientras Frimetal alcanzó u$s 14,2 millones, casi 20 veces el registro de tres años atrás (1887%). Las tres firmas explicaron el 19% de las importaciones del rubro.

El ranking también refleja la aparición de empresas que, según los registros relevados por CEPA, no habían realizado importaciones de bienes de consumo de esta actividad en 2023.

Adidas, Zara y Southbay: el nuevo mapa de la ropa importada

Uno de los cambios más visibles aparece en indumentaria donde las 20 mayores compañías pasaron de explicar el 21% de las importaciones sectoriales en 2023 al 47% en 2026, y seis de ellas no registraban operaciones en el período utilizado como comparación.

Adidas Argentina encabezó las compras con u$s 47,2 millones, un salto del 339%. Segunda quedó TAC Argentina (Zara), con u$s 33,8 millones, y tercera Southbay, con u$s 20,1 millones. Según el informe, estas dos últimas no registraban importaciones de bienes de consumo de la actividad en 2023.

Adidas también lideró el ranking de marroquinería, con u$s 81,3 millones, 653% más que en 2023, y concentró por sí sola el 23% de las compras externas del sector. Puma Sports Argentina y Southbay completaron los primeros puestos, con u$s 30,6 millones y u$s 30,1 millones, respectivamente.

Entre las tres compañías explicaron el 40% de las importaciones de marroquinería durante la primera mitad del año.

Motos: Honda concentra una de cada cuatro compras

El sector de motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte presenta una característica diferente: una elevada concentración. Las primeras 20 firmas explicaron 88% de las importaciones durante el semestre, frente al 82% que representaban en 2023.

Honda Motor Argentina lideró ampliamente, con u$s 105,5 millones, un crecimiento del 86% frente a 2023 y una participación del 26% en el total. Le siguieron Gilera Motors, con u$s 43,7 millones (198%), y Corven Motors, con u$s 42,2 millones (-6%).

La dinámica coincide además con un cambio arancelario dispuesto en 2025. El Decreto 513/2025 redujo del 20% al 15% el arancel para motos totalmente desarmadas y del 35% al 20% para unidades terminadas, achicando la brecha entre importar el vehículo completo y ensamblarlo localmente.

Alimentos: boom de pastas, carnes y productos de supermercado

Los alimentos son otro de los capítulos centrales del nuevo escenario. Representaron 18% de todas las importaciones de bienes de consumo y sus compras externas aumentaron 51,9% respecto de 2023.

Detrás de ese promedio aparecen incrementos mucho mayores: fideos y pastas crecieron 530,8%; carnes frescas y en conserva, 315,2%; aceites y grasas, 93,9%; panadería, 90,1%; y chocolate y confitería, 45,4%.

A diferencia de otros sectores, las importaciones de alimentos están más atomizadas. Las tres mayores compañías concentraron en conjunto el 17% del total.

Nestlé Argentina encabezó el ranking general con u$s 62,6 millones (31%), seguida por Swift Argentina, con u$s 48,2 millones y un incremento superior al 11.000%, y Quickfood, con USD 34,5 millones (46%).

El detalle por productos revela algunos movimientos especialmente fuertes.

En fideos y pastas, tres empresas concentraron el 60% de las compras: Arcor lideró con u$s 4,5 millones, seguida por Conyntra, con u$s 2,3 millones (+595%), y Coto, con u$s 1,3 millones (+932%).

En carnes frescas y en conserva, Swift importó u$s 46,4 millones, un aumento de 11.521% frente a 2023, y Quickfood u$s 33,2 millones (47%). Entre ambas concentraron prácticamente la mitad de las compras externas del segmento.

En aceites y grasas, Arcor explicó por sí sola el 38% del total, con importaciones por u$s 14,6 millones (166%). Detrás quedaron Mondelez Argentina, con u$s 6,7 millones (18%), y Lodiser, con u$s 4,5 millones y un salto de 4536%.

Los supermercados también ganan terreno

El relevamiento de CEPA muestra además la participación directa de grandes cadenas de supermercados en determinadas categorías.

En productos de panadería, dos de las tres mayores importadoras fueron compañías de retail. Establecimiento Las Marías encabezó el ranking con u$s 9,6 millones; Coto quedó segundo, con u$s 5,3 millones y una suba del 112%; e INC S.A. (Carrefour) tercero, con u$s 4,5 millones. Esta última no registraba importaciones del rubro en 2023, según CEPA.

Coto aparece además entre los principales importadores de fideos y pastas.

En chocolates y confitería, las dos primeras compañías explicaron más de la mitad de las compras externas. Ferrero Argentina lideró con u$s 17,1 millones —sin importaciones registradas en 2023—, seguida por Mondelez Argentina, con u$s 15,7 millones (105%). Nestlé completó el podio con u$s 4,3 millones (21%).

Unilever, L’Oréal y Natura, al frente en cuidado personal

El cambio en el mapa importador también alcanzó a los productos de limpieza, tocador y cuidado personal.

En este segmento sobresale un dato: 11 de las 20 mayores empresas importadoras del primer semestre de 2026 no registraban operaciones en 2023. En conjunto, las primeras 20 concentraron el 76% del total sectorial.

Unilever Argentina encabezó las compras con u$s 33,6 millones (+99%), seguida por L’Oréal Argentina, con u$s 24,4 millones, y Natura Cosméticos, con u$s 22,2 millones. Estas últimas no registraban importaciones en la categoría analizada durante 2023.

Contrastes: industria rezagada y 75.000 empleos menos

El avance de los bienes terminados importados se produce, en un escenario de debilidad de la actividad manufacturera.

Entre los primeros semestres de 2023 y 2026, mientras las importaciones de bienes de consumo aumentaron 34,7%, las compras externas de bienes intermedios y de piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron en conjunto 19,1%.

En ese mismo período, la producción manufacturera medida por el IPI del INDEC acumuló una caída del 12%, según el análisis realizado por CEPA.

Los contrastes son particularmente fuertes en algunas de las actividades donde más avanzaron los productos importados.

En electrodomésticos, mientras las compras externas crecieron 109,2%, la producción nacional de electrodomésticos e informática cayó 56,1% y la de equipos y aparatos eléctricos retrocedió 7,1%.

En indumentaria ocurrió algo similar: las importaciones aumentaron 86,3%, al tiempo que la producción textil bajó 34% y la confección de prendas de vestir, 13,7%.

En alimentos, las compras externas aumentaron 51,9%, mientras la producción total del sector cayó 1,4%. Dentro de ese universo se registraron retrocesos del 15,9% en bebidas; 13,3% en carne vacuna; 5% en galletitas, panificados y pastas; y 4,8% en carne aviar.

La preocupación por esa dinámica gana mayor espacio entre los industriales. “En el último tiempo el promedio de la economía ha tenido una leve recuperación, no así la industria, que vemos se encuentra rezagada”, planteó María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Durante una reunión informativa de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la ejecutiva advirtió que la actividad manufacturera quedó por detrás de la recuperación que muestran otros sectores de la economía.

“La producción se estancó en niveles históricos bajos” en 2025 y actualmente se encuentra alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La UIA también puso el foco sobre el mercado laboral: según los datos presentados por la entidad, desde agosto de 2023 se perdieron alrededor de 75.000 puestos de trabajo en la industria.

Para Bermúdez, la recuperación que muestran los indicadores agregados de actividad está concentrada principalmente en minería, petróleo y gas, agro y servicios de intermediación financiera. En cambio, industria manufacturera, construcción y comercio permanecen por debajo de esa recuperación.

Entre las ramas industriales que atraviesan una situación más delicada, Bermúdez identificó textiles, confecciones, calzado y electrónicos.

Según la representante fabril, esas actividades enfrentan simultáneamente la caída de la demanda y de la producción y una mayor competencia de los productos importados, como reflejó el informe de CEPA.

Una discusión que se proyectar hacia 2027

El nuevo mapa de las importaciones abre así una discusión económica que probablemente gane peso político a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2027.

“Se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo y no se crean con este modelo”, señaló Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA en declaraciones a Futurock.

“El balance en la industria es totalmente negativo”, agregó y aseguró que “va a ser muy duro volver a industrializar la Argentina”.

A diferencia del proceso de apertura de 2017-2018, en el escenario actual se modificó con fuerza qué importa la Argentina.

Ese cambio plantea una tensión que puede convertirse en uno de los ejes de la discusión económica hacia 2027, cuando el Gobierno busque la continuidad.

Por un lado, la apertura amplía la oferta de productos, incorpora nuevos jugadores y aumenta la competencia lo que se volvió clave para bajar la inflación.

Por otro, encuentra a una parte de la industria manufacturera operando por debajo de los niveles de 2022 y 2023 lo que siembra interrogante de cara al próximo ciclo electoral.

La Policía detuvo a Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, tras constatar que el argentino y Nadia Beller, quien fue víctima de un ataque armado, tuvieron “en días pasados un problema de carácter sentimental”.

Nacido en 1981, al argentino se lo reconoce como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, cuando se presentó como un candidato rupturista.

En una entrevista con La Nación, en mayo de 2023, Cerimedo dijo que se “inmolaría” por Milei y reconoció que se dedicaba a realizar “campañas negativas” con el objetivo de dañar la imagen de candidatos y adversarios de sus clientes.

Con el triunfo de Milei en la segunda vuelta de las presidenciales de aquel año, el detenido difundió que él había logrado conectar al mandatario electo argentino con el magnate tecnológico Elon Musk, quien lo felicitó por el triunfo electoral.

Hasta mediados de 2024, se dedicó a sostener el apoyo al presidente ultraderechista de Argentina a través de lo que especialistas en comunicación definen como “milicias digitales” y cuentas automatizadas capaces de influenciar y torcer las tendencias en redes sociales.

En septiembre de 2025 brindó testimonio ante la Justicia en la causa que investiga un supuesto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), uno de los grandes escándalos del Gobierno de Milei, y aportó información que apunta a la autenticidad de las grabaciones que desataron el caso.

Artífice de las ‘milicias digitales’ latinoamericanas

Fernando Cerimedo fue uno de los pioneros en Latinoamérica en la creación de ‘milicias digitales’ para destruir adversarios políticos a través de campañas negativas.

A finales de 2024, la Justicia de Brasil lo incluyó en una extensa investigación sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 -por la que el expresidente Bolsonaro fue encarcelado-, en la que lo describió como diseminador de noticias falsas sobre las elecciones de 2022, que ganó Lula da Silva.

En la investigación de 884 páginas realizada por la Policía Federal brasileña, aparece mencionado 66 veces.

A través de Numen, la empresa de estrategia digital de Cerimedo, participó también en campañas electorales en países como Honduras y en Bolivia, donde el actual vicepresidente, Edman Lara, aseguró en una entrevista con Radio Activa, realizada en enero de 2026, que el argentino fue “asesor personal” del mandatario Rodrigo Paz para la segunda vuelta de las presidenciales del año pasado.

La Derecha Diario, el portal de Negre y la ultraderecha

Cerimedo fundó en 2021 La Derecha Diario en Argentina, un portal digital de ultraderecha que en la actualidad es uno de los más citados por Milei y publica datos e informaciones favorables al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El ultra español Javier Negre, que fue condenado por difamar a un periodista y publicar fotografías de las hijas del ministro español Óscar Puente, es hoy día propietario de La Derecha Diario, según anuncia él mismo en su perfil de X, tras haber comprado las acciones a Cerimedo.

Desde esa posición, Negre potenció la línea editorial de apoyo a Milei, así como la agresividad contra figuras de la oposición y quienes sostienen posiciones críticas al Gobierno argentino.

La Derecha Diario publicó en marzo de 2025 que Cerimedo fue designado como representante en América Latina de las empresas tecnológicas Campaign Nucleus y Eyes Over, propiedad del consultor digital estadounidense Brad Parscale, exasesor de campaña de Donald Trump.

Los problemas no son nuevos, pero se multiplicaron en diferentes puntos del territorio y comenzaron a trasladar el costo político directamente hacia la administración de Axel Kicillof. La Legislatura bonaerense acumula pedidos de informes y reclamos opositores, mientras intendentes, sindicatos, profesionales e instituciones sanitarias advierten sobre inconvenientes para sostener prestaciones.

La tensión promete escalar durante la semana del 24 al 28 de agosto, cuando el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, concurra al Senado provincial. Formalmente llegará para defender dos proyectos sanitarios impulsados por el Ejecutivo, pero UCR, PRO y La Libertad Avanza preparan una discusión mucho más incómoda: quieren convertir la visita en una interpelación política sobre el funcionamiento de IOMA.

El instituto es uno de los principales actores sanitarios del país. Tiene alrededor de 2,5 millones de beneficiarios, entre trabajadores provinciales y sus grupos familiares, policías, docentes, personal judicial, jubilados del Instituto de Previsión Social, empleados municipales y afiliados voluntarios.

Su dimensión vuelve particularmente sensible cualquier deterioro en las prestaciones. No se trata de una obra social marginal sino de una estructura que condiciona el acceso a la salud de una porción importante de la población bonaerense.

Para 2026 tiene asignado un presupuesto de casi $2,5 billones. Desde el propio organismo sostienen que alrededor del 95% se destina al pago de prestaciones, medicamentos y servicios y que el gasto termina ampliándose por la evolución de los costos sanitarios.

Ese volumen de recursos es justamente uno de los puntos que alimenta la ofensiva opositora. El cuestionamiento no se centra únicamente en cuánto dinero recibe el instituto, sino en por qué, pese a contar con semejante presupuesto y con aportes obligatorios de sus afiliados, persisten dificultades para garantizar prestaciones en diferentes zonas de la Provincia.

Los trabajadores estatales aportan obligatoriamente el 4,8% de su salario mensual al IOMA. Los aproximadamente 285.000 jubilados provinciales alcanzados por el IPS destinan el 4,5%. Aun así, los afiliados deben afrontar copagos para diferentes consultas. Ese desfasaje aparece como uno de los factores detrás de una cartilla que se vuelve cada vez más difícil de sostener en algunas especialidades y localidades.

Deudas millonarias y prestaciones que empiezan a cortarse

Los conflictos se extienden por distintos niveles del sistema sanitario. Uno de los reclamos de mayor volumen llegó desde el Hospital Garrahan, que informó una deuda de $8.278 millones vinculada con la atención y derivación de más de 44.000 chicos afiliados al IOMA durante 2025 y 2026.

La Provincia informó pagos por alrededor de $1.200 millones, aunque desde la institución sanitaria sostienen que esa cifra representa apenas una parte del capital reclamado.

También la Agremiación Médica Platense mantiene una disputa con la obra social por $900 millones a junio. Y en Trenque Lauquen, el servicio de Hemodinamia interrumpió prácticas programadas por una deuda que, afirman, supera los $300 millones.

Desde IOMA rechazan que exista una interrupción generalizada de los pagos. Es la explicación que también sostiene Kreplak. Lo atribuyen al ajuste nacional y el retaceo de fondos a la Provincia. Pero en la oposición considera insuficiente esa respuesta.

El conflicto comenzó a adquirir otra dimensión cuando las dificultades de IOMA dejaron de afectar exclusivamente a afiliados y prestadores privados y comenzaron a impactar sobre hospitales municipales. Ese es el argumento que llevó el diputado provincial Fernando Rovello, del PRO, a impulsar un proyecto para reclamar información sobre las deudas que la obra social mantiene con efectores comunales y prestadores.

El problema resulta particularmente sensible en los municipios del interior, donde los hospitales municipales ocupan un lugar central en la atención sanitaria y las administraciones locales deben financiar buena parte de su funcionamiento. Cuando IOMA demora pagos o reconoce aranceles inferiores al costo efectivo de una práctica, según plantea la oposición, la diferencia termina siendo absorbida por las propias comunas.

El Senado también comenzó a involucrarse.

Kreplak irá al Senado y la oposición prepara el interrogatorio

La próxima visita de Kreplak a la Legislatura aparece así en un momento especialmente incómodo. El ministro concurrirá a la comisión de Salud del Senado, presidida por el legislador oficialista Pedro Borgini, para defender dos proyectos enviados por Kicillof. Ambas iniciativas habían ingresado originalmente en 2024, perdieron estado parlamentario en diciembre de 2025 y fueron presentadas nuevamente este año.

Pero la oposición pretende que la reunión no quede circunscripta a esas iniciativas. UCR, PRO y La Libertad Avanza ya anticiparon que buscarán llevar la discusión hacia IOMA y plantear los problemas de cobertura, las deudas con prestadores, las dificultades denunciadas por municipios y las condiciones de acceso a determinados tratamientos.

El movimiento puede transformar una reunión diseñada por el oficialismo para impulsar la agenda sanitaria del gobernador en una sesión de explicaciones sobre uno de los organismos más cuestionados de su administración. Kreplak y Giles sostienen que existe una utilización política del conflicto. Pero ese argumento enfrenta un límite.

La próxima discusión en el Senado mostrará hasta dónde llega ese desgaste. El gobernador sostiene a las autoridades y el Ministerio de Salud insiste en denunciar una ofensiva opositora. Del otro lado, médicos, instituciones, sindicatos, intendentes y legisladores siguen acumulando reclamos.

Y en el medio quedan los 2,5 millones de afiliados que todos los meses aportan obligatoriamente al sistema y que, ante cada prestación que se demora, cada médico que deja de atender o cada servicio que se interrumpe, vuelven a hacerse la misma pregunta: qué está pasando con IOMA y por qué la Provincia todavía no consigue normalizarlo.

Con este dato, la inflación mayorista acumulada en los primeros siete meses del año alcanzó el 16,6%, mientras que la comparación interanual (respecto a julio de 2025) se ubicó en el 31,1%.

El presidente Javier Milei celebró el dato a través de sus redes sociales: “Y al final Julio empezó con 0”. El mandatario no fue el único miembro del Gobierno que se refirió a este hito, puesto que Luis Caputo, la cabeza del Ministerio de Economía, también se expresó en redes sociales. “La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda en X.

Radiografía de los precios: ¿qué empujó la suba?

El incremento del 0,8% en el IPIM fue el resultado neto de comportamientos muy dispares entre los sectores productivos. Según el informe técnico, los productos nacionales subieron un 0,8%, mientras que los productos importados mostraron una mayor contención con un alza del 0,5%.

Dentro de la canasta local, los rubros que más presionaron el índice al alza fueron:

• Energía eléctrica: registró un salto del 5,8%, siendo el componente de mayor suba mensual.
• Productos agropecuarios: mostraron un avance del 3,6%, impactando directamente en la cadena de materias primas.
• Sustancias y productos químicos: con una suba del 2,0%.
• Vehículos automotores y repuestos: incrementaron sus precios un 2,7%.

En contrapartida, el índice general no fue más elevado gracias al comportamiento del rubro Petróleo crudo y gas, que experimentó una fuerte caída del 9,2%. Este retroceso actuó como el principal “ancla” del mes, compensando los aumentos en servicios públicos y alimentos frescos.

Los otros indicadores del sistema

El reporte del INDEC también desglosa otros dos indicadores clave para entender la formación de precios en la puerta de las fábricas:

1. Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB): esta medición, que excluye el efecto impositivo, marcó una suba del 0,8%. En este caso, la variación interanual es levemente inferior, situándose en el 30,2%.
2. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): este indicador, que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo importaciones, subió un 0,9%. Aquí se refleja con claridad el peso de los productos manufacturados (+1,7%) frente a una baja en los productos primarios (-1,0%).

El impacto de la inflación mayorista en el IPC

En la City porteña, los analistas miran de cerca estos datos, ya que los precios mayoristas suelen actuar como un indicador adelantado de lo que sucederá en las góndolas (IPC).

Si bien el 0,8% es una señal positiva de cara a la convergencia inflacionaria, la preocupación persiste en la incidencia de las tarifas eléctricas, que aportaron 0,12 puntos porcentuales al índice general, y en el sector agropecuario, cuya volatilidad suele trasladarse rápidamente a los precios minoristas de alimentos básicos.

Por el momento, el acumulado anual del 16,6% deja al Gobierno con margen para cumplir con sus metas presupuestarias, aunque la resistencia de la inflación interanual a perforar el piso del 30% sigue siendo el principal desafío de la política económica para el segundo semestre.

La aprehensión, confirmada por fuentes del gobierno boliviano a medios del país vecino, se produjo en el marco de la investigación por el ataque a tiros sufrido por su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, ocurrido la noche del lunes. Según la última información, el consultor será imputado por tentativa de homicidio, de acuerdo a lo detallado por la Fiscalía en Bolivia.

Según reconstruyeron los diarios bolivianos La Razón y El Deber, Beller recibió tres impactos de bala en las inmediaciones del hotel Swissôtel, en la zona del Canal Isuto de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba alojada.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron a dos sujetos que llegaron disfrazados de repartidores de delivery, dispararon contra la mujer y luego escaparon en una motocicleta distinta a la que habían utilizado para llegar.

Beller permanece internada con diagnóstico reservado; hasta el cierre de esta nota, las autoridades sanitarias no habían difundido un parte médico oficial sobre su estado.

Cerimedo fue reducido por agentes de civil de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y trasladado a dependencias de esa fuerza para prestar declaración. Es señalado como principal sospechoso de haber sido el autor intelectual del ataque, aunque su aprehensión no implica una acusación formal ni una declaración de culpabilidad.

Semanas atrás había trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación sentimental y que, tras una discusión, se habían producido acusaciones cruzadas de violencia.

El propio Cerimedo salió a desmentir esa versión en las últimas semanas. “Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos”, escribió en un posteo en la red social X, donde también sostuvo que “la libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no ampara la mentira, la difamación ni la difusión deliberada de información falsa”.

En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...

En honor a…

— Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) July 25, 2026

Nacido en Mar del Plata, Cerimedo es cofundador de La Derecha Diario y se especializa en estrategia digital y campañas de comunicación política.

Fue una de las figuras centrales, junto con Santiago Caputo, de la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia de la Argentina. También asesoró a Jair Bolsonaro en Brasil, donde fue imputado en la causa por el intento de golpe de Estado que mantiene preso al expresidente brasileño, y participó en campañas de derecha en distintos países de la región, incluida la oposición a la reforma constitucional en Chile.

En Bolivia, Cerimedo se desempeña como asesor cercano al entorno del presidente Rodrigo Paz, aunque sin un cargo oficial formal, un rol que había generado críticas y pedidos de informes de parte de legisladores locales.

En la Argentina, Cerimedo es además un testigo relevante en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El aumento del precio internacional del petróleo permitió a las provincias, que vienen con ingresos golpeados por la caída de la recaudación y las transferencias discrecionales. Sin embargo, el crecimiento está fundamentalmente explicado por el boom productivo que registran los hidrocarburos, en particular Vaca Muerta, que alcanzó una producción de más de 700.000 barriles diarios, lo que acercó en junio a la producción local al millón de barriles.

A valores constantes, las regalías por la producción de petróleo crudo tuvieron un aumento del 30% acumulada hasta junio de este año. Esto impulso la recaudación por regalías en general (19% interanual), ya que las de gas tuvieron un descenso del 10%, según observó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En el caso de algunas provincias, esto implicó que los ingresos por regalías ganen peso significativo respecto de los ingresos provinciales.

En el caso de Neuquén, en 2025 las regalías explicaron el 28% de los ingresos provinciales, superando por mucho al resto de los estados subnacionales que se ubican entre el 18% (Chubut), y el 1% (La Pampa).

Las regalías en la provincia de mayor crecimiento, tanto en producción hidrocarburífera como económica, varían entre los pozos convencionales y los no convencionales. Los primeros tienen un tributo del 15%, mientras que los segundos uno del 12%. Así, los ingresos de la provincia en concepto de regalías por petróleo treparon un 54% en lo que va del año, más que compensando la caída que registraron las de gas (-7%).

El resto de las provincias registran variaciones en sus regalías. Por caso, Chubut aplicaba una regalía el 7%, aunque avanzó con distintas bajas puntuales del tributo.

Son pocas las provincias que también registraron subas en su recaudación por el impuesto aplicado a la extracción de recursos naturales. Es el caso de Chubut, que vio un aumento cumulado del 4%, La Pampa (6%), Mendoza (2%), y Rio Negro (6%). Solo el crecimiento de Neuquén en esta materia hizo que a nivel nacional la suba total de lo recaudado aumentara un 30% en el acumulado respecto del mismo período del año anterior. La provincia gobernada por Rolando Figueroa explica el 64% de la recaudación total en este concepto.

Estos ingresos tienen una doble función. Por un lado, muchas provincias que necesitan colocar deuda en el mercado internacional lo hacen poniendo como garantías las regalías petroleras.

Por otro lado, vienen a suplir la caída en las transferencias del Estado nacional, explicadas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y por las menores transferencias. En los primeros siete meses del año, las transferencias no automáticas a provincias tuvieron una baja del 62,8% interanual, mientras que las transferencias automáticas suman una baja del 1,3%, según Politikon Chaco.

Producción

Desde la OPC observaron también un aumento en la producción total, explicado fundamentalmente por el desempeño de Neuquén ya que otras provincias, con mayor presencia de campos maduros (de los cuales YPF comenzó a retirarse por considerar que su rendimiento estaba llegando a su fin), tuvieron caídas.

En el caso del petróleo crudo, la producción en Neuquén creció un 32% en lo que va del año, mientras que en 2025 representó el 64% de la producción nacional. En el primer semestre de 2026, todas las otras provincias productoras tuvieron caídas interanuales.

Algo similar ocurrió respecto del gas natural. Todas tuvieron caídas en lo que va del año, aunque la de Neuquén fue de menor magnitud (-4%), mientras que el mayor desplome se registró en La Pampa (-63%).

La apuesta del sector es que la producción y exportación encuentre un giro a partir del año próximo, principalmente por la llegada de los barcos licuefactores del consorcio Southern Energy y del Argentina LNG de YPF con empresas internacionales. Desde el sector estiman que las exportaciones comenzarán el año que viene, mientras que en el caso de YPF especulan que el proyecto estará plenamente operativo desde 2031.

El monto se encuentra por debajo de los máximos registrados en 2021 y 2022, cuando las retenciones alcanzaron los u$s 8373 millones y u$s 9101 millones, respectivamente.

La Bolsa de Comercio de Rosario resaltó que en esos años “los precios internacionales de los commodities agrícolas alcanzaron sus máximos históricos al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Aun así, la recaudación proyectada para 2026 se ubicaría un 50% por encima del mínimo de 2023, cuando la sequía redujo los volúmenes exportados y, en consecuencia, también la recaudación por derechos de exportación.

Para este año, la BCR prevé que el complejo sojero —que incluye poroto, harina, aceite y biodiésel— aporte u$s 3275 millones.

Le siguen el maíz, con u$s 754 millones; el trigo, con u$s 324 millones; el girasol, con u$s 158 millones; y la cebada y el sorgo, con u$s 79 millones y u$s 22 millones, respectivamente.

El impulso del segundo semestre

En el primer semestre del año, los seis principales complejos del agro aportaron u$s 1881 millones en concepto de retenciones, una caída del 51% frente a los u$s 3804 millones del primer semestre de 2025.

¿Cuál es el trasfondo? La comparación interanual está condicionada por dos factores excepcionales que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, “alteraron el patrón habitual de declaración y tributación”.

En primer lugar, el Gobierno anunció a comienzos del año pasado un esquema de baja temporal de los derechos de exportación para los principales granos (soja, maíz, trigo, girasol y sorgo, entre otros). La medida estuvo vigente entre febrero y junio, lo que incentivó al sector a anticipar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

“Ese mayor volumen declarado más que compensó las menores alícuotas y precios, apuntalando la recaudación del primer semestre de 2025 y elevando así la base de comparación contra la que hoy se mide 2026”, remarcó la BCR.

Un segundo factor fue la eliminación temporaria de los derechos de exportación en septiembre de 2025. En un contexto de alta presión en el mercado cambiario, el Ejecutivo adoptó una medida de “corto plazo” a pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre.

En ese entonces, se estableció la suspensión de las retenciones para todos los granos (soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos) hasta fines de octubre. El beneficio llegó a su fin —en apenas tres días— cuando los exportadores presentaron ventas al exterior equivalentes a u$s 7000 millones.

“Esto comprimió la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025, que tocó los u$s 861 millones y, al mismo tiempo, consumió parte del volumen que, bajo un patrón normal, se habría declarado y tributado a comienzos de 2026”, recordó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Aun así, el segundo semestre ayudaría a compensar la menor tributación de los primeros seis meses. Entre julio y diciembre, se estima que el aporte del sector ascendería a u$s 2731 millones, más que triplicando la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025 y llevando la recaudación total de 2026 a u$s 4613 millones.

Cabe recordar que, en lo que va de 2026, ya rigió la reducción permanente de alícuotas de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos, dispuesta a comienzos de diciembre de 2025.

“Si bien ello implica una menor tributación por unidad exportada respecto de la vigente durante buena parte del año anterior, el aumento en el volumen exportado por las cadenas del agro compensa dicha reducción y contribuye a estabilizar el resultado fiscal entre años”, aclaró la BCR.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y derivados industriales alcanzaron un volumen récord de 69 millones de toneladas, en línea con una demanda que viene absorbiendo granos en niveles récord.

Entre los cultivos destacados se encuentran el trigo, con exportaciones por 11,7 millones de toneladas (70% por encima del promedio de los últimos años), y el girasol, con envíos por 5 millones de toneladas (el doble de sus despachos habituales).

Baja de retenciones

Recientemente, el Gobierno puso en marcha una reducción de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación aplicados al trigo y la cebada. La medida comenzó a regir en junio, con una alícuota que quedó establecida en 5,5%.

Para el resto de los cultivos (soja, maíz, girasol y sorgo), se estableció un esquema progresivo que se iniciará en enero de 2027 y finalizará en diciembre de 2028:

Soja y sus derivados

El cronograma prevé una baja mensual de 0,25 puntos porcentuales desde enero de 2027 y de 0,5 puntos porcentuales mensuales a partir de enero de 2028. A fines de 2027, la alícuota de la soja quedará en 21%, mientras que a fines de 2028 se ubicará en 15%.

En cuanto a los subproductos sojeros (por ejemplo, harina y aceite), la alícuota quedará en 19,5% en 2027 y en 13,5% en 2028. El biodiésel, en cambio, quedará en 18% y 12%, respectivamente.

Maíz y sorgo

La reducción será de 0,25 puntos porcentuales por trimestre. De esta manera, en el primer trimestre de 2027, las alícuotas bajarán de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%.

En 2028, en tanto, el recorte será de 0,5 puntos porcentuales por trimestre, por lo que ambos cultivos cerrarán el año con una alícuota del 5,5%.

Girasol

Tendrá un esquema semestral. Pasará del 4,5% actual al 4,25% en el primer semestre de 2027 y, luego, al 4% en la segunda mitad del año.

Durante 2028, la reducción será de 0,5 puntos porcentuales por semestre: bajará a 3,5% en los primeros seis meses y terminará el año en 3%.

El recorrido muestra una aceleración clara. A mediados de 2025, los documentos oficiales registraban apenas cuatro proyectos aprobados por más de u$s 12.000 millones. Para junio de 2026, la plataforma oficial del Ministerio de Economía informaba 16 iniciativas aprobadas por u$s 29.892 millones y otras 25 en evaluación por u$s 111.037 millones.

Las cifras continuaron modificándose a medida que el comité evaluador incorporó nuevas iniciativas. Las notas analizadas posteriormente registran 19 megaproyectos aprobados distribuidos en diez provincias y compromisos superiores a u$s 30.000 millones, mientras nuevos desarrollos siguieron ingresando al régimen.

La fotografía, por eso, cambia según la fecha de corte. No se trata necesariamente de inconsistencias: las distintas cifras reflejan un proceso en movimiento, con proyectos que pasan de evaluación a aprobación y otros que recién ingresan al sistema.

Del arranque gradual a una cartera multimillonaria

El RIGI nació como uno de los capítulos centrales de la Ley Bases, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y un esquema de estabilidad de largo plazo destinado a inversiones de gran escala. Su reglamentación definió los sectores habilitados y las condiciones que debían cumplir los Vehículos de Proyecto Único para acceder al régimen.

El primer año tuvo un avance gradual. Los proyectos iniciales permitieron comprobar qué sectores estaban dispuestos a utilizar el instrumento: energía, petróleo y gas y minería aparecieron rápidamente como los principales demandantes.

Esa tendencia se profundizó durante el segundo año. Entre los desarrollos incorporados aparecen proyectos de cobre, litio y oro; infraestructura petrolera y gasífera; generación renovable y producción de gas natural licuado.

La concentración sectorial es uno de los rasgos más claros del balance. Un relevamiento del Observatorio del RIGI calculó que, a mayo de 2026, más del 98% del volumen de inversión anunciado correspondía a minería e hidrocarburos. Dentro de ese universo, el petróleo representaba u$s 34.150 millones, el cobre u$s 31.313 millones, el GNL u$s 22.847 millones y el litio u$s 14.283 millones.

El cobre y el litio cambiaron la escala minera

La minería se transformó en uno de los principales motores del régimen. En litio, el RIGI incorporó proyectos en Salta, Catamarca y Jujuy, mientras el cobre abrió una nueva escala de inversiones.

Entre las aprobaciones aparece la segunda etapa de Sal de Oro, de la surcoreana Posco, en Salta y Catamarca. La inversión prevista ronda los u$s 547 millones y busca ampliar la producción de carbonato de litio para exportación.

También ingresó Tres Quebradas, en Catamarca, operado por Liex, del grupo chino Zijin Mining. El proyecto contempla una inversión de u$s 709 millones, una capacidad de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y exportaciones estimadas en alrededor de u$s 400 millones por año. Su aprobación marcó además el primer ingreso al RIGI de una empresa de capitales chinos.

Pero el salto más significativo provino del cobre. Vicuña, en San Juan, elevó la escala potencial con un plan que contempla inversiones de largo plazo por hasta u$s 18.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó inversiones mineras por casi u$s 10.000 millones vinculadas con la provincia y el impacto esperado sobre las exportaciones. El resultado es que, en apenas dos años, el RIGI pasó de tener una cartera inicial relativamente acotada a quedar estrechamente vinculado con el desarrollo futuro del cobre y el litio argentino.

Vaca Muerta, el otro motor

La energía explica la otra mitad de la expansión. El crecimiento de la producción de Vaca Muerta generó la necesidad de sumar infraestructura para transportar petróleo y gas y, al mismo tiempo, abrió la posibilidad de desarrollar una plataforma exportadora de mayor escala.

Entre los proyectos impulsados bajo el régimen aparecen infraestructura de transporte de crudo, generación eléctrica, ampliaciones gasíferas y producción de GNL. El denominador común es la búsqueda de capacidad adicional para transformar el aumento de la producción en mayores exportaciones.

El RIGI también fue ampliado para incorporar nuevos desarrollos de producción de petróleo y gas, con un piso de inversión de u$s 600 millones para determinados proyectos onshore. En febrero de 2026, además, el Gobierno prorrogó por un año el período de adhesión, hasta julio de 2027.

La extensión del régimen muestra un cambio respecto del diseño inicial: el Ejecutivo decidió mantener abierta la ventana para captar proyectos que requieren períodos prolongados de estructuración financiera y técnica.

El proyecto que lleva el RIGI a otra dimensión

Ese proceso alcanzó una nueva escala con Argentina LNG, el proyecto encabezado por YPF junto con ENI y XRG.

La iniciativa fue presentada al régimen con una inversión proyectada de u$s 51.000 millones, lo que la convierte en la mayor propuesta de inversión vinculada al RIGI entre los documentos analizados. El plan prevé desarrollar una cadena integrada para transportar el gas de Vaca Muerta, licuarlo y exportarlo desde Río Negro.

El proyecto contempla una capacidad aproximada de 12 millones de toneladas anuales de GNL y estima exportaciones de hasta u$s 30.000 millones por año durante dos décadas. También proyecta alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción y unos 4000 durante la operación.

Hay, sin embargo, una diferencia fundamental con los proyectos que ya recibieron aprobación: los u$s 51.000 millones corresponden a una iniciativa presentada y no pueden contabilizarse como inversión aprobada ni como desembolso realizado.

La distinción explica por qué las cifras globales del RIGI pueden diferir significativamente según se consideren únicamente proyectos aprobados, solicitudes en evaluación o grandes inversiones anunciadas.

La prueba de los dólares que efectivamente ingresan

Después de dos años, esa diferencia se convirtió en el principal punto para evaluar el régimen.

Los proyectos aprobados representan compromisos de inversión que se ejecutarán durante varios años. Una mina de cobre, un oleoducto o una planta de licuefacción requieren ingeniería, permisos, financiamiento, contratación, construcción y puesta en marcha antes de alcanzar plena operación.

Por eso, el volumen de inversiones anunciado no equivale al ingreso inmediato de divisas. El propio balance del primer año ya mostraba esa brecha entre los montos comprometidos y los dólares efectivamente desembolsados.

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Un relevamiento basado en información pública obtenida en abril de 2026 señaló que, para los primeros 12 proyectos aprobados, el Gobierno preveía desembolsos por u$s 1920 millones durante los primeros dos años. El número es sustancialmente menor que los montos totales comprometidos, aunque debe interpretarse dentro de cronogramas de inversión que en muchos casos se extienden durante varios años.

Esa diferencia no implica por sí sola que los proyectos no vayan a ejecutarse. Sí establece una frontera entre dos maneras de medir el RIGI: por el volumen potencial de inversiones que consiguió atraer o por el capital que ya se transformó en actividad económica concreta.

Las primeras obras empiezan a modificar el balance

El segundo año comenzó a aportar otro indicador: algunos proyectos dejaron de ser solamente compromisos de inversión.

El Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, se convirtió en el primer proyecto aprobado bajo el RIGI en entrar en operación. Su primera etapa comenzó a funcionar en diciembre de 2025 y la inauguración formal se realizó en 2026. La inversión total ronda los u$s 212 millones.

Ese paso es relevante porque abre una nueva fase para evaluar el régimen. A medida que más iniciativas entren en construcción y posteriormente en producción, el análisis podrá desplazarse desde los montos anunciados hacia indicadores concretos: inversión ejecutada, empleo generado, producción adicional y exportaciones.

La cartera también muestra que el impacto será desigual en el territorio. Las provincias con recursos mineros y aquellas vinculadas con Vaca Muerta concentran una porción sustancial de los proyectos, mientras que otras jurisdicciones tienen una participación mucho menor.

Dos años después, el RIGI entra en su etapa decisiva

El balance de los primeros dos años presenta así dos caras.

Por un lado, el régimen consiguió conformar una cartera multimillonaria de proyectos, atraer empresas internacionales y nacionales y colocar bajo un mismo esquema desarrollos que pueden modificar la capacidad exportadora de minería y energía. La incorporación de nuevos proyectos y la presentación de Argentina LNG muestran que el flujo de iniciativas no se agotó después del lanzamiento.

Por otro, todavía existe una distancia considerable entre inversión proyectada, inversión aprobada y desembolsos efectivos. Esa brecha será cada vez más importante para medir el resultado económico del programa.

El Gobierno decidió extender la adhesión hasta 2027 y ampliar las actividades alcanzadas. También incorporó infraestructura ferroviaria y abrió el régimen a nuevos desarrollos de hidrocarburos, una señal de que la política seguirá ocupando un lugar central dentro de su estrategia para captar capital. Los primeros dos años, entonces, permitieron construir la cartera. La siguiente etapa será la de la ejecución. El resultado del RIGI ya no dependerá solamente de cuántos miles de millones de dólares acumulen los anuncios, sino de qué proporción de esos proyectos consigue financiamiento, inicia obras, entra en producción y genera el salto exportador con el que fue concebido el régimen.

Del otro lado del mostrador, el peronismo sigue sin un candidato que la unifique. Axel Kicillof lidera la intención de voto opositora, pero un 37% no reconoce todavía un referente claro. Con ese telón de fondo, el informe repasa cómo se posicionarían el Presidente y el gobernador bonaerense en una hipotética primera vuelta y en un balotaje.

Ni los libertarios ni el peronismo predominarían en una primera vuelta

En la consulta directa por las presidenciales de 2027, un 32% de los argentinos todavía no definió su voto. La Libertad Avanza encabeza las preferencias con 29%, seguida por el peronismo kirchnerista con 20%, según el relevamiento de Opinaia. Ningún otro espacio, ni el PRO ni el Frente de Izquierda, logran superar el 9% de manera individual.

El fenómeno se repite, aunque más atenuado, en el escenario de balotaje. Frente a Kicillof, Milei se impone 47% a 30%, pero un 23% dice no saber a quién votar. Ese bloque de indecisos no es un dato menor: puede terminar definiendo una elección que hoy luce favorable al oficialismo.

Ya otras mediciones registraron el mismo fenómeno, aunque con niveles más bajos, lo que sugiere una tendencia creciente. En junio, en plena crisis por el caso Adorni, la consultora Proyección midió apenas un 7,9% de indecisos en un balotaje entre ambos dirigentes, con un empate casi perfecto entre Kicillof y Milei.

Semanas más tarde, otro relevamiento ya ubicaba en 16% a quienes no sabían todavía qué opción elegir en la primera vuelta. Hoy, según el estudio de Opinaia, ya casi duplica ese registro previo.

El podio de imagen: a quiénes les va mejor y a quiénes peor

La foto de imagen de dirigentes confirma quién conserva mejor posicionamiento dentro del oficialismo. Patricia Bullrich encabeza el ranking con un diferencial neto de apenas -3 puntos, la medición menos negativa de todo el informe, por delante incluso del propio Presidente.

Detrás de la ministra de Seguridad aparece Javier Milei, con un diferencial de -8 puntos, y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, con -12.

Para encontrar una libertaria de origen, más allá de su distanciamiento actual con el Presidente, hay que ir al cuarto lugar donde aparece Victoria Villarruel. La vicepresidenta completa el póker de mejor imagen dentro del oficialismo con -14 puntos.

En la vereda opositora, el panorama es más adverso. Axel Kicillof acumula un diferencial de -40 puntos y Cristina Kirchner de -37, lejos sin embargo del rechazo que enfrentan Máximo Kirchner (-58) y Juan Grabois (-56), los peor posicionados de todo el ranking. Ningún referente peronista logra colarse entre los mejor evaluados del informe.

Desempleo y pobreza desplazan a la corrupción de la agenda

El desempleo volvió a ser la principal preocupación de los argentinos. Trepó al 63%, siete puntos más que en la medición anterior, uno de los registros más altos de toda la serie histórica de Opinaia. La pobreza acompañó esa suba y también avanzó siete puntos, hasta el 59%.

La corrupción, en cambio, retrocedió con fuerza. Cayó nueve puntos hasta el 47%, después de haber ganado terreno de forma sostenida en los meses previos, cuando el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni dominaba la agenda política y mediática del país.

La salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete, oficializada a fines de junio con el arribo de Diego Santilli, coincidió con el desinfle de esa preocupación en el humor social. El problema que amenazaba con instalarse como prioritario perdió peso frente al humor económico, que vuelve a marcar la agenda.

La inflación acompaña esa baja y retrocede siete puntos, hasta el 37%, mientras la inseguridad se mantiene casi estable en 40%. El humor económico, no la corrupción, vuelve a marcar el pulso político de cara a un año electoral que promete definirse, otra vez, entre Milei y Kicillof.

El repliegue de la corrupción no es parejo entre todos los electorados. Entre los votantes del Frente de Izquierda y de Provincias Unidas, el problema conserva mayor peso relativo que entre los propios votantes de La Libertad Avanza, donde hoy pesa más la preocupación por la inseguridad.