La medida fue confirmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien adelantó que el Poder Ejecutivo reglamentará el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta modificación no solo fijará un formato obligatorio para los recibos, sino que implicará un cambio estructural en la manera en que se presenta la información salarial.

La medida forma parte de un paquete más amplio de transformaciones que ya comenzó a aplicarse. De hecho, el Gobierno homologó recientemente la primera paritaria bajo el nuevo régimen laboral, correspondiente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), lo que marca un avance concreto en la implementación de las nuevas reglas.

Cómo será el nuevo recibo de sueldo

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la transformación en la lógica de construcción del recibo. Hasta ahora, el esquema partía desde el salario bruto y avanzaba hacia el monto neto a cobrar. Con el nuevo modelo, ese orden se invierte por completo.

El recibo pasará a estructurarse de la siguiente manera:

• Costo laboral total
• - Contribuciones patronales
• = Remuneración bruta
• - Aportes personales
• = Neto a cobrar

Este nuevo esquema implica que, por primera vez, quedará explicitado el costo total que un empleador paga por cada trabajador. Es decir, no solo se verá el salario, sino también todo lo que la empresa abona por fuera del sueldo directo.

La reglamentación también establecerá cuáles serán los datos obligatorios, cómo deberá organizarse el recibo y qué formatos oficiales se utilizarán.

Más transparencia: qué información será obligatoria

La reglamentación del artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo también incorporará el inciso j), que establece la obligación de detallar todas las contribuciones y conceptos abonados por el empleador. Entre ellos, se incluyen:

• Aportes al SIPA
• Contribuciones a PAMI
• Asignaciones familiares
• Fondo Nacional de Empleo
• ART
• Seguros
• Contribuciones establecidas por convenios

Cada uno de estos ítems deberá figurar con el monto exacto correspondiente a cada trabajador, algo que hasta ahora no siempre estaba claramente especificado.

Qué tenés que controlar desde ahora

Con la llegada de este nuevo esquema, los trabajadores deberán comenzar a prestar mayor atención a sus recibos de sueldo. Estos son los puntos clave a revisar:

• Costo laboral total: será el dato más nuevo y relevante
• Diferencia entre bruto y neto: entender cómo se aplican los descuentos
• Aportes personales: verificar jubilación, obra social y otros
• Contribuciones del empleador: controlar que estén detalladas correctamente
• Conceptos no remunerativos: identificar pagos que no impactan en aportes

El recibo se convertirá así en una herramienta central para comprender no solo cuánto se cobra, sino cuánto cuesta el trabajador dentro del sistema formal.

La propuesta de la firma Jan de Nul, presentada bajo su controladora local Compañía Sudamericana de Dragados, se impuso en la Licitación Pública N° 23/2025, una oferta 35% por debajo del presupuesto oficial.

El proyecto contempla el dragado de 550.000 metros cúbicos en sectores críticos como el Canal de Pasaje y el Antepuerto Norte, con un plazo de ejecución estipulado en 140 días corridos.

Según informó la empresa adjudicataria, uno de los puntos más destacados del dictamen fue la eficiencia económica de la oferta. Con un presupuesto propuesto de u$s 4.955.307,43, Jan De Nul se posicionó un 35,14% por debajo del presupuesto oficial estimado por el Estado nacional.

La compulsa técnica y económica dejó atrás las otras dos competidoras: Dredging International NV (DEME) que Presentó una oferta de u$s 6.718.702 y Dragados Argentinos S.A. (DASA S.A.) que cotizó la obra en u$s 6.943.836,28.

De esta manera, la presentación de Jan De Nul fue un 27% más económica que la de su competidor más cercano.

“Según surge del Dictamen de Pre Adjudicación, la propuesta de Jan de Nul fue considerada válida, conveniente y ajustada a las condiciones técnicas y económicas establecidas en el pliego, superando técnica y económicamente a sus otros dos oferentes”, destacó la empresa.

Infraestructura portuaria

La obra es considerada estratégica para garantizar la seguridad en la navegación y la eficiencia de los accesos marítimos.

Desde la compañía que también compite por la adjudicación de las obras de dragado y mantenimiento en la Hidrovía, señalaron la importancia de modernizar la infraestructura portuaria argentina.

“La eficiencia de los accesos marítimos y fluviales se vuelve cada vez más determinante para la competitividad de las exportaciones”, resalto la empresa.

“Con experiencia internacional en obras vinculadas a vías navegables, puertos y energía offshore, Jan De Nul continúa desarrollando soluciones de ingeniería para responder a los desafíos de infraestructura que demandan los principales puertos y corredores logísticos del mundo”, destacó.

El régimen permite que PyMEs, monotributistas y nuevos exportadores despachen mercadería al exterior a través de operadores logísticos habilitados, con trámites simplificados.

La resolución introduce tres cambios principales: amplía quiénes pueden acceder, elimina topes para ciertos productos y extiende los estímulos exportadores a todas las operaciones del régimen.

Exporta Simple: qué cambia respecto de la resolución original

La RG original, que data de 2019, puso en marcha el programa con límites de u$s 600.000 anuales y u$s 15.000 por operación para todos los exportadores sin excepción.

La norma conocida hoy los levanta para un universo amplio de PyMEs al establecer que solo regirán cuando los bienes tienen derechos de exportación superiores al 0% en el régimen general al momento de oficializar la destinación.

Los productos sin retenciones quedan libres de cualquier tope de facturación anual o por operación. Este el cambio más significativo que introduce la resolución.

Además, la norma actualiza los requisitos fiscales de acceso: incorpora a contribuyentes inscriptos en Ganancias, que antes quedaban fuera del régimen.

Por otra parte, la RG de 2019 exigía ser responsable inscripto en IVA o monotributista. La nueva norma suma el alta en Ganancias como condición válida para operar dentro del régimen.

Un detalle de la nueva normativa es que se elimina el canal diferenciado para envíos de hasta 20 kg y u$s 2000 exclusivo del Correo Argentino.

El artículo 5° también se reformula: todas las operaciones del régimen acceden ahora a los estímulos a la exportación, sin la excepción que antes pesaba sobre los envíos pequeños.

La RG 5846 entrará en vigor a los 20 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial, fechado el 14 de mayo de 2026.

A quiénes benefician los cambios en el régimen

Ante la consulta de El Cronista, desde la Secretaría de Producción explicaron que el principal beneficiado es el exportador de bienes sin derechos de exportación: software, manufactura industrial, artesanías, indumentaria y productos similares con alícuota 0%.

“Esos sectores operaban con los mismos topes que los productos con retenciones, aunque no pagaran ningún derecho de exportación. La reforma elimina esa asimetría", señalaron.

También se benefician quienes tributan solo por Ganancias. “Son personas físicas o jurídicas que antes no podían ingresar al régimen por no estar en IVA ni en el monotributo", añadieron.

Los exportadores de envíos pequeños ganan también: ahora acceden a los estímulos a la exportación que la norma anterior les negaba expresamente.

En términos más amplios, la reforma apunta a incorporar nuevos actores al comercio exterior formal, en línea con el objetivo del DNU 70/2023 de eliminar barreras burocráticas.

El Correo Argentino pierde su canal exclusivo

La derogación del artículo 7° impacta directamente sobre CORASA (Correo Oficial de la República Argentina), que perdió el canal exclusivo que le otorgaba la norma original.

Ese artículo reservaba para el Correo Oficial el despacho de envíos de hasta 20 kg y u$s 2000, con una declaración simplificada propia bajo normas de la UPU.

A partir de la vigencia de la nueva resolución, CORASA competirá en igualdad de condiciones con los demás operadores logísticos habilitados por ARCA.

El segmento de envíos pequeños —el más masivo del régimen— era el nicho donde el Correo tenía ventaja competitiva regulatoria garantizada. Esa ventaja desaparece.

La medida refuerza la política de competencia en logística exportadora, aunque el impacto real dependerá de la capacidad de los privados de absorber ese volumen de pequeños envíos.

La principal novedad es que se eliminarán tanto el límite de u$s 15.000 por operación como el tope anual de u$s 600.000 por exportador, una modificación que apunta a darle mayor escala al sistema y facilitar que más PyMEs puedan vender al exterior.

“Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar la medida.

Según explicó el funcionario, el sistema permite gestionar exportaciones “100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados”. Además, destacó que durante 2025 más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos distintos mediante este esquema.

Entre los productos enviados al exterior aparecen artículos de cuero, paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems.

Qué cambia con Exporta Simple

Hasta ahora, el régimen tenía dos restricciones centrales: cada operación no podía superar los u$s 15.000 FOB y cada exportador tenía un límite anual acumulado de u$s 600.000.

Con los cambios anunciados por Economía, ambos topes dejarán de existir. Esto permitirá que empresas que ya utilizan el sistema puedan continuar exportando bajo el esquema simplificado aun cuando aumenten el volumen de sus ventas al exterior.

Yanina Lojo, titular de Consultora Lojo y especialista en comercio exterior, explicó que la modificación “apunta a darle escala al régimen y transformarlo en una herramienta más relevante para el ecosistema PyME argentino”.

Según detalló, uno de los problemas que tenía el esquema era que muchas empresas debían abandonar rápidamente el sistema simplificado cuando empezaban a crecer sus exportaciones.

Qué es Exporta Simple

Exporta Simple es un régimen creado para facilitar exportaciones de menor complejidad operativa y reducir las barreras burocráticas para pequeños exportadores. El sistema funciona a través de Operadores Logísticos Exporta Simple (OLES), empresas habilitadas para gestionar la logística y la declaración aduanera de las operaciones.

El objetivo es ampliar la base exportadora argentina y permitir que emprendedores, profesionales y pequeñas empresas puedan comenzar a exportar sin necesidad de contar con grandes estructuras administrativas.

Cómo acceder al régimen, paso a paso

El procedimiento fue diseñado para ser completamente digital y con menor carga administrativa.

El primer paso es ingresar al portal de Exporta Simple y cargar los datos personales, la información del producto y los datos del cliente del exterior. Luego, el sistema permite solicitar cotizaciones a distintos operadores logísticos habilitados, que compiten ofreciendo costos y servicios.

Una vez elegido el operador, el portal emite el Documento de Exportación Simplificada (DES), que habilita la emisión de la factura de exportación mediante las herramientas de ARCA. Después, el exportador entrega la mercadería y el operador se encarga del despacho y de registrar la operación aduanera.

Quiénes pueden utilizarlo

El régimen puede ser utilizado por responsables inscriptos, monotributistas, pequeñas empresas y emprendedores que cuenten con CUIT activa, clave fiscal nivel 3 o superior y alta impositiva correspondiente.

Uno de los principales beneficios es que no requiere inscripción como importador-exportador en los registros especiales aduaneros. Además, todo el proceso se realiza de manera online.

Otro punto relevante es que desde el Decreto 783/2021 las operaciones realizadas bajo Exporta Simple tienen una alícuota del 0% de derechos de exportación.

Qué productos pueden exportarse

El sistema está pensado para mercadería comercializable de menor complejidad operativa. Sin embargo, existen algunas exclusiones, como bienes con prohibiciones o cupos de exportación, productos sujetos a controles aduaneros especiales, mercadería vinculada a importaciones temporarias y concentrados minerales.

Qué impacto esperan en el sector

Desde el sector de comercio exterior consideran que la eliminación de los topes puede impulsar especialmente a las economías regionales, al e-commerce internacional y a pequeños productores que buscan comenzar a exportar.

Para Lojo, la medida puede ayudar a “formalizar y sostener proyectos exportadores en crecimiento”, aunque advirtió que todavía existen desafíos estructurales para la internacionalización PyME, como el acceso al financiamiento, la infraestructura y el cumplimiento de estándares internacionales.

Con la publicación en el Boletín Oficial este jueves mediante la Resolución General Conjunta 5846/2026, la fecha efectiva de entrada en vigencia del nuevo esquema se establece para dentro de 20 días hábiles a partir de hoy.

Luego del encuentro de la Mesa Política el martes por la tarde, la agenda de Adorni se reactivó con un encuentro al mediodía en su despacho con el ministro de Salud, Mario Lugones. Desde el Gobierno informaron que se trató de una cita de seguimiento de las que suelen agendar cada dos semanas como parte de la rutina de la cartera, sin brindar mayores detalles al respecto.

A comienzos de semana, trascendieron datos de la auditoría que encaminó Lugones desde los primeros días de la intervención de la vieja Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hoy convertida en una secretaria bajo si órbita, en manos de Alejandro Vilches. El reporte acusaba sobreprecios de hasta el 4239 por ciento en la compra de insumos ortopédicos en relación al costo de mercado, entre otros datos llamativos.

La causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Piccardi tiene a Diego Spagnuolo procesados, junto a su número dos, Daniel Garbellini, el presunto enlace con los empresarios, Miguel Calvete, y 11 firmas del rubro de la salud. Apunta a un esquema de presuntas licitaciones direccionadas por un total que supera los $70 mil millones.

Por la tarde, Adorni tenía previsto recibir a la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según pudo saber El Cronista, la agenda oficial gira en torno a una serie de temas prioritarios para la sucesora de Patricia Bullrich como los vuelos de tránsito ilegal (TAI) con foco en Santa Fe, las listas de personas inadmitidas para asistir al Mundial, la lista de deudores alimentarios y el futuro de la obra social de las fuerzas federales, tras la virtual disolución de IOSFA.

En medio de ese escenario, Adorni buscará mañana recuperar centralidad política con un viaje exprés a Mendoza mientras la oposición buscará quórum para emplazar a las comisiones de la Cámara de Diputados a tratar un pedido de interpelación al jefe de gabinete.

El funcionario acompañará al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín, en la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en Las Heras, considerado el primer proyecto desarrollado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por ahora, el evento se resumiría al acto de inauguración y un recorrido por el lugar.

El anfitrión de la visita será el propio gobernador Alfredo Cornejo. No es un dato menor. El mandatario mendocino se consolidó como uno de los principales aliados políticos de la Casa Rosada y mantiene diálogo fluido con la mesa electoral que encabeza Karina Milei junto a Eduardo “Lule” Menem. En las municipales de febrero, los libertarios confluyeron con el frente Cambia Mendoza y se impusieron en tres de los seis departamentos en disputa.

En Balcarce 50 piensan el vínculo con Cornejo con una idéntica proyección electoral para 2027, aunque no esté dicha la última palabra. Hoy La Libertad Avanza funge a nivel local como un aliado circunstancial, con mayores reservas que las que se evidencian en la Casa Rosada. No renuncian a la posibilidad de imponer a Luis Petri como cabeza de una fórmula conjunta, dado que Cornejo no tiene reelección.

Los cruces entre la periodista Cristina Pérez y el jefe de Gabinete -alguna vez amigos y compañeros de radio- respecto al viaje del funcionario a Aruba dejaron al diputado y ex ministro de Defensa en una situación incómoda. Tampoco contribuyó que su nombre fuera puesto a circular en la quiniela de posibles reemplazos para el ministro-coordinador.

Hay quienes aseguran que eso puede costarle su lugar en el esquema de construcción territorial en Mendoza que hoy privilegia el entendimiento con Cornejo. De hecho, al momento de la publicación de este artículo, Petri no figuraba entre los invitados al acto con Adorni y el mandatario pese a haber sido cabeza de lista en 2025.

La causa contra Adorni: la nueva declaración que lo complica y por qué imputaron a su hermano Francisco

En ese contexto, la actividad de Mendoza buscará enviar un mensaje doble. Hacia afuera, mostrar gestión, inversiones y avance del RIGI. Hacia adentro, exhibir que el oficialismo todavía conserva capacidad de articulación política mientras el cerco judicial sobre el entorno de Adorni continúa avanzando como parte del goteo diario.

Hoy pasó por Comodoro Py el propietario de la casa que Adorni alquiló en Indio Cuá, mientras remodelaba su propia unidad con un costo que rondó los u$s 245 mil según el testimonio del contratista Martín Tabar. El testigo José Luis Rodríguez aportó los acuerdos firmados así como los intercambios con el ministro-coordinador entre octubre de 2023 y junio de 2025.

El dato nuevo fue la extensión del alquiler por tres meses con respecto al contrato original sumado a que el jefe de Gabinete ya se había alojado en el arranque de 2024 en la misma residencia bajo la modalidad temporal.

En total, contabilizando los u$s 13 mil del acuerdo de doce meses, los u$s2400 que habría abonado -acorde a versiones periodísticas- por el verano (enero y febrero) de 2024 y los tres meses que sumó al final -abril a junio de 2025-, Adorni pagó cerca de u$s 21 mil por casi 18 meses de alquiler en el country de Exaltación de la Cruz. Todo habría sido saldado en efectivo.

En simultáneo, se amplió el universo familiar del jefe de Gabinete que se encuentra bajo la lupa judicial. Luego que la denuncia contra Bettina Angeletti por los nexos con proveedores del Estado empezara a moverse bajo la tutela del mismo juez de la causa original, Ariel Lijo, y el fiscal Carlos Stornelli, otra acusación por presunto enriquecimiento ilícito dio sus primeros pasos, esta vez con foco en el legislador bonaerense Fracisco Adorni.

El hermano del jefe de Gabinete fue denunciado también por la diputada Marcela Pagano a partir de las sospechas en torno a supuestas inconsistencias patrimoniales en relación con lo declarado en 2024 y 2025. La presentación menciona también el delito de falsedad u omisión maliciosa e incluso un eventual encuadre de lavado, acorde a la evolución del expediente.

En este caso, la causa recayó en el juzgado subrogado por Sebastián Casanello y la fiscalía de Guillermo Marijuan, quien ya imputó al legislador y solicitó levantar el secreto fiscal entre otras medidas de pruebas. Si bien la denuncia hace foco en el crecimiento de bienes y la rápida cancelación de un crédito del BAPRO por $60 millones en solo un año, de fondo lo que promueve como hipótesis es que el legislador estuviera canalizando bienes correspondientes de su hermano.

“La conjunción de los siguientes elementos: (i) el vínculo fraternal directo entre el denunciado y el funcionario investigado en la causa preexistente; (ii) la designación de Francisco Adorni en un cargo estatal coincidente con el ingreso de su hermano a la función pública nacional; (iii) la promoción jerárquica en junio de 2025, cuestionada por su falta de antecedentes específicos; (iv) la cancelación acelerada de un pasivo hipotecario sustancial en doce meses; y (v) la simultaneidad temporal con las maniobras patrimoniales que se investigan en la causa madre” sustentan, al entender de la diputada, el pedido de investigación ante la Justicia.

A su vuelta de Mendoza, el jefe de Gabinete deberá definir si enfrenta o no los micrófonos de la Sala de Prensa de Casa Rosada. Todavía no lo dan por seguro. Tampoco se conoce bajo qué formato se realizará en caso de concretarse.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General Conjunta 5846/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, el régimen tenía una limitación importante: no podían utilizarlo bienes que pagaran retenciones. Con el cambio, esas mercaderías podrán exportarse igualmente mediante Exporta Simple, aunque con límites específicos.

La nueva normativa fija un tope de hasta US$ 15.000 por operación y un máximo anual de US$ 600.000 por exportador.

El esquema está pensado especialmente para:

• pequeñas y medianas empresas,
• emprendedores,
• fabricantes de nicho,
• y exportadores de menor escala que buscan vender al exterior sin atravesar toda la estructura administrativa tradicional del comercio exterior.

Además, la resolución incorpora otro cambio relevante: quienes operen bajo este sistema también podrán acceder a estímulos y beneficios a la exportación previstos para operaciones convencionales.

Desde el Gobierno se amparan en el decreto 70/2003 sostienen que el objetivo es ampliar herramientas de exportación simplificada y reducir fricciones burocráticas para empresas pequeñas que venden productos argentinos al exterior.

Explícitamente se afirma que se busca “reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, así como de la adopción de medidas que promuevan una mayor inserción en el comercio mundial”.

Paso a Paso

Francisco Zoppi, director de Tito Cademartori de Argentina, dialogó con El Cronista y explicó los alcances de la medida.

“Es un régimen de incentivo a pequeños exportadores que pueden hacer envíos de hasta 15 mil dólares, con factura E y hasta 300 kilos. Tienen que ser productos nacionales, no pueden ser importados”, comentó el especialista.

Los interesados, sin inscribirse en como importador-exportador, sino desde el régimen general, se escriben como exportador simple.

“La persona que tiene una web y le piden desde el exterior, le hace el envío. Después tiene todas las regulaciones de la exportación. Si es monotributista al adherirse al Exporta Simple, lo va a poder hacer”, añadió.

La modalidad tiene la posibilidad de recupero de IVA y tiene que cumplir el cupo de 600 mil anuales.

No se necesita un despachante, sino que lo retira el operador logístico: “Es como una especie de courrier, pero en vez de ser de ‘impo’ es para ‘expo’”.

El único problema podría ser sobre barreras en el país de destino que, seguramente, será explicado por la empresa que hace el traslado: “Si vos querés exportar carne premium, seguramente vas a tener otros requisitos”.

Flexibilización de exportaciones chicas pero con retenciones

Hasta ahora, el régimen simplificado no podía utilizarse para mercadería alcanzada por derechos de exportación, incluso cuando se tratara de pequeñas operaciones. Con el cambio, también podrán ingresar productos industriales, agroindustriales y manufacturas que pagan retenciones. Antes el régimen simplificado estaba vedado para mercadería con DEX superiores a 0%.

La norma está pensada para pequeños exportadores. En esas categorías podrían entrar las ecommerce, diseño, alimentos boutique, software/hardware físico, y productos regionales.

Desde cuándo se aplican los cambios de Exporta Simple

A pesar de haber sido publicada en el Boletín Oficial, la resolución conjunta de ARCA y el Ministerio de Economía tiene una fecha posterior de aplicación.

En el texto publicado se informa que la norma entrará en vigencia “a los VEINTE (20) días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial”, es decir, entrado el mes de junio próximo.

Pero el punto clave a la hora de organizar nuestro dinero en el exterior no recae solamente en “tener dólares afuera”, sino por poder demostrar ante ARCA que esos fondos fueron obtenidos de manera lícita, declarados correctamente y son compatibles con la situación patrimonial y fiscal del contribuyente.

En la práctica, muchos problemas aparecen cuando existen depósitos, transferencias o saldos en cuentas extranjeras que no coinciden con:

• Los ingresos declarados
• El patrimonio informado
• Las declaraciones de impuestos
• Los movimientos bancarios habituales de la persona.

Por eso, entender cómo funciona el control fiscal sobre cuentas en el exterior es cada vez más importante.

Tener una cuenta en el exterior no está prohibido

La legislación argentina no impide que una persona residente en el país abra una cuenta bancaria fuera de Argentina, mantenga depósitos en dólares en otro país, utilice brokers internacionales, opere con fintechs extranjeras o cobre servicios mediante plataformas internacionales.

El problema aparece cuando esos activos no son declarados pese a existir obligación fiscal de informarlos.

En Argentina, las personas residentes tributan, en determinados impuestos, por sus bienes y rentas tanto en el país como en el exterior. Esto significa que una cuenta fuera de Argentina puede quedar alcanzada por obligaciones impositivas aun cuando el dinero nunca ingrese físicamente al territorio argentino.

¿Cómo abrir una cuenta en el exterior paso a paso?

Actualmente existen distintas formas de abrir cuentas fuera del país. Algunas entidades exigen presencia física, mientras que otras permiten realizar el trámite completamente online.

El procedimiento varía según el país, el banco o fintech elegido, el tipo de cuenta y la residencia fiscal del solicitante. Sin embargo, el proceso suele incluir etapas similares.

Elegir el tipo de entidad financiera

La primera decisión es definir dónde se abrirá la cuenta. Las opciones más comunes incluyen bancos tradicionales, bancos digitales, fintechs internacionales, plataformas de inversión, brokers financieros o billeteras virtuales.

Cada alternativa tiene distintos niveles de regulación, costos, requisitos y alcances fiscales.

Verificar si aceptan residentes argentinos

No todas las entidades financieras permiten abrir cuentas a personas con residencia fiscal argentina. Antes de iniciar el trámite, conviene revisar si aceptan clientes argentinos, qué documentación solicitan, si existe monto mínimo de apertura y cuáles son las condiciones de mantenimiento.

También es importante verificar si la entidad participa de esquemas internacionales de intercambio automático de información fiscal.

Presentar documentación personal y fiscal

En la mayoría de los casos se solicita pasaporte o DNI, constancia de domicilio, número de identificación fiscal, comprobantes de ingresos y documentación que permita justificar el origen de los fondos.

Muchas entidades aplican procedimientos de “Know Your Customer” (KYC) y normas antilavado, por lo que pueden requerir recibos de sueldo, declaraciones impositivas, certificaciones contables, extractos bancarios o contratos laborales.

En algunos casos también se solicita completar formularios vinculados con la residencia fiscal del titular.

Superar verificaciones de cumplimiento y origen de fondos

La entidad financiera puede analizar la actividad económica, ingresos declarados, historial bancario, movimientos esperados y perfil patrimonial.

Si la información resulta insuficiente o inconsistente, la cuenta puede ser rechazada o quedar limitada para determinadas operaciones.

Activar la cuenta y transferir fondos

Una vez aprobada la apertura, la entidad habilita datos bancarios, acceso digital, tarjetas y mecanismos para recibir transferencias. En esta etapa resulta fundamental conservar comprobantes de transferencias, respaldos bancarios y documentación sobre el origen de los fondos enviados.

¿Cuándo una cuenta exterior debe informarse ante ARCA?

Uno de los principales puntos es el Impuesto sobre los Bienes Personales. Si una persona está alcanzada por este tributo, debe declarar los bienes que posee al cierre del período fiscal, incluyendo activos radicados fuera del país.

Quienes adhirieron al Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) están dispensados de presentar declaración jurada, incluso informativa, por los períodos fiscales 2024 a 2027. Quienes no adhirieron deben seguir presentando normalmente.

La obligación no depende únicamente de haber realizado una transferencia internacional

Lo importante es si el contribuyente supera ese umbral y cuál es el saldo o valuación de sus activos al 31 de diciembre.

¿Qué activos financieros quedan alcanzados?

• Cajas de ahorro
• Cuentas corrientes
• Depósitos bancarios
• Inversiones financieras
• Participaciones en brokers
• Determinadas billeteras virtuales internacionales
• Cuentas remuneradas y otros activos financieros.

En la declaración jurada suelen informarse la entidad financiera, el país de radicación, el tipo de cuenta, el saldo, la moneda y la valuación correspondiente.

El punto clave: justificar el origen del dinero

Desde el punto de vista fiscal, el aspecto más sensible suele ser el origen de los fondos. ARCA puede requerir que el contribuyente demuestre cómo obtuvo esos dólares, cuándo ingresaron a su patrimonio, de qué actividad provienen y si esos ingresos pagaron los impuestos correspondientes.

Normalmente pueden justificarse fondos provenientes de salarios, honorarios, facturación profesional, venta de inmuebles, venta de vehículos, herencias, donaciones, indemnizaciones, ahorros acumulados declarados, utilidades empresarias o inversiones previamente exteriorizadas.

En cambio, cuando aparecen depósitos relevantes sin respaldo documental o incompatibles con los ingresos declarados, pueden generarse alertas fiscales.

¿Qué documentación conviene guardar?

Para evitar inconsistencias, los especialistas recomiendan conservar toda la documentación vinculada con transferencias internacionales, ingresos bancarios, extracción y depósito de dólares, operaciones de inversión, ventas de bienes y movimientos entre cuentas propias.

Los documentos más importantes

Extractos bancarios, comprobantes SWIFT, contratos, facturas, recibos, escrituras, boletos de compraventa, certificaciones contables, constancias impositivas y declaraciones juradas anteriores.

La trazabilidad es fundamental

Cuanto más claro sea el recorrido del dinero, menor es el riesgo de cuestionamientos fiscales.

El intercambio automático de información: el nuevo escenario

Durante muchos años existió la idea de que las cuentas en el exterior quedaban “fuera del radar” de la administración tributaria argentina. Ese escenario está cambiando de forma significativa, aunque con plazos concretos que conviene conocer con precisión.

Adhesión al CRS 2.0

Argentina adhirió formalmente al CRS 2.0, un estándar internacional impulsado por la OCDE que regula el intercambio automático de información fiscal entre países.

Es importante aclarar que el CRS 2.0 aún no fue completamente reglamentado en Argentina, la recolección de datos comienza en 2026 y los primeros reportes llegarían a ARCA recién en 2027. No tiene carácter retroactivo.

A través de estos mecanismos, las entidades financieras reportan al cierre de cada año calendario la información de cuentas reportables y, al año siguiente, esa información se intercambia automáticamente entre las administraciones tributarias. Pueden reportarse saldos, rendimientos, intereses, dividendos, determinadas inversiones y datos identificatorios del titular.

La excepción de EE.UU.

Estados Unidos no participa del CRS. Para las cuentas en ese país opera el esquema FATCA, que tiene alcances y mecanismos propios.

A través de este esquema, las entidades financieras estadounidenses deben identificar cuentas cuyos titulares tengan residencia fiscal en determinados países con acuerdos vigentes, entre ellos Argentina, y reportar cierta información al fisco norteamericano para su intercambio con las autoridades tributarias locales.

En términos generales, FATCA permite compartir datos vinculados con titularidad de cuentas, saldos, intereses generados y determinadas rentas financieras obtenidas en Estados Unidos.

En cuanto al rol de este organismo en el sistema tributario local, ARCA ya comenzó a revelar a los contribuyentes información sobre cuentas en EE.UU. De todos modos, en esta primera etapa aún no se incorporan saldos ni detalles pormenorizados de los movimientos mensuales.

¿Qué ocurre con las fintech y billeteras virtuales del exterior?

Este es uno de los puntos de mayor evolución reciente. El CRS 2.0 y la directiva europea DAC8 amplían el alcance del control a cuentas digitales, billeteras virtuales, plataformas online y operadores vinculados a criptoactivos.

Con este nuevo estándar, la fiscalización deja de concentrarse solo en bancos tradicionales y pasa a incluir a fintechs y servicios digitales utilizados para cobrar ingresos desde el exterior.

Servicios como Wise, Revolut, N26 o Payoneer, a través de sus filiales europeas, pueden quedar comprendidos en el sistema.

No obstante, conviene aclarar que DAC8 ordena el reporte a la autoridad fiscal local europea y el intercambio dentro de la UE. Para que esos datos lleguen a ARCA, entra a jugar el andamiaje internacional del CRS ampliado y los acuerdos activados entre países. El calendario de intercambios efectivos apunta a 2027.

El hecho de operar mediante apps o fintechs no garantiza anonimato fiscal, y si los movimientos detectados no coinciden con la capacidad económica declarada, ARCA podría requerir explicaciones sobre el origen de esos fondos.

Depositar dólares no siempre genera un problema fiscal

No todo depósito de dólares implica automáticamente una irregularidad. Una persona puede transferir ahorros ya declarados, mover dinero entre cuentas propias, cobrar ingresos legalmente facturados o depositar fondos correctamente documentados.

El riesgo aparece cuando no existe respaldo documental, los ingresos nunca fueron declarados, hay inconsistencias patrimoniales o los montos resultan incompatibles con la situación fiscal registrada. En esos casos, ARCA podría iniciar procesos de fiscalización, pedir documentación adicional o reclamar diferencias impositivas.

¿Qué impuestos pueden verse involucrados?

Dependiendo del caso, una cuenta en el exterior puede tener impacto en distintos tributos. Si los fondos generan rentas o intereses, podrían tener consecuencias en el Impuesto a las Ganancias.

Si el saldo integra el patrimonio gravado, podría impactar en Bienes Personales. Y si existen movimientos relevantes no justificados, podrían activarse verificaciones patrimoniales.

¿Por qué hoy existe más control sobre el dinero fuera del país?

El escenario internacional cambió fuertemente en los últimos años. Los gobiernos reforzaron los sistemas de intercambio de información, los controles sobre activos financieros, el monitoreo de cuentas digitales y la fiscalización sobre estructuras internacionales.

Argentina se integró a esos mecanismos de cooperación fiscal con una hoja de ruta clara: datos 2026, intercambios 2027.

Por eso, el principal enfoque hoy no está en la mera existencia de una cuenta exterior, sino en la transparencia del origen de los fondos, la correcta declaración impositiva y la coherencia entre patrimonio, ingresos y movimientos financieros.

Una de ellas fue la actualización de los umbrales en el Régimen Penal Tributario. La Ley 27.799 (Inocencia Fiscal) ajustó los montos mínimos a partir de los cuales una conducta puede ser considerada un delito tributario.

En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió la Instrucción General 1/2026, mediante la cual dispuso la aplicación de la ley penal más benigna en las causas penales tributarias iniciadas antes de la entrada en vigencia de la ley.

Recientemente, la Jefatura de Gabinete dio a conocer el número de causas que, a la fecha de sanción de la norma, se encontraban “en trámite”. En total, se trata de 6750 causas, de las cuales 5445 (81%) registran montos que no superan las nuevas condiciones de punibilidad.

A través de un pedido de acceso a la información pública, El Cronista consultó la cantidad de causas por evasión simple y agravada que quedaron por debajo de los nuevos umbrales de punibilidad. Con la sanción de la ley, el monto de evasión simple se elevó a $ 100 millones, mientras que el de evasión agravada quedó en $ 1000 millones.

Al respecto, ARCA brindó detalles exclusivos sobre las causas penales en trámite, registradas en el Sistema de Seguimiento de Causas Penales al 8 de abril de este año, diferenciadas por los artículos 1º y 2º de la Ley N° 24.769 ó N° 27.430 según el caso, y “cuya pretensión fiscal no alcanza las nuevas condiciones objetivas de punibilidad de acuerdo a las modificaciones operadas por la Ley N° 27.799″.

Las causas se distribuyen según el tipo de evasión imputada. La evasión simple —artículo 1°— concentra la mayor parte de los casos, con 2701 causas. Entre las causas por evasión agravada, el uso de factura o documento apócrifo —artículo 2º d)— es la más frecuente, con 1236 casos, seguida por la evasión agravada por el monto —artículo 2º a)— con 471.

Con cifras considerablemente más bajas se ubican la interposición de personas —artículo 2º b)— con 65 casos y el uso fraudulento de beneficio fiscal —artículo 2º c)— con 43.

Las causas quedaron sin efecto en términos penales, aunque ello no exime al fisco de reclamar intereses desde la fecha de vencimiento de la obligación tributaria hasta la fecha de pago, ni tampoco de la multa por defraudación que puede llegar al 100% del impuesto omitido.

“Muchas de estas causas no se cayeron porque el contribuyente fuera inocente, sino porque dejó de cumplirse el monto mínimo que exige la ley para que exista delito penal. O sea: el ajuste impositivo puede seguir existiendo, ARCA puede reclamar el impuesto, intereses y multas, pero ya no hay encuadre penal si no se supera el nuevo umbral”, explicó Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki Litvin & Abelovich.

Si bien los importes del Régimen Penal Tributario habían quedado totalmente desfasados en términos inflacionarios, Girardi subrayó que la actualización “apunta a concentrar la persecución penal en maniobras más grandes o más sofisticadas, y no en ajustes de menor magnitud”.

Desde ARCA aclararon que los montos de la pretensión fiscal son totales y corresponden a la sumatoria de los períodos e impuestos denunciados en cada causa.

“Infiero que la misma causa puede sumar en más de un atributo de clasificación. Es decir, si en una misma causa se atribuyen distintos delitos, la causa aparece en cada uno de los delitos listados”, consignó Alberto Mastandrea, contador y socio de BDO Argentina.

El organismo también precisó que el encuadre legal no es por artículo único, sino que en cada caso se listaron las causas que al menos contienen el artículo requerido. En términos prácticos, esto significa que una misma causa judicial puede aparecer contada múltiples veces si involucra varios delitos.

De esta manera, Mastandrea aseguró que, al aplicar el análisis por impuestos, "puede que haya más causas que queden por debajo" de los nuevos umbrales de punibilidad.

Desde que Manuel Adorni afronta las causas judiciales, lo único formal que le queda como jefe de Gabinete es su firma. No recibe a gobernadores, diputados ni a empresarios, quienes piden saltearlo. Y se le suma que no puede mostrar su autenticidad en las conferencias de prensa, donde está obligado a mantener un guión, leyendo hasta las respuestas. Está intervenido. Hasta sus colaboradores bromearon al enterarse que hoy visitará el parque solar “El Quemado” en Mendoza.

Pese a esa postura momificada, las reuniones de gestión se realizan en otros despachos hasta largas horas de la noche. Eduardo “Lule” Menem hace las veces de sucesor del exvocero. De manera clandestina, debajo de la superficie, como le gusta. La mano derecha de Karina Milei lleva encuentros diarios con funcionarios, legisladores, dirigentes libertarios y se mensajea con gobernadores. Hasta aparece en las fotos. Toma esta posición también Diego Santilli.

“El Jefe” busca resistir el embate contra Adorni y prepara nuevas arremetidas contra Santiago Caputo, ausente de la última cita de la mesa política por actividades referidas a la SIDE. “No estaba Santiago, ¿no?”, se preguntaban irónicamente dos karinistas, ante la consulta sobre el faltazo del asesor, quien recibió la mala noticia de que Sebastián Pareja le auditará el manejo del organismo de inteligencia. Lo ven afuera.

La muñeca del Colo

Otro funcionario que busca suplir la falta de ministro coordinador es Diego Santilli, quien sigue tomando cafés fuera de la Casa Rosada. Consiguió que distintos gobernadores cambien su posición sobre la eliminación de las PASO y se esperanza con dar la batalla en el Congreso.

“La muñeca del Colo fue clave, venimos hablando con él y viene convenciendo a varios”, afirmó en Buenos Aires un mandatario que revirtió su opinión en pocas semanas. Sin embargo, los números todavía no están y eso aclararon Santilli y Bullrich en la mesa política. “Patricia deberá mostrar resultados”, señaló un colaborador de la hermana del presidente, aún ofuscado por el ultimátum de ella a Adorni.

Sin embargo, la nueva poda de recursos a las provincias genera nueva preocupación para los dialoguistas, muchos de los cuales se reunieron ayer en Rosario y reconocieron su malestar. Se trató de un cónclave que encabezó el local Maximiliano Pullaro junto al mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Juan Pablo Valdés y el chubutense, Ignacio Torres.

Pato sola y retenciones a la vista

El Gobierno prevé una baja de retenciones en el corto plazo para el sector agropecuario. Se los dejaron en claro el martes a distintos productores que asistieron a un congreso organizado por CRA, donde asistieron el ministro del Interior, Diego Santilli, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, además de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Los funcionarios pidieron que no se transmita el evento en vivo, por temor a dos aspectos. Primero querían evitar que se filtre algún comentario que dé cuenta de ese anuncio impositivo porque “todo depende de Toto”. A su vez, les preocupaba los cuestionamientos de algunos productores descontentos por la falta de medidas para el campo. “Anuncian el Super RIGI y resulta que al campo, que les da los dólares al Gobierno ahora cuando lo necesitan, no hay nada”, enfatizó un dirigente rural, que consultó El Cronista. Buscaron minimizar ese tipo de comentario, sabiendo que el clima no es del todo positivo con la Casa Rosada.

La senadora llegó unos minutos después del inicio de las exposiciones de sus compañeros de gabinete y se sentó en la primera fila. Mantuvo dos fríos saludos con sus pares y mientras “el colo” disertaba, ella utilizaba su tradicional tablet personal. No se quedaron a escucharla, a pesar de que habló a los pocos minutos de sus intervenciones.

Empresarios resignados con Milei

El canciller Pablo Quirno expuso ayer en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en un nuevo evento organizado por el círculo rojo. Se trató de un discurso en el cual se explayó sobre las supuestas virtudes de la apertura comercial y las alianzas geopolíticas que emprende la gestión libertaria. Sin embargo, muchos empresarios esperan otro tipo de enfoque y llegan a estos encuentros en piloto automático.

“Conocemos y valoramos el rumbo que adoptó el Gobierno con el mundo, pero nosotros estamos esperando claridad sobre qué pasará con la micro y la economía real”, sostuvo un destacado miembro de la entidad.

“Coleccionamos discursos, pero no nos reciben. El presidente no nos da bola. Prefiere viajar por el mundo para buscar premios y reunirse con empresarios de afuera, pero con nosotros nada”, sostuvo un empresario de renombre, presente en el hotel de 5 estrellas.

“Tenemos a Rapallini de la UIA pidiendo a los gritos que ayuden a la industria, a Weiss de la construcción igual y así otros tantos colegas que ya se resignan a que la micro no cambiará”, lamentó.

En ese contexto de escepticismo, crece la idea dentro de ese mundo de “un mileismo sin Milei”. “Es real que muchos opinan así. Nadie aquí duda ni critica sobre lo importante del camino fiscal que emprendió este Gobierno, pero nos preocupa que Milei siga así, insultando a todos y que no le importe lo que pasa en su alrededor. Ese es el ruido que tanto se dice”, agregó otro experimentado titular de una organización empresarial.

El reporte de mayo, titulado “sobreviviendo”, defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord, pero advierte que el ingreso disponible cayó 5,4% desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos.

El documento fue elaborado por PensarLab con datos de la consultora Poliarquía, la encuestadora Casa Tres, estadísticas del INDEC y Banco Central (BCRA).

Mientras el expresidente Mauricio Macri empieza a lanzar mensajes críticos hacia Milei, el informe distingue entre el deterioro del bienestar y los indicadores macroeconómicos estructurales y deja una fuerte conclusión.

“Los cimientos macroeconómicos del plan económico del gobierno aún siguen sólidos y tenemos que seguir defendiéndolos. Una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el bienestar social“, escribe Alejandro Catterberg, director de Poliarquía.

En esta línea, advierte que “el incremento del mal humor social reciente y pérdida de apoyo del gobierno libertario no se explica solo por los escándalos y denuncias recientes sino que tienen un correlato en el bolsillo de las familias”.

El ingreso disponible sigue por debajo de fines de 2023

Un indicador central del informe es el ingreso disponible, definido como lo que queda en el hogar luego del pago de impuestos y gastos fijos como tarifas y expensas. Ese indicador cayó un 2,1% en febrero, su mayor descenso desde marzo de 2024, y actualmente se ubica 5,4% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El factor determinante fue el alza de los gastos fijos. La electricidad y el gas subieron 8,9% en febrero y las expensas, 4,5%. Los mismos pasaron de representar el 16% del ingreso familiar a fines de 2023 al 24% actual, casi 8 puntos más.

La caída no fue pareja. En los hogares de mayores ingresos, el ingreso disponible retrocedió 1,4% desde el inicio de la gestión. En los hogares de menores ingresos, la caída fue de 5,8%.

En paralelo, el salario mínimo registró un deterioro del 39%, su nivel más bajo en 20 años. Según el índice de salarios del INDEC, la caída fue generalizada: el sector registrado cayó 8,9%, con una baja de 3,5% en el privado formal y de 18,3% en el público. El documento estima que, desde el inicio de la gestión, un empleado estatal nacional perdió el equivalente a 10 salarios mensuales.

En tanto, el 56% de los encuestados declaró que no le alcanza el sueldo, el pico histórico durante esta gestión.

El consumo privado subió, pero con ganadores y perdedores muy distintos

El diagnóstico de la organización dirigida por María Eugenia Vidal se aparta del discurso oficial: mientras el Gobierno festeja “récords históricos” de crecimiento del consumo privado, advierte “matices importantes sobre esa afirmación”.

El informe reconoce que el consumo privado creció 7,9% en 2025, el nivel más alto desde que el INDEC inició la serie en 2004. Sin embargo, señala que el rebote se concentra en bienes durables y turismo al exterior.

“Aun cuando ciertos agregados muestran recuperación, el ingreso disponible de los hogares —es decir, lo que queda después de afrontar gastos fijos como tarifas, alquileres y otros consumos forzados— todavía aparece por debajo del nivel de fines de 2023. Y, además, varios indicadores sectoriales de la oferta siguen mostrando números débiles: caídas en ventas de supermercados y centros de compras y puntos de ventas minoristas", advierte

Mientras las ventas de turismo emisivo subieron 60%, las escrituras en la Provincia de Buenos Aires 54% y los autos 44%; en simultáneo, los canales de consumo cotidiano retrocedieron: la indumentaria cayó 40%, los celulares 29%, los mayoristas 21% y los supermercados 9%.

“Nuestros números muestran que en los últimos meses la cantidad de familias que acceden al consumo perdió dinamismo. También muestran que ese nivel sigue siendo más alto que antes de la llegada de este gobierno. Esa evolución ocurre en un contexto mucho más complejo que el de una simple recuperación o caída: se da en medio de un cambio de modelo económico", plantea PENSAR.

El humor social alcanzó su peor nivel desde el inicio de la gestión de Milei

La encuestadora Casa Tres registró en abril el 64% de sentimientos negativos sobre el futuro del país, la mayor marca desde diciembre de 2023. La esperanza cayó del 45% en diciembre de 2025 al 31% en abril de 2026, 14 puntos en cinco meses.

En diciembre, los problemas institucionales dominaban las preocupaciones. En marzo, los problemas macroeconómicos escalaron al primer lugar con el 31%, y los problemas de costo de vida al segundo con el 27%.

El 55% de los argentinos atribuye el deterioro económico a las políticas de Milei. Solo el 38% lo adjudica a la herencia del gobierno anterior, uno de los registros más bajos desde el inicio de la gestión. El 57% considera que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos. El 58% cree que el país va por el camino equivocado.

El porcentaje de actualización es del 3,38% y comenzó a regir desde mayo de 2026, según lo establecido en la Resolución 111/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Quiénes dejarán de cobrar la AUH

ANSES realiza un control en tiempo real de la situación de cada beneficiario. Si detecta que los ingresos exceden los valores habilitados, el sistema actúa de manera automática: puede suspender, reducir o directamente cancelar la prestación.

En el caso de la AUH, el límite está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para este mes, se fijó un tope máximo de ingresos de $ 357.800 mensuales por grupo familiar. Es decir, si una persona comienza a tener un ingreso formal superior a ese valor, deja automáticamente de cumplir con los requisitos del programa.

Quiénes dejan de cobrar SUAF

Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también se actualizaron los topes máximos.

Para mantener el cobro, los ingresos no deben superar:

• $ 2.801.551 por progenitor
• $ 5.603.101 por grupo familiar

Si uno de los integrantes supera el tope individual o el hogar excede el límite general, la asignación puede ser suspendida.

Cuándo se cobra AUH y SUAF en mayo 2026

El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI:

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
• DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Las subas fueron oficializadas por la Secretaría de Trabajo y representan uno de los ajustes más importantes dentro de los regímenes jubilatorios especiales.

Cuánto aumentarán las jubilaciones docentes

Según lo informado oficialmente, los incrementos serán diferentes según el sistema previsional:

• Docentes no universitarios: aumento de 9,86%.
• Docentes universitarios nacionales: suba de 6,85%.

Los nuevos haberes permanecerán vigentes durante el trimestre correspondiente hasta la próxima actualización prevista dentro del calendario de movilidad especial.

Qué jubilados tendrán la suba más alta

El mayor incremento será para los jubilados y pensionados docentes no universitarios.

El ajuste alcanzará a más de:

• 203.000 prestaciones en todo el país.

Actualmente, el haber promedio dentro de este régimen ronda los:

• $ 2,17 millones.

El sistema funciona mediante actualizaciones trimestrales vinculadas al índice Ripdoc, utilizado específicamente para este grupo.

Qué pasará con los docentes universitarios

Por otro lado, los jubilados del sistema universitario nacional recibirán una actualización de 6,85%.

El régimen abarca aproximadamente:

• 13.500 jubilados y pensionados.

En este caso, el cálculo se realiza utilizando el índice Ripdun, basado en la evolución salarial de los docentes universitarios nacionales.

El haber promedio actual supera:

• Los $ 2,42 millones mensuales.

Por qué estos aumentos son distintos a los de ANSES

A diferencia del régimen general administrado por ANSES, las jubilaciones docentes especiales no se ajustan todos los meses por inflación.

El mecanismo funciona mediante:

• Actualizaciones trimestrales.
• Ídices salariales específicos del sector educativo.
• Aumentos aplicados en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Por ese motivo, los incrementos pueden diferir considerablemente de la movilidad jubilatoria tradicional.

El problema que sigue preocupando a los jubilados

Aunque las nuevas subas representan una mejora nominal en los ingresos, las proyecciones privadas muestran que los haberes continuarían perdiendo contra la inflación.

Según estimaciones del REM del Banco Central:

• La inflación acumulada seguiría por encima de los aumentos otorgados.
• El sistema trimestral genera retrasos frente a la suba constante de precios.

En el caso de los docentes universitarios, el desfasaje sería todavía más pronunciado.

Qué gastos golpean más a los jubilados

El avance del costo de vida continúa impactando sobre los ingresos previsionales, especialmente en rubros sensibles como:

• Medicamentos.
• Alimentos.
• Servicios.
• Alquileres.
• Atención médica.

Si bien los haberes docentes se mantienen por encima del promedio general del sistema jubilatorio, especialistas advierten que la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector durante 2026.

El especialista se refirió tanto a la relación estratégica con los Estados Unidos como a la interna de poder puertas adentro del Gobierno, así como al futuro de la alianza con el PRO de Mauricio Macri y el rol de Patricia Bullrich.

La “escalera” del desarrollo y la alianza con EE.UU.

Para Malamud, la llegada de Milei al poder significó un giro inesperado en la inserción internacional del país. Sin embargo, advirtió que actualmente el apoyo externo es más frágil de lo que el oficialismo cree. “Argentina fue invitada al desarrollo, pero una invitación no es una garantía”, sentenció.

Haciendo referencia a la teoría de “patear la escalera” del economista surcoreano Ha-Joon Chang, el politólogo explicó que los países centrales a menudo impiden que los emergentes sigan su mismo camino. “Si te patean la escalera, no subís”, graficó, subrayando que el vínculo actual no es entre estados y estructuras, sino entre personas: “Es Donald Trump con Milei”.

El Gabinete: entre “alcahuetes” y “fanáticos”

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue la dinámica interna del Gabinete. Malamud describió un proceso de aislamiento del Presidente, quien, en su opinión, ha dejado de escuchar voces disidentes para rodearse de lealtades absolutas.

“Que el poder se nutra y se rodee de alcahuetes es lo más común del mundo. Los buenos líderes tienen conciencia de eso y tratan de escuchar campanas diferentes. Milei las está callando”, disparó. Según el politólogo, exfuncionarios del macrismo que hoy ocupan cargos en el Gobierno han sufrido una metamorfosis: “Cambiaron, no eran así. Hoy son un grupo de fanáticos, enardecidos y paranoicos”.

La paradoja de Macri y el olfato de Bullrich

Al abordar la relación entre el fundador del PRO y el actual mandatario, Malamud fue contundente sobre la imposibilidad de una convivencia en la cima: “Sin Macri no habría Milei, pero mientras haya Milei no habrá Macri”.

En este juego de sombras, destacó la figura de la ministra de Seguridad como la pieza que mejor entiende el terreno. “Patricia Bullrich es la mejor olfateadora de la política argentina. No es una persona articulada en la retórica, pero tiene muy buena orientación política y olfatea debilidad”, analizó.

Qué define el éxito de Milei, para Malamud

Para Malamud, el juicio de la historia sobre este Gobierno será binario y dependerá exclusivamente de un factor. “Milei no puede dejar mucho más que la estabilidad económica. Cualquier otra cosa sería un fracaso. Lo que prometió es el orden fiscal”.

A pesar del pesimismo que suele rodear al análisis de la coyuntura, el especialista se mostró optimista respecto a la resiliencia democrática argentina, diferenciando a Milei de otros líderes populistas de la región: “Él no es como Trump o Bolsonaro; hasta ahora no nos dio razones para pensar que desconocería una derrota. Todo lo que yo quiero de un presidente es que acepte la derrota y se vaya”.

Finalmente, el politólogo reflexionó sobre un cambio en la percepción de las clases altas argentinas. Según Malamud, el sector más rico de la sociedad ya no sueña con el exilio en Uruguay o Europa, sino con disfrutar de las ventajas locales.

“Este es el mejor país en el que pueden vivir por el clima, la gastronomía, los amigos y porque no caen bombas. Este año, 10 capitales del mundo fueron bombardeadas; acá no caen bombas”, concluyó, reafirmando su vínculo visceral con el país: “Llevo a la Argentina en dosis intravenosa”.

Los últimos relevamientos publicados señalan que la escalada de precios se habría detenido en abril. De esta forma, el guarismo se ubicaría por debajo de los tres puntos: de confirmarse esto, sería el primer mes a la baja desde mayo de 2025, cuando el registro pasó de un 2,8 a 1,5%.

El IPC de marzo, que marcó un 3,4%, generó preocupación en el Gobierno. Si bien se esperaba una suba debido al impacto en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y los aumentos estacionales típicos del tercer mes del año, el número generó impacto en el equipo económico.

Durante su participación en la AmCham Summit, Javier Milei pidió paciencia hasta que la inflación se desplome y ratificó que el índice continuará cayendo en los próximos meses. “Lo bueno de este dato es que sirve para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar", recalcó el Presidente.

Inflación de abril: la última proyección del mercado

Para abril, los analistas estiman una inflación mensual de 2,6%, según los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA) el jueves pasado. En este sentido, no esperan cambios respecto del relevamiento anterior.

Las expectativas responden a la encuesta realizada entre el 28 y el 30 de abril con la participación de 45 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.

Concretamente, el grupo de quienes mejor proyectaron la variable en el pasado —el llamado Top 10— ubica su estimación apenas un escalón más arriba, en 2,7% mensual.

Inflación: qué número anticipan las consultoras más escuchadas para abril

Analytica

Durante la cuarta semana de abril, Analytica un movimiento del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. Fue la tendencia más alta del mes: sus relevamientos semanales mostraron un 0,3% en la primera semana, 0,2% en la segunda y 0,5% en la tercera.

De esta forma, el promedio de cuatro semanas fue de 1,3%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, señalaron en su última actualización.

Entre los segmentos con mayores aumentos están los pescados y mariscos y aceites, grasas y mantecas, con una inflación promedio de las últimas 4 semanas de 3,5% y 2,7%, respectivamente.

El pan y cereales y las carnes y derivados, en tanto, se encuentran en el piso del relevamiento, ambos con un incremento de 0,9% para ese mismo período. Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-2,9%).

Orlando Ferreres & Asociados

El IPC-OJF (GBA) también calculó una desaceleración inflacionaria leve: mostró un avance del 2,6% mensual, con un incremento interanual del 30,7%. Al mismo tiempo, la medición núcleo se ubicó en 2,7% y acumuló un alza de 29,6% anual.

Según la consultora, la inflación general acumulada hasta abril fue de 11,1%, y la núcleo acumuló 10,9%. “En cuanto a los principales rubros, Esparcimiento y Transporte y comunicaciones encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 4,4% y 3,9% respectivamente, seguidos por Bienes varios e Indumentaria, que presentaron una variación de 3,9% y 3,8% respectivamente”, señalaron.

“Tanto los alimentos consumidos dentro del hogar como los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 2,1%. De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para mayo de 1,2 p.p.”, sumó el análisis.

En cuanto al nivel general de precios, desde la consultora anticiparon una suba del 2,5% en abril. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanza el 11,7%.

Equilibra

En relación al nivel general, según Equilibra el IPC general rondó el 2,4% y la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— se ubicó en el 2%.

El rubro de transporte fue el que más creció, con un alza del 4,3%. Este incremento estuvo traccionado principalmente por la nafta, que tuvo un salto del 9,1% en el mes, y el transporte público, que aumentó un 3,9%. Estos ajustes explicaron por qué los precios regulados (4,7%) avanzaron al doble del ritmo que el nivel general.

Otros servicios que presionaron el bolsillo fueron Vivienda, agua y electricidad (3,2%), Salud (3,1%) y Comunicación (3,1%). Dentro del segmento de regulados, también se destacaron las subas en electricidad y gas (3,5%), servicios telefónicos (3,2%) y prepagas (2,9%).

En la vereda opuesta, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de apenas el 1,2%. Este conjunto mostró comportamientos mixtos: mientras que “otros alimentos” subieron 4,7% y el agua con gaseosas un 3,6%, la carne y sus derivados apenas se movieron un 0,4%. Al mismo tiempo, las frutas registraron una deflación del -3,2%.

C&T

Para C&T Asesores, el ritmo de precios de abril en el Gran Buenos Aires fue del 2,4% mensual. En definitiva, la variación de doce meses se redujo levemente de 32,6% a 32,1%.

Según el reporte, uno de los factores centrales detrás de la desaceleración fue el fin del impacto estacional de educación, que en marzo había registrado fuertes aumentos por el inicio del ciclo lectivo.

“Para el INDEC, ese mes el rubro subió 12%, mientras que para abril estimamos una suba más cercana al 5%”, señaló C&T.

Otro elemento clave fueron los alimentos y bebidas, el componente de mayor peso dentro del IPC. Tras dos meses con incrementos superiores al 3%, el relevamiento de la consultora mostró para abril un alza cercana al 1%.

Dentro de ese rubro, la carne volvió a ocupar un lugar determinante, aunque esta vez como factor de alivio. Según la firma, aumentó 2% en abril, “el menor ritmo desde septiembre del año pasado”. También colaboraron las bajas en frutas y verduras.

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) indicó que la cuarta semana del mes cerró con un aumento del 1,3% en alimentos y bebidas, con una desaceleración del 0,1% respecto a la semana anterior.

No obstante, el porcentaje de productos con aumentos semanales se mantuvo en alza por tercera semana consecutiva. Según el reporte, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, la suba promedio mensual se ubicó en 1,7%.

A nivel de las categorías, el 60% del aumento del mes se explicó por lácteos con un incremento del 8%. En menor medida, también aportaron al acumulado mensual los aceites (3,3 pp) y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (1,9 pp). Por el contrario, las carnes tuvieron una tracción muy menor, con una movimiento de apenas el 0,1%.

El informe destacó que la distribución de variaciones de precios mostró dispersión y extremos similares a la semana anterior.

Los precios en CABA: el dato que anticipó el número nacional del INDEC

La inflación porteña marcó 2,5% en abril, según confirmó este lunes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa una baja frente al 3% de marzo. El dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC dará a conocer este jueves para todo el país.

La variación interanual llegó a 32,4%, lo que representa una baja de 0,3 puntos respecto al mes anterior. Además, el organismo informó una suba de 11,6% en los primeros cuatro meses del año.

Los rubros con mayor incidencia en el índice de precios fueron Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto explicaron el 70,2% del alza general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,4%, contribuyendo con 0,24 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%). Las caídas en Frutas (-4,3%) aminoraron el alza de la división.

Entre las pocas divisiones que no presionaron al alza, Transporte fue la única en registrar una variación mensual negativa, del -0,4%, arrastrada por una baja del 32,5% en los pasajes aéreos. Prendas de vestir y calzado se mantuvo estable, sin variación en el mes.

A cuánto llegará la inflación en 2026, según el pronóstico de grandes bancos y consultoras

El último informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista, relevó las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El reporte, correspondiente a mayo 2026, traza una hoja de ruta para la Argentina de cara al segundo semestre de 2026 en materia inflacionaria.

Según FocusEconomics, “se prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% este año, impulsada por los elevados precios mundiales de la energía derivados del conflicto en Oriente Medio”. Sin embargo, resaltan que “la reducción de las restricciones a las importaciones y la contención del gasto público limitarán las presiones inflacionarias”.

Así, los analistas prevén que los precios al consumidor aumenten un 30,4% de media en 2026, lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la proyección del mes anterior, y un 20,6 % de media en 2027.

Si bien las zonas con mayores montos explican gran parte de la creación de empleo, no necesariamente a mayor inversión hay mayor empleo.

Las inversiones anunciadas en el último año y medio, que exceden los anuncios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se concentran en las regiones vinculadas a la energía principalmente, aunque las demás también tuvieron sus respectivos anuncios.

Desde el Gobierno anticiparon que las inversiones canalizadas a través del RIGI implicarán un gasto de al menos u$s 140.000 millones. Hasta ahora se aprobaron proyectos en el RIGI por u$s 29.014 millones, que representaron ingresos por dólares por u$s 700 millones, dentro del plazo de dos años desde la aprobación para ingresar el 40% del monto anunciado.

A nivel país, estos suman u$s 37.989 millones según relevó el IERAL de Fundación Mediterránea.

En la Patagonia, los anuncios en este período sumaron u$s 12.284 millones, principalmente ubicados en las provincias de Neuquén y Río Negro y concentrados en los sectores de petróleo y gas y su infraestructura asociada al sector y a Vaca Muerta.

La región también es la primera en términos de empleo esperado, ya que ella sola crearía 35.564 puestos. Solo en petróleo y gas proyectan que se crearán 19.000 puestos de trabajo, mientras que los demás se distribuirán principalmente entre sus proveedores.

En el ranking se ubica en segundo lugar la región de Cuyo con u$s 10.146 millones, traccionado por las inversiones en minería de cobre y oro ubicadas en San Juan, mientras que en Mendoza se suman las vinculadas a la energía y la modernización de las refinerías.

En materia de empleo se proyectan 27.575 puestos impulsados por la minería, pero también por la industria alimenticia en San Luis.

La región Noroeste espera la llegada de u$s 7705 millones, motorizados por inversiones en la zona del triángulo del litio, entre los que se destaca Salta. Catamarca también cuenta con proyectos mineros mientras que Tucumán se verá impulsado por la agroindustria.

Si bien es la tercera en monto anunciado, es la región en la que menor creación de empleo se espera, con 11.150 puestos de trabajo. “En esta región se destaca que, aunque sus montos de inversión son elevados (especialmente explicados por la producción/extracción de litio), la generación de empleo directo es más moderada comparada con otras regiones. Esto sugiere que la minería de litio y minerales críticos en el norte requiere de políticas complementarias para fomentar proveedores locales y servicios que amplíen la base laboral”, explicaron desde el IERAL.

La región Centro, que integra Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, suma anuncios de inversión por u$s 5198 millones, pero espera al menos la creación de 17.460 puestos de trabajo. Los sectores que explicarán esta suba son energía, agroindustria, telecomunicaciones, industria alimenticia, el sector inmobiliario, turismo, transporte, salud, tecnología, siderurgia, entre otros. La provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de las inversiones, principalmente explicado por la siderurgia y la producción de fertilizantes, mientras que en la Ciudad se concentran las vinculadas a la inversión y tecnología.

El Noreste suma anuncios por u$s 2658 millones, de los cuales la gran mayoría (u$s 2000 millones) están vinculados a una inversión en la producción de pasta de celulosa en Corrientes, mientras que Misiones espera por la modernización de su planta de celulosa y cuenta con anuncios de proyectos turísticos. En el caso de Chaco y Formosa, las inversiones se vinculan a parques solares y plantas industriales.

Si bien cuenta con la menor inversión, el NEA espera la cuarta mayor creación de empleo vinculada a estas inversiones, ya que proyectan 13.718 puestos de trabajo. Solo la planta de celulosa demandará 13.000 puestos de trabajo.

Para el economista jefe de IERAL, Gerardo Alonso Schwarz, el desafío es que los sectores más dinámicos impulsen a sus proveedores locales. “La disparidad en la distribución de inversiones y su impacto en el empleo subraya la necesidad de políticas públicas que complementen los esquemas de incentivos nacionales”, dijo el economista.

En este sentido, planteó que para las regiones no ganadoras, los estímulos deberán vincularse a la logística y la capacitación de capital humano, además de incentivos fiscales para la creación o modernización de proveedores.

El consenso de los analistas privados y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectan una variación mensual situada entre el 2,4% y el 3%.

De confirmarse estas cifras, el dato oficial mostraría una baja respecto al 3,4% registrado en marzo, interrumpiendo una tendencia alcista que se mantuvo durante diez meses consecutivos.

El IPC del CREEBBA

Como indicador de referencia para el interior bonaerense, el Centro de Estudios Económicos del Sur de Buenos Aires (CREEBBA) registró en abril una inflación del 2,6% en Bahía Blanca. El dato representa una baja de tres décimas frente al mes anterior. De esta manera, el primer cuatrimestre del año cierra con un alza acumulada del 11,1% y una variación interanual del 30,8%.

El rubro con mayor incremento en la región fue Transporte y comunicaciones (4,4%), traccionado por la suba del 10,5% en combustibles. Le siguieron Educación (3,8%) y Salud (3,1%).

En contraste, los precios estacionales retrocedieron un 2,2%, debido a la caída en los precios de frutas frescas y la baja estacional en servicios de turismo.

Aumento por rubros: incidencia de Alimentos y Educación

La desaceleración proyectada para el nivel general responde al desempeño de dos rubros con alta ponderación en la canasta del IPC:

Educación

Tras el alza del 12% en marzo, consultoras como C&T Asesores Económicos estiman que en abril el incremento rondó el 5%.

Alimentos y bebidas

El rubro registró una suba cercana al 1%, luego de dos meses con variaciones superiores al 3%. Se destaca el avance del 2% en carnes (el menor desde septiembre de 2025) y las bajas nominales en hortalizas.

Relevamiento de expectativas: estimaciones de consultoras privadas

El consenso de los analistas sitúa la inflación del mes por debajo del 3%, marcando un punto de inflexión respecto a la tendencia iniciada en mayo de 2025.

EcoGo y Equilibria

Ambas firmas proyectan un 2,5% mensual.

Libertad y Progreso

Estima un 2,4%, fundamentado en la finalización del efecto pass-through de la devaluación preelectoral y la estabilidad de los precios internacionales de la energía.

Orlando Ferreres

Ubica la suba en 2,6%, con una interanual del 30,7%.

Analytica

Proyecta un 2,8%, basándose en el promedio de cuatro semanas de alimentos y bebidas.

El REM del Banco Central situó la mediana en 2,6% y trazó un sendero decreciente para el próximo trimestre: 2,3% en mayo, 2,1% en junio y 2% en julio.

El análisis de la IA de la inflación: el modelo de Machine Learning de BBVA

A diferencia del consenso de relevamientos de precios, el equipo de investigación de BBVA proyecta una inflación del 3% (con un rango entre 2,8% y 3,2%).

Este modelo utiliza algoritmos de aprendizaje automático sobre variables macroeconómicas y relaciones estadísticas históricas, sin depender de índices de alta frecuencia.

En marzo, este sistema anticipó una inflación del 3,2%, acercándose al 3,4% que finalmente informó el INDEC.

El anticipo: IPC de la Ciudad de Buenos Aires confirmado

Este lunes se conoció además la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el IPC porteño fue del 2,5% en abril, por debajo del 3% registrado en marzo.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.

La suba mensual estuvo impulsada principalmente porlas categorías Transporte, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes y Salud, explicaron el 70,2% del aumento del nivel general de precios.

El propio CEO de la petrolera, Horacio Marín, lo confirmó en una entrevista en A24. Además, el ejecutivo dio detalles mediante un posteo en X: “A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

“De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor", agregó.

Según Martín, “durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior”.

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.

De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR

— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Marín explicó que “mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

“Asimismo, continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas.De esta forma, reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, completó.

En una entrevista con El Cronista Stream este miércoles, el fundador de la consultora Abeceb se mostró optimista con el nuevo régimen anunciado.

El economista hizo foco en el desacople global entre Occidente y China como factor clave para entender la oportunidad que tiene en frente la Argentina.

“Vos tenés en este momento Europa desacoplándose de lo que era Rusia en términos de energía, eso te impulsa. Occidente desacoplándose con respecto a China con respecto a minerales raros", explicó Sica.

El especialista señaló también que el problema con el cobre no es solo la extracción, sino también el procesamiento. “El cobre lo sacás de Perú, de Chile y de Argentina, pero el procesamiento se hace en China“, señaló. Esa dependencia, dijo, es exactamente lo que el mundo occidental quiere revertir.

Sica también citó una señal concreta del mercado global: el gigante asiático eliminará subsidios a baterías de litio. “China acaba de decir que elimina el 9% de lo que eran reintegros y subsidios que le daba a la producción de baterías de litio, lo va a hacer en 3 o 4 años en forma voluntaria”, detalló.

Dante Sica: “El Súper RIGI apunta a inversiones...”

Para Sica, ese movimiento abre una ventana para la Argentina. “Creo que el RIGI apunta a eso, o el Súper RIGI: apunta a inversiones, te diría mucho más OCDE, americanas y europeas, para esas partes del proceso de producción de estos ecosistemas que hoy los estaba haciendo China", sostuvo.

El economista puso el ejemplo concreto de las fundiciones de cobre como sector prioritario. “Si vos mirás, tenés una en Estados Unidos de baja tecnología, pero la mayoría está concentrada en Asia, y la gran producción de cobre se hace en países de América Latina”, explicó.

“Me parece que hoy hay una posibilidad en industrias que nosotros no tenemos, y que el mundo quiere desacoplarse, que pueden generar una oportunidad“, insistió Sica.

Aclaró, sin embargo, que el resultado final dependerá de los detalles del texto: “hay que ver de nuevo la letra chica, cómo es, cuáles son los beneficios y qué es lo que da”.

La “clave” del nuevo régimen, según Sica

Más allá de los incentivos fiscales, Sica destacó un atributo que considera central en el RIGI vigente y que debería sostenerse en la nueva versión. “Uno de los principales atributos del RIGI no es solo las cuestiones fiscales”, advirtió.

Señaló que en minería el régimen iguala la carga impositiva con los principales competidores regionales. “Por ejemplo, en minería te iguala la tasa impositiva con nuestros competidores Chile y Perú. Es importante”, resaltó.

En esta línea, subrayó con énfasis que “lo importante es el ámbito de solución de controversias”. Y ante la pregunta de si ese ámbito sería en el exterior, respondió “donde elija”.

Sica contextualizó esa decisión con la historia reciente del país, al señalar que Argentina ya violó su propia ley de estabilidad fiscal minera, sancionada en los años 90.

“Nosotros tenemos una ley minera de estabilidad fiscal de los 90 muy buena, que la violamos en el primer gobierno de Kirchner, entre el primero y el segundo”, recordó.

Para el especialista, esa historia de incumplimiento es la razón por la cual la resolución de controversias fuera del país se convierte en una garantía imprescindible para atraer capital extranjero de largo plazo.

Uno de los puntos más discutidos es la incorporación del denominado “banco de horas”, un sistema que habilita mecanismos de compensación de jornada y flexibiliza el esquema tradicional de horas extras. El cambio aparece además combinado con otro movimiento importante: la derogación de la Ley de Teletrabajo.

Para especialistas en derecho laboral, ambas decisiones empiezan a rediseñar la relación entre presencialidad, horarios flexibles, home office y productividad.

Qué cambia para los trabajadores con el banco de horas

La reforma mantuvo formalmente el límite general de 8 horas diarias y 48 semanales, pero habilitó que mediante acuerdos individuales o colectivos puedan establecerse sistemas de compensación de jornada, distribución horaria y banco de horas.

En términos prácticos, eso permite que un trabajador pueda prestar servicios más horas un día y compensarlas con menos tiempo trabajado en otro momento, evitando que necesariamente se computen como horas extras tradicionales.

Para Julio Lalanne, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la UCA, el sistema fue pensado originalmente para actividades industriales con horarios rígidos y necesidades productivas variables.

“El banco de horas no es otra cosa que un mecanismo de compensación entre horas trabajadas en exceso y horas que ese mismo empleado podrá no trabajar en el futuro”, explicó en diálogo con El Cronista.

Según Lalanne, el esquema podría tener menos aplicación práctica en trabajadores híbridos o completamente remotos, donde muchas veces la lógica ya funciona sobre objetivos y no sobre control estricto de horario.

“Los empleados que trabajan desde su domicilio suelen tener horarios más flexibles y trabajar sobre la base de resultados”, señaló.

Cómo funciona el banco de horas en la práctica

El sistema de banco de horas no elimina la jornada laboral ni reemplaza completamente el régimen tradicional de horas extras. Lo que hace es permitir que parte de esas horas puedan compensarse más adelante con menos tiempo trabajado, francos o jornadas reducidas.

En la práctica, eso habilita esquemas más flexibles de organización horaria. Por ejemplo:

• trabajar más horas durante días de alta demanda,
• reducir jornada en períodos de menor actividad,
• acumular tiempo compensatorio,
• o reorganizar turnos según necesidades operativas.

El modelo es utilizado desde hace años en sectores industriales, logísticos y fabriles de distintos países, especialmente en actividades con ciclos de producción variables.

Con la reforma laboral argentina, el esquema podrá pactarse mediante:

• acuerdos individuales,
• convenios colectivos,
• o acuerdos con representación sindical dentro de la empresa.

La ley mantiene algunos límites mínimos:

• 12 horas de descanso entre jornadas,
• 35 horas consecutivas de descanso semanal,
• y el máximo legal de 48 horas semanales.

Sin embargo, la distribución diaria deja de funcionar necesariamente bajo un esquema rígido de 8 horas exactas por día.

Ahí aparece una de las principales diferencias respecto del sistema tradicional: horas que antes podían computarse automáticamente como extras ahora podrían ser compensadas más adelante dentro del mismo esquema de banco de horas.

Para las empresas, eso introduce una herramienta de administración más flexible de la jornada laboral. Para los críticos de la reforma, en cambio, existe el riesgo de ampliar la disponibilidad horaria del trabajador sin la misma compensación económica que regía anteriormente.

Las discusiones que abre la reforma laboral

La implementación concreta del banco de horas todavía genera interpretaciones contrapuestas entre laboralistas.

Para el abogado Mariano Suárez, el sistema puede modificar la forma en que se computan las horas extraordinarias y reducir el pago de recargos que antes eran habituales.

“El banco de horas tiene como consecuencia directa una reducción salarial. Se abandona el límite de 8 horas diarias como tope para computar las horas por ciclos”, sostuvo.

Según el especialista, el nuevo esquema convierte horas que antes eran pagadas con adicionales en “horas simples, sin recargo”.

Leonardo Elgorriaga, también abogado laboralista, planteó que el principal efecto del nuevo esquema es darle a las empresas mayor capacidad para reorganizar horarios según necesidades operativas.

“El empleador puede modificar permanentemente el horario de trabajo según las necesidades de la empresa”, explicó.

El especialista agregó que la reforma vuelve “disponibles” muchas reglas que históricamente eran consideradas de orden público laboral.

Sin embargo, el propio Elgorriaga señaló que el texto todavía deja zonas grises e interpretaciones abiertas sobre hasta dónde puede llegar realmente la compensación horaria.

Por ejemplo, una interpretación posible es que el banco de horas no podría superar el límite semanal de 48 horas y que las compensaciones deberían realizarse dentro de la misma semana y no entre semanas distintas.

“Eso limita bastante la funcionalidad del banco de horas”, afirmó.

Qué pasa con los trabajadores de home office

La Ley 27.802 derogó formalmente la Ley de Teletrabajo, sancionada durante la pandemia y que establecía reglas específicas sobre:

• desconexión digital,
• compensación de gastos,
• reversibilidad,
• y condiciones del trabajo remoto.

Para algunos laboralistas, eso debilita la protección específica de quienes trabajan desde sus casas.

“La derogación de la ley de teletrabajo no implica que se prohíba el trabajo remoto, pero torna más difícil asegurar que el empleador cubra los gastos que asume el trabajador propios de la modalidad”, explicó Mariano Suárez.

Además, sostuvo que la reforma fortaleció las facultades empresarias para modificar condiciones laborales y eliminó herramientas judiciales que permitían cuestionar cambios considerados arbitrarios.

Sin embargo, otros especialistas consideran que los trabajadores remotos continúan protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo general.

Lalanne explicó que aunque desaparezca la ley especial de teletrabajo, siguen vigentes normas generales que obligan al empleador a cubrir gastos necesarios para prestar tareas.

“Si el trabajador incurre en gastos para pagar internet, tiene derecho a que el empleador le reintegre esos gastos, no porque lo diga la Ley de Teletrabajo, que ya no existe, sino porque así lo ordena el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo”, explicó.

¿El banco de horas servirá para trabajadores híbridos?

La aplicación concreta del sistema sobre empleados híbridos o remotos todavía aparece como una incógnita.

“Lo más probable es que el banco de horas no sea usado masivamente respecto de estos empleados”, señaló Lalanne.

Sin embargo, otros especialistas creen que justamente el crecimiento del home office podría facilitar esquemas de disponibilidad horaria más amplios.

“El estar fuera del trabajo y en el hogar hace que se confunda el trabajo y el no trabajo”, advirtió Elgorriaga.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión: si la flexibilización horaria implica una mayor libertad de organización o una expansión silenciosa del tiempo laboral disponible para la empresa.

La discusión de fondo: flexibilidad y relaciones laborales

Detrás de la reforma también aparece una discusión más amplia sobre cuánto margen real existe para negociar condiciones laborales entre trabajadores y empleadores.

Los defensores de la reforma sostienen que el nuevo esquema permite adaptar horarios, vacaciones y modalidades de trabajo a dinámicas productivas más modernas y flexibles.

Los críticos, en cambio, remarcan que la relación laboral sigue teniendo una fuerte asimetría entre ambas partes y que muchas veces los acuerdos se aceptan en contextos de necesidad económica.

“El trabajador acepta muchas veces porque no le queda otro remedio”, planteó Lalanne.

Para los especialistas, el verdadero impacto del banco de horas probablemente no se mida sólo en la letra de la ley, sino en cómo empiecen a implementarlo empresas, convenios colectivos y relaciones laborales concretas en los próximos años.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, junto con la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero. La reunión se realizó en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia y contó con la participación de los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, encabezada por el juez Javier Leal Ibarra.

Según se informó oficialmente, durante el encuentro “se dialogó sobre los desafíos en la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones, la cobertura de vacantes, cuestiones de infraestructura, las mejoras en la obra social y la situación financiera del Poder Judicial”.

La reunión se produjo en un contexto de avance gradual del sistema acusatorio federal, que redefine el esquema de investigación penal al otorgar un rol central a los fiscales. En ese marco, los magistrados también analizaron necesidades operativas y de infraestructura vinculadas con la puesta en marcha del nuevo modelo en distintas regiones del país.

Del encuentro participaron representantes de cámaras federales de distintos distritos judiciales, entre ellos Diego Barroetaveña, Leopoldo Oscar Bruglia, Mariana Catalano, Aníbal Pineda y Graciela Susana Montesi, entre otros.

También expusieron funcionarios técnicos y administrativos del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema. Por el Consejo participaron el administrador general, Alexis Varady; la titular del departamento de Coordinación Técnica, Silvina Montoya; y el director general de Tecnología, Hernán Rondinella.

En representación de la Corte Suprema informaron distintos asuntos vinculados con la gestión judicial el presidente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Mariano Althabe; el director del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan; y el director general de Gestión Interna e Infraestructura del tribunal, Sergio Romero.

Además, participaron el secretario general de Administración de la Corte, Gerardo Gabriel Prataviera; el titular de la Secretaría Jurídica General del máximo tribunal, Sebastián Clerici; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el director general de Infraestructura Judicial, Juan Ignacio Campi, entre otros funcionarios.

El cambio más concreto para el contribuyente es operativo, ya que a partir de esta resolución, ambos regímenes se gestionan desde el mismo lugar, es decir, desde el servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”, que está disponible en el sitio web de ARCA.

Dentro de ese portal, cada contribuyente opera con un formulario distinto, según su situación tributaria. Quienes tributan bajo el régimen general siguen usando el F.711, el formulario tradicional. Quienes optaron por el simplificado y cumplieron los requisitos de adhesión o ratificación anual previstos en la Resolución General 5820 utilizan el nuevo F.2711, que parte de información precargada por el organismo y permite confirmar, ajustar y presentar la declaración de forma más ágil.

Uno de los puntos que la resolución deja en claro es que el F.2711 no está disponible para cualquiera que quiera usarlo en el momento de presentar. Para acceder al formulario del simplificado es obligatorio haber realizado previamente la adhesión al régimen, o haber efectuado la ratificación anual de permanencia, dentro de los plazos que establece la Resolución General 5820.

La resolución aclara que sus disposiciones también aplican a los contribuyentes que convaliden la adhesión al régimen simplificado correspondiente al período fiscal 2025. Esto es relevante porque quienes habían adherido bajo la normativa anterior (la Resolución General 5704, hoy derogada) debían realizar ese trámite adicional de convalidación para quedar incorporados al régimen definitivo. Para esos contribuyentes, la RG 5836 rige desde ese momento de convalidación.

¿Cuál es la diferencia entre Régimen General y Régimen Simplificado?

“La diferencia que existe entre el régimen general y el régimen simplificado es que en el régimen general vos tenés que hacer la liquidación del impuesto y aparte conformar el patrimonio al inicio y al cierre y justificar los incrementos patrimonial y el consumo. En el régimen simplificado tan solo hay que hacer la liquidación del impuesto, sin necesidad de justificar el consumo ni exteriorizar el patrimonio del contribuyente al inicio y al cierre”, explica Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores.

¿Cuándo se puede adherir al régimen simplificado? Según especifica el contador, “la adhesión al régimen la haces hasta el momento previo a hacer la presentación de la declaración jurada, es decir, hay que adherirse y después presentar la declaración jurada”.

A quiénes NO les conviene adherir al Régimen Simplificado de Declaración Jurada de Ganancias

“En general, a todos los contribuyentes le conviene y adherir al régimen simplificado por los amplios beneficios que tenés. Por ejemplo, el tapón fiscal, efecto liberatorio del pago, no te pueden fiscalizar los periodos fiscales no prescritos", considera Rodríguez de MR Consultores.

Sin embargo, pone en el tapete un caso en el que, por ejemplo, "hay empleados en relación de dependencia a los cuales el empleador les retiene el 100% de su salario, no tienen ingresos no declarados, que no tienen fondos ocultos, con lo cual en este caso no les conviene presentar la declaración jurada por el régimen simplificado, porque de hecho ya no presentan declaración jurada".

“En consecuencia, no veo que estos individuos tengan alguna ventaja comparativa si se inscriben y van al régimen simplificado”, opina.

Por qué Bienes Personales queda afuera

Como se sabe, el efecto liberatorio y la presunción de exactitud son dos de los grandes beneficios del nuevo régimen simplificado, ya que un contribuyente sólo debe presentar, pagar, y queda cubierto sobre períodos no prescriptos de Ganancias e IVA. Pero ahí aparece un límite que llama la atención a todos los especialistas... Bienes Personales queda afuera de esa cobertura.

Sobre esto, reconoce que: “Lo de Bienes Personales, a todos nos llamó la atención que ni la ley, ni el reglamento, ni la RG haga referencia a Bienes Personales. Dicho esto, el efecto liberatorio es sólo para Ganancias y para IVA”

“Entonces, el contribuyente tiene que tener en cuenta que si exterioriza fondos que tiene ocultos a partir de ese momento, tiene que declarar estos bienes, Por ejemplo, si se compra un inmueble en el impuesto de los bienes personales, algo natural es que hubiera era optado por el REBP, que es el régimen en el cual pagaba 5 años juntos”, ejemplifica.

Caso concreto sobre compra de un inmueble y declaración de Bienes Personales:

“Uno tiene que exteriorizar o tiene que en algún momento plantear en qué periodo fiscal ha generado los fondos para poder exteriorizarlos en este periodo fiscal: Supongamos un individuo que se compra un inmueble de $ 500,000 en el 26. No puede decir que esos $ 500,000 son del periodo fiscal 2026, naturalmente, porque evidentemente de esa manera debiera declarar el ingreso del 26.

“Entonces, debe este consignar que esos ingresos los tenía de períodos fiscales anteriores. ¿Qué período fiscal anterior? No está previsto, pero si yo digo que es el período fiscal 2024, por ejemplo, yo debería pagar por rectificar Bienes Personales del 24 y del 25, porque eso fondo dije que ya los tenía”.

“Ahora, en algún punto esto puede complejizar también, porque si yo digo que, por ejemplo, lo exterioricé 1 millón de dólares y digo que lo tenía del 2024, bueno, eso puede causar que yo quede excluido del régimen simplificado, porque si yo le imputo al 2024, suma el monto de mi patrimonio del 24, con lo cual puede ser que quede excluido”.

“Dicho esto, yo debiera, entonces, afectarlo a un periodo anterior a los tres que tengo que tomar para el periodo fiscal base. Entonces, en el caso de 2026, yo tendría que decir que esos fondos que exterioricé en el 26 no los tenía en el 25, en el 24, en el 23, sino que los tenía en el 22. Pero obviamente debo obviar bienes personales del 22, 23, 24, 25. Eso no está previsto en la normativa y es algo que uno se va dando cuenta a partir que va a partir dice que va estudiando el tema”.

Régimen Simplificado: ¿qué pasa cuando se superan los límites por una operación extraordinaria, como ventas de inmuebles, herencia, o liquidación de sociedad?

Según dicta la normativa, los requisitos de ingresos y patrimonio deben cumplirse en los tres años anteriores al período base, pero la norma no contempla expresamente qué ocurre cuando un contribuyente ya adherido supera esos límites durante el propio año de la DDJJ simplificada por una operación extraordinaria, como puede ser una venta de inmueble, una herencia, una liquidación de sociedad.

Por lo tanto, la pregunta es si se pierde el régimen para ese período o eso solo lo excluye del siguiente y si hay criterio claro o es otro vacío que cada contador resuelve a su manera?

Ejemplo concreto según Rodríguez:

“En el 2025, que es tu periodo base, vos suponte que vendiste acciones por 100 millones de dólares, por decir algo. ¿Vos podés entrar en el régimen simplificado? Sí, perfectamente podés entrar, porque los parámetros de ingreso y patrimonio que te complejizan son los anteriores, 24, 23 y 22″.

“Entonces, vos presentas la declaración jurada de ganancias por el régimen simplificado del periodo 25, pagaste el impuesto por la venta de estas acciones y te queda bloqueado el 25″.

“En el 26, obviamente no vas a poder ir por el régimen simplificado porque en el 25 tuviste tamaña este utilidad o tamaña operación de venta de acciones y como en principio se va a considerar el monto bruto del ingreso, vos quedás afuera del régimen simplificado a partir del 26, pero de ninguna manera por esta operación quedas fuera en el 25″.

Qué pasa si te adherís al régimen simplificado fuera de tiempo

Según Rodríguez, tributarista, CEO de MR Consultores ”hay un tema de fondo: vos podés adherirte al régimen fuera del plazo de vencimiento de la declaración jurada y ahí perder los beneficios del tapón fiscal y que el fisco no te vaya a fiscalizar los periodos fiscales no prescritos".

“Es decir, son dos cuestiones diferentes, en el sentido de que vos estás en el régimen simplificado, pero como no cumpliste la formalidad de presentar en tiempo y forma la declaración jurada y pagar en tiempo y forma, perdés los beneficios, pero seguís estando en el régimen y cuando adhieras o convalidas tu adhesión el año que viene por el periodo fiscal 2026, si cumplís en tiempo y forma la presentación en pago, tendrás los beneficios.

Qué pasa si no presento la declaración jurada a tiempo

Según el contador, “una cosa es la adhesión al régimen y después la presentación formal de la declaración jurada”. “Es decir, si vos adherís al régimen y no presentás la declaración jurada, no cumplimentás tu obligación de fondo, que es cumplir con la presentación de la declaración jurada de ganancias. Con lo cual, adherir y no presentar es estar en un limbo”, afirma.

Qué pasa si el contribuyente se sale del simplificado

La norma también regula el camino de regreso. Si un contribuyente se desiste voluntariamente del régimen simplificado, o si ARCA lo excluye por no cumplir los requisitos, vuelve automáticamente a la obligación de determinar el impuesto bajo el régimen general. En ese caso, deberá presentar el F.711 como cualquier otro contribuyente del régimen ordinario.

Entonces, si un contribuyente se desiste del simplificado a mitad del proceso, ¿puede presentar el F.711 normalmente o queda en un limbo hasta que ARCA procese el desistimiento?

“El individuo que se adhiere al régimen simplificado y, por ejemplo, quiere ver qué información tiene el fisco para hacer la liquidación y no presenta por el simplificado, sino que presenta por el general, eso se llama desistimiento tácito. Está previsto en el ABC de preguntas frecuentes, con lo cual no tenés que hacer nada. Es decir, adhiriéndote al régimen simplificado, después te arrepentís y presentás por el régimen general, listo. Queda todo como si nada hubiera ocurrido”, explica Rodríguez a este medio

Sin embargo, remarca que una persona puede adherir y si después se arrepiente y presenta por el régimen general, “existe la salida tácita por disentimiento tácita.

Cómo son las declaraciones rectificativas para adherir al Régimen Simplificado de DDJJ

En el caso de omitir algo o cometer algún error en la DDJJ Simplificada de Ganancias, el contribuyente puede corregir dichos errores voluntariamente para mantener una “presunción de exactitud” y evitar sanciones por parte del fisco.

¿Las declaraciones rectificativas deben presentarse siempre por el mismo formulario que la original, o hay casos en que una rectificativa del simplificado obliga a ir al régimen general?

“La rectificativa vos la presentás con el mismo formulario 2711 del régimen simplificado, que es cuando vos exteriorizás alguna modificación antes de que te llegue la orden de intervención, rectificar la declaración jurada, pagar la diferencia y tener todos los beneficios”, indica Rodríguez.

Y agrega: “La rectificativa se convierte automáticamente en el nuevo pedido fiscal base en el elemento determinante para acceder a los beneficios y la presentás con el mismo formulario 2711 del régimen simplificado, que es cuando vos exteriorizás alguna modificación antes de que te llegue la orden de intervención, rectificar la declaración jurada, pagar la diferencia y tener todos los beneficios, porque la rectificativa se convierte automáticamente en el nuevo pedido fiscal base en el elemento determinante para acceder a los beneficios”.

Notificación por incumplimiento

La RG 5820 establece que cuando ARCA detecta un incumplimiento de los requisitos, notifica al contribuyente en su Domicilio Fiscal Electrónico y le da 15 días hábiles para presentar descargo.

Si la notificación llega y el contribuyente no la ve a tiempo, ¿queda excluido sin más, o el descargo suspende los efectos de la exclusión mientras ARCA resuelve?

“Sí, lo de la 5820. Si vos no respondés en tiempo y forma el acto administrativo que te excluye, por ejemplo, por incumplir el tema de los ingresos, si queda firme después de los 15 días, ya perdés la chance de cuestionar lo que te dijo o que pretende que accionar el fisco”, sostiene el tributarista.

¿Hay algo de este régimen que esté genuinamente bien diseñado y que antes no existía? ¿Y algo que, en su opinión, podría generar conflictos o controversias?

“Finalmente, después de haber analizado el tema con mucha profundidad, yo creo que tiene muchas falencias que debieran aclararse, no tan solo por alguna creación formal del fisco ni un dictamen ni alguna instrucción interna, sino que yo creo que todas las inconsistencias debieran salir de una ley o eventualmente de un decreto firmado por el presidente para a dar mayor claridad y certeza al contribuyente, sobre todo aquel que quiere apropiarse de los beneficios del régimen, exteriorizando fondos ocultos", opina Rodríguez al respecto.

Y concluye: “De otra manera, veo muy poco probable que masivamente los contribuyentes vayan a exteriorizar fondos porque, repito, no está orquestado de una manera sólida del punto de vista este técnico y obviamente también del punto de vista jurídico”.

En la comparación con febrero de este año, también se registró una mejoría, pero aún más significativa, por encima de los cinco puntos porcentuales.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,0%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70,0%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%).

Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56,0%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%), y metalmecánica excepto automotores (40,0%).

La principal incidencia positiva se observa en la elaboración de sustancias y productos químicos, que registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,5%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (53,8%), relacionado principalmente con los mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas y caucho sintético y de productos químicos básicos.

En efecto, según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la producción de materias primas plásticas y caucho sintético y la fabricación de productos químicos básicos presentan aumentos interanuales de 69,1% y de 49,1%, respectivamente.

Cabe destacar que, en marzo de 2025, el polo petroquímico de Bahía Blanca resultó severamente afectado por las inundaciones que sufrió esta localidad, las cuales provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas.

Las industrias metálicas básicas presentan en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 73,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (64,3%). En este sentido, según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 17,1% en el mes bajo observación.

Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 61,6%, superior al registrado en marzo del año anterior (57,6%), relacionado principalmente a la mayor molienda de oleaginosas y a una suba en la elaboración de bebidas.

Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas muestra en marzo un aumento interanual de 5,4%, mientras que la producción de bebidas presenta una suba interanual de 6,2%

La refinación del petróleo registra en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 86,0%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (75,8%), que responde a un mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

Los productos minerales no metálicos registran en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,6%, superior al del mismo mes de 2025 (51,7%), como consecuencia principalmente de la mayor fabricación de cemento y la mayor elaboración de otros materiales para la construcción.

La producción de papel y cartón presenta en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,0%, superior al del mismo mes del año anterior (68,2%), explicado principalmente por un mayor nivel de actividad en el segmento de papeles para usos sanitarios.

La industria metalmecánica excepto automotores, principal incidencia negativa, registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 40,0%, inferior al registrado en marzo de 2025 (42,8%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria cae interanualmente 14,7% y la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una disminución de 16,2% para la misma comparación.

Capacidad instalada: cómo se mide

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas.

Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.

Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.

En este contexto, se podrá calcular el monto del aguinaldo que será cobrado por los adultos mayores a mediados de año.

ANSES: de cuánto será el próximo aumento para los jubilados y pensionados

Este jueves 14, el INDEC publicará el dato de inflación de abril, porcentaje que se traducirá de forma directa en un nuevo incremento para los adultos mayores.

Según anticiparon distintas consultoras privadas, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una desaceleración frente a marzo y volvería a ubicarse por debajo de 3% mensual. De acuerdo al último informe de la consultora C&T, el IPC del cuarto mes del año será de 2,4%.

Si llega a darse ese número, la jubilación mínima que actualmente está en ‬$ 393.174,10 pasaría a $ 402.610,28.

ANSES: de cuánto será el aguinaldo para los jubilados en junio

Durante junio, ANSES pagará el aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración percibida por los jubilados. En caso de que quienes cobren el haber básico, deberán dividir $ 402.610,28 entre 2.

Significa que los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 402.610,28 + $ 201.305,14 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) para un total de $ 673.915,42.

Fecha de cobro: cuándo cobran los jubilados y pensionados en mayo

ANSES publicó el calendario de pagos de mayo para los jubilados y pensionados, el mismo quedó de la siguiente manera:

En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

Titulares de la mínima

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
• DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Titulares con haberes superiores al mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Sebastián Menescaldi, director asociado de la firma, sostuvo que la desaceleración inflacionaria no solo se consolidaría en abril, sino que podría continuar durante los próximos meses, con registros más cercanos al 2%.

“Nosotros ya empezamos a medir mayo y estamos previendo que haya también una desaceleración”, afirmó el economista en una entrevista con FM Now.

La consultora estima una inflación nacional de 2,5% para abril —en línea con el dato de la Ciudad de Buenos Aires difundido esta semana— y proyecta para mayo un IPC de 2,2%.

Qué espera Eco Go para la inflación de mayo

Según explicó Menescaldi, el principal factor detrás de la nueva desaceleración es el menor ritmo de aumento en alimentos, uno de los rubros de mayor peso dentro del índice general.

“En mayo los precios de los alimentos vienen muy tranquilos”, sostuvo.

El economista remarcó además que el mes no presenta, por ahora, presiones estacionales relevantes y que los ajustes en transporte tendrían un impacto acotado.

“No tenés estacionalmente subas importantes. Hay que ver qué pasa con las naftas”, señaló.

Sobre los recientes incrementos en trenes y colectivos, indicó que su efecto sería limitado. “Los trenes no se ajustaban desde 2024, con lo cual el peso del tren dentro del transporte había caído bastante. Entonces no va a tener un gran impacto inflacionario”, explicó.

En cuanto a los colectivos, agregó: “Son aumentos de 2%, o sea, no hay gran impacto”.

“En ese marco estamos previendo que la inflación se ubique por ahora en torno al 2,2%. Estamos viendo otra desaceleración adicional en mayo”, resumió.

La inflación podría estabilizarse cerca del 2%

Más allá del dato puntual de mayo, Menescaldi consideró que la inflación podría estabilizarse en niveles cercanos al 2% durante buena parte del año.

“Probablemente los niveles de inflación se ubiquen en torno al 2% de acá a lo que resta del trimestre también”, afirmó.

Según detalló, el escenario base de Eco Go contempla registros en una franja de “2,2% o 2,3%”, con algún componente estacional en julio y agosto, y una eventual perforación del 2% recién hacia el último trimestre.

“Si marcha todo ok, podrá seguir bajando para ubicarse por debajo del 2% en el último trimestre del año”, sostuvo.

El pico de marzo y los factores detrás de la desaceleración

El economista consideró que marzo representó el punto más alto de inflación de esta etapa, luego de una combinación de shocks que afectaron la dinámica de precios durante los últimos meses.

“Este año el país tuvo que aceptar dos shocks: un shock petrolero y un shock en el precio de la carne”, explicó.

A eso sumó “un ajuste post elecciones de precios regulados que hizo el Gobierno”, lo que, según su visión, llevó la inflación “en torno al 3% desde diciembre hasta marzo”.

“Eso parece haber pasado, y abril va a ser el primer mes donde tenés una pequeña baja en el nivel de inflación”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la desaceleración no implica una convergencia rápida hacia niveles mucho más bajos.

“Estos niveles de inflación fueron más altos que lo que esperaba el Gobierno inicialmente e implican hacia adelante correcciones más altas. Hay una inercia mayor”, sostuvo.

Por eso, estimó que la inflación anual podría terminar “en valores similares a los del año pasado”.

Riesgo país y acceso al financiamiento

Durante la entrevista, Menescaldi también analizó la baja reciente del riesgo país, que perforó los 500 puntos básicos por primera vez en meses, aunque luego volvió a superarlos.

Según explicó, el movimiento respondió tanto a un contexto internacional favorable para mercados emergentes como a la mejora en la calificación de la deuda argentina.

“Eso implica que puede haber mayor cantidad de demandantes de deuda local por parte de inversores extranjeros”, señaló.

No obstante, planteó que el Gobierno necesitará volver gradualmente al mercado voluntario de deuda para enfrentar los vencimientos de 2027.

“Me parece importante mostrar que ya hay personas que apuestan por Argentina y por la continuidad política de este modelo económico”, concluyó.

La exministra cuestionó el atraso de la red de subterráneos de Buenos Aires frente a otras capitales de la región y la respuesta no tardó en llegar: Jorge Macri defendió la gestión del PRO y enumeró las obras en marcha, mientras que Leandro Santoro aprovechó la polémica para apuntar contra el macrismo y recordar que Bullrich presidió el partido durante años.

“Nos pasaron por arriba”, escribió Bullrich en sus redes sociales al comparar el desarrollo del subte porteño con el de Santiago de Chile. La dirigente libertaria señaló que la capital chilena cuenta con “143 kilómetros de subte contra 56,6” de Buenos Aires, además de “600 millones de pasajeros versus 191 millones” y “163 estaciones contra 90”.

Los subtes: nos pasaron por arriba.

Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión.

La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile,… pic.twitter.com/VdqF007seM

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2026

“Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina y el de Chile es de 1975. Tenemos que darle velocidad al subte”, reclamó en un video elaborado desde un andén.

El planteo de Bullrich puso el foco sobre una de las principales deudas históricas de la infraestructura porteña y abrió un nuevo frente político dentro del espacio que disputa el electorado de centroderecha en la Ciudad.

Desde el gobierno porteño, Jorge Macri recogió el guante y respondió con un mensaje en tono conciliador, aunque marcando diferencias.

“Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos”, sostuvo el jefe de Gobierno.

En esa línea, Macri destacó una serie de medidas impulsadas por su gestión para revitalizar la red. Entre ellas, recordó que ya fue licitada la Línea F, “la primera en 25 años”, y que se compraron 174 coches para renovar la Línea B, además de otros 50 para las líneas A y C, todos “0 kilómetro”.

También defendió la incorporación del sistema multipago en el subte porteño, que permite abonar con tarjetas y celulares además de la SUBE. “Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, señaló.

El mandatario porteño además reconoció el deterioro de parte de la infraestructura heredada. “Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad”, afirmó, y detalló que ya está en marcha la licitación para renovar 77 equipos. A eso sumó la remodelación de más de 30 estaciones.

“El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”, concluyó.

La discusión sumó luego a Leandro Santoro, referente del peronismo porteño y potencial candidato en 2027, quien aprovechó la polémica para cuestionar directamente al PRO. “Es cierto, nos pasaron por arriba. Pero hablando de subtes, el día que Pato se entere que la red crecía hasta que llegó el PRO —que ella presidía— y frenó todo, capaz cambia de estrategia y se tira a presidenta”, ironizó.

El cruce dejó expuesta una disputa que recién empieza: mientras Bullrich busca instalar un discurso de gestión y modernización urbana desde La Libertad Avanza, Jorge Macri intenta mostrar obras concretas y defender el legado del PRO en la Ciudad.

“Este proyecto representa un cambio estructural para Vaca Muerta, en tanto permite resolver una de las principales limitaciones que hoy enfrenta la cuenca: la restricción en la capacidad de evacuación de la producción de gas. Actualmente, la producción está en aumento y se ve condicionada por cuellos de botella en la infraestructura de transporte, lo que impacta tanto en el crecimiento del desarrollo como en la valorización del recurso”, explicó la compañía.

El ingreso oficial al RIGI del proyecto denominado “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)” fue autorizado a través de la Resolución 676/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalló que se enmarca en el sector de “Petróleo y Gas” y busca fortalecer la infraestructura energética del país. En este panorama, claro está, dar salida a la producción de Vaca Muerta es fundamental.

Gasoducto clave: cómo será la inversión millonaria

El plan de inversión propuesto por TGS asciende a un total de u$s 550 millones, de los cuales u$s 513.372.867 corresponden a activos computables para el esquema RIGI, según se precisó en el documento oficial.

Como parte de los requisitos del RIGI, la empresa se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales para bienes y obras. Además, deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 40% del monto de inversión mínima dentro de los primeros dos años desde la notificación de la aprobación.

Cómo será la obra del gasoducto y cuándo estará terminada

La obra consiste en la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza que se extiende desde Tratayén en Neuquén, hasta Salliqueló en Buenos Aires (unos 573 km).

El objetivo central es incrementar la capacidad de transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos diarios. De esta manera, se podrá pasar de 21 a 35 millones de metros cúbicos.

La compañía comunicó que el sistema prevé destinar 12 MMm³/d al área del Gran Buenos Aires y 2 MMm³/d al polo industrial de Bahía Blanca. “De esta manera, se reemplaza gas importado por producción doméstica competitiva, reduciendo la dependencia de abastecimiento externo”, puntualizaron.

“El aumento de la capacidad permite destrabar la producción y otorgar previsibilidad al desarrollo. A su vez, la incorporación de nueva potencia de compresión asegura que el sistema pueda acompañar el crecimiento sostenido de la cuenca en los próximos años, alineando producción con capacidad de transporte y consolidando a Vaca Muerta como eje del abastecimiento energético nacional”, añadieron.

Según los plazos establecidos, la construcción tendrá una duración estimada de 18 meses, desde noviembre de 2025, y se estima que la operación comercial comenzará el 1 de abril de 2027.

La resolución señala que el Banco Central (BCRA) intervino en el proceso, concluyendo que la demanda de divisas del proyecto no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales. Asimismo, la empresa manifestó que el financiamiento corre por su exclusiva cuenta y riesgo.

El documento oficial también indica que TGS no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas de cobros de exportaciones, que está previsto en el artículo 198 de la Ley 27.742, aunque sí accederá a otros incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios que el régimen otorga.

Por qué es clave para Vaca Muerta la extensión del gasoducto

La ampliación del gasoducto Perito Moreno hasta Salliqueló es clave porque permite llevar mayor volumen de gas producido en Vaca Muerta a los principales centros de consumo del país, especialmente el Área Metropolitana y el Litoral.

De hecho, con ampliación de capacidad que plantea la obra, se apunta a reducir la dependencia de combustibles importados o más caros para la generación eléctrica y el consumo industrial, lo que tiene un efecto directo sobre los costos energéticos que pagan hogares y empresas; ese menor costo energético, a su vez, puede moderar la presión sobre la inflación y mejorar la competitividad industrial.

“El impacto económico del proyecto es directo y significativo, con efectos positivos sobre variables clave de la macroeconomía. En primer lugar, se estima un ahorro anual cercano a los 700 millones de dólares en la balanza comercial energética, producto de la sustitución de importaciones de GNL”, comunicó la compañía.

Además, el mayor volumen de fluido hacia Salliqueló aliviana cuellos de botella logísticos que hasta ahora limitaban el aprovechamiento pleno de la producción no convencional. Al ofrecer mayor capacidad de transporte se facilita que la oferta crezca sin quedar frenada por restricción de ductos, lo que incentiva nuevas inversiones en perforación y desarrollo de infraestructura en Vaca Muerta.

Desde una perspectiva macroeconómica, la mayor oferta de gas nacional reduce la necesidad de importar gas natural licuado y combustibles líquidos para cubrir picos de demanda, con un efecto positivo sobre la balanza comercial y el uso de reservas de divisas.

TGS está realizando obras adicionales en su sistema de transporte regulado con una inversión superior a los 220 millones de dólares, que permitirán que el gas adicional puesto en Salliqueló acceda al área del GBA y sea transferido al sistema norte a través del Gasoducto Mercedes–Cardales, para abastecer al Litoral y al norte del país.

De esa manera, se apunta a sustituir las importaciones de GNL de la Terminal Escobar y combustibles líquidos para generación eléctrica. Así, se configura una inversión final que supera los u$s 750 millones, una cifra de magnitud para el sistema de transporte de gas argentino.

En inviernos duros, cuando la demanda por calefacción y generación sube, disponer de mayor capacidad de transporte reduce la chance de racionamientos o de compras spot a precios internacionales, lo que aporta previsibilidad al sistema energético y protege al sistema eléctrico y productivo de saltos de costos abruptos.

Finalmente, la obra tiene implicaciones estratégicas de largo plazo: mejora la seguridad energética al diversificar y reforzar las rutas de suministro hacia el centro y este del país, y crea capacidad contratables para grandes consumidores y generadores, favoreciendo planes de expansión industrial que requieren energía confiable.

En un contexto donde conseguir financiamiento se volvió más difícil y caro, mantener un buen historial financiero pasó a ser clave para acceder a préstamos, cuotas, límites de consumo y contratos de alquiler.

Qué es el perfil crediticio y por qué es tan importante

El perfil crediticio funciona como un historial financiero que refleja cómo una persona administra sus obligaciones económicas.

Las entidades analizan distintos factores antes de aprobar productos financieros, entre ellos:

• Pagos de tarjetas y préstamos.
• Atrasos registrados.
• Cantidad de créditos solicitados.
• Nivel de endeudamiento.
• Comportamiento de consumo.

Con esos datos, bancos y empresas determinan:

• Si aprueban o no un crédito.
• Cuánto dinero prestarán.
• Qué tasa de interés aplicarán.
• Qué límites de gasto otorgarán.

El error que más afecta la calificación financiera

Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando las personas acumulan pequeños atrasos creyendo que no tendrán impacto.

Sin embargo, especialistas remarcan que:

• Pagar fuera de término.
• Refinanciar constantemente.
• Pedir muchos préstamos al mismo tiempo.
• Exceder límites de tarjetas.

Puede deteriorar el perfil financiero durante varios meses, incluso después de regularizar la situación.

También influye no tener historial financiero activo, ya que los sistemas necesitan información para evaluar el comportamiento de pago.

Cómo consultar gratis el perfil crediticio

En Argentina existen plataformas oficiales y privadas que permiten revisar el estado financiero personal de manera gratuita.

Una de las principales herramientas es la Central de Deudores del Banco Central, donde cualquier usuario puede consultar:

• Tarjetas de crédito.
• Préstamos.
• Cheques rechazados.
• Situación bancaria.

El sistema clasifica a cada persona en una escala del 1 al 6 según el nivel de cumplimiento.

Qué significan las categorías del BCRA

La clasificación funciona de la siguiente manera:

• Situación 1: pagos al día
• Situación 2: atrasos leves
• Situación 3: dificultades de pago
• Situación 4: alto riesgo
• Situación 5: deuda considerada irrecuperable
• Situación 6: irrecuperable por disposición técnica

Cuanto más alta es la categoría, mayores son las dificultades para acceder a financiamiento.

Veraz y Nosis: qué muestran estos informes

Además del Banco Central, existen burós privados como Veraz y Nosis que también almacenan información crediticia.

Estos reportes suelen incluir:

• Consultas realizadas por terceros.
• Deudas comerciales.
• Antecedentes financieros.
• Comportamiento de pago.

La Ley de Protección de Datos Personales permite solicitar gratuitamente un informe completo cada seis meses.

Cómo mejorar el perfil crediticio

Especialistas recomiendan mantener ciertos hábitos para evitar problemas futuros:

• Pagar servicios y tarjetas en fecha.
• Evitar acumular refinanciaciones.
• Reducir gastos innecesarios.
• No solicitar múltiples créditos simultáneamente.
• Revisar periódicamente los informes crediticios.

También aconsejan controlar posibles errores o deudas mal registradas que puedan perjudicar la calificación financiera.

Por qué cada vez más personas revisan su historial

Con la mora financiera en aumento y mayores controles para otorgar créditos, el perfil crediticio se convirtió en una herramienta clave para la vida cotidiana.

Actualmente, una mala calificación no solo puede complicar el acceso a préstamos o tarjetas, sino también afectar:

• Alquileres.
• Compras en cuotas.
• Financiamiento comercial.
• Operaciones bancarias.

Por eso, revisar regularmente el historial financiero dejó de ser un trámite secundario y pasó a convertirse en una práctica cada vez más importante para consumidores y empresas.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial durante junio del año pasado. La normativa eliminó artículos de leyes anteriores que establecían contenidos obligatorios vinculados a diferentes temáticas incorporadas de manera transversal en la educación argentina.

¿Qué materias se eliminan de todas las escuelas de Argentina?

A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios:

• Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.
• Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

¿Por qué eliminaron estas materias?

Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

Calendario escolar 2026: provincia por provincia

A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país tras la modificación de Jujuy:

Catamarca

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Chaco

• Receso: 20 al 31 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Chubut

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Córdoba

• Receso: 6 al 17 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Corrientes

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Entre Ríos

• Receso: 6 al 17 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Formosa

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 17 de diciembre

Jujuy

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

La Pampa

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 23 de diciembre

La Rioja

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Mendoza

• Receso: 6 al 17 de julio
• Fin: 22 de diciembre

Misiones

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Neuquén

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Río Negro

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Salta

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

San Juan

• Receso: 6 al 17 de julio
• Fin: 18 de diciembre

San Luis

• Receso: 6 al 17 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Santa Cruz

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Santa Fe

• Receso: 6 al 17 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Santiago del Estero

• Receso: 20 al 31 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Tierra del Fuego

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

Tucumán

• Receso: 13 al 24 de julio
• Fin: 18 de diciembre

El pedido fue impulsado por el socialista Esteban Paulón y reúne acompañamientos de Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y distintos monobloques opositores. El objetivo formal es tratar una serie de pedidos de informes e interpelaciones vinculadas a la situación patrimonial del funcionario, además de una eventual moción de censura.

Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que la oposición no alcanzará los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión y consideran que, aun en el escenario de máxima tensión política, el intento no pasará de una exposición simbólica en minoría.

“La oposición tiene unos 115 votos, suponiendo que Unión por la Patria baje completo, algo que tampoco está garantizado. En el mejor de los casos hablarán en minoría”, sostuvo ante Noticias Argentinas una fuente legislativa con diálogo permanente con la Casa Rosada.

El oficialismo también minimiza las consecuencias parlamentarias del intento opositor porque ninguno de los expedientes cuenta con dictamen previo de comisión. Por eso, el verdadero objetivo de quienes impulsan la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para obligarlas a tratar los proyectos vinculados a Adorni.

En ese marco, el Gobierno apuesta además a una ayuda indirecta del PRO. Aunque el partido que conduce Mauricio Macri endureció su discurso contra la administración libertaria en las últimas semanas, en la bancada amarilla anticipan que no facilitarán el quórum. El argumento es que el bloque no suele habilitar sesiones especiales convocadas por otros espacios políticos.

La tensión alrededor del jefe de Gabinete creció durante las últimas semanas tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y las revelaciones sobre viajes, bienes y gastos que derivaron en presentaciones judiciales en Comodoro Py.

La investigación quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo y se centra en analizar movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y viajes al exterior presuntamente incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario.

El respaldo interno a Adorni sigue siendo total. Tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostienen al jefe de Gabinete pese al avance de la causa y a los cuestionamientos opositores.

Incluso, el mandatario volvió a defenderlo puertas adentro luego de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que adelantara la presentación de su declaración jurada patrimonial. Según trascendió, Milei rechazó cualquier posibilidad de desplazarlo y ratificó su confianza en el funcionario.

Con ese escenario, el oficialismo llega a la sesión de mañana convencido de que la oposición no conseguirá reunir el número necesario para abrir el recinto y que el nuevo intento contra Adorni terminará diluyéndose antes de comenzar el debate.

Según pudo corroborar El Cronista, los anexos revelan recortes sobre rutas nacionales, infraestructura hídrica, saneamiento y programas federales financiados incluso por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El patrón que aparece es consistente: menos transferencias de capital, menos financiamiento federal y caída de obras vinculadas a logística agroindustrial, transporte pesado, energía y comercio exterior.

Tomando únicamente los recortes provincializados y explicitados en las planillas oficiales, el ajuste relevado sobre obras públicas estratégicas asciende a aproximadamente $21.672 millones.

La provincia más afectada es Entre Ríos, que concentra cerca del 29,8% del total recortado, principalmente por la poda sobre la Ruta Nacional 12 y obras vinculadas a infraestructura hídrica. Le siguen Catamarca, con el 21,9% del ajuste, y Buenos Aires, con el 16,3%, especialmente por los recortes sobre la Ruta Nacional 5 y otros corredores viales ligados al agro y la logística.

Buenos Aires: la Ruta 5 y el corredor cerealero

Uno de los recortes más importantes aparece sobre la Ruta Nacional 5, particularmente en el tramo Mercedes–Suipacha, en la provincia de Buenos Aires. La obra pierde $1.787 millones.

Esta ruta es uno de los principales corredores logísticos del país. Según Vialidad Nacional, por esa vía “circula gran parte de la producción agropecuaria del país” y se trata de “una de las rutas nacionales con mayor tráfico de vehículos pesados”.

El corredor conecta el oeste bonaerense y La Pampa con puertos y centros industriales. Por allí circulan soja, maíz, trigo, carne, fertilizantes, maquinaria agrícola y parte de la logística vinculada a Vaca Muerta.

El recorte se complementa con otros $502 millones menos sobre obras de la Ruta Nacional 3 en Cañuelas, $940 millones menos en mantenimiento vial y $313 millones menos en seguridad vial.

La relevancia económica del corredor no es menor: el complejo agroexportador argentino generó exportaciones por más de USD 45.000 millones durante 2025, según datos oficiales del sector.

Parte de las obras viales nacionales estaban financiadas mediante programas de crédito externo y esquemas multilaterales de infraestructura vinculados a organismos internacionales.

Entre Ríos: la Ruta 12 y el corredor Mercosur

A pesar de la alianza indiscutible entre Rogelio Frigerio y el gobierno nacional, en Entre Ríos aparece uno de los mayores ajustes viales del anexo, la Ruta Nacional 12 pierde $6.265 millones.

La RN12 es una arteria clave del NEA y del Mercosur. Conecta Misiones, Corrientes y Entre Ríos con Buenos Aires y funciona además como corredor hacia Brasil y Paraguay.

Por esa vía circula buena parte de la producción forestal, arrocera y citrícola de la región, además de madera, yerba mate y cargas vinculadas al comercio exterior.

Los anexos también muestran recortes sobre obras de agua potable en Diamante, con una baja de $197 millones.

Algunas de las obras hídricas y de saneamiento asociadas a programas provinciales y federales tenían financiamiento internacional y líneas de crédito externo gestionadas a través del BID y el Banco Mundial.

Tucumán y Catamarca: el corazón agroindustrial del NOA

Por otra parte, la Ruta Nacional 38, que atraviesa Tucumán y Catamarca, también figura entre las obras más afectadas.

En Catamarca aparece un recorte de $4.257 millones y en Tucumán otro de $1.005 millones.

Según Vialidad Nacional, la RN38 junto con la RN9 y la RN157 constituye “una vía fundamental para el desarrollo económico del NOA”.

El corredor es estratégico para la producción de azúcar, limón, citrus exportador, bioetanol, soja y maíz.

Datos oficiales del Gobierno de Tucumán muestran que la provincia produce el 65% del azúcar argentino y lidera la producción nacional de bioetanol. Además, concentra una de las mayores cadenas exportadoras de limón del mundo.

En este sentido, Vialidad Nacional informó además que algunos tramos de la RN38 registran hasta 10.000 vehículos diarios, muchos de ellos vinculados a transporte pesado y exportaciones regionales.

En Catamarca y Santiago del Estero también aparecen recortes por $493 millones sobre acueductos y plantas potabilizadoras.

Esas obras hidráulicas formaban parte de programas de infraestructura y saneamiento asociados a financiamiento externo y programas federales de desarrollo regional.

Neuquén: rutas clave para Vaca Muerta

El ajuste también llegó al corazón del modelo libertario, los anexos afectan corredores estratégicos para la industria energética en Neuquén.

Las obras sobre la RN237 pierden $660 millones y las vinculadas a la RN242 otros $552 millones.

Es una de las rutas fundamentales para la logística petrolera y gasífera asociada a Vaca Muerta, además de corredores utilizados por minería y transporte pesado.

La RN242 conecta además con Paso Pino Hachado, uno de los principales cruces bioceánicos hacia Chile.

Estas obras de infraestructura vial y conectividad energética también estaban vinculados a líneas de crédito externo y programas federales de integración logística.

Chubut, Formosa, Jujuy y Salta

Finalmente, en Chubut aparecen recortes por $767 millones en mantenimiento vial y otros $534 millones sobre la Ruta Nacional 3. Nacho Torres enfrenta en su provincia una situación delicada, por un lado, un fuerte descontento de los estatales y por otro una crisis de empleo.

En la provincia del opositor Gildo Insfrán, Formosa, las obras sobre RN11 y RN A011 pierden $525 millones.

Mientras tanto, en el Jujuy de Carlos Sadir, aliado del gobierno, los recortes sobre RN40 y RN52 alcanzan $839 millones.

En Córdoba, los anexos muestran un recorte de $447 millones sobre la restauración del Hotel Nº1 del Complejo Turístico Embalse.

También aparecen $906 millones menos para obras de seguridad vial.

Por último, en Salta aparecen bajas sobre mantenimiento vial por $190 millones.

AySA y el freno sobre saneamiento

El ajuste también alcanza a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que pierde $21.437 millones en transferencias de capital.

Eso impacta sobre expansión de redes, agua potable, cloacas y mantenimiento urbano.

Parte de los proyectos de saneamiento y expansión de infraestructura hídrica estaban asociados a financiamiento internacional y programas multilaterales de desarrollo urbano.

En conjunto, los anexos muestran una desaceleración muy fuerte de la inversión pública federal sobre corredores productivos, infraestructura logística y obras estratégicas para el funcionamiento económico argentino.

En este escenario, el último informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista, relevó las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales.

El reporte, correspondiente a mayo 2026, traza una hoja de ruta para la Argentina de cara al segundo semestre de 2026 y revela las proyecciones para tres indicadores clave: dólar, inflación y crecimiento económico.

Dólar: qué proyectan más de 40 consultoras y bancos para 2026

Los analistas consultados por FocusEconomics proyectan que el dólar se debilitará hacia fines de año.

"El Banco Central permite que el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación en términos reales", señala el reporte, el cual proyecta un dólar en torno a los $ 1391 en el mercado oficial y $ 1400 en el paralelo.

“Ambos tipos de cambio se beneficiaron de las fuertes exportaciones, pero se prevé que se debiliten para finales de 2026″, auguran los analistas.

De esta forma, la proyección promedio para el dólar de los analistas consultados es de $ 1686,70 para fin de año y de $ 1975,3 para 2027.

Inflación: qué espera el mercado a días de un nuevo dato del INDEC

Este lunes se conoció que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, según el Instituto de Estadística y Censos porteño, mientras el INDEC difundirá este jueves 14 de mayo el IPC a nivel nacional.

Tanto el Gobierno como los analistas privados esperan que la inflación de abril se ubique por debajo de 3%, tras el pico de marzo (3,4%).

Según FocusEconomics, “se prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% este año, impulsada por los elevados precios mundiales de la energía derivados del conflicto en Oriente Medio”.

Sin embargo, resaltan que “la reducción de las restricciones a las importaciones y la contención del gasto público limitarán las presiones inflacionarias”.

Así, los analistas de FocusEconomics prevén que los precios al consumidor aumenten un 30,4% de media en 2026, lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la proyección del mes anterior, y un 20,6 % de media en 2027.

Crecimiento económico: qué esperan, sector por sector, más de 40 consultoras y bancos

Desde FocusEconomics, los analistas destacan que “la economía ha tenido un comienzo débil en 2026, con un estancamiento generalizado en términos anuales entre enero y febrero, debido al bajo rendimiento de sectores como la construcción, la hotelería, la industria manufacturera, el comercio minorista y mayorista, y la administración pública”.

“Esto ha contrarrestado en gran medida el auge de la producción agrícola y energética, impulsado por una cosecha abundante y el aumento de la producción del yacimiento energético de Vaca Muerta, respectivamente", agregan.

Además, señalan que la confianza del consumidor ha caído sustancialmente desde principios de año, mientras que la inflación mensual se aceleró por séptimo mes consecutivo en marzo, siendo ambas cifras “un mal presagio” para el gasto privado.

Con todo esto, los analistas de Focus revisaron a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para 2026, “debido a la débil actividad económica registrada este año y al aumento de los precios mundiales de la energía”.

“Si bien la sólida producción agrícola y energética brindará apoyo, sectores orientados al mercado interno como la manufactura, la construcción y el comercio minorista tendrán un desempeño deficiente debido a la alta inflación, la austeridad fiscal y la competencia extranjera", explican.

De esta forma, los analistas de FocusEconomics prevén que el PIB crezca un 2,9 % en 2026, lo que supone un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y un 3,1 % en 2027.

El nuevo esquema apunta a atraer inversiones en industrias que hoy directamente no existen en el país, como son desde baterías de litio y refinación de cobre hasta datacenters y fertilizantes. También contempla la participación del sector agropecuario. “Lo mejor era que esto englobara los sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, que además tuviera mayor recaudación fiscal: vamos a cobrar menos impuestos, pero que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país”, explicó Caputo.

Pero un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) identifica cuatro problemas de fondo que el nuevo esquema no resuelve —y en algunos casos agrava.

Qué es el Súper RIGI y cómo funciona

El Súper RIGI es una versión recargada del RIGI original, orientada principalmente a derivados de la minería, industrialización de recursos naturales y datacenters. Entre los sectores bajo análisis figuran:

• refinamiento y laminado de cobre
• procesamiento de litio
• producción de baterías
• paneles solares
• turbinas eólicas
• cadena de valor del uranio
• fábricas de autos eléctricos
• producción industrial pesquera
• fertilizantes de potasio y fósforo
• datacenters.

La lógica detrás es geopolítica además de económica, ya que cerca del 80% de la refinación de cobre y litio está hoy controlada por China, lo que genera un cuello de botella global en refinación y distribución.

Ante esta situación, Argentina integró un acuerdo regional con Estados Unidos y otros países para incentivar el desarrollo de minerales críticos y su cadena de valor en occidente.

Beneficios del Súper RIGI

En materia de beneficios, el Súper RIGI mejora en todos los frentes al RIGI vigente:

• Impuestos: la alícuota de Ganancias baja del 25% actual al 15%. La amortización de inversiones es más acelerada: 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero.
• Aduana: exención total de aranceles a todo lo vinculado a la producción —no solo a bienes de capital como en el RIGI— y arancel cero de exportación desde el inicio, sin el esquema progresivo del régimen actual.
• Provincias y municipios: las provincias que adhieran no podrán cobrarle a estos proyectos Ingresos Brutos superiores al 0,5%. Los municipios tampoco podrán aplicar tasas sobre ventas. “Lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación”, advirtió Caputo sobre esas tasas.

El aún no tiene monto mínimo de inversión requerido para acceder al régimen aún no fue definido. Por su parte, el Gobierno ya proyecta que podría atraer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares adicionales.

Qué pasó con el RIGI original

El RIGI fue creado por la Ley Bases para atraer proyectos superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos: energía, minería, petróleo y gas, forestoindustria, turismo, infraestructura, tecnología y siderurgia.

Actualmente hay 13 proyectos aprobados en ocho provincias —San Juan, Salta, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, con inversiones comprometidas por 27.210 millones de dólares. Sumando los 22 proyectos en evaluación, el monto total asciende a 94.965 millones de dólares, con predominio de iniciativas en hidrocarburos y minería.

Sin embargo, en su primer año completo de vigencia (2025), la inversión total de la economía fue apenas 16,0% del PBI, contra un promedio de 15,8% en la década anterior. La aguja no se movió de manera significativa, señala el informe.

Los 4 problemas del RIGI, según IDESA

1. RIGI no movió el amperímetro de la inversión. Pese a los miles de millones comprometidos en papel, el régimen de excepción no generó hasta ahora un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Crear un Súper RIGI sin resolver las causas de fondo replica el mismo problema en una escala mayor. “La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión”. IDESA en cambio sugiere mejorar las condiciones generales para todos los inversores, no solo para quienes logran acceder al régimen especial.
2. El ahorro existe, pero huye al dólar. Mientras la inversión productiva se estanca, las personas destinaron 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorrar en 2025. El problema no es falta de recursos: es que el contexto desincentiva canalizarlos hacia la producción. Los ahorros se acumulan “bajo el colchón” en vez de expandir capacidad instalada, lo que implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema. “Que los ahorros se acumulen ‘bajo el colchón’ en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un permanente drenaje de recursos fuera del sistema que limita las posibilidades de progreso”. Por su parte IDESA sugiere aprovechar el clima financiero de mayor tranquilidad para completar la eliminación del cepo cambiario, de modo que el ahorro fluya naturalmente hacia la inversión.
3. El esquema es burocrático y genera asimetrías. El RIGI, el RIMI (para empresas más chicas, incluido en la ley de modernización laboral) y el propuesto Súper RIGI son regímenes de excepción que se acumulan uno sobre otro. Cada nueva capa crea ganadores y perdedores, ya que los proyectos que no califican quedan en desventaja frente a los que sí acceden, distorsionando la competencia y abriendo la puerta a la discrecionalidad en la aprobación de proyectos. ”Esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones al generar asimetrías desventajosas para las inversiones que no acceden a los beneficios especiales”. Sobre este problema que plantea, el informe también sugiere que, en vez de sumar excepciones, es mejor avanzar hacia reglas generales que apliquen a todos los proyectos de inversión por igual.
4. El alivio impositivo solo llega a unos pocos. El propio Súper RIGI reconoce implícitamente que el régimen tributario general es inviable, ya que topa Ingresos Brutos en 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas. Pero ese alivio solo alcanza a los proyectos del nuevo esquema. El resto de la economía sigue cargando con la presión tributaria combinada de nación, provincias y municipios. “La persistencia de parte del cepo cambiario y el distorsivo sistema tributario nacional, provincial y municipal”. Por eso, el informe sugiere crear un “Súper IVA” coordinado con las provincias que absorba el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre ventas para toda la economía, no solo para proyectos seleccionados.

El documento de IDESA reconoce que contar con instituciones amigables con la inversión es la base del desarrollo, y que el RIGI fue ideado como un puente transitorio, es decir, bajo un mecanismo de excepción bajo la expectativa de que en algún momento la normalidad se generalice a toda la economía. Según plantean, el problema es que, en lugar de avanzar hacia esa normalidad, “se suman nuevas capas de excepción”.

Es necesario “contar con instituciones amigables con la inversión es la base del desarrollo”. El RIGI fue ideado como un mecanismo transitorio, “una isla encapsulada donde las inversiones son reguladas con instituciones normales bajo la expectativa de que en algún momento la normalidad se generalice a toda la economía”, indicaron.

La propuesta de IDESA basada en dos ejes

En materia cambiaria, sugiere completar la eliminación del cepo mientras el contexto financiero lo permite.

En materia impositiva, la reforma más trascendental sería unificar los impuestos a las ventas mediante el “Súper IVA”. Esto requeriría la coordinación con las provincias, pero resolvería el problema de raíz para toda la economía

“La baja inversión en Argentina imposibilita el desarrollo social” y “en lugar de sumar excepciones, es mejor crear condiciones amigables para todos los proyectos de inversión”, concluyeron.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó la Resolución 300/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que obliga a las empresas de telefonía móvil a bloquear celulares, tarjetas SIM y líneas telefónicas detectadas en funcionamiento dentro de establecimientos penitenciarios federales.

La medida se suma a la Resolución 336/2026 que el Ministerio de Seguridad había dictado semanas atrás y completa así un esquema de doble cerrojo normativo sobre el uso de teléfonos en prisión.

La decisión apunta a impedir que internos utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos, realizar estafas, extorsiones o mantener comunicaciones ilegales desde prisión. Según se detalla en la norma, la medida busca evitar que organizaciones criminales operen desde las cárceles, ya que el uso de celulares les permite planificar y coordinar maniobras ilícitas desde el interior de los penales.

El corazón técnico de la nueva normativa es la incorporación del concepto de IMSI al sistema de bloqueo.

Resolución 300/2026 Prohibición Celulares en Penales Federales by adelrio

El IMEI es el código único que identifica físicamente a un teléfono celular, mientras que el IMSI identifica a la tarjeta SIM y al abonado de la red móvil. La diferencia es relevante: bloquear únicamente el IMEI inutiliza el aparato, pero bloquear también el IMSI impide que la tarjeta SIM pueda utilizarse en cualquier otro equipo y en cualquier red móvil, incluso fuera del país.

El mecanismo funcionará de la siguiente manera: el Servicio Penitenciario Federal detectará dispositivos activos dentro de las cárceles, el Ministerio de Seguridad remitirá los datos a las empresas telefónicas, y las compañías deberán ejecutar el bloqueo del equipo, la SIM y la línea asociada, conservando registros completos de las acciones realizadas.

La medida alcanza a todas las prestadoras de telefonía móvil que operan en el país, entre ellas Telecom Argentina, AMX Argentina y Telefónica Móviles Argentina.

La norma también retoma un viejo problema vinculado a los inhibidores de señal: durante años hubo denuncias por interferencias en barrios linderos a cárceles federales. Por eso, la nueva regulación insiste en que los bloqueos deben limitarse exclusivamente al ámbito penitenciario y no afectar a terceros ajenos a los penales.

El cambio forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei y se suma a recientes medidas del SENASA que avanzan en una dirección similar: reducir la superposición de controles entre organismos nacionales, provincias y municipios.

Desde ARCA explicaron a El Cronista que la resolución se apoya en el espíritu del DNU 70 de 2023, que planteó como objetivo “reconstruir la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones que impidan su normal desarrollo, así como de la adopción de medidas que promuevan una mayor inserción en el comercio mundial”.

Qué cambia con la nueva resolución de ARCA sobre los depósitos

La modificación impacta específicamente sobre el trámite de habilitación de depósitos fiscales, es decir, los espacios donde se almacena mercadería bajo control aduanero antes de su exportación o nacionalización.

Hasta ahora, para habilitar uno de esos depósitos, la Aduana podía exigir documentación municipal como parte de los requisitos administrativos. El problema, según explican desde el organismo, era que no existía un criterio uniforme entre municipios.

“Antes había una habilitación municipal como uno de los requisitos para habilitar. Ahora se eliminó ese requisito y se le pide una declaración jurada al dueño del depósito fiscal”, señalaron desde ARCA a El Cronista.

La medida reemplaza entonces la exigencia documental municipal por una declaración jurada presentada por el titular del depósito, simplificando el circuito administrativo nacional.

Desde el organismo remarcaron además que el cambio no afecta el procedimiento de exportación en sí mismo, sino exclusivamente la instancia de habilitación aduanera de estos espacios logísticos.

“No tiene que ver con el procedimiento de exportación. Esto es para habilitar un depósito fiscal”, aclararon.

Qué son los depósitos fiscales y por qué son importantes

Los depósitos fiscales son instalaciones autorizadas por la Aduana para almacenar mercadería bajo control aduanero. Funcionan como nodos centrales de la logística de comercio exterior y son utilizados por:

• importadores,
• exportadores,
• operadores logísticos,
• terminales de carga,
• couriers,
• y despachantes de aduana.

Por eso, aunque la resolución no modifica directamente exportaciones o importaciones, sí puede tener impacto sobre tiempos administrativos, costos operativos y habilitación de nuevos operadores logísticos.

En la práctica, el Gobierno busca evitar que un trámite nacional dependa de requisitos municipales que pueden variar de una jurisdicción a otra.

“En algunos lugares había un requisito municipal que además no tenía el mismo criterio en todos los municipios. Eso se eliminó desde Aduana”, explicaron desde ARCA.

La lógica oficial es separar competencias: que los municipios mantengan sus controles locales, pero que esos permisos no funcionen como condición previa dentro de trámites nacionales.

El SENASA, en el mismo camino

La decisión de ARCA no aparece aislada. Días atrás, el SENASA también avanzó en una flexibilización similar al dejar de exigir habilitaciones municipales y provinciales en distintos registros y trámites nacionales vinculados a establecimientos agroindustriales, laboratorios y operadores sanitarios.

Según el propio organismo, el problema era que la exigencia de habilitaciones locales dentro de trámites nacionales generaba “duplicidad de requisitos y documentación”, además de incorporar condicionamientos ajenos a los objetivos sanitarios del SENASA.

La resolución del organismo sanitario alcanza gestiones vinculadas a:

• establecimientos avícolas,
• predios feriales,
• empresas de productos veterinarios,
• laboratorios,
• terminales de carga,
• y certificaciones sanitarias, entre otras actividades.

En muchos casos, los operadores debían presentar permisos municipales, certificados de uso de suelo o habilitaciones locales para avanzar en registros nacionales.

Además, el SENASA sostuvo que la heterogeneidad de los regímenes municipales dificultaba estandarizar criterios a nivel nacional y terminaba agregando costos administrativos tanto para el Estado como para privados.

El objetivo: reducir “costos invisibles” y superposición burocrática

El trasfondo económico de las medidas aparece asociado a lo que en el sector privado suelen llamar “costos invisibles”: tiempos administrativos, duplicación documental, validaciones cruzadas y requisitos burocráticos que no forman parte del proceso productivo, pero impactan sobre competitividad y costos operativos.

Quiero comentar hoy la Resolución 1446/2024 de SENASA sobre la red de laboratorios (REDLAB) que, con firma de @cortesep62, sigue implementando el cambio de paradigma que está llevando adelante en el organismo. Les cuento un poco más.

Previo a la 1446/24 para formar parte de la…

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 16, 2024

Federico Sturzenegger celebró la resolución de SENASA y sostuvo que el objetivo es “separar los trámites nacionales de los municipales”, evitando duplicaciones y discrecionalidad regulatoria.

La coordinación entre organismos también empieza a verse en aspectos más técnicos. Entre los cambios introducidos por SENASA aparece, por ejemplo, la incorporación de requisitos vinculados directamente a la Dirección General de Aduanas para determinadas terminales de carga.

Sin embargo, tanto ARCA como SENASA aclaran que las medidas no eliminan las obligaciones locales ni los controles sanitarios o de funcionamiento. Los operadores seguirán necesitando cumplir con normativa municipal o provincial cuando corresponda.

El acta establece una escala de aumentos escalonados con vigencia hasta julio de este año para la mayoría de las actividades, y hasta septiembre para el sector olivícola.

De la mesa participaron, por el lado de los empleadores, representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El acuerdo toma como base el jornal vigente en febrero de 2026 para la mayor parte de las actividades alcanzadas —personal permanente de prestación continua, tractoristas, cosechadores de granos y oleaginosas, trabajadores de criaderos porcinos, aplicadores de fitosanitarios y personal de cáñamo— y fija tres tramos de actualización.

Para la categoría testigo del personal permanente de prestación continua, el jornal pasó a $ 44.913,61 desde el 1° de marzo, trepó a $46.485,59 en abril y llegará a $ 47.880,16 a partir del 1° de mayo y hasta el 31 de julio.

En todos los casos se suma una cifra no remunerativa que se reduce progresivamente a lo largo del período.

Los tractoristas y maquinistas de cosechadoras y agrícolas que trabajan exclusivamente en la recolección de granos y oleaginosas son los que perciben los valores más altos dentro del régimen de personal de campo. El jornal diario de esta categoría arrancó en $68.868,26 en marzo, subió a $ 71.278,65 en abril y alcanzará $ 73.417,01 desde mayo hasta el cierre del acuerdo.

En términos mensuales, el salario de esta categoría superará los $ 1.666.580 a partir de este mes, más la suma no remunerativa correspondiente.

El sector olivícola tiene un cronograma diferente porque la negociación tomó como referencia el jornal vigente en abril de 2026. En ese caso, el arranque es desde el 1° de mayo, cuando el jornal del personal de riego —categoría testigo— llegará a $ 56.842,32, con escalonamiento hasta $ 60.596,75 en julio, con vigencia extendida hasta el 30 de septiembre.

El acta incluye además una cláusula de cuota de solidaridad gremial del 2% mensual sobre el total de las remuneraciones, a cargo de los trabajadores no afiliados a la UATRE. Los empleadores deberán actuar como agentes de retención y depositar los importes retenidos hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial del sindicato en el Banco Nación.

Los trabajadores afiliados quedan expresamente exceptuados de este descuento, que regirá durante toda la vigencia del presente acuerdo.

Asimismo, se incluyó una cláusula de revisión que habilita a cualquiera de las partes a solicitar la reapertura de las negociaciones si las condiciones económicas del período así lo requirieran.

Nuevo aumento UATRE: con acuerdo firmado, cuánto cobran los agrarios el mes que viene

Personal Jerarquizado

Personal permanente de prestación continua

Después de más de seis años sin convocatorias, la ronda de licitación anunciada por parte de la compañía provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) pone sobre la mesa 15 áreas ubicadas estratégicamente en la codiciada ventana de combustibles líquidos.

Las áreas ofrecidas se encuentran cercanas a Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Có y Plaza Huincul, lo que significa expandirse sobre un ecosistema que ya posee infraestructura y producción probada.

El geocientista Ignacio Rovira, especialista en exploración y desarrollo de reservorios, publicó un mapa que resume el nuevo escenario de la cuenca neuquina. Allí aparecen las áreas históricas de mayor producción, las nuevas zonas que saldrán a licitación y, sobre todo, cómo empieza a desplazarse el corazón productivo de Vaca Muerta fuera del núcleo original de Añelo. Allí radica el desafío.

🇦🇷🛢️ VACA MUERTA EMPIEZÓ A ABRIR EL TABLERO

A esta altura del 2026 ya no se puede discutir demasiado dónde está el corazón productivo de la Cuenca Neuquina.

El Hub Core (Hub Centro), ubicado en el eje Ciudad de Neuquén – Añelo, concentra a los gigantes del shale argentino: Loma… pic.twitter.com/LVR3XD3JS7

— Nacho Rovira (@GordoGeos) May 6, 2026

Vaca Muerta se extiende fuera del núcleo histórico

El desarrollo inicial del shale argentino estuvo concentrado en lo que hoy se conoce como el “hub core” o núcleo central de Vaca Muerta, entre Neuquén y Añelo.

Allí se consolidaron proyectos emblemáticos como Loma Campana, considerado uno de los primeros grandes desarrollos masivos del shale local. Según Rovira, esa zona no sólo tenía mejores condiciones geológicas, sino también una ventaja clave: infraestructura ya disponible.

“Tenía las facilities listas, toda la parte de superficie lista como para producir”, explicó en diálogo con El Cronista.

Eso incluía desde conexiones internas y oleoductos, hasta cercanía con refinerías, y capacidad de evacuación hacia centros de consumo.

Ahora el mapa empieza a correrse hacia los costados. La razón es doble. Por un lado, los campos más maduros comienzan a perder productividad relativa; por otro, las empresas necesitan ampliar reservas y sostener el crecimiento exportador. “Ahora vos te estás empezando a extender un poco, porque los yacimientos empiezan a ganar madurez”, señaló Rovira.

Petróleo en el norte, gas en el sur

Según Rovira, el Hub Sur aparece hoy mucho más asociado al gas, con desarrollos como Fortín de Piedra o Rincón del Mangrullo, mientras que las nuevas áreas licitadas apuntan principalmente a petróleo.

“La parte sur está hoy más enfocada al gas”, explicó, pero las áreas en licitación fueron diseñadas especialmente para ubicarse dentro de la llamada “ventana de líquidos”, es decir, sectores donde la geología favorece la producción de petróleo por encima del gas.

El motivo no es solamente técnico. También es económico. “Mientras el precio internacional del gas suele ser más volátil y estacional, el petróleo ofrece mayor previsibilidad para proyectos de largo plazo. Como para tentar a las compañías con proyectos que tengan estabilidad de precios, ofrecer ventana de líquidos es más convincente”, explicó el especialista.

El nuevo cuello de botella ya no está bajo tierra

Sin embargo, el punto más importante del análisis de Rovira aparece lejos de la geología. Para el especialista, el gran problema de la próxima etapa de Vaca Muerta ya no será encontrar recursos, sino construir la infraestructura necesaria para sacar esa producción al mercado.

“Hoy en día el mayor cuello de botella es la superficie”, resumió.

Oleoductos, gasoductos, terminales portuarias, plantas de tratamiento y sistemas logísticos empiezan a convertirse en el verdadero límite del crecimiento.

El problema es que la producción crece más rápido que la infraestructura disponible. Y eso puede generar un círculo difícil de romper: “No tengo infraestructura, entonces acelero menos. Entonces perforo menos, entonces desarrollo menos”, describió Rovira.

Por eso, el nuevo mapa de Vaca Muerta no sólo marca dónde podría perforarse más. También señala hacia dónde deberán expandirse los sistemas de transporte y exportación si Argentina quiere sostener un salto energético de escala global.

La salida al Pacífico y el mercado asiático

Dentro de ese debate aparece nuevamente una vieja discusión: si Vaca Muerta debe mirar principalmente al Atlántico o también desarrollar una salida exportadora más fuerte hacia el Pacífico.

Rovira considera que Chile puede transformarse en una plataforma logística estratégica para abastecer mercados asiáticos.

“Hoy China e India están requiriendo el insumo que por ahí Vaca Muerta les puede dar”, explicó.

El especialista recordó que ya existe infraestructura transandina, tanto petrolera como gasífera, aunque probablemente requiera ampliaciones para acompañar un crecimiento mayor de producción.

“Cualquier punto que vos tengas para evacuar va a ser positivo”, sostuvo.

El factor Milei y el reclamo por menos distorsiones

Rovira también vinculó el momento actual de Vaca Muerta con el cambio de clima económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Según su mirada, la desregulación, la recomposición de precios relativos y una menor intervención estatal ayudan a volver más atractivos los proyectos energéticos de largo plazo.

“Se están aplicando políticas de libre mercado de verdad”, afirmó.

Sin embargo, también advirtió sobre la persistencia de impuestos y costos que siguen afectando competitividad dentro de la cadena energética.

“Hoy se cobra Ingresos brutos para toda la cadena productiva, eso es ridículo”, cuestionó.

Para Rovira, la clave de la próxima etapa no pasa únicamente por perforar más pozos, sino por lograr que infraestructura, regulación y contratos acompañen el crecimiento del shale argentino.

Porque el recurso ya está identificado. El desafío ahora es cómo transformarlo en exportaciones sostenidas.

Entender los tiempos de una herencia y los pormenores de una sucesión judicial es una prioridad para la preservación del capital y no simplemente una cuestión de trámites.

Muchos propietarios asumen que el derecho sobre los bienes es automático y eterno, pero la realidad de los tribunales impone plazos críticos y riesgos de prescripción que pueden comprometer el legado familiar.

Analizamos los errores más comunes y cómo una gestión a tiempo evita que la sucesión se convierta en un proceso costoso y paralizante.

El factor tiempo: ¿prescribe el derecho a iniciar la sucesión?

Una de las dudas más recurrentes es si existe un plazo perentorio para presentarse ante la justicia. En el derecho argentino, la respuesta se divide en dos conceptos que suelen confundirse: el derecho a ser heredero y el derecho a reclamar los bienes.

El plazo de 10 años para aceptar la herencia

De acuerdo con el Artículo 2288 del Código Civil y Comercial, el plazo para aceptar o renunciar a una herencia es de 10 años desde el fallecimiento del causante.

¿Qué sucede si pasan los 10 años?

Si en ese lapso el heredero no realizó ningún acto que demuestre su intención de aceptar (como iniciar el juicio, pagar impuestos o tomar posesión de un bien), se lo considera como si hubiera renunciado a la herencia.

El patrimonio pasa a los herederos de grado siguiente que sí hayan aceptado, o en su defecto, al Estado. Por lo tanto, aunque no “prescribe la sucesión” como trámite, sí prescribe tu derecho a ser parte de ella.

El riesgo de la “posesión veinteañal” entre coherederos

Si bien el derecho a pedir la partición de la herencia es, en principio, imprescriptible mientras los bienes estén en común, existe un riesgo real si hay inacción total por parte de algunos herederos.

Si uno de los hermanos o parientes ocupa un inmueble de la herencia de forma exclusiva, paga todos los servicios y se comporta como dueño único durante 20 años sin que nadie le reclame judicialmente (mediante el inicio de la sucesión o un canon locativo), puede adquirir la propiedad total por usucapión.

En este caso, el resto de los herederos pierde su derecho sobre el bien por haber “abandonado” el ejercicio de su propiedad.

Iniciar la sucesión: consecuencias prácticas de no actuar a tiempo

Más allá de los plazos legales de 10 o 20 años, la demora en iniciar la sucesión genera perjuicios económicos inmediatos:

Falta de “Título Perfecto” para vender

Mientras no exista una Declaratoria de Herederos inscrita, el bien es “invendible” en el mercado formal. Si surge una oportunidad de venta estratégica, la burocracia judicial impedirá aprovecharla.

Acumulación de deudas

Los impuestos inmobiliarios (ABL, ARBA) y las expensas siguen corriendo. Una sucesión que se demora años suele reactivarse recién cuando las deudas acumuladas amenazan con un remate judicial, obligando a los herederos a malvender para cubrir el pasivo.

Pérdida de activos líquidos

El dinero en cuentas bancarias o plazos fijos queda inmovilizado. Con los niveles de inflación actuales, demorar dos años en iniciar una sucesión puede significar que, al momento de cobrar, el valor real de ese dinero se haya pulverizado.

Fallecimiento de los propios herederos

Si un heredero muere sin haber iniciado la sucesión de sus padres, se genera lo que se conoce como “sucesiones superpuestas”. Esto duplica los gastos de tasa de justicia, honorarios y tiempos procesales, haciendo el trámite mucho más complejo para la siguiente generación.

La trampa de la insolvencia y los acreedores

El tiempo no solo corre para los herederos, sino también para los acreedores del fallecido. Iniciar la sucesión rápidamente permite:

Publicación de edictos

Es el mecanismo legal para citar a acreedores. Una vez vencidos los plazos de los edictos sin presentaciones, los herederos tienen mayor claridad sobre el saldo neto de la herencia.

Evitar el embargo de los bienes

Si un heredero tiene deudas personales y no inicia la sucesión, sus propios acreedores pueden solicitar la apertura judicial del proceso para cobrarse de la parte que le corresponde. Tomar la iniciativa permite mantener un control estratégico sobre el proceso.

¿Cuándo es el momento ideal para iniciar una sucesión?

Si bien no es necesario iniciar el trámite al día siguiente del deceso, los especialistas coinciden en que el “período de seguridad” para iniciar una sucesión y obtener la Declaratoria de Herederos es dentro del primer año. Esto permite consolidar la situación legal de los bienes, evitar multas fiscales y tener el patrimonio listo para cualquier movimiento comercial.

Tené en cuenta que para la ley argentina, el traspaso de bienes puede ocurrir de dos maneras: por el fallecimiento del titular, lo que obliga a los herederos a iniciar un proceso judicial para recuperar esos activos, o por una decisión previa que formalice la transferencia de forma inmediata.

Optar por vías anticipadas no elimina la necesidad técnica de una futuradeclaratoria de herederos, pero permite que los activos de mayor valor, como los inmuebles, queden fuera de la órbita judicial, evitando costos y plazos que impone la burocracia propia de los tribunales.

Para tener en cuenta: el impacto del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes

Un factor que suele pasarse por alto en la planificación es la carga impositiva vinculada directamente al paso del tiempo. En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), conocido como impuesto a la herencia, impone plazos estrictos para su declaración y pago.

La demora en iniciar la sucesión no detiene el reloj del fisco. La inacción administrativa genera multas por omisión y el devengamiento de intereses resarcitorios que terminan drenando la liquidez de los herederos.

Además, posponer el trámite implica que el impuesto se terminará calculando sobre valuaciones fiscales actualizadas, las cuales suelen incrementarse año tras año, encareciendo el costo de la transferencia de forma innecesaria.

Según precisa la sentencia, el conflicto se originó por una deuda de $ 60.584.352,34 (incluyendo intereses) reclamada por los períodos fiscales 01/2003 a 07/2007.

La petrolera, que contaba con una medida cautelar otorgada en septiembre de 2015 para frenar la exigencia de pago sobre los períodos liquidados, promovió una acción declarativa de certeza contra Chubut. El objetivo era definir la validez de un criterio aplicado sobre el tributo más distorsivo del sistema: Ingresos Brutos.

Según la resolución, YPF argumentó que “la provincia le exige —por aplicación del artículo 13, primer párrafo, del Convenio Multilateral— que incluya en la base imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos aquellos ingresos que obtiene por la exportación de productos hidrocarburíferos que extrae en esa jurisdicción e industrializa fuera de aquella provincia“.

En el marco de su competencia originaria, el máximo tribunal declaró la invalidez de dicha pretensión fiscal. Consideró que los actos de la provincia demandada conllevan una discriminación fiscal contra el comercio interprovincial y constituyen una vulneración de los artículos 9 a 12 y 75, inciso 13, de la Constitución Nacional.

El texto del caso “YPF c/Provincia de Chubut”, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, subraya que las provincias “no pueden invocar la titularidad territorial para poner trabas de índole alguna a las actividades que se vinculan al tráfico interprovincial e internacional”.

En consecuencia, los magistrados determinaron que el petróleo obtenido, procesado y exportado desde Chubut no integra la base imponible de Ingresos Brutos. Del mismo modo, aquel recurso extraído en la provincia, pero industrializado total o parcialmente en otra jurisdicción antes de su exportación, también queda excluido del gravamen.

Pese al fallo, la provincia del Chubut manifestó su disconformidad con la interpretación de la Corte y aclaró que no grava la exportación de crudo. “Lo más importante es desactivar la idea de que la provincia quería gravar exportaciones. En el funcionamiento normal de este tema tan complejo: una empresa extrae el petróleo, se lo lleva a otra provincia, lo procesa —lo que comúnmente se llama transferencia sin precio—, lo industrializa y a partir de ahí exporta o vende en el mercado interno“, aseguró Pablo Asnaghi, titular de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECh), en diálogo exclusivo con El Cronista.

Desde la administración patagónica remarcan que el ajuste corresponde a los volúmenes de crudo que YPF deduce del pago del impuesto, al considerar que este se encuentra contenido en productos industrializados que luego exportan. En ese sentido, argumentan que la base de imposición utilizada por la provincia corresponde a ventas realizadas en el mercado interno; es decir, que no se ajustaron ingresos por exportaciones.

“La provincia pretende una determinada forma de liquidación, las productoras proponen otra, y se arma una discusión que se extiende en el tiempo, aunque el diálogo es permanente. No hay mala fe ni se busca desde la provincia gravar algo que no corresponde; eso tiene que quedar bien claro: Ingresos Brutos no grava exportaciones”, enfatizó Asnaghi.

En rigor, Chubut sostiene la necesidad de lograr consenso sobre cómo liquidar y qué porción del producto exportado debe deducirse del precio de venta para determinar correctamente la base imponible de Ingresos Brutos.

Por su parte, la Corte ratificó que su intervención radica en “una conducta estatal explícita de la demandada destinada a la percepción del mencionado impuesto con relación a los ingresos provenientes de las operaciones de exportación de los productos que YPF industrializa en su refinería ubicada en la Provincia de Buenos Aires, cuyo crudo es extraído en la Provincia del Chubut”.

De todas maneras, el máximo tribunal aclaró que “resulta irrelevante definir en esta sentencia si la interpretación del artículo 13 del Convenio Multilateral que hace la Provincia del Chubut es correcta o no”. Para los magistrados, la prohibición de discriminar contra el comercio interprovincial es un mandato constitucional (artículos 9 a 12, 31 y 75, inciso 13).

Bajo esta premisa, Chubut considera como punto favorable que el fallo no haya calificado su interpretación como errónea. Por lo tanto, en la provincia asumen que podrían sostener los criterios aplicados, en la medida en que no afecten el comercio interprovincial.

Fallo CSJ YPF-Chubut by Cronista.com

La medida, oficializada este martes a través de la Resolución General 5845/2026 del Boletín Oficial, elimina la obligación de presentar ante la Aduana la habilitación municipal como condición previa para que una empresa exportadora opere como depósito fiscal.

Ahora, esto se reemplazará por una declaración jurada del propio solicitante. La novedad, firmada por el director ejecutivo de ARCA; Andrés Edgardo Vázquez, ya está vigente desde este 13 de mayo.

La modificación se enmarca en el régimen de cargas de exportación en planta, el cual permite a los exportadores realizar cargas directamente en sus establecimientos bajo control aduanero.

En este sentido, luego de que el Gobierno simplicara el régimen el año pasado para ampliarlo, la nueva Resolución también detalla cómo acceder a este ahora.

Según los considerandos, el objetivo de este cambio es el de “reducir los costos operativos y evitar la duplicación normativa” para “generar un impacto positivo en la competitividad de los operadores de comercio exterior."

Cambios para exportadores: las novedades de ARCA

La resolución modifica dos normas existentes: la Resolución General N° 4.352, que regula el procedimiento para la habilitación de depósitos fiscales en la zona primaria aduanera, y la Resolución General N° 5.721, que establece los requisitos del régimen de cargas de exportación en planta.

La zona primaria aduanera, según el artículo 5° del Código Aduanero (Ley N° 22.415), comprende los locales, instalaciones, depósitos, plazoletas y demás lugares donde se realizan operaciones aduaneras o se ejerce el control aduanero.

Es en ese marco donde el artículo 208 del mismo Código establece que los lugares de depósito solo pueden funcionar con habilitación previa por parte del organismo.

La medida se enmarca en los objetivos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, el cual reglamentó la “Ley Bases”. Esta normativa -según los considerandos de la resolución- fijó como meta “reconstruir la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones que impidan su normal desarrollo, así como de la adopción de medidas que promuevan una mayor inserción en el comercio mundial“.

También se apoya en el Decreto N° 90/2025, que ordenó a los organismos del Estado identificar normas “obsoletas, innecesarias” o que “generen un sobrecosto en el sector productivo" para proponer su derogación.

Qué cambia para los depósitos fiscales

Hasta ahora, la Resolución General N° 4.352 exigía, entre la documentación a presentar para habilitar un depósito fiscal, la habilitación municipal otorgada a nombre del solicitante y expedida por la autoridad local competente.

Sin embargo, este requisito, contemplado en el punto 6 del Anexo II de esa norma, ahora queda sustituido por una declaración del solicitante. Esto agiliza la habilitación al eliminar a los municipios como intermediarios.

El nuevo texto establece que deberá presentarse una “declaración por medio de la cual el solicitante manifieste que el ámbito a habilitar resulta idóneo para el tipo y clase de mercadería a almacenar y cumple con la normativa municipal, provincial y nacional aplicable al desarrollo de sus actividades."

El cambio implica que la Aduana deja de actuar como punto de verificación de trámites que corresponden a jurisdicciones locales.

La propia resolución aclara que la medida “no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades, sino que suprime una exigencia documental en sede nacional vinculada a competencias propias de las jurisdicciones locales."

Régimen de exportación en planta: el nuevo paso a paso

La normativa publicada por ARCA modifica también, la Resolución General N° 5.721 que regula el régimen de cargas en planta.

Esta modalidad, por la que la mercadería es despachada directamente desde el establecimiento productivo, exigía hasta ahora como condición de adhesión la habilitación expedida por la autoridad municipal competente para el tipo de mercadería a exportar.

Sin embargo, con la nueva norma, el procedimiento de adhesión al régimen se simplifica.

Paso a paso, la nueva estructura para habilitar una empresa como depósito fiscal

1. Presentación de declaración jurada. El exportador declara que la planta a utilizar “resulta un ámbito idóneo para el tipo y clase de mercadería a exportar, de acuerdo con la normativa municipal, provincial y nacional aplicable al desarrollo de sus actividades." Reemplaza a la habilitación municipal como documento exigible ante la Aduana.
2. Evaluación por parte de las jefaturas aduaneras. Una vez recibida la documentación, las jefaturas verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos.
3. Dictado del acto administrativo de autorización. De cumplirse las condiciones, se emite la resolución de adhesión al régimen, con indicación expresa de las fechas de inicio y finalización de la habilitación.
4. Vigencia de cinco años. La habilitación tiene una duración de cinco años. Sin embargo, la fecha efectiva de cierre en la Tabla de Lugares Operativos (LOT) del Sistema Informático MALVINA (SIM) —la plataforma informática que gestiona las operaciones aduaneras— quedará determinada por el vencimiento del contrato o certificado habilitante si este opera antes de ese plazo.

La resolución fue elaborada con intervención de la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, Operaciones Aduaneras del Interior, Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Control Aduanero y Sistemas y Telecomunicaciones, y la Dirección General de Aduanas.

ARCA elimina un requisito clave para exportadores: las empresas ya no dependerán de los municipios para operar by Cronista.com

Según indicaron voces en off a El Cronista, la decisión -que saldrá publicada mañana en el Boletín Oficial- apunta a eliminar una regulación considerada dentro del Gobierno como “anacrónica” y “sin sentido” frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.

Es en este sentido que la medida derogará la Resolución 381/2006, dictada durante la gestión de Garré, que reforzaba las restricciones sobre las tareas de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas.

Voces cercanas al gobierno nacional sostuvieron que el escenario global cambió de manera drástica en las últimas dos décadas y que hoy las amenazas híbridas, los ciberataques, el terrorismo, el narcotráfico y el espionaje extranjero exigen capacidades de inteligencia más activas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el argumento central de la cartera es que la normativa vigente terminó generando limitaciones operativas incluso para tareas defensivas básicas dentro del ámbito militar. “Ningún país moderno renuncia a la contrainteligencia”, señalaron cerca del ministro.

La resolución será presentada como parte de una revisión más amplia de la doctrina de defensa y de inteligencia militar impulsada por el Gobierno nacional, que en los últimos meses ya avanzó con cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, especialmente en el control de fronteras y la protección de objetivos estratégicos.

La nueva resolución concuerda con la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada por el gobierno nacional, junto a la SIDE.

Voces calificadas aseguraron que esta decisión “corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos”. “Ningún país que deba proteger sus capacidades militares escinde las funciones de inteligencia y contrainteligencia”, aseguraron.

La medida apuntaría a reorganizar el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), fortalecer la conducción conjunta y mantiene expresamente las prohibiciones legales vigentes respecto de actividades vinculadas a política, sindicatos, organizaciones sociales o actividades lícitas ajenas al ámbito específico de la defensa nacional.

Esto surge luego de que Karina Milei ponga al nuevo presidente de la Comisión de Inteligencia en Diputados, Sebastián Pareja será el alfil de los hermanos en el órgano que regula las tareas de esa cartera y desplazó de esta manera a Santiago Caputo.

Qué era la “doctrina Garré”

La llamada “doctrina Garré” fue el conjunto de lineamientos impulsados por la entonces ministra de Defensa a partir de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, para profundizar la separación entre defensa nacional y seguridad interior.

El enfoque buscó limitar al máximo cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de inteligencia sobre actores internos, luego de los antecedentes de espionaje ilegal y persecución política durante la dictadura y también en democracia.

En ese marco, la Resolución 381/2006 ordenó revisar reglamentos y manuales militares vinculados a inteligencia y contrainteligencia, bajo el criterio de adecuarlos estrictamente a la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional.

Para el gobierno, la normativa derivó en una doctrina altamente restrictiva respecto de las capacidades de inteligencia militar.

Durante aquellos años, desde el peronismo se sostuvo que las Fuerzas Armadas debían concentrarse exclusivamente en hipótesis de conflicto externo y evitar cualquier involucramiento en asuntos internos. La contrainteligencia militar quedó reducida a márgenes muy acotados, especialmente para evitar seguimientos, infiltraciones o recolección de información sobre organizaciones sociales, políticas o actores civiles.

Dentro del actual Gobierno consideran que esa concepción quedó desactualizada frente a las nuevas amenazas globales y sostienen que la prohibición terminó debilitando capacidades básicas de autoprotección militar y ciberdefensa.

La derogación de la resolución marcará un cambio doctrinario relevante respecto del paradigma que predominó en las últimas dos décadas.

La medida se oficializó a través de la Resolución 676/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Esta dispone la aprobación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa para la estratégica ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM).

Según indicaron desde la cartera que conduce Luis Caputo, la obra estará operativa antes del invierno de 2027 e implica una inversión total de u$s 550.000.000.

Más capacidad y potencia: así será la ampliación del gasoducto

Según el documento oficial, la obra denominada “Ampliación del Tramo I” tiene como objetivo central eliminar los cuellos de botella en el transporte de hidrocarburos y permitir que el potencial de Vaca Muerta abastezca con mayor fluidez a la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana.

La megaobra consiste en la instalación de 95.400 HP de potencia de compresión adicional sobre la traza del gasoducto que se extiende desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires).

Con esta inversión, el sistema obtendrá una capacidad incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios. Esta cifra es vital para la balanza comercial energética, ya que permite reemplazar importaciones de combustible líquido y GNL por producción nacional más barata.

Los beneficios del RIGI y los plazos de obra

TGS operará este proyecto bajo un “Vehículo de Proyecto Único” (VPU). Al estar amparado por el RIGI, la compañía accederá a:

• exenciones impositivas y arancelarias: franquicias para la importación de bienes de capital y repuestos necesarios para la obra;
• estabilidad jurídica y fiscal: protección de derechos adquiridos por un plazo de 30 años, y;
• certidumbre cambiaria: incentivos en el flujo de divisas vinculados al proyecto.

En cuanto al cronograma, la resolución explicita que el plazo de construcción estimado es de 18 meses. Los trabajos comenzarán formalmente el 1° de noviembre de este año, con una fecha estimada de inicio de operación para el 1° de abril de 2027.

El impacto que se espera para la industria local

Un dato no menor para el sector industrial es que el plan de inversión contempla un Compromiso de Desarrollo de Proveedores Locales. Como parte de los requisitos del RIGI, la empresa se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales para bienes y obras.

Además, deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 40% del monto de inversión mínima dentro de los primeros dos años desde la notificación de la aprobación.

Se trata de la primera gran obra de transporte de gas que utiliza esta herramienta legal para asegurar su financiamiento y ejecución, marcando el camino para futuras ampliaciones que permitan, en una segunda etapa, llevar el gas de la Cuenca Neuquina hacia el norte del país y los mercados regionales.

RIGI-Ampliación megaobra by Cronista.com

Un relevamiento de RIA Consultores detectó que las ventas diarias de soja pasaron de apenas 50.000/60.000 toneladas a comienzos de abril a unas 283.000 toneladas a principios de mayo, en un salto que podría llevar las operaciones del mes a unas 5,6 millones de toneladas.

El movimiento empezó además a reordenar el mapa exportador local. En los últimos 18 días se registraron 610.000 toneladas y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) lideró las registraciones, seguida por Syngenta.

También aparecieron la brasileña Amaggi, la Unión Agrícola de Avellaneda y las históricas traders globales Bunge y Cargill.

Detrás de este despertar comercial hubo semanas de fuerte cautela por parte de los productores.

“Con las lluvias que hubo en la segunda quincena de abril no se podía cosechar, estuvo muy parado. La cosecha venía atrasada y recién cuando entró el viento frío empezó a orearse el campo y pudieron entrar las máquinas”, explicó Javier Preciado Patiño, directo de RIA Consultores.

El especialista remarcó además que, a diferencia del maíz, la soja necesita levantarse rápidamente para evitar pérdidas.

Ese fenómeno terminó generando la actual “oleada” de ventas dijo y explicó, una vez que se pudo ingresar a los lotes, muchos productores comenzaron a enviar mercadería a puerto para cubrir alquileres y gastos operativos.

La gran incógnita para el mercado sigue siendo qué ocurrirá después de esta primera ola comercial: si el productor volverá a retener mercadería o si las ventas continuarán a un ritmo sostenido.

Aunque la participación de la soja cayó, de los más de u$s 35.500 millones que liquidará el campo este año, cerca de u$s 16.500 millones corresponde a este complejo que sigue liderando.

Ranking: los dueños de la soja

El despertar comercial también dejó una foto sobre quiénes están manejando hoy el negocio exportador de la soja, principal fuente de divisas de la Argentina.

El ranking reciente muestra una combinación cada vez más heterogénea de cooperativas locales, multinacionales tradicionales y jugadores vinculados a China y Brasil.

ACA encabezó las operaciones recientes, consolidando su avance en el comercio exterior agrícola. La entidad ganó peso en originación, acopio y exportación y hoy disputa espacio a las grandes cerealeras internacionales.

Detrás aparece Syngenta, controlada por el grupo estatal chino ChemChina y convertida en una pieza estratégica para el abastecimiento alimentario del país asiático. La presencia de la compañía refleja cómo Beijing busca ganar influencia no sólo como comprador de soja sino también dentro de la cadena comercial global.

También sobresale Amaggi, uno de los gigantes agrícolas brasileños que expandió fuerte sus operaciones regionales al calor del boom exportador sudamericano.

Mientras tanto, Bunge y Cargill continúan siendo actores centrales del negocio global de granos, aunque ahora en un escenario más competitivo y fragmentado, donde crecen asociaciones locales y grupos extranjeros con fuerte respaldo geopolítico.

Contexto local e internacional

Un análisis de Dante Romano, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, muestra que durante buena parte del arranque de cosecha el productor se mostró mucho menos vendedor de lo habitual, incluso pese al avance de la recolección y a los altos rindes obtenidos.

La cosecha argentina ya cubre el 34,3% del área y mantiene una proyección de producción de 48,6 millones de toneladas.

El mercado proyectaba picos diarios de ingreso a los puertos cercanos a los 6000 camiones pero los ingresos efectivos rondaron apenas los 4000. “Está quedando mucha soja guardada en el campo. El productor está menos vendedor y eso empieza a generar tensión porque la industria llegó a esta etapa con poco stock”, advirtió Romano.

La demora en las ventas empezó a modificar el equilibrio esperado por el mercado. Los compradores apostaban a una presión logística fuerte que empujara los precios hacia abajo, pero la retención parcial de mercadería terminó generando el efecto inverso: menos oferta inmediata y mayor necesidad de abastecimiento para la molienda.

Actualmente, apenas el 10% de la producción tiene precio fijado, contra un promedio histórico del 13% para esta época del año.

Según Romano, “si esta situación continúa durante las próximas dos semanas de cosecha fuerte, el mercado podría calentarse y obligar a la industria a convalidar precios más agresivos”, sostuvo.

El contexto internacional suma además un factor extra de volatilidad. Los operadores siguen de cerca tanto el conflicto en Medio Oriente como la próxima reunión comercial entre Estados Unidos y China, dos variables capaces de alterar rápidamente el flujo global de soja.

En paralelo, Brasil consolida una cosecha récord de 181,6 millones de toneladas y exportaciones históricas, mientras que Estados Unidos podría elevar su producción a 120,9 millones en la campaña 2026/27.

En ese escenario, el mercado argentino atraviesa una transición marcada por una inicial retención de ventas por parte de los productores y, ahora, un despertar comercial que empieza a recalentar las operaciones y reacomodar la disputa por la mercadería disponible.

Según el consultor, aunque el Gobierno nacional aún conserva niveles de aprobación superiores al 40%, el camino hacia las próximas presidenciales dependerá de la capacidad de articular alianzas y del éxito del programa económico.

Para Catterberg, durante una entrevista en LN+, existen cinco nombres clave que definirán el tablero electoral: Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Karina Milei.

El peronismo y el dilema de la unidad

En la vereda de la oposición, el analista señaló que el futuro del espacio peronista-kirchnerista está atado a la relación entre sus dos máximas figuras. “De Axel Kicillof y Cristina Kirchner depende el nivel de fragmentación de la oferta”, explicó.

Catterberg advirtió que una ruptura en este sector facilitaría el camino oficialista: “Si no hay acuerdo ahí y hay ruptura, ahí ya tenés un gran paso que se le despeja a este gobierno: que es un peronismo fragmentado, dividido”. En ese escenario, proyecta una dispersión de votos entre una candidatura de Kicillof, una del kirchnerismo duro y, eventualmente, una tercera opción de sectores como Provincias Unidas.

El espacio “pro-mercado” y el rol de Karina Milei

Del otro lado del espectro político, la dinámica entre La Libertad Avanza y el PRO será determinante. El director de Poliarquía ubicó a Mauricio Macri y Patricia Bullrich como los nombres que definirán el nivel de fragmentación del espacio que denomina “pro-mercado o pro-reformas”.

Sobre el expresidente, el analista indicó que su postulación responde a una necesidad estratégica: “Necesita crear las condiciones para tener un ‘leverage’ (palanca), una fortaleza en una negociación con el Gobierno”. Sin embargo, aclaró que para que ese poder de negociación sea efectivo, “esa candidatura debe ser creíble”.

La quinta figura clave (la “tapada”) en este armado es Karina Milei, a quien Catterberg atribuye una responsabilidad central. “Es la que va a definir el nivel de fragmentación del espacio pro-mercado porque ahí está la posibilidad de acordar con gobernadores y de sostener una coalición electoral que le dio 54% de los votos, pero de los cuales libertarios hubo 30%”, detalló.

La economía como juez: “¿Estabilidad mediocre” o reelección?

Más allá de los nombres, Catterberg enfatizó que el resultado de 2027 estará condicionado por las variables macroeconómicas. El analista planteó dos escenarios posibles:

1. El escenario de éxito total: “Si por algún motivo la economía el año que viene crece al 7 u 8% y la inflación empieza con un 0, no hay discusión. Te lo firmo: va a reelegir este gobierno“.
2. El escenario actual: “Lo que tenemos en la Argentina es una estabilidad mediocre. Argentina no está creciendo al 6, 7 u 8 puntos, está creciendo al 3 o al 4... y la inflación se quedó ahí, no va a bajar al 0%“.

Bajo esta “estabilidad mediocre”, la política recupera su peso: “Con aciertos políticos, el Gobierno estará en una situación muy competitiva; con desaciertos, se le puede complicar”, sentenció.

Finalmente, Catterberg advirtió sobre la vulnerabilidad del relato oficialista de “lucha contra la casta”, señalando que escándalos recientes (el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni) afectan la credibilidad ante el electorado: “No hay nada más casta que subirse a un avión privado e irse a Punta del Este”. El desafío para el Ejecutivo, concluyó, será evitar los “errores propios” que debilitan su aprobación mes a mes.

Ignorar que el protocolo de ingreso no es simétrico al de egreso es uno de los errores más frecuentes en el movimiento transfronterizo de capitales.

Bajo la vigencia de la Resolución General 5659/2025, las obligaciones administrativas y las prohibiciones físicas operan bajo lógicas distintas que el contribuyente debe distinguir para evitar sanciones encuadradas en el Código Aduanero.

Ingreso: la obligación de declarar dólares

Al entrar al país, la normativa prioriza la trazabilidad del origen de los fondos sobre la cantidad transportada. No existe un impedimento legal para ingresar sumas elevadas, siempre que se cumpla con el deber de información ante el servicio aduanero.

El umbral

A partir de los u$s 10.000 (o su equivalente), es imperativo utilizar el Formulario OM-2249-A.

Menores de 16 años

El límite para la declaración sin penalidades se reduce a u$s 5.000.

La omisión no se penaliza como contrabando (puesto que el ingreso es permitido), sino como una infracción administrativa que dispara alertas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por posible lavado de activos.

Egreso: el límite prohibitivo

Para la salida de divisas, el criterio administrativo cambia de la transparencia a la restricción física. En este flujo, el Estado establece un techo que no puede ser subsanado mediante una simple declaración en frontera.

Tope de efectivo

Está prohibido retirar del país más de u$s 10.000 en soporte físico. Superar esta cifra en la zona primaria aduanera implica el secuestro automático del excedente.

Vía bancaria

Todo movimiento que supere el máximo permitido debe canalizarse obligatoriamente a través de entidades financieras autorizadas por el BCRA.

Documentación de respaldo

El formulario correspondiente para estos movimientos es el OM-2250-B.

Alcance de la norma: ¿qué se debe declarar?

La RG 5659/2025 no limita su alcance únicamente al dólar estadounidense billete. El control recae sobre:

• Moneda nacional o extranjera en efectivo
• Instrumentos negociables al portador: cheques, pagarés, órdenes de pago o cualquier documento que permita la transferencia de valor por simple entrega
• Metales preciosos amonedados: monedas de oro u otros metales con valor numismático o de inversión

Multas y sanciones de ARCA por infracciones aduaneras

La precisión en la distinción de estos regímenes es fundamental para evitar las figuras de infracción contempladas en la Ley 22.415.

Mientras que en el ingreso el riesgo es la presunción de lavado por omisión, en el egreso la falta es el incumplimiento de una prohibición de exportación de divisas en efectivo.

Infracciones

El incumplimiento de estos protocolos no solo deriva en demoras operativas, sino en sanciones tipificadas en el Código Aduanero:

Secuestro de fondos

En el egreso, el excedente por sobre los u$s 10.000 es pasible de retención inmediata por configurarse una transgresión a una prohibición de exportación.

Multas automáticas

Las multas pueden oscilar entre una y tres veces el monto en infracción, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Perfil de riesgo

ARCA vincula estas actas con la Capacidad Económica Financiera (CEF) del contribuyente, lo que puede afectar futuras operaciones de comercio exterior o acceso al mercado de cambios.

Tras el encuentro que reunió a las cámaras patronales y los sindicatos, se informó el nuevo esquema de aumentos salariales estructurado en cuatro tramos que marcarán el ritmo de los ingresos hasta el inicio del segundo semestre del año.

¿Cómo es el nuevo aumento para empleadas domésticas?

Según lo informado en el acuerdo homologado, la pauta salarial establece incrementos de carácter acumulativo aplicables sobre los salarios mínimos conformados. El sendero de actualización quedó fijado de la siguiente manera:

• Una suba del 1,8% correspondiente a abril de 2026
• Un ajuste del 1,6% para el mes de mayo
• Un 1,5% en junio
• Un alza del 1,4% para los haberes de julio.

La decisión sobre el bono

En paralelo a los ajustes porcentuales, la mesa paritaria definió un mecanismo para el saneamiento progresivo de los recibos de sueldo. En este sentido, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa que había sido otorgada durante el mes de marzo de 2026.

Según el acuerdo oficial, el bono se incorporará a los salarios.

Este primer traslado impactará en las liquidaciones de abril, mientras que el 50% restante se integrará de forma definitiva a los básicos en el mes de julio.

¿Cuánto cobra una cuidadora con aumento en mayo?

Las cuidadoras de adultos mayores y las niñeras se engloban en la cuarta categoría del esquema para empleadas domésticas.

¿Qué pasará con el resto de los adicionales?

Otro de los puntos clave de la negociación fue la readecuación del adicional por zona desfavorable, un ítem de vital importancia para las trabajadoras de determinadas regiones del país.

Las partes resolvieron actualizar este concepto, fijando su importe total en un 31% calculado sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas. Este beneficio cuenta con vigencia a partir del 1° de abril de 2026.

Desde la cartera laboral hicieron especial hincapié en la naturaleza jurídica de los montos acordados. El documento oficial aclara que las escalas convenidas en esta instancia constituyen únicamente los pisos mínimos exigidos legalmente y se enmarcan bajo el concepto de “salario dinámico”.

Para monitorear la evolución del poder adquisitivo frente a la dinámica macroeconómica, el Gobierno y los actores del sector pautaron una nueva convocatoria de la Comisión para el mes de julio.

¿Qué extras se cobran tras la paritaria?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

• Antigüedad: 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.
• Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5659/2025, define las pautas que rigen tanto para residentes como para turistas que ingresen o salgan del país con ciertas sumas de dinero.

Estas reglas definen los umbrales de lo que se puede transportar físicamente, las sumas que exigen una declaración obligatoria y los canales institucionales dispuestos para montos que exceden la capacidad del transporte en mano.

Tener presentes estos límites y los mecanismos de fiscalización es clave para evitar demoras, sanciones económicas gravosas o incluso el secuestro preventivo de los activos en los puntos de control aduanero.

Ingreso de dólares al país: ¿hay un techo?

Una duda frecuente es si existe un máximo permitido para entrar dólares a Argentina. La respuesta es no, pero la libertad de ingresar cualquier monto viene acompañada de una obligación de declarar si la cifra es importante.

El número clave es USD 10.000

Si llegás del exterior con diez mil dólares o más (o su equivalente en otras monedas como euros, reales o incluso cheques de viajero y metales preciosos), tenés que declararlo ante ARCA.

Menores de edad: para quienes tienen menos de 16 años, el umbral de declaración baja a los USD 5.000.

Egreso de dólares: límites estrictos al efectivo

A diferencia del ingreso, donde se puede entrar cualquier monto siempre que se informe, la salida de billetes físicos del país tiene un tope restrictivo. La normativa prohíbe que una persona retire del territorio nacional más de USD 10.000 en efectivo.

Dólares: monto máximo para sacar del país

Los pasajeros mayores de 16 años pueden egresar con un máximo de USD 10.000 en efectivo o valores equivalentes. Si la suma necesaria es mayor, el excedente debe ser canalizado obligatoriamente a través de transferencias bancarias internacionales. El tope máximo de salida permitido es de USD 5.000.

¿Cómo declarar dólares al entrar o salir del país? el formulario clave

Es obligatorio completar el Formulario OM-2249-A ante el servicio aduanero en el puerto o aeropuerto de llegada. Éste funciona como una declaración jurada bidireccional que se organiza en bloques de datos personales, detalles del viaje y especificaciones de los valores.

Para completarlo correctamente, se debe identificar primero el carácter del movimiento (marcando “Ingreso” o “Egreso”) y el tipo de pasajero (seleccionando entre Turista, Residente o Tripulante).

En el cuerpo central, es fundamental detallar la moneda (especificando si son dólares, euros u otros), el importe exacto en números y la especie (billetes, cheques, metales).

Finalmente, se debe declarar el origen de los fondos y su destino previsto mediante opciones predefinidas o descripciones breves, cerrando el documento con la firma del declarante para definir que la información brindada coincide con lo transportado físicamente al momento del control.

Formulario OM-2249-A: los ítems clave

Identificación del declarante: se debe marcar con una “X” el tipo de documento (DNI, Pasaporte) y completar con nombre, apellido y domicilio legal.

Datos del transporte: es necesario indicar el medio (Aéreo, Marítimo, Terrestre) y el número de vuelo o nombre de la embarcación.

Detalle de los valores: se marca la cantidad de bultos o sobres y se desglosa el monto por tipo de divisa. Si se transportan metales preciosos, se debe especificar el peso y la pureza.

Origen y destino: se debe marcar la opción que mejor describa la procedencia (ahorros, venta de inmuebles, actividad comercial) y para qué se usará el dinero (inversión, gastos de turismo, depósito bancario).

Uso oficial: existe un recuadro al pie que no debe marcarse, ya que está reservado para la certificación y firma del agente aduanero interviniente.

El alcance de la fiscalización de ARCA

La intervención de ARCA busca la consistencia entre el dinero transportado y el perfil fiscal del contribuyente. El acta de declaración es, además, el respaldo legal que el viajero necesita para depositar luego esas divisas en un banco o usarlas en una operación formal.

Análisis patrimonial

El organismo cruza la información de la declaración con las presentaciones de Bienes Personales y Ganancias. Una discrepancia significativa puede iniciar un proceso de fiscalización de oficio.

Sanciones

La omisión o falsedad en la declaración conlleva el secuestro preventivo de los valores. Las multas pueden oscilar entre 1 y 3 veces el monto en infracción y, en casos sin justificativos claros, se da intervención a la justicia federal por presunto lavado de activos.

El número que más llama la atención no es el de aprobación presidencial sino otro, más silencioso: el 54% de los encuestados eligió la frase “el que se esfuerza casi siempre puede mejorar” por encima de la alternativa “el que nace pobre morirá pobre, hay que cambiar el sistema”.

No es una creencia de ricos: entre los sectores de nivel socioeconómico bajo el acuerdo con la meritocracia llega al 59%. Y las mujeres son más meritocráticas que los hombres: 60% contra 40%.

El estudio llama a esto “un sostén psicológico vital”, y la descripción es precisa. En un contexto donde el 45% recortó gastos que le daban placer y el 40% se endeudó durante el último año, la fe en el progreso propio funciona como una especie de colchón emocional.

Dicho de otro modo: la gente ajusta, pero no resigna la narrativa de que el ajuste tiene sentido.

El consumo que duele y el que resiste

La radiografía del gasto es elocuente. Los servicios básicos — luz, agua, internet — son el rubro que más duele: el 58% los eligió entre los dos gastos más difíciles de afrontar. La comida viene segunda, con el 41%. Entre ambos concentran el malestar de bolsillo de 9 de cada 10 argentinos. Pero el dato tiene matices geográficos y generacionales.

Los servicios golpean especialmente a los más jóvenes: entre los centennials (18 a 28 años), el 75% los señaló como su principal dolor económico. La comida y el transporte, en cambio, son gastos que afectan más a las generaciones jóvenes y medias que a los mayores. La prepaga y las expensas son el tormento específico de los adultos mayores, que en esos rubros triplicaron la proporción de quienes los señalaron como problemáticos respecto del resto de las generaciones.

Hay también una diferencia regional relevante: el aumento de la comida no es, como suele pensarse, un fenómeno exclusivo del AMBA. En la Zona Minera Sur — San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego — afectó a más de la mitad de los encuestados.

En la Zona Agro, en tanto, los impuestos locales generan una irritación particular: el 36% los marcó como un gasto doloroso, muy por encima del promedio nacional.

El trabajador pluriempleado como figura social

Uno de los hallazgos del informe es el perfil del trabajador con dos o tres empleos. Es el segmento más fervientemente meritocrático de toda la muestra: 7 de cada 10 eligieron la opción del esfuerzo como motor de mejora social. El que combina un trabajo formal con changas, en cambio, cree menos en la meritocracia que el promedio — quizás porque ese esquema híbrido expone mejor las grietas del sistema.

El informe identifica cuatro perfiles de argentinos según cómo vivieron el último año. El más numeroso — 28% — es el de los “neutros incrédulos”: personas que no sufrieron experiencias extremas pero que tampoco ven mejoras. El 23% son los “pacientes graves de la crisis”, mayoritariamente millennials de clase media empobrecida, donde uno de cada cuatro empezó a tomar medicación para la salud mental. Debajo de ellos, un 17% de “endeudados pesimistas”, concentrados en los sectores más bajos y con mayoría de mujeres.

Solo el 11% forma parte de la “minoría optimista”: clases altas y medias altas, con fuerte presencia en la Zona Minera Norte y en la franja de 45 a 55 años. Son los que viajaron, refaccionaron su casa y sienten que la inflación se está ordenando.

La clase media es, según el informe, el segmento más pesimista en términos de ahorro: el 60% dice no tener capacidad de ahorro, y más de la mitad cree que su situación empeorará dentro de un año. No es que los sectores bajos estén mejor — están peor —, pero los sectores medios sienten con más intensidad la distancia entre lo que tenían y lo que proyectaban tener.

Lo hizo a través de la Resolución 438/2026, publicada en el Boletín Oficial este miércoles. Los pedidos de naturaleza administrativa, civil o comercial que no posean un plazo de vigencia determinado por un juez, caducarán administrativamente a los 36 meses.

Según precisaron, se busca poner fin a las “inconsistencias” detectadas en el SIFCOP, donde se mantenían vigentes pedidos de secuestro por deudas, embargos o quiebras que ya habían perdido validez legal, pero seguían figurando como activos en los controles policiales de todo el país.

“Limpieza” del SIFCOP: los motivos de la decisión

La cartera de Seguridad, encabezada por Alejandra Monteoliva, fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la “integridad, actualidad y confiabilidad” de la información registrada.

Las autoridades detectaron que la permanencia indefinida de estas medidas cautelares desnaturalizaba su finalidad preventiva y generaba consecuencias disfuncionales, como retenciones injustificadas de vehículos y el desvío de recursos operativos de las fuerzas federales y provinciales.

La normativa excluye las órdenes penales, las cuales permanecerán activas hasta que un juez ordene explícitamente su levantamiento debido a su importancia para la seguridad pública. Con esta medida, se busca optimizar los recursos de las fuerzas de seguridad y garantizar que la información compartida entre jurisdicciones sea precisa y actual.

De acuerdo con los considerandos de la norma, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que las medidas cautelares son esencialmente provisorias. Sin embargo, en la práctica, muchos pedidos de secuestro vinculados a ejecuciones prendarias o cobros ejecutivos se perpetuaban en el tiempo sin control efectivo.

Cómo funcionará el nuevo plazo de 36 meses

La nueva normativa establece los siguientes puntos clave para los propietarios y abogados:

• Vigencia automática: las medidas registradas o que se inserten a partir de ahora tendrán una vigencia registral de 36 meses contados desde su anotación o última ratificación.
• Baja del sistema: una vez vencido el plazo, la medida será dada de baja del SIFCOP de forma automática.
• Posibilidad de renovación: el límite administrativo no anula el derecho de los jueces a ratificar, renovar o reiterar las medidas si lo consideran necesario para el proceso judicial.
• Sin efecto retroactivo sobre la deuda: la resolución aclara que esto no implica la nulidad ni caducidad judicial de la medida dispuesta por el magistrado, sino que establece un criterio de vigencia registral administrativa para la policía.

La excepción: los pedidos de secuestro penales

Cabe destacar que estas modificaciones no afectan a las causas penales. En este sentido, los pedidos de secuestro vinculados a delitos, preservación de prueba o decomisos, dictados por jueces con competencia penal, se mantendrán plenamente vigentes hasta que exista una orden expresa de levantamiento por parte de la autoridad judicial interviniente.

Pedido de captura de autos by Cronista.com

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informaron que podrán pedir una justificación de ingresos a los contribuyentes que superen el límite establecido para ciertos movimientos.

A partir de qué montos ARCA pide justificación por tener dinero en las billeteras virtuales

El organismo fiscal estableció límites a partir de los cuales los bancos y FinTech deben notificar los movimientos de los contribuyentes.

La medida afecta a diversas operaciones como transferencias, extracciones de efectivo, plazos fijos, compras como consumidor final, entre otros.

Uno de los ítems más importantes es el de “saldos bancarios al cierre del mes”, ya que las empresas deberán informar a ARCA cuando el titular tenga:

• Más de $ 50 millones en caso de personas físicas
• Más de $ 30 millones en caso de personas jurídicas

Cuáles son los límites para transferencias y otros movimientos

En línea con el límite anterior, el organismo estableció topes para el resto de movimientos financieros:

Personas físicas

• Transferencias y acreditaciones: hasta $ 50.000.000 mensuales.
• Extracciones en efectivo: hasta $ 10.000.000 mensuales.
• Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $ 50.000.000.
• Plazos fijos: hasta $ 100.000.000.
• Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $ 100.000.000.
• Compras como consumidor final: hasta $ 10.000.000 mensuales.
• Pagos de cualquier tipo: hasta $ 50.000.000 mensuales.

Personas jurídicas

• Transferencias y acreditaciones: hasta $ 30.000.000 mensuales.
• Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $ 30.000.000.
• Plazos fijos: hasta $ 30.000.000.
• Pagos de cualquier tipo: hasta $ 30.000.000 mensuales.

Qué pasa si supero los límites y qué tengo que presentar a ARCA

Cuando se superan los límites establecidos como el de saldo bancario a fin de mes, las empresas informan al organismo fiscal. ARCA podría solicitar documentación que respalde el origen de los fondos como:

• Comprobantes de ingresos: recibos de sueldo, honorarios profesionales, facturas emitidas
• Declaraciones juradas: DDJJ de Ganancias, Bienes Personales o IVA
• Constancias de operaciones: contratos de compraventa, escrituras, boletos
• Comprobantes de transferencias: CBU de origen, conceptos de pago
• Documentación de préstamos: contratos con firmas certificadas

Una vez que se realiza la presentación, el organismo llevará a cabo una revisión para determinar si existen irregularidades o evasión.

Con el dato oficial del IPC de abril de INDEC a la vuelta de la esquina, el consultor adelantó que, según sus mediciones, la desaceleración de la inflación es un hecho, aunque anticipó que mayo presentará nuevos desafíos por el ajuste de precios regulados.

Inflación: abril a la baja y el “serrucho” de mayo

Para Ferreres, el cuarto mes del año consolidó la tendencia descendente. “El IPC nuestro -que mide el Gran Buenos Aires- mostró un aumento del 2,6% mensual en abril”, señaló el economista.

Según su desglose, los rubros que lideraron las subas fueron esparcimiento, transporte y comunicaciones, con alzas de entre el 3,9% y el 4,4%.

Sin embargo, advirtió que mayo no será un mes sencillo debido al peso de las tarifas: “Mayo viene con ciertos problemas, por más que la primera semana los alimentos dieron estancados o algo negativos”.

Ferreres puntualizó los incrementos esperados en agua (3%), gas (3%), nafta (5%) y salud (3,9%), además del impacto del transporte en la provincia de Buenos Aires, donde los colectivos que no entran a CABA sufrieron un ajuste del 11,2%.

Actividad económica: recuperación con matices, según Ferreres

Respecto al nivel de actividad, Ferreres observó una dinámica de “recuperación y freno” en la industria. Si bien marzo había mostrado signos positivos, abril encendió algunas alarmas: “El cemento Portland de abril cayó 13,2% con respecto al mismo mes del año pasado. O sea, no se continuó en abril la recuperación de la industria”, explicó.

Pese a esto, el consultor mantiene una visión optimista para el mediano plazo apoyada en los sectores extractivos. “En cuanto al agro, a la minería, petróleo y todo lo que es extracción de crudo, eso anda muy bien”, afirmó, proyectando un crecimiento del PBI del 2,8% para el año 2026.

El “riesgo kuka” y los dólares bajo el colchón

Uno de los puntos más salientes de su análisis fue la explicación de por qué el Riesgo País no logra perforar los niveles actuales y por qué los capitales argentinos no regresan al circuito formal.

Ferreres fue tajante al hablar del horizonte electoral: “La clave del Riesgo País es que está el ‘riesgo kuka’, o sea, de que vuelva el populismo a gobernar el país y que empiece a tener déficit fiscal e inflación”.

Para el economista, este temor es el principal freno para los inversores. “Acá el riesgo son las elecciones de octubre del 27. ¿Quién las va a ganar? ¿El gobierno o la oposición? Frente a esa duda, la gente que tiene que poner el dinero en efectivo lo piensa dos veces”, sentenció.

Incluso refiriéndose a los u$s 400.000 millones -tal como consignó el ministro de Economía Luis Caputo- que los argentinos tienen fuera del sistema, Ferreres justificó la cautela: “La gente tiene la plata fuera del sistema de legislación argentina... no es que quieran tener eso, nadie quiere, pero es necesario por las circunstancias”.

“Milei dice: ‘Esperen un poco, que vamos a ir convirtiendo lo mensual en anual y ahí no tendríamos inflación’. Tienen que esperar. Yo creo que está bien, hay que esperar”, concluyó, respaldando la paciencia que pide el Ejecutivo mientras se corrigen los desequilibrios de fondo.

El paro alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, que funcionarán con horario reducido durante toda la jornada.

A qué hora comienza el paro bancario

La medida de fuerza comienza a las 12 del mediodía, ya que el gremio convocó a un paro nacional durante las últimas tres horas de atención bancaria.

En el caso del Banco Central, la atención será únicamente entre las 10 y las 12, cuando habitualmente funciona hasta las 15. De esta manera, las actividades quedarán paralizadas desde el mediodía.

Por su parte, las sucursales del Banco Hipotecario también cerrarán tres horas antes de lo previsto, adhiriendo a la misma protesta sindical.

Qué operaciones podrían verse afectadas

La reducción horaria podría generar demoras y complicaciones en distintos trámites presenciales, especialmente aquellos que requieren atención por ventanilla.

Entre las operaciones que podrían sufrir inconvenientes aparecen:

• Acreditaciones bancarias
• Depósito y cobro de cheques
• Operaciones empresariales
• Trámites presenciales en sucursales

Desde las entidades indicaron que podrían registrarse demoras administrativas debido al recorte de atención al público.

Qué reclaman los bancos

Desde la Asociación Bancaria explicaron que la protesta se realiza en rechazo a medidas adoptadas tanto en el Banco Central como en el Banco Hipotecario.

En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que, según denunciaron, podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar economías regionales.

Además, el gremio aseguró que las autoridades mantuvieron una “posición intransigente” pese a las negociaciones realizadas ante la Secretaría de Trabajo.

Respecto al Banco Hipotecario, La Bancaria denunció el cierre de sucursales y despidos injustificados en distintas provincias, rechazando “cualquier política de achique” que afecte puestos laborales.

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar las medidas gremiales si no existen respuestas “urgentes y concretas” por parte de las autoridades.

Qué servicios seguirán funcionando

A pesar de la medida gremial, las operaciones digitales no sufrirán interrupciones y funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

Entre los servicios habilitados estarán:

• Transferencias bancarias
• Homebanking
• Pagos electrónicos
• Uso de billeteras virtuales

Por su parte, continuará disponible la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI.

En los últimos meses, algunas provincias comenzaron a eliminarlo o a reducirlo de forma gradual, pero de qué se trata, cuánto te cuesta y en qué jurisdicción ya no lo cobran.

¿Qué es el Impuesto de Sellos?

El Impuesto de Sellos o Impuesto al Sello es un gravamen de carácter provincial que se aplica sobre la formalización de actos, contratos y operaciones de carácter oneroso que se instrumenten de manera pública o privada. Este arancel aparece cada vez que firmás un contrato o formalizás una transacción económica importante, el fisco provincial cobra un porcentaje de ese acto.

Su origen es bastante antiguo, ya que data de la época colonial, cuando los documentos debían literalmente estamparse con un sello físico para tener validez legal. Ese acto generaba una recaudación y, con los siglos, el sello físico desapareció, pero el impuesto sobrevivió.

Este gravamen se cobra hoy sobre operaciones digitales, resúmenes de tarjeta y escrituras electrónicas. El Impuesto a los Sellos es arcaico, propio de otra época, pero su permanencia se explica por la necesidad de recaudar, no por criterios de eficiencia o equidad tributaria.

Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y desde diversos especialistas están de acuerdo en eliminar o sustituir estos “impuestos distorsivos” como los Derechos de Exportación, el Impuesto al Cheque, los Ingresos Brutos provinciales, las Tasas municipales a las ventas y el Impuesto provincial a los Sellos por otros más eficientes.

El tributarista Sebastián Domínguez, contador público egresado de la UBA, director de la Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y CEO de SDC Asesores Tributarios explica que hoy en Argentina existen 155 tributos a nivel total entre Nación, provincias y municipios, entre impuestos, tasas y contribuciones. El Impuesto de Sellos es uno de ellos, y según él, uno de los que debería eliminarse dentro de una reforma tributaria integral.

Impuesto de sello: ¿qué cosas grava exactamente?

El Impuesto de Sellos tiene un alcance amplio y muchas veces invisible para el ciudadano común, pero puede verse en:

• Compraventa de inmuebles: cada vez que alguien compra una propiedad, el escribano liquida este tributo. Es uno de los costos más significativos de cerrar una operación inmobiliaria. El Impuesto de Sellos actúa como un costo inmediato, de pago obligatorio en la formalización de la operación. No se financia ni se prorratea en el tiempo, por lo que impacta de manera directa sobre el capital disponible del comprador.
• Contratos de alquiler: cuando un propietario y un inquilino firman un contrato de locación, deben abonar el Impuesto de Sellos sobre el monto total del contrato. Las alícuotas varían por provincia pero rondan el 1%.
• Créditos hipotecarios. hasta hace poco, quien sacaba un préstamo para comprar su casa también pagaba Sellos sobre el monto del crédito, lo que encarecía aún más el costo de acceder a la vivienda.
• Financiamiento con tarjeta de crédito: si en el resumen de tu tarjeta no pagás el total y dejás saldo financiado, varias provincias cobran Sellos sobre ese monto.
• Compraventa de vehículos y maquinaria: la transferencia de autos, camionetas y maquinaria agrícola también tributa Sellos.
• Contratos comerciales y societarios: la constitución de empresas, cesión de participaciones societarias y otros actos jurídicos de contenido económico también están alcanzados.

Cómo afecta el impuesto al sello en el bolsillo

Para que los números sean concretos: si comprás un departamento de $ 100 millones en la Ciudad de Buenos Aires (sin que aplique la exención de vivienda única), pagás 2,7% de Sellos, es decir, $ 2.700.000 solo en ese impuesto.

Si pedís un crédito hipotecario de $ 50 millones, en algunas provincias ese crédito también tributaba Sellos, lo que representaba $ 500.000 adicionales solo por formalizar el préstamo.

En el caso de las tarjetas de crédito, si financiás $ 200.000 de saldo en una provincia con alícuota del 1,5%, pagás $ 3.000 extras por mes, solo por el impuesto. Multiplicado por doce meses, son $ 36.000 anuales.

¿En qué provincias se cobra el Impuesto de Sellos?

Dónde hay que pagar por este gravamen y de cuánto es según la provincia:

CABA

En 2023, CABA eliminó el Impuesto de Sellos sobre los resúmenes de tarjeta de crédito. El gravamen del 1,2% sobre las operaciones en concepto de Impuesto de Sellos había sido instaurado en 2021 en medio de la disputa con el Gobierno nacional por los fondos de coparticipación.

En 2026, la gestión de Jorge Macri hizo cambios. Para 2026, las principales modificaciones incluyen:

• exención del 100% del Impuesto a los Sellos en operaciones de compraventa de vivienda única, familiar y de ocupación permanente cuyo valor no supere los $ 226.100.000;
• reducción de la alícuota del 3,5% al 2,7% para segundas o más viviendas
• eliminación del Impuesto a los Sellos en créditos hipotecarios destinados a la vivienda única, reduciendo un 1% que hasta ahora se aplicaba sobre el monto del préstamo. La más reciente novedad llegó en marzo de 2026: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) eliminó el Impuesto de Sellos del 1,2% que se aplicaba sobre el financiamiento de tarjetas de crédito, con exención automática y sin necesidad de realizar trámites.

Mendoza

La Legislatura de Mendoza aprobó la Ley Impositiva 2026, que introduce un Programa de Reducción Plurianual del Impuesto de Sellos. El esquema fijó en 2026, la alícuota general se reduce al 1%; en 2027, baja al 0,75%; en 2028, al 0,50%; en 2029, al 0,25%; y en 2030, el Impuesto de Sellos quedará en 0%, salvo que se active una cláusula de prórroga por recesión económica.

Además, las operaciones inmobiliarias bajan del 2% en 2026 al 1,75% en 2027, mientras que la maquinaria agrícola, vial e industrial tributa solo 0,25% en 2026 y quedará exenta desde 2027. También se establece una exención para contratos de locación comercial de hasta $ 62.000.000 anuales.

Provincia de Buenos Aires

Mantiene el impuesto vigente con alícuotas del 2% en operaciones sobre inmuebles, aunque con exención para vivienda única y familiar de ocupación permanente. La provincia de Buenos Aires cobra una alícuota del 1,2% sobre el importe del resumen de tarjetas de crédito. No hubo cambios estructurales en 2026.

Córdoba

Sigue cobrando Sellos sobre tarjetas de crédito con una alícuota del 1,5%, una de las más altas del país. Sin embargo, no anunció reducción progresiva ni eliminación del tributo para 2026.

Neuquén

Mantiene el Impuesto de Sellos activo, la Ley Impositiva 2026 (Ley 3541) actualiza los valores aplicables al Impuesto de Sellos junto con el resto de los tributos provinciales. No hay eliminación ni reducción anunciada.

Resto del país

Las demás provincias mantienen el tributo con variaciones en sus alícuotas. En total, son 12 las provincias que imponen una alícuota a los Sellos en los resúmenes de las tarjetas de crédito.

• Las alícuotas van del 0,1% al 1,5% y se aplican de dos formas: sobre el importe total del resumen
• sobre los importes efectivamente utilizados.
• Cobran sobre el resumen total: Mendoza y Córdoba (1,5%), Buenos Aires, San Luis y Chubut (1,2%), Tucumán (1%), Tierra del Fuego (0,6%), San Juan (0,44%) y Jujuy (0,1%). Cobran sobre importes utilizados: Entre Ríos (1%), Formosa (0,3%) y Santa Fe (0,1%).

Lo que podés hacer para evitarlo, según dónde vivís

Si vivís en CABA y financiás el saldo de tu tarjeta de crédito la exención es automática y no tenés que hacer ningún trámite. Si en el próximo resumen aún figura el cargo del 1,2%, se debe hacer la denuncia a Defensa del Consumidor.

Si estás pensando en comprar una vivienda en CABA, conviene verificar si el valor de la propiedad entra dentro del umbral de exención ($ 226.100.000). Si es así, la operación está exenta del 100% del Impuesto de Sellos. Si el valor es mayor, igual la alícuota bajó de 3,5% a 2,7%, lo que representa un ahorro concreto en el costo de escrituración.

Si estás sacando un crédito hipotecario para primera vivienda en CABA, desde enero de 2026 ese préstamo no paga Sellos. Es un ahorro del 1% sobre el monto total del crédito, que puede representar varios millones de pesos.

Si vivís en Mendoza, el Impuesto de Sellos ya bajó al 1% general y seguirá reduciéndose hasta desaparecer en 2030. Si estás por firmar un contrato comercial o de locación, verificá si tu contrato queda dentro de los umbrales de exención.

Si vivís en una provincia que todavía cobra Sellos sobre tu tarjeta hay que tener en cuenta que ese porcentaje que aparece en tu resumen como “Impuesto de Sellos” o con alguna denominación similar es real, está vigente y no es un error del banco.

Es lógico que el ministro ubique el punto de quiebre en junio, cuando los datos de actividad y empleo empezarán a compararse con las pobres cifras de la segunda mitad de 2025, como consecuencia de la corrida electoral. En junio del año pasado, por ejemplo, el EMAE se ubicaba abajo del pico de febrero de ese año, y desde mayo 2025 hasta enero último se perdieron 105.000 empleos asalariados privados registrados, según el SIPA.

Hoy los datos de actividad todavía vienen en serrucho: en marzo, mejoraron industria y construcción. Pero la morosidad crediticia de las familias llegó al récord desde 2004: 11,5% --casi se quintuplicó en un año— mientras que la mora fuera del sistema bancario superó el 30% promedio. En abril, ventas de cemento, autos y el comercio minorista que mide CAME fueron para abajo.

Caputo, en diálogo con Luis Majul, confesó el problema de fondo, el iceberg a esquivar, que todos visualizan en el horizonte del plan económico.

“En los próximos 18 meses viene un círculo virtuoso (se entusiasmó), por eso yo imagino un 2019 totalmente diferente...eeh 2027” --corrigió rápido, con la ayuda del entrevistador—“absolutamente diferente de lo que se imagina la gente, e incluso el mercado. La mayoría espera un 2027 como fue siempre en Argentina en un año electoral, con volatilidad cambiaria. Yo creo que va a ser al revés”.

El 2019 fue la debacle final de la gestión Macri, tras perder categóricamente las PASO en agosto, y desatarse una huida histórica del peso y de todos los activos financieros argentinos. Caputo se enredó en los últimos días en explicar por qué él cree que el “riesgo Kuka” no existe más, pero como la gente y el mercado sí creen que existe el “riesgo Kuka”, el riesgo país no baja lo suficiente. Aún con la baja de los últimos días, el riesgo país en 500 puntos está en niveles similares a enero 2025 y es el mismo nivel de enero último, cuando Ecuador y Bolivia competían con Argentina como los países de mayor riesgo de la región: hoy tienen 400 y 320 puntos, respectivamente.

El gobierno sabe que enfrenta un “trilema” de difícil gestión: recuperar la actividad, retomar la desinflación y acumular reservas en el Banco Central. Sin confianza, es una frazada corta.

El Banco Central compra dólares desde principio de año, emitiendo pesos, para engrosar las reservas. En el primer cuatrimestre compró u$s 7200 millones, pero no hay más pesos en la calle. Todos los pesos que emitió el Central (unos $ 9,5 billones) fueron retirados de circulación, en parte porque el Tesoro le dio pesos al Central para comprar dólares para pagar vencimientos de deuda, en parte porque el Tesoro emitió deuda en pesos por arriba de los vencimientos que afrontaba. Preocupado la inflación, el Banco Central acumula reservas sin monetizar aún la economía.

Aún con esa restricción, el Gobierno tomó medidas para reactivar el canal del crédito --que se paró desde julio pasado cuando se dispararon las tasas de interés- y darle así aire al consumo y la actividad. El Banco Central habilitó una ventanilla de liquidez para los bancos con tasas de 20/25%, además de reducir gradualmente los encajes de crisis, forzando una baja en las tasas pasivas, que todavía no se tradujo en baja significativa en las tasas de préstamos personales: promedian 68% (TNA), nivel similar al de enero/febrero.

Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, explica que para que esas tasas reales negativas que ofrece el BCRA y pagan los bancos a los ahorristas se mantengan en el tiempo, hasta que se traduzcan en una baja del costo del crédito, es clave que el dólar se mantenga planchado y el dólar futuro alineado. ¿Por qué el BCRA bajó el ritmo de compras de dólares de los u$s 138 millones diarios en abril a los u$s 66 millones en la primera semana de mayo? En especial, cuando el dólar mayorista está abajo de los $ 1400 pesos (20% abajo del techo de la banda) y la liquidación de agro dólares vienen en mayo muy por encima de los meses anteriores. Recién en los últimos días, el Central volvió a comprar más de u$s 100 millones diarios. El “trade off” de la gestión artesanal de la política económica.

Caputo dice que el tiempo juega a favor, a medida que se consoliden los buenos indicadores. Sin embargo, la mayoría de los economistas creen, al revés, que si la economía y la recaudación no repuntan, el ajuste necesario del gasto público para mantener el superávit fiscal elevan la tensión social y política, como se vio con la protesta universitaria. Dicen que al Gobierno se le abre una ventana de oportunidad en el segundo trimestre y que debe salir del “piloto automático”, antes de que, pasado el Mundial, se largue la maratón electoral.

Algunos, como Miguel Kiguel o Vasconcelos, le recomiendan a Caputo salir al mercado internacional para colocar deuda antes de julio, y apostar a que la refinanciación de los vencimientos en dólares, baje fuerte el riesgo país como ocurrió con Ecuador.

Domingo Cavallo fue más drástico en su propuesta de liberar completamente de cepos el mercado cambiario, junto con un nuevo régimen monetario, y pronosticar que esa flotación libre del dólar, ingresarían capitales, el riesgo país se hundiría y se destrabaría la economía. “Un amigo mío, que también habla mucho con el presidente, me dijo: pero si hacen eso que vos decís Mingo, el dólar va a bajar...Entonces, qué mejor para llenar el Banco Central de reservas”, comentó al pasar el ex ministro de Menem y De la Rúa. El amigo en común podría ser el economista Juan Carlos De Pablo.

Eso es lo que algunos empresarios también escucharon decir a Federico Sturzenegger --elogiado por Cavallo para mortificar a Caputo— en reuniones privadas.

En ese contexto, la Mesa Política del oficialismo se convocó desde las 16 y hasta las 18:15 en el Salón Escudos de Casa Rosada. Afuera, la Plaza empezaba a alcanzar su punto de ebullición con cientos de personas ya congregadas y las columnas confluyendo desde distintos puntos en defensa del financiamiento universitario.

Dentro de la casa de Gobierno, la asistencia del núcleo duro del Gobierno fue casi completa tras la vuelta del titular de Economía, Luis Caputo, ausente en los convites previos. Trascendió que el asesor presidencial Santiago Caputo no pudo estar presente “por temas de agenda” y la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, se retiró unos minutos antes para asistir a otra reunión en el Senado.

En el círculo de Caputo le restaron relevancia política a su silla vacía. “Nada significativo políticamente”, remarcaron. “Tenía un compromiso asumido hace tiempo y no se podía postergar”, añadieron.

Según habían adelantado desde la Casa Rosada, el objetivo era -una vez más- definir la estrategia parlamentaria con la reforma electoral y otros proyectos sensibles en marcha. Durante el cónclave se repasó la agenda legislativa en curso y Adorni expuso sobre la nueva tanda de 10 proyectos de ley que se preparan para mandar al Congreso, siguiendo la promesa del Presidente ante la asamblea del 1 de marzo.

No trascendió, sin embargo, cuáles serían esas iniciativas. Tampoco se conoció, al momento de publicarse el artículo, una imagen del encuentro como las que solían divulgarse para desmentir las versiones de internas.

Hay también una agenda rezagada en el Congreso que el Ejecutivo quiere volver a impulsar a sabiendas que la ventana de oportunidad para lograr los consensos ya se empieza a cerrar. La reforma a la Propiedad Privada y la discusión sobre subsidios para zonas frías figuran como prioridad. También la Ley Hojarasca y los cambios a la norma de Salud mental.

En contrapartida, el proyecto de reforma electoral aparece hoy como uno de los focos de tensión dentro del oficialismo. Karina Milei sostiene que la iniciativa —que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO— debe aprobarse sin modificaciones, tal como fue redactada por La Libertad Avanza. Todo indicaría que es la postura que terminará por imponerse, al menos, puertas adentro de LLA.

En el Senado, Bullrich buscaba empujar un tratamiento diferenciado del capítulo de Ficha Limpia del resto de la norma. De hecho, desde el bloque que comanda la PRO Gisela Scaglia, hoy en Provincias Unidas, se había avanzó con una ley propia desde la cámara vecina, focalizada exclusivamente en esa temática.

La ex ministra de Seguridad busca bajar su tono, sin renunciar a dejar en claro sus diferencias con el tema más áspero del oficialismo: Adorni. Tras el enojo del Presidente por los rumores en torno al jefe de Gabinete -a contramano de su reclamo en público para que adelante la DDJJ-, la jefa de LLA en el Senado optó hoy por evitar las adjetivaciones al ser consultada en el ingreso a Jonagro: habló de una “emocionalidad importante” del mandatario.

Puertas adentro de La Libertad Avanza, varios dirigentes reconocen además todavía no están garantizados los votos para aprobar la reforma electoral completa en los términos originales enviados por el Ejecutivo. Aunque muchos coinciden con la idea de avanzar por partes, otra vez son pocos los que expresan en público.

A nadie escapa que el nuevo encuentro de la Mesa Política se concretó con el telón de fondo de la preocupación sobre cómo administrar el impacto político de la situación judicial que rodea a Adorni. Era también la oportunidad de transmitir un mensaje de unidad luego de la tensa reunión de gabinete del viernes pasado.

En paralelo a la investigación que encara el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, la Justicia Federal profundiza medidas para reconstruir vínculos comerciales de la consultora de Bettina Angeletti —esposa del jefe de Gabinete— con empresas proveedoras del Estado.

La denuncia radicada por la diputada Marcela Pagano sobre los presuntos nexos de la consultora +BE con proveedores del Estado empezó a moverse en la fiscalía en manos de Carlos Stornelli, también bajo la tutela de Lijo. En tal sentido se ordenaron las primeras medidas para relevar la relación comercial con firmas como Foggia Group y Datco.

Entre los pedidos que trascendieron figuran el pedido de documentación sobre facturas, legajos societarios ante la Inspección General de Justicia y datos diversos sobre beneficiarios finales de las contrataciones bajo análisis.

La fiscalía también requirió información a la Oficina Nacional de Contrataciones para reconstruir la participación de las empresas investigadas en licitaciones públicas y verificar los procesos en los que resultaron adjudicatarias.

Mendoza, RIGI y una nueva conferencia: la próxima movida de Adorni

En medio de ese escenario, Adorni intentará este jueves recuperar centralidad política y mostrar gestión con una actividad en Mendoza junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de YPF, Horacio Marín. La visita será para inaugurar el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en Las Heras, considerado el primer proyecto desarrollado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Un día después, el jefe de Gabinete podría enfrentar los micrófonos aunque todavía no lo dan por seguro. Por ahora, circula en los pasillos de Casa Rosada como una posibilidad. No dicen aún bajo qué formato: ¿será una conferencia abierta o se restringirá al temario que elija la Casa Rosada como la semana pasada cuando se mostró con Caputo y Alejandra Monteoliva (Seguridad)?

Por lo pronto, la presencia del gobernador Alfredo Cornejo en la visita a su provincia no es un dato menor. El mandatario mendocino se consolidó como uno de los principales aliados políticos de la Casa Rosada y mantiene diálogo fluido con la mesa electoral que encabeza Karina Milei junto a Eduardo “Lule” Menem.

En Balcarce 50 admiten que el vínculo con Cornejo excede la coyuntura institucional y ya tiene proyección electoral. La Libertad Avanza analiza avanzar en acuerdos para respaldar al oficialismo mendocino de cara a la sucesión provincial de 2027, en un escenario donde el actual gobernador no podrá reelegir, aunque el partido violeta no renuncia a la opción de un candidato propio.

Ese alineamiento político ya tuvo una primera prueba este año, cuando “Lule” Menem cerró un acuerdo con el radicalismo mendocino para competir en elecciones municipales. La alianza logró imponerse en tres de los seis departamentos en disputa.

Los representantes locales de LLA piensan en Luis Petri como cabeza de fórmula. No obstante, el vínculo de la Rosada con el diputado Luis Petri, que llegó a sonar como reemplazo de Adorni en algún momento, no estaría atravesando el mejor momento. Hay quienes aseguran que eso puede costarle su lugar en el esquema de construcción territorial que hoy privilegia el entendimiento con Cornejo.

En ese contexto, la actividad de Mendoza buscará enviar un mensaje doble. Hacia afuera, mostrar gestión, inversiones y avance del RIGI. Hacia adentro, exhibir que el oficialismo todavía conserva capacidad de articulación política mientras el cerco judicial sobre el entorno de Adorni continúa avanzando.

El documento consensuado por las casas de estudio sostuvo que el ajuste ya provocó una caída real del 45,6% en las transferencias a las universidades nacionales entre 2023 y 2026, mientras los salarios perdieron más de un 37% de poder adquisitivo.

“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, advirtieron los organizadores ante una Plaza de Mayo colmada, en una movilización que volvió a reunir a todo el arco universitario contra la política presupuestaria del Gobierno.

Durante el acto central, rectores, gremios docentes y federaciones estudiantiles coincidieron en que la situación presupuestaria “es crítica” y atraviesa todas las áreas del sistema universitario.

El documento difundido al cierre de la movilización sostuvo que las universidades atraviesan “un deterioro alarmante” producto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional, con impacto directo en salarios, becas, investigación y funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Uno de los puntos más duros del texto estuvo dirigido a la situación salarial. Según denunciaron, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue de 293,3%, mientras que los aumentos salariales llegaron al 147,3%, lo que implicó una pérdida del 37,13% del poder adquisitivo para docentes y no docentes. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, señalaron.

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La protesta también puso el foco en el deterioro de las políticas de asistencia estudiantil. El documento alertó que las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación y que las Becas Manuel Belgrano atraviesan un escenario de “incertidumbre y desfinanciamiento”, situación que —advirtieron— profundiza las desigualdades y expulsa estudiantes del sistema universitario.

En otro tramo, la declaración vinculó el conflicto universitario con una discusión más amplia sobre el rol del Estado y la democracia. “La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país”, señalaron los organizadores, que además reclamaron a la Corte Suprema que intervenga para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En muchos casos, este gasto representa entre un 20% y un 40% adicional sobre el valor del alquiler, lo que presiona cada vez más el presupuesto de los hogares.

A esto se suma el ajuste de los contratos: por ejemplo, un alquiler de $ 650.000 iniciado en enero con actualización cuatrimestral por inflación puede trepar a $ 731.615 en mayo, mientras que aquellos indexados por ICL registran subas cercanas al 9,3%.

Morosidad en expensas: un problema en alza

El impacto de estos aumentos ya se refleja en la mora. Según ConsorcioAbierto, el 17% de las unidades funcionales presenta deuda, es decir, casi dos de cada diez departamentos no están al día. Sin embargo, otras mediciones elevan aún más la preocupación: de acuerdo con IDATA, la morosidad alcanza al 34% en CABA y al 38% en la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, especialistas del sector consultados por El Cronista explicaron que, frente al atraso en los pagos, “por lo general los administradores tienen un fondo de reserva por estos motivos y para gastos extraordinarios”, lo que permite cubrir necesidades básicas del consorcio en el corto plazo.

Por qué aumentan las expensas y en qué se gasta el dinero

Desde el sector atribuyen esta dinámica no solo a la inflación, que en marzo fue del 3,4%, sino también a la propia estructura de costos de los consorcios. Este factor explica por qué, incluso cuando el ritmo inflacionario se desacelera, las expensas continúan en niveles elevados: se trata de gastos difíciles de ajustar en el corto plazo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte del presupuesto se concentra en:

• Personal y sueldos: 33%
• Mantenimiento: 28%
• Servicios públicos: entre 13% y 15%
• Administración e impuestos: 14%
• Obras: entre 6% y 11%

En la provincia de Buenos Aires, el peso del personal es aún mayor (36%) y el mantenimiento puede llegar a representar hasta el 45% del total.

Cuáles son las consecuencias de no pagar las expensas

Las expensas constituyen una obligación legal asociada directamente a la propiedad, por lo que su incumplimiento genera consecuencias concretas y progresivas. En primera instancia, la deuda es siempre exigible al propietario del inmueble, independientemente de que luego este pueda reclamarle el pago al inquilino según lo establecido en el contrato de alquiler.

Con el paso del tiempo, los atrasos generan intereses, que suelen ubicarse en torno al 3% mensual, y la deuda crece rápidamente. Además, queda asociada al inmueble, es decir, “sigue a la cosa”, más allá de quién sea su ocupante.

El procedimiento de cobro puede variar según el reglamento de cada edificio, pero en general sigue un esquema similar. Ante la falta de pago, el administrador del consorcio suele intimar al deudor mediante carta documento. Posteriormente, se convoca a una instancia de mediación obligatoria.

Si no se logra un acuerdo, el caso avanza a la vía judicial. Este tipo de proceso, conocido como juicio ejecutivo, suele extenderse entre seis meses y dos años, según el caso.

Si la deuda no se regulariza, el proceso puede culminar en la subasta del inmueble para cancelar lo adeudado. No obstante, antes de llegar a este escenario, en la práctica suelen abrirse instancias de negociación, como acuerdos de pago o planes en cuotas con el consorcio.

Qué hacer si no podés pagar las expensas

Ante una situación de atraso, los especialistas recomiendan actuar rápidamente para evitar que la deuda escale. En ese sentido, aconsejan comunicar el problema de forma temprana: “Hay que avisar al consorcio que se tienen problemas para pagar las expensas y proponer algún plan de pago”.

Qué expensas paga el propietario y cuáles el inquilino

Al momento de alquilar, una de las dudas más comunes es cómo se dividen las expensas entre propietario e inquilino. Aunque no existe una ley que obligue de manera general a una de las partes a hacerse cargo, en la práctica la clave está en lo que establece el contrato de locación.

Las expensas suelen dividirse en dos grandes categorías. Por un lado, están las expensas ordinarias, que corresponden a los gastos habituales del consorcio, como la limpieza de los espacios comunes, el consumo de luz, el mantenimiento de ascensores y los sueldos del personal. Este tipo de gastos, vinculados al uso cotidiano del inmueble, suelen quedar a cargo del inquilino, siempre que el contrato lo establezca de manera expresa.

Por otro lado, se encuentran las expensas extraordinarias, que incluyen gastos excepcionales o no habituales, como reparaciones estructurales, arreglos de fachada o cambios de instalaciones. En estos casos, lo habitual es que la responsabilidad recaiga sobre el propietario, ya que se trata de erogaciones que mejoran o preservan el valor del inmueble.

Lo que durante años fue un proyecto de desarrollo no convencional pensado para revertir el déficit energético local hoy empieza a redefinir el mapa gasífero de América del Sur.

Aunque faltan varias -y multimillonarias- inversiones en infraestructura, Argentina podría aportar más gas a Chile -del que ya es proveedor- y meterse fuerte en el mercado de Brasil. Allí, el consumo es mayormente industrial, pero las empresas se están quedando sin el abastecimiento que tenían de Bolivia.

Vaca Muerta puede producir hasta 300 millones de metros cúbicos de gas diarios hacia 2030. Se estima que 190 millones se moverán por gasoductos, hacia Buenos Aires, hacia el norte del país, hacia Chile y Brasil. Además habrá otros 130 millones de metros cúbicos diarios orientados a proyectos de exportación de GNL.

El gigante del Mercosur tiene 63 millones de metros cúbicos de “Presal”, pero su inyección en el sistema tiene algunas complejidades (por las características de ese gas).

La transformación es profunda. Durante más de dos décadas, Bolivia fue el proveedor clave de gas para el Cono Sur. Sus exportaciones alimentaron centrales térmicas, industrias y distribuidoras tanto en la Argentina como en Brasil.

Pero la caída de producción de los campos tradicionales del país del altiplano comenzó a erosionar esa posición estratégica. Las proyecciones regionales muestran que las cuencas bolivianas (Subandino Sur y Pie de Monte) tendrán una marcada declinación hacia 2030, mientras Vaca Muerta avanza exactamente en sentido contrario.

El nuevo escenario quedó expuesto en las discusiones técnicas que se vienen desarrollando en el marco de la integración gasífera regional impulsada por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), donde la principal conclusión es contundente: el futuro del suministro regional ya no estará apoyado sobre Bolivia sino sobre el gas de la Cuenca Neuquina y el offshore brasileño.

Bolivia llegaría a 2030 con una producción de 18 millones de metros cúbicos. En esos niveles, quedaría por debajo de la cuenca Austral argentina, que podría generar 22 millones,según la OLACDE ,que es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica, de carácter público intergubernamental.

En busca de la optimización de los recursos energéticos de la región, presentarán un trabajo hacia fin de mes en San Pablo, para que los países lo tengan en consideración. En un adelanto que hicieron para la prensa, marcaron varias posibilidades para que Argentina siga ganando espacios en el mapa regional.

En ese nuevo tablero aparece Brasil como la gran oportunidad. Y dentro de Brasil, San Pablo concentra todas las miradas. El mayor polo industrial de América latina necesita energía para sostener su estructura manufacturera y reducir costos productivos. El mercado brasileño tuvo una ley de gas en 2021, que rompió parte del monopolio que detentaba Petrobras.

Una de las alternativas más analizadas contempla reforzar la reversión del Gasoducto Norte para incrementar el flujo argentino hacia Bolivia y desde allí hacia el mercado brasileño. Otra opción apunta a desarrollar infraestructura entre Uruguaiana y Porto Alegre para luego revertir flujos hacia San Pablo. La discusión técnica incluye costos de transporte, ampliaciones de ductos, armonización regulatoria y proyecciones de demanda industrial.

La contracara de ese proceso es Bolivia. El país busca reposicionarse como territorio de tránsito para no perder completamente la centralidad regional. E gobierno boliviano redefinió el rol de YPFB para transformarla en agregador del gas en tránsito entre Argentina y Brasil, intentando monetizar la infraestructura existente aun cuando la capacidad productiva propia continúa deteriorándose. El problema es que el declino de reservas limita el poder de negociación boliviano.

Hacia 2035, la demanda de gas de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia irá en aumento. Argentina está en condiciones de abastecer a todos esos territorios, pero antes se requieren una serie de obras de infraestructura.

Las obras que faltan

Las obras más importante en lo inmediato son dos etapas de gasoducto entre Tratayén-La Carlota (por u$s 2200 millones), la reversión “plus” del gasoducto norte (cuesta u$s 700 millones), la potenciación del gasoducto Perito Moreno (u$s 780 millones), el refuerzo de la Transportadora de Gas del Mercosur (u$s 500 millones), la finalización del GNEA (u$s 1100 millones) y un tendido entre San Gerónimo y Puerto Alegre (u$s 2700 milllones). Hay otras obras más ambiciosas que llevarían el total a u$s 18.000 millones.

Si el gas de la cuenca neuquina llega -a través de gasoductos- a los otros países, Argentina tiene la posibilidad de bajar los costos energéticos de sus vecinos. En San Pablo, Uruguayana (donde está la conexión con Porto Alegre) pagarían entre u$s 1 y u$s 3 menos que ahora por el millón de BTU -la unidad de medida del sector- lo que generaría ingresos constantes para el país y ahorro en la región.

Cada dólar ahorrado son varios millones de dólares, porque es una demanda a gran escala.

La Argentina también aceleró cambios normativos para aprovechar esa ventana de oportunidad. El Gobierno redefinió reglas de exportación, avanzó con permisos de largo plazo y adaptó marcos regulatorios para facilitar inversiones de gran escala. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las piezas centrales de esa estrategia.

La intención oficial es generar previsibilidad para proyectos multimillonarios vinculados a gasoductos, plantas de licuefacción y ampliaciones de transporte. Porque el verdadero cuello de botella ya no es la disponibilidad de gas, sino la capacidad de moverlo hacia los mercados regionales.

En paralelo, Chile emerge como uno de los socios más alineados con la nueva estrategia energética argentina. El vínculo bilateral atraviesa uno de sus momentos más sólidos en décadas. Santiago avanzó incluso en adecuaciones regulatorias para compatibilizar sus especificaciones técnicas con las características del gas proveniente de Vaca Muerta. La señal fue interpretada como un gesto político y económico de alto impacto.

La infraestructura existente entre ambos países también juega a favor. GasAndes recuperó protagonismo y las exportaciones hacia la Región Metropolitana de Santiago muestran una tendencia creciente. Además, aparecen oportunidades para ampliar envíos hacia el norte chileno, donde la demanda minera y energética mantiene fuerte dinamismo. A diferencia de los conflictos energéticos que marcaron la relación bilateral durante la década pasada, hoy predomina una lógica pragmática y coordinada.

El nuevo escenario regional todavía enfrenta desafíos importantes. Persisten diferencias regulatorias, incertidumbre sobre tarifas de transporte y discusiones vinculadas a seguridad de suministro. La carrera contrarreloj es superar el cuello de botella.

En la apertura de Jonagro, la jornada agropecuaria organizada por las Confederación Rurales Argentina (CRA), el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, destacó los avances del Gobierno nacional en el equilibrio fiscal, la desinflación, la seguridad, la lucha contra la corrupción, entre otros factores. En especial, subrayó los avances en la desburocratización y modernización del Estado.

A un nutrido auditorio entre los que había productores, empresarios del agro, senadores, diputados y gobernadores, planteó: “Dialogar no significa callar ni relativizar diferencias, significa madurez para plantearlos con firmeza, confianza y vocación de construcción colectiva”.

Ante un panel integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, su par de Interior, Diego Santilli, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, Castagnani reivindicó el rol de algunos organismos como el INTA, el SENASA y el Instituto Nacional de Semillas.

Sobre este último subrayó que tiene un “rol determinante en uno de los grandes desafíos por delante: el de construir una Ley de Semillas moderna, equilibrada y duradera. Venimos con vocación de diálogo y consenso, dispuestos a acercar posiciones, pero con una convicción clara e irrenunciable, que es defender los derechos de los productores”.

A su turno, Sturzenegger marcó una “mirada distinta” respecto de la postura del presidente de CRA. “El derecho de propiedad de las semillas es defender al productor. Que el productor tenga la posibilidad de acceder a la mejor semilla. Eso es defender al productor, no hay un conflicto acá”.

En este sentido, ilustró sobre la pérdida de competitividad que mostraron actividades como la soja o el algodón en Argentina respecto de los competidores. Según el ministro, la diferencia respondió a que en otros países “se respeta el derecho de propiedad de las semillas” y porque “no tenemos un marco legal” que permita la inserción de las semillas mejoradas.

“¿Cómo puede ser que en Brasil produzcan un algodón de 1400 kilos por hectárea y en Chaco de 600 kilos?”, dijo en referencia a la diferencia de productividad y recordó que el INASE transfirió la potestad de fiscalización de las semillas al sector privado

“El productor puede seguir trabajando cómo está trabajando hoy, no le cambiamos nada, pero sí generamos el marco legal para que el que quiera traer una semilla de mayor productividad, pueda hacerlo”, concluyó Sturzenegger.

Las dudas

El ejemplo del algodón hizo ruido rápido. El problema, dijo un productor, es la fiscalización. “Se declaran 100 hectáreas pero se producen 500. El problema es del fiscalizador”, ilustró.

Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), planteó que “Argentina, con toda la apertura económica, enfrenta desafíos que tienen que tener revisiones para la innovación que tenemos que ganar para ser competitivos en kilos, calidad, precios y logística. En las semillas, la ley tiene una interpretación que está sin resolver: el uso propio es oneroso o es gratuito”.

Por eso planteó la necesidad de una mesa de conversación que una las puntas. Sobre la fiscalización que impulsa el Gobierno, dijo que con la información actual ya puede hacerse. Gustavo Suter, vocal de CRA, planteó que la fiscalización es “hablar del cómo cuando no sabemos el qué”, ya que no se precisa qué se va a fiscalizar sin cambio de ley. También llamó la atención respecto a sobre quién va a recaer el costo de la fiscalización.

Desde el sector mantienen la “vocación de diálogo”, pero no creen que sea correspondida. Desde las entidades impulsan una reforma que no implique la adhesión al UPOV-91, la norma de Estados Unidos que regula la propiedad intelectual en alimentos, que busca el Gobierno.

“Hay que tener cuidado de que importar una solución no deje en el camino al pequeño productor”, advirtió otro empresario que reconoció que no se puede usar solo la reproducción de las semillas y que hay que rever el derecho, pero que tampoco el productor puede pasar de pagar u$s 30 por bolsa a u$s 70. No, al menos, con los márgenes que tienen, presionados por la suba de alquileres, el gasoil y una presión impositiva que bajó para exportadores.

El reclamo es que no salga una ley sin los productores, pero algunos advierten que “las formas intempestivas de meterse en el negocio dificultan la conversación”.

Se trata del bar El Refugio, que estaba ubicado en Rodríguez Peña 3002. Tras el cierre, sus bienes fueron subastados a través de internet.

La situación se da en un contexto complejo para el sector gastronómico, golpeado por el contexto económico. Desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) sostienen que la actividad sufrió una caída acumulada del 30% en los últimos dos años.

Cerró una cervecería artesanal de Mar del Plata: cómo fue el remate online

La operación estuvo a cargo de Remates Raimondi, que puso en venta desde mobiliario y mesas hasta equipos destinados a la elaboración y distribución de cerveza artesanal. Antes de la subasta, los interesados tuvieron la posibilidad de visitar el lugar para verificar el estado de los artículos en venta.

El catálogo elaborado por la firma incluyó barriles, muebles, herramientas de trabajo y distintos elementos propios de este tipo de establecimientos. Los bienes se vendieron tal como estaban, sin ningún tipo de garantía, y el traslado quedó a cargo de cada comprador.

Al precio de adjudicación se agregó una comisión del 10% más IVA, y durante la subasta la empresa pudo exigir una seña del 30% del monto de compra, abonada mediante transferencia bancaria inmediata.

El cierre del local se da en un contexto complicado para el sector. De acuerdo con información relevada por Noticias Argentinas, la CCAA advirtió que el rubro acumula una retracción del 30% en los últimos dos años: una baja del 20% durante 2024 y un descenso adicional del 10% en lo que va de 2025.

Promos, cuotas y segundas marcas: así compraron los argentinos en abril

La desaceleración de la inflación y la mayor estabilidad cambiaria todavía no lograron traducirse en una recuperación sostenida del consumo minorista. Después de un arranque de año condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y el reacomodamiento de precios relativos, las ventas de los comercios PyME continuaron mostrando señales de debilidad, aun cuando algunos sectores encontraron alivio transitorio en promociones, financiamiento y estrategias de descuentos.

La tendencia, según reveló el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), también empezó a reflejar cambios en los hábitos de compra: tickets más chicos, migración hacia segundas marcas, compras diarias y mayor peso de los canales digitales.

En la comparación mensual desestacionalizada, el retroceso fue del 1,3%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre mostró una baja del 3,5%.

La fintech incorporó distintas herramientas que permiten obtener ganancias a través de rendimientos automáticos, programas de recomendación y hasta sistemas de reventa vinculados a sus propios productos.

La función de Mercado Pago que genera rendimientos automáticos

Una de las opciones más utilizadas por los usuarios es la cuenta remunerada.

Este sistema permite que el dinero depositado dentro de la billetera virtual genere rendimientos diarios de manera automática, sin necesidad de realizar inversiones manuales ni bloquear los fondos.

Actualmente, la tasa anual ronda el 19,3%, aunque puede variar según las condiciones del mercado.

Uno de los principales atractivos es que el dinero permanece disponible las 24 horas y puede utilizarse o retirarse en cualquier momento.

Cómo ganar dinero recomendando Mercado Pago

Otra alternativa que comenzó a crecer es el sistema de referidos.

La plataforma permite invitar nuevos usuarios y otorga recompensas económicas cuando esas personas comienzan a operar dentro de la aplicación.

Según las promociones vigentes, los beneficios pueden llegar hasta:

• $ 10.000 por usuario invitado.
• Límite de hasta 100 referidos.

Por ese motivo, muchos usuarios empezaron a utilizar esta función como una forma adicional de generar ingresos desde el celular.

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Además de las funciones financieras, Mercado Pago también ofrece un programa de revendedores para comercializar el dispositivo Point Smart, utilizado por comercios para cobrar con tarjeta.

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La inversión inicial ronda los $ 40.000 por dispositivo, mientras que el valor de venta puede ubicarse cerca de los $ 45.000.

Los premios que ofrece el programa

El esquema también suma incentivos económicos según el nivel de actividad y facturación de los comercios adheridos.

En algunos casos, los premios por recomendación pueden alcanzar:

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El programa contempla distintos niveles de recompensas.

Los incentivos arrancan desde montos cercanos a los $ 24.700 para comercios pequeños y pueden superar los:

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Por eso, muchos usuarios comenzaron a ver estas herramientas como una alternativa complementaria para generar ingresos o desarrollar pequeños emprendimientos vinculados a medios de pago digitales.

Por qué cada vez más personas usan Mercado Pago para generar ingresos

El crecimiento de este tipo de opciones se da en un contexto donde cada vez más argentinos buscan herramientas simples para hacer rendir el dinero sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

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La resolución a la que tuvo acceso El Cronista, de más de cien páginas y apoyada en una reconstrucción del procedimiento del 18 y 19 de enero de 2015, concluye —con el grado de probabilidad propio de esta etapa— que la entonces fiscal “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios”, lo que “afectó de modo directo el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”.

El procesamiento se dicta bajo la figura de encubrimiento agravado, en virtud de dos elementos: la gravedad del delito precedente —calificado en el fallo como homicidio— y la condición de funcionaria pública de Fein.

Como rasgo central, Ercolini estructura su decisión sobre una serie de irregularidades que, según el expediente, no fueron aisladas sino “estrechamente concatenadas” y con impacto directo en la preservación de evidencias.

Las irregularidades que sostiene el fallo

El magistrado identifica un conjunto de conductas atribuidas a Fein que constituyen, en su interpretación, un patrón consistente de omisiones y decisiones impropias del rol de directora del procedimiento.

1. Deficiente preservación de la escena

El fallo es categórico al afirmar que la fiscal “no preservó debidamente la escena del hecho”, lo que “permitió la alteración de la escena del crimen” tanto por su accionar como por el de terceros bajo su órbita.

2. Demora en llegar al lugar

Según la reconstrucción temporal, Fein arribó al complejo Le Parc “una hora y media después” de haber tomado conocimiento del hecho, lapso durante el cual el sitio quedó expuesto a intervenciones sin control.

3. Falta de control sobre las personas presentes

El expediente describe un escenario con decenas de personas circulando sin restricciones. La fiscal “no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol” ni “certificó la identidad de la totalidad de las personas” en el lugar.

Testimonios incorporados al fallo hablan de “mucha gente mirando”, incluso describiendo el procedimiento como una suerte de “tour por la casa”.

4. Circunscripción incorrecta del lugar del hecho

El tribunal considera que se delimitó la escena de manera “mínima, equivocada y contraria a las buenas prácticas”, enfocándose casi exclusivamente en el baño y dejando desprotegidos otros ambientes y el propio complejo.

5. Omisiones en la identificación de posibles accesos

Entre los elementos destacados, el fallo menciona que no se advirtió inicialmente una “tercera vía de acceso” entre departamentos, relevada recién días después, donde se encontraron rastros papilares y una huella.

6. Ingreso sin protocolos y sin vestimenta adecuada

La resolución señala que Fein ingresó “sin la vestimenta debida” y permitió el ingreso de personas sin protección, lo que favoreció la “contaminación irremediable de la escena”.

Incluso se consigna que manipuló objetos sin guantes, en contra de las normas básicas de preservación.

7. Manipulación indebida de elementos de prueba

Se documentan situaciones en las que la escena fue utilizada de manera impropia: personas sentadas en la cama, consumo de alimentos en la cocina y manipulación de objetos sin resguardo.

2053 Procesamiento Fein by Leonardo Villafañe

El fallo afirma que el inmueble fue utilizado “como si se tratara de un espacio desprovisto de relevancia probatoria”, lo que implicó alteraciones materiales.

8. Deficiente recolección de pruebas

Entre los puntos más críticos, se destaca que no se recolectaron evidencias como cabellos en el baño, potencialmente aptos para análisis de ADN, y que se demoró el levantamiento de huellas.

“El escenario estuvo a merced de un gran número de personas”, lo que dificultó la obtención de evidencias confiables.

El impacto en la investigación

Para Ercolini, el conjunto de estas conductas generó un efecto acumulativo: “provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar” en un momento clave.

El fallo sostiene que esa dinámica implicó una “obstaculización del devenir de la investigación” y configuró un accionar idóneo para encuadrar en el delito de encubrimiento.

En ese sentido, el magistrado concluye que la actuación de Fein “se vio traducida como una barrera que impidió la obtención de otros elementos” que podrían haber aportado claridad sobre lo sucedido.

Muerte de Nisman: el contexto y la controversia

Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a altas autoridades del gobierno de entonces por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente argentina, con debates que exceden el plano judicial acerca de las circunstancias de su muerte.

La resolución de Ercolini se inscribe en ese contexto: judicializa la actuación de la fiscal que llevó adelante la primera investigación y pone el foco no en el hecho en sí —aún atravesado por controversias— sino en cómo se investigó.

Calificación y medidas

El juez procesó a Fein como “autora penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado”, al entender que su conducta encuadra en ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas de un delito previo.

Además, dispuso un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes, como garantía de eventuales costas del proceso.

La defensa

En su descargo, Fein rechazó la imputación y cuestionó la hipótesis acusatoria, calificándola de “conjetural” y señalando que no se individualizaron pruebas concretas perdidas ni la forma en que se produjo la contaminación del lugar.

También sostuvo que el procedimiento ya estaba en curso cuando llegó y que no le correspondía supervisar todos los aspectos técnicos.

El juez desestimó esos argumentos: afirmó que, como directora de la investigación, tenía el deber de control y que muchas de las irregularidades “eran cuestiones de sentido común” además de estar previstas en protocolos y manuales.

Un punto de inflexión en la causa

Sin abrir definiciones sobre las circunstancias de la muerte en sí —un aspecto que continúa siendo objeto de debate judicial y político—, el fallo introduce un cambio de eje: pone bajo escrutinio el origen de la investigación.

La decisión no implica una condena, sino el avance a la siguiente etapa del proceso. Pero fija una reconstrucción crítica de las primeras horas del caso y deja asentado que, para el tribunal, esas horas condicionaron todo lo que vino después.

Muerte de Nisman: Irán, otra vez en el tapete

La decisión judicial se conoce en un momento geopolítico particularmente sensible: Irán —uno de los países señalados históricamente en la investigación del atentado a la AMIA— volvió a ocupar el centro de la agenda internacional en medio de la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, la figura de Nisman y el contenido de la denuncia que había presentado días antes de su muerte recuperan visibilidad pública, reactivando discusiones que trascienden lo estrictamente judicial y se proyectan sobre la política exterior argentina.

A nivel local, el fallo también se inscribe en una etapa de definiciones del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad y política internacional. Por ejemplo, la inclusión de Guardia Revolucionaria iráni en el registro de entidades terroristas y un alineamiento más explícito con posiciones occidentales frente a ese entramado.

Esto se debe al feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, que este año cae lunes 25 de mayo, y al feriado por el Día del Trabajador, que fue el 1° de mayo.

De este modo, el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (AUH y AUE) de ANSES sufrirá variaciones en mayo. A continuación, el detalle de los nuevos montos y el cronograma completo por terminación de documento.

Jubilados y pensionados: ¿cuánto cobro en mayo con el bono?

Este mes, todas las prestaciones previsionales recibirán un ajuste del 3,4%, conforme al último dato de inflación de marzo 2026.

Así, con el nuevo ajuste correspondiente a abril, la jubilación mínima pasará a ser de $ 393.174,10. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $ 70.000, el monto total ascendería a $ 463.174,10.

De esta forma, los valores estimados para los titulares de ANSES en mayo quedarían de la siguiente manera:

• Jubilación mínima: $ 393.174,10
• Jubilación mínima con bono: $ 463.174,10
• PUAM: $ 314.539,28
• PUAM con bono: $ 384.539,28
• Pensiones no contributivas: $ 275.221,87
• Pensiones no contributivas con bono: $ 345.221,87
• Pensión para madres de siete hijos: $ 393.174,10
• Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 463.174,10
• AUH: $ 141.285,31
• AUH por discapacidad: $ 460.044,10

Es importante tener en cuenta que el bono de $ 70.000 se paga de forma proporcional para aquellos que superan la mínima, hasta alcanzar el tope de $ 463.174,10.

El actual sistema de actualización fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo trimestral por incrementos mensuales vinculados al IPC. El objetivo oficial es evitar que los ingresos pierdan tanto terreno frente a la inflación.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados ANSES en mayo 2026

En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

Titulares de la mínima

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
• DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Titulares con haberes superiores al mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Entre las nuevas herramientas hay un “nowcast de PBI”, un indicador que mide la evolución trimestral y que se difunde de forma semanal. Apunta a acortar “el rezago de 84 días que tiene el indicador oficial” del INDEC. A eso se suma una medición de incertidumbre económica y un indicador sobre precios, con datos tomados de la secretaría de Comercio.

El primer dato de mayo sobre la variación de PBI marca una mejora del 0,03% trimestral según la medición semanal.

Informe de PBI semanal

El ítem que tuvo más incidió en esa medición fue el EMAE (37%), el estimador mensual de actividad económica del INDEC. A esto se sumaron otros como importaciones (15%) y cemento (11%) como pulso de la construcción. El modelo se alimenta de 18 indicadores públicos y privados.

Pese a que la cifra es levemente positiva, “lo que hizo que ajustáramos a la baja es el indicador de actividad”, explicó Paula Margaretic, Directora del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés sobre la primera medición que se anticipó este martes.

El objetivo es “transformar datos complejos en indicadores accesibles para audiencias no técnicas, permitiendo que la academia aporte soluciones concretas a los desafíos de la industria y el sector público”, detalló Margaretic.

Así, el informe semanal de PBI está acompañado con una lectura de qué es lo que movió la aguja en la semana, además de bandas predictivas. Hacia adelante el Centro de Estudios trabaja en una medición más ágil del EMAE, el estimador mensual que también tiene más de 50 días de rezago.

Incertidumbre económica

Por otra parte, el otro indicador que aporta a esa interpretación es el índice de incertidumbre económica. El EPU (Economic Policy Uncertainty) proporciona una medición de alta frecuencia sobre el nivel de incertidumbre de la política económica en el país.

Para armarlo se replicó metodología académica internacional y se utilizó la base de datos GDELT, lo que permite procesar millones de noticias globales casi en tiempo real. El sistema filtra e identifica aquellos artículos periodísticos que combinan simultáneamente los conceptos de economía, política e incertidumbre.

“Esta herramienta resulta de un inmenso valor para la toma de decisiones, ya que logra traducir el ruido informativo en un indicador numérico comparable, replicable y directamente accionable”, detallaron desde la Universidad de San Andrés.

Precios en tiempo real

El tercer ítem es el de los indicadores de Precios en tiempo real. Este monitor es una herramienta que procesa más de 12 millones de datos diarios provenientes de más de 3.600 comercios en todo el país, utilizando el sistema oficial SEPA, de la Secretaría de Comercio.

La metodología excluye a los productos bajo esquemas de precios administrados y a las cadenas de tienda única. Toma información de los canales tradicionales y permite conocer en qué rubros hay mayores dispersiones de precio y por lo tanto, dónde conviene comparar antes de comprar.

“Esta medición es fundamental para anticipar cambios en el comportamiento del consumidor y adaptar rápidamente la estrategia de las marcas”, remarcaron.

La nueva disposición tiene como objetivo verificar el destino de las prestaciones que otorga.

ANSES: el nuevo requisito para cobrar las pensiones del Gobierno

El Gobierno nacional estableció que los titulares de las pensiones deberán cumplir con el requisito de residencia para poder percibir sus haberes, tal como quedó especificado en la Resolución 918/2024.

Significa que los beneficiarios no podrán estar fuera de territorio argentino por más de 90 días. Las autoridades verificarán la información mediante la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

ANSES: qué pasa si el Gobierno da de baja mi pensión

Frente a una suspensión, los pensionados podrán presentar un recurso de reconsideración ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para realizarlo, se debe solicitar un turno presencial en alguna de las oficinas de ANSES con la documentación necesaria.

Sin embargo, frente a la reconfirmación de la baja, los beneficiarios no podrán volver a apelar.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026: jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

En una ronda con El Cronista y otros medios nacionales en el Ministerio de Capital Humano, su titular, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, buscaron correr el eje hacia una nueva discusión: cómo administran los fondos las universidades y cómo deben replantearse la redistribución de esos recursos acorde a las necesidades del sistema.

Durante el ida y vuelta con preguntas de los periodistas las autoridades de Capital Humano procuraron ordenar la mirada oficial sobre tres ejes: el costo por graduado, la tasa de egreso y el reparto de fondos para hospitales universitarios, la última de las polémicas que se dispararon. También incorpora un capítulo sensible: el impacto de los estudiantes extranjeros en carreras como Medicina.

La señal política es clara. El Gobierno intenta correr el debate del “desfinanciamiento” hacia una discusión de eficiencia y transparencia. En otras palabras: busca responder a los reclamos universitarios con datos de gestión, rankings y comparaciones internas del sistema.

“La universidad pública es un monstruo sagrado y lo que nosotros pretendemos es que la gente tenga información sobre lo que sucede para decidir si apoya o no su reclamo”, indicó Pettovello. “No estamos en contra de la universidad pública. Lo que queremos es transparentar el sistema, brindar la información”, añadió.

En ese sentido, Capital Humano plantea que es necesario reordenar el criterio de fondo con el que se asigna el Presupuesto a las casas de altos estudios, sin dejar de lado la variable del volumen de estudiantes pero discriminando entre aquellos que efectivamente cursan y se gradúan, los que pierden la regularidad y aquellos de los que no se tienen información clara sobe su estatus.

“Me parece que es importante la batalla cultural en ese aspecto para que la ciudadanía entienda, primero, que nosotros no estamos en contra de la educación pública y no queremos cerrar las universidades, y, segundo, que hay otro trasfondo que la gente no tiene por qué saber si nosotros no se lo explicamos”, agregó la ministra

También se deben considerar otros aspectos como su infraestructura, la geografía y avanzar con una política de definir si se habilitan o no nuevas carreras acorde a las posibilidades de desarrollo que contemplan y las necesidades del sistema. Álvarez citó el caso de una tecnicatura en Petróleo y el potencial que encierra en lugares como Bahía Blanca, sede de un polo petroquímico, contra el sobredimensionamiento de la carrera de Derecho en distintos puntos del país.

Respecto a uno de los puntos más sensibles en relación al conflicto actual, la transferencia de fondos relacionados con los centros de salud universitarios, desde el Gobierno informaron que el objetivo es reestructurar el criterio de reparto dentro del ítem Hospitales Universitarios en el Presupuesto. Para ello, adelantaron que se impulsará una comisión integrada por los rectores de las casas de estudios que tengan estas instalaciones a cargo para debatir un nuevo criterio de asignación. Pero esto no sucederá antes de la marcha.

Hospitales universitarios: el centro de la pelea con la UBA

El punto más delicado luego de la conferencia brindada por las autoridades médicas de los hospitales vinculados a la UBA es, de hecho, la incertidumbre que se generó a partir de la advertencia de la falta de fondos y la imposibilidad de mantener la actividad a partir de junio. Álvarez procuró diferenciar entre el ítem Salud en el Presupuesto 2026, de reparto automático, y el refuerzo contemplado bajo el rubro Hospitales Universitarios, cuya ejecución depende de la subsecretaría.

Según la información provista por Capital Humano, el Presupuesto asigna mensualmente a la Universidad de Buenos Aires $4.882.724.440 para gastos de funcionamiento. Ese monto, siempre según la cartera oficial, se distribuye en tres funciones: $150.388.873 para salud, destinados al funcionamiento de los centros de salud; $4.674.185.203 para educación y cultura; y $58.150.364 para ciencia y tecnología.

El Gobierno también remarca que la ley presupuestaria incluye una línea específica denominada “Hospitales Universitarios” por $79.763.113.948, destinada a todo el sistema universitario nacional. En ese marco, Capital Humano sostiene que la UBA pidió por nota del 30 de abril que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, siguiendo el concepto de años previos.

La lectura oficial es que, si se aceptara ese reclamo, quedarían disponibles apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país. Ese dato es el corazón del argumento del Gobierno: presentar el reclamo de la UBA no como una discusión de incumplimiento, sino como una disputa por la distribución de una partida común.

Para reforzar ese punto, la presentación de ambos funcionarios se apoyó en una serie de filminas con transferencias mensuales a la UBA entre enero y abril de 2026, para retrucar el argumento de que no hubo giro de fondos sanitarios. Desde el ministerio resaltaron la regularidad en los envíos en ese sentido.

Lo que no se distribuyó -alegan- es el monto de refuerzo que se corresponde con programas específicos de la categoría “Hospitales Universitarios”. Y el motivo es la decisión de sentar en una mesa a los responsables de las universidades que reciben de fondos de ese apartado para debatir una nueva torta. Aunque el Presupuesto se votó en diciembre de 2025, la única explicación fue que “el sistema es muy grande”.

Asimismo, se escudaron en la reconducción del Presupuesto nacional en 2024 y 2025 para explicar el por qué no se habían alterado esas partidas de la polémica, en los dos primeros años.

Ahí aparece el contraste político. Para la UBA, el problema es que los hospitales universitarios no cuentan con recursos suficientes para sostener su funcionamiento. Para el Gobierno, en cambio, la discusión es si una universidad puede reclamar casi la totalidad de una partida que, según Capital Humano, corresponde al conjunto del sistema.

Costo por graduado y tasa de egreso

El segundo eje de la ofensiva oficial apunta a los resultados académicos. La presentación de la titular de Capital Humano y el responsable de las universidades incluyó un ranking de costo por graduado en universidades nacionales para 2024. Allí, el ministerio vuelve a ubicar a la Universidad Nacional de las Artes (exIUNA) como el caso más alto, con un costo por graduado de $423.830.487.

Según un cuadro específico que detalla la performance sobre esa universidad, en 2024 el centro de estudios registró 22.932 estudiantes informados, de los cuales 12.230 eran estudiantes regulares; 4.574 eran no regulares y de 6.128 estudiantes no se contaba con información sobre materias aprobadas. También se consigna que tuvo 82 egresados en 2024.

El dato busca reforzar una idea que el Gobierno viene empujando desde hace meses: que el sistema universitario debe ser medido no solo por su cobertura sino también por sus resultados.

Al momento de abordar el panorama general sobre las universidades nacionales, Capital Humano informó una población de pregrado y grado de 1.980.136 estudiantes, de los cuales 886.019 figuran como regulares, 725.253 como no regulares y 368.864 sin información. En ese mismo cuadro, el documento consigna 93.321 egresados y un promedio de financiamiento por egresado de $57.366.497.

Para el Gobierno, esos números abren una discusión sobre eficiencia. Para las universidades, en cambio, el riesgo es que esa mirada reduzca el sistema público a indicadores contables, sin contemplar funciones de investigación, extensión, inclusión social y desarrollo territorial.

Extranjeros y arancelamiento: otro frente de discusión

La presentación de las autoridades de Capital Humano también dedicó un breve tramo al Decreto 366/2025, que modificó el régimen migratorio y habilita a universidades e instituciones estatales de educación superior a establecer aranceles para extranjeros con residencia temporaria. Según el documento, la medida no afecta a argentinos ni a residentes permanentes, y cada universidad puede definir si cobra o no esos aranceles.

El Gobierno sostiene que esta iniciativa apunta a “proteger el sistema educativo” y fortalecer la eficiencia en el uso de recursos públicos. En ese marco, Capital Humano incorporó una filmina sobre extranjeros en carreras de Medicina en el documento que divulgaron en el encuentro.

Allí se indica que la UBA registra 44.290 estudiantes extranjeros, de los cuales 16.462 cursan Medicina, sobre un total de 41.957 estudiantes en esa carrera. El promedio informado para la UBA es de 39% de estudiantes extranjeros en Medicina. También aparecen otros casos: La Plata, con 8.043 estudiantes extranjeros de Medicina sobre 15.920 alumnos de esa carrera, equivalente al 51%; y Rosario, con 4.517 sobre 13.969, equivalente al 32%.

Ese capítulo muestra el componente más ideológico de la presentación: la idea de que el financiamiento universitario debe priorizar al contribuyente argentino y revisar el costo de sostener gratuidad para extranjeros temporarios.

Transparencia y datos abiertos

El cierre de la presentación apuntó a una herramienta de control permanente: un micrositio de datos universitarios que estará oline en las próximas semanas. Según Capital Humano, el objetivo será centralizar información pública sobre presupuesto, cantidad de alumnos, tasa de egreso, costos por graduado, estadísticas universitarias y evolución histórica de datos.

Ese punto sintetiza la nueva estrategia oficial. El Gobierno no solo busca discutir partidas, sino instalar una lógica de comparación pública entre universidades. La disputa, entonces, ya no pasa únicamente por el financiamiento: apunta al modelo de administración, rendición de cuentas y evaluación del sistema universitario.

El resultado es una tensión que probablemente seguirá escalando: de un lado, el Gobierno busca mostrar números; del otro, las universidades discuten qué significan esos números y qué parte de la realidad dejan afuera.

Según los datos informados por el organismo, ya se registraron más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. “La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”, aseguraron.

Cabe recordar que el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal a comienzos de febrero, con el objetivo de incentivar a los argentinos a destinar sus ahorros no declarados al circuito formal de la economía (consumo e inversiones en el mercado de capitales, entre otras cuestiones).

“En febrero, cuando ARCA dictó la Resolución General 5820 para simplificar el cumplimiento fiscal de personas humanas y sucesiones indivisas, el nuevo régimen exhibió una evolución creciente”, señalan desde el fisco.

En rigor, explican que, tras un inicio de 5800 adhesiones, la tendencia se aceleró significativamente en abril, mes en el que el número fino se incrementó a más de 36.000 nuevos inscriptos interesados en acceder a los beneficios de la Declaración Jurada Simplificada.

Ante la consulta de El Cronista, algunos especialistas en tributación señalaron que, si bien el dato es positivo, prefieren ser prudentes antes de calificar al Régimen Simplificado de Ganancias como un éxito rotundo.

“El dato refleja interés y expectativa, pero todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas sobre el funcionamiento real del régimen. Además, en la práctica siguen existiendo dudas relevantes —incluso estamos esperando precisiones interpretativas (el dictamen de la DNI)— sobre cómo se aplicarán algunos efectos del régimen", remarcó Diego Fraga, abogado y socio de Expansion Business Argentina, en diálogo con El Cronista.

En ese sentido, el experto detalló que el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal debe medirse bajo dos dimensiones. Por un lado, la administrativa; es decir, si “ARCA efectivamente logra cambiar su lógica de fiscalización y deja de destinar recursos al ‘chiquitaje’, para concentrarse en contribuyentes de mayor impacto recaudatorio”.

El segundo plano es económico y de seguridad jurídica. Allí, Fraga subrayó que no alcanza con una buena herramienta informática ni con un dictamen interpretativo, sino que requiere “una señal más clara de estabilidad, previsibilidad y respeto por los efectos prometidos, especialmente hacia atrás”.

Desde su perspectiva, la simplificación más importante “no pasa tanto por la liquidación del impuesto —que, según lo que se viene viendo, no sería tan distinta de la declaración tradicional, aunque ahora parte de información precargada por ARCA— sino por los efectos jurídicos y prácticos del régimen: menor exposición sobre períodos anteriores, una prescripción más acotada y una suerte de ‘tapón fiscal’ para quienes cumplen los requisitos”.

Por otro lado, Sebastián Domínguez consideró que la cantidad de adhesiones informada por ARCA es aún un número “provisorio” y que no garantiza que el trámite esté confirmado.

“La gente que se haya adherido tiene tiempo hasta presentar la declaración jurada para desistir de la adhesión, o presentarla directamente por el régimen general y desistir implícitamente, por lo que no necesariamente los 80.000 van a presentar por el régimen simplificado. Por otro lado, puede haber gente que todavía no se adhirió y, como el vencimiento opera en junio, todavía está en condiciones de hacerlo”, sostuvo el abogado y CEO de SDC Asesores Tributarios.

Asimismo, el tributarista aclaró que es fundamental distinguir “entre quienes se adhieran al régimen simplificado porque la declaración jurada es más simple y quienes estén dispuestos a utilizar dólares del colchón”. En la práctica, puede ocurrir que un contribuyente adhiera al régimen simplificado y presente su declaración sin “sacar del colchón” sus ahorros no declarados.

“No se puede hacer una interrelación directa entre esa adhesión y la utilización de esos dólares”, consignó Domínguez.

Fraga, por su parte, coincidió en que las 80.000 adhesiones no son prueba suficiente para medir el éxito del régimen. El verdadero test, en definitiva, se verá en el funcionamiento del esquema “una vez presentadas las declaraciones juradas y empezados a producir sus efectos concretos”.

¿Cuáles serían esos “efectos concretos”? Básicamente, que los inspectores de ARCA “respeten la lógica de menor fiscalización” para este perfil de contribuyentes y que el régimen genere confianza real para formalizar recursos que hoy están fuera del circuito formal.

Inocencia Fiscal: quiénes pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias

Para ingresar al nuevo esquema simplificado, los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos:

• Ser personas humanas y sucesiones indivisas residentes cuyos ingresos brutos totales no superen $ 1000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $ 10.000 millones, verificados durante los tres ejercicios previos.
• No revestir la condición de “Gran Contribuyente Nacional”.

Quienes opten por esta vía obtendrán dos ventajas centrales: el efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base —el año de adhesión— y la presunción de exactitud sobre los tres períodos fiscales anteriores.

Mientras la Plaza de Mayo se llenaba, se vallaron los alrededores y se reforzó la seguridad en las inmediaciones de la Casa Rosada con una notoria presencia policial, camiones hidrantes y la división de Investigaciones de la policía a la espera de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el ministro recibió en el quinto piso al CEO de la empresa de tecnología militar.

La información desde los despachos oficiales solo remite a la escueta publicación de Caputo en la que destaca que hablaron de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica“.

Thiel, que se quedará en Argentina al menos por dos meses, participó del encuentro junto a su esposo y gestor de cartera de Thiel Capital, Matt Danzeisen, mientras que Caputo estuvo acompañado de la plana mayor de los funcionarios que lo secundan: el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El encuentro se dio además en la semana en que el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de “súper RIGI” para sectores que no existen hoy en Argentina. Según el ministro, apunta a sectores como la industrialización de recursos naturales, en especial cobre y litio, y la instalación de datacenters.

El primer anuncio de datacenters en el país se hizo en octubre de 2025, cuando Open AI dijo que invertiría más de u$s 20.000 millones para instalar centros en la Patagonia. Sin embargo, desde entonces no hubo mayores novedades al respecto. Salesforce por su parte anticipó que ampliaría sus operaciones en Argentina con una inversión de u$s 500 millones.

En sintonía con este anuncio, la Secretaría de Inteligencia anunció que orientaría su estrategia de seguridad para priorizar el cuidado de recursos críticos, como es el caso del litio.

Thiel se había reunido con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno hace dos semanas, cuando se conoció que el empresario se quedaría dos meses en el país.

En esa oportunidad, participó del encuentro Matias Van Thienen, socio de Founders Fund, el brazo de inversiones de Thiel, que articula la participación del empresario en distintas compañías, desde Palantir hasta Spotify.

Thiel viene de adquirir propiedades en Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, en los que desembolsó decenas de millones de dólares. Además, se comenta que quiere estudiar “de cerca” el modelo libertario de Javier Milei. Por eso, se instaló en el país y está estudiando los cambios implementados por el Presidente.

Así lo refleja el Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio IROL/Berensztein elabora mensualmente de manera exclusiva para El Cronista.

La medición online, llevada a cabo entre el 28 y 30 de abril último sobre la base de encuestas a 800 adultos en todo el país, muestra un retroceso en la evaluación que la sociedad realiza de la actualidad económica, tras un primer cuatrimestre marcado por una inflación acumulada superior a la meta planteada en el Presupuesto para todo 2026, menor poder adquisitivo del salario y un movimiento dispar de la actividad.

El dato no es menor, porque afecta también la perspectiva sobre lo que vendrá, la evaluación del Gobierno y la imagen de los principales referentes políticos.

Sobre este punto, el consultor Eduardo D’Alessio remarcó que “continúa el Gobierno en una merma progresiva de caída de imagen del Presidente y de la calidad de gestión. Esto conjuntamente con una disminución de esperanza de mejoramiento económico futuro”.

La imagen de los dirigentes

No obstante, el presidente Javier Milei conserva el apoyo de tres de cada cuatro de los electores libertarios, quienes tienen a la senadora Patricia Bullrich (88%) y al ex titular del Gabinete Guillermo Francos (84%) como sus preferidos a la hora de evaluar la imagen positiva, mientras que en el extremo opuesto aparecen el actual jefe de ministros, Manuel Adorni (36% entre libertarios y 16% en la general), y el ministro de Defensa, Carlos Presti (34% y 16%, respectivamente).

La evaluación general muestra por debajo de Francos y Bullrich, un mejor posicionamiento de Mauricio Macri, Axel Kicillof, Diego Santilli y Jorge Macri.

Los temas que más preocupan

La incertidumbre económica se posiciona hoy como la principal preocupación social, por encima de la inseguridad y la inflación, que ganó terreno luego del 3,4% arrojado por el Indec para marzo, aunque se proyecta que el guarismo de abril que se conocerá esta semana reflejará una desaceleración en la suba de precios que, junto a los datos de una mejora en la actividad productiva y la construcción, podrían contribuir a fortalecer un poco el humor social.

Lo cierto es que hoy solo un 31% de los encuestados sostiene que la economía nacional se muestra mejor que hace un año y apenas 28% piensa lo mismo de la propia, mientras que un minoritario 39% espera que mejore la del país en doce meses.

Las chances de reelección

Pero aún con un progresivo retroceso, dos de cada tres votantes libertarios ven la actualidad argentina con optimismo y un 60% cree que su situación personal está mejor.

Sobre todo, para las aspiraciones de Milei, cuatro de cada cinco encuestados que votaron La Libertad Avanza en octubre último le otorgan una buena calificación a la Gestión y tienen expectativas favorables para el año próximo.

Al respecto, D’Alessio resaltó que “es importante señalar que la mayor parte de la merma de imagen oficialista proviene de quienes votaron al actual Gobierno en segunda vuelta, mientras que mantiene el núcleo duro consolidado”. Y consideró que “es bastante probable que si se revierte la situación económica, se puede volver a los niveles de aceptación anteriores a la caída que se ha observado durante este año”.

Será sobre ese núcleo duro del oficialismo y la evolución de la economía para recuperar adhesiones dónde se apoyarán las chances de reelección del oficialismo.

Frente a esto, con el dólar “planchado” y aún con restricciones cambiarias, muchos analistas consideran que el Ejecutivo debe eliminar el cepo definitivamente. Este debate sostuvo la semana pasada el mismo exministro de Economía, Domingo Cavallo, con Caputo y Javier Milei.

En este contexto, el economista Fausto Spotorno analizó la coyuntura y se refirió a por qué la administración de Javier Milei no tomará esa medida. “Acá hay un ruido político que el Gobierno le teme”, expresó.

Cepo al dólar y el “único tiro” que tiene el Gobierno

Días después del debate que generó el cruce entre Cavallo, por sus dichos acerca de la liberación del tipo de cambio, y Caputo, Spotorno expresó, en diálogo con LN+, su idea sobre por qué el Ejecutivo demora esa decisión. Bajo su mirada, no es por la falta de dólares. “Tengo una hipótesis personal, y es que acá hay un ruido político que el Gobierno le teme“, sostuvo.

“Es cierto que podría liberar el cepo para tratar de levantar un poco el tipo de cambio”, explicó. “Es un solo tiro que tiene esta vez. Yo creo que lo que piensa el Gobierno es: ‘yo libero esto, me entran estos fondos (u$s 100.000 millones de exportación), se van sin pasar por Argentina y al final se quedan afuera’, como ha pasado, esa es la discusión”, agregó.

En esa línea, consideró que la decisión de mantener las restricciones cambiarias responde a una cuestión política, en vistas del año electoral que viene.

“Lo que ellos ven es: el año pasado perdimos una elección de medio término provincial, de la legislatura provincial, que nunca nadie le prestó atención y se nos vino la noche; tuvimos seis meses difíciles y todavía lo estamos pagando. Si yo libero con la desconfianza que aumentó, o la caída en la confianza del Gobierno (según Di Tella), con la caída en la confianza del consumidor, con este ruido político que hay, yo puedo correr un riesgo muy grande si libero a corto plazo", expresó.

“La falta de liberación del cepo es porque tienen algún temor. Hay algún miedo de que pase lo mismo que el año pasado”, especificó. Bajo su análisis, la administración de Javier Milei teme que la apertura inmediata genere un salto cambiario que no pueda controlar, y gaste así su “único tiro” de credibilidad antes de las elecciones.

El crecimiento para 2026, según Spotorno

En este sentido, el economista se mostró de acuerdo con la mirada optimista del ministro de Economía sobre la senda de recuperación para el segundo semestre del año. Caputo estimó el ingreso de u$s 100.000 millones por exportaciones récord, además de las inversiones por el RIGI.

“Yo estoy de acuerdo que a partir de la segunda parte del año deberíamos empezar a ver una economía un poquito más recuperada. No sé si va a ser una cosa ‘guau’”, opinó Spotorno y sostuvo que estima un crecimiento económico de 2,8 puntos para este año.

La paradoja de la “locomotora” en los sectores estrella de la economía

En relación con el crecimiento, que el Gobierno asocia fuertemente con la llegada de inversiones, Spotorno aclaró por qué esto no se ve traducido en aumento de empleos directos.

“Si vos estás en un sector exportador, el sector exportador por definición es el sector más competitivo de una economía. Es un sector que más trata de aumentar la productividad. Y es razonable que esté a la avanzada del cambio tecnológico, achicándose, aumentando la productividad fenomenalmente", expresó al explayarse sobre la paradoja que se genera.

“¿Qué sucede? No es el sector que en forma directa que crea empleo, porque es el sector que genera riqueza, pero sí genera empleo a la vuelta. Yo te lo pongo de esta manera: es como la locomotora y los vagones", dijo. “Vos tenés una locomotora que puede ser que no cree empleo, es más, puede ser que crezca tan rápido y tan tecnológicamente que se vuelva tan eficiente que no genere empleo, pero requiere empleo por todos lados. Además tiende a tercerizarse para aumentar la eficiencia”, remarcó el analista.

Si bien el Ejecutivo ya estableció las condiciones de acceso, las empresas aún aguardan la resolución conjunta que deberán dictar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las secretarías de Agricultura y de Energía.

En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) busca adherirse al régimen nacional para incentivar la competitividad local, atraer capitales y generar empleo genuino.

Para ello, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto en la Legislatura porteña que ya obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y de Desarrollo Económico y Mercosur.

Según pudo conocer El Cronista, la propuesta fue aprobada con disidencias parciales, lo que implica que algunos legisladores acompañaron el texto aunque consideran necesario introducir modificaciones.

Fuentes del bloque de LLA reivindican con firmeza la autoría del texto. “Es 100% de los libertarios”, señalaron. Más allá de que el RIMI surgió en el Gobierno nacional y que el bloque luego lo llevó a la Legislatura local, las negociaciones podrían derivar en cambios de último momento.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Hacienda porteño aseguran que analizan “alternativas de algunos bloques” con el objetivo de alcanzar un acuerdo que “les cierre a todos”. La intención es que el RIMI se apruebe este jueves en el recinto, junto con la ampliación del Presupuesto 2026 y la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

“Estamos trabajando con Hacienda antes de que las propuestas lleguen al recinto, porque son cuestiones que no se pueden resolver en el momento. La disidencia funciona así: ‘te doy mi aprobación como señal de voluntad, pero te voy a proponer algunas modificaciones y si no me las aceptás, no estoy obligado a votar a favor en el recinto’”, explicó una fuente con acceso directo al día a día legislativo.

Esa misma voz, que reveló que el peronismo (agrupado en “Fuerza por Buenos Aires”) presentó un proyecto propio con dictamen de minoría —aunque no se está trabajando sobre él—, ratificó que solo se avanza en la iniciativa de los libertarios con aportes de los partidos que acompañaron el RIMI en comisión.

Entre los espacios que votaron a favor, pero con reparos, se encuentran “Ciudadanos Unidos/UCR” y “Confianza y Desarrollo”, este último integrado por el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y Graciela Ocaña.

RIMI porteño: qué dice el proyecto de LLA y qué cambios se barajan

El RIMI es, según una voz calificada, “una herramienta más en un distrito que está muy bien administrado”. La iniciativa apunta a sectores clave para la Ciudad: servicios, tecnología, turismo, salud, construcción, industrias culturales y gastronomía, entre otros.

De ser aprobada, la propuesta alcanzaría a los sujetos previamente inscriptos y aprobados como beneficiarios del RIMI a nivel nacional: Micro, Pequeñas o Medianas Empresas —hasta la categoría de Mediana Empresa, tramo 2 inclusive—.

En ese sentido, el proyecto no solo busca favorecer la inversión productiva de las pymes, sino también permite ampliar capacidades instaladas, incorporar bienes de capital, profesionalizar procesos, acelerar obras y generar mejores condiciones para la creación de puestos de trabajo formales.

A nivel local, el bloque libertario incorporó exenciones impositivas con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo y fortalecer la actividad comercial porteña. Los beneficios alcanzan a:

• Ingresos Brutos: aplicable sobre los ingresos derivados de la actividad desarrollada en CABA.
• Impuesto de Sellos: para contratos relacionados con el desarrollo de la actividad por la que se encuentran adheridos al RIMI.
• ABL e Impuesto Inmobiliario: respecto de los inmuebles construidos como consecuencia directa de las obras.

“Estimar el costo fiscal de este proyecto es complejo, dado que está orientado a inversiones futuras. El presupuesto actual ya está confeccionado sobre la base de la situación vigente. Si se generan nuevas inversiones, en principio no deberían alterarlo. En todo caso, podrían reducir la curva habitual de nuevas inversiones; si eso ocurre, el proyecto no implicará un costo fiscal adicional, sino simplemente una menor recaudación”, explicaron ante la consulta de El Cronista.

Los cambios en debate

Un aspecto que podría modificarse es el monto mínimo de inversión. Si bien el texto original contempla los parámetros de la reforma laboral, una de las propuestas en danza busca reducir ese piso por debajo de los u$s 150.000.

Otro punto en evaluación es vincular los beneficios a la generación de empleo y garantizar la permanencia: quien obtenga una exención no podrá mantenerla si retira la inversión al año siguiente.

“El Ministerio de Hacienda analiza las alternativas junto con los bloques, incluido LLA. El objetivo es alcanzar un acuerdo y las propuestas que se discuten parecen razonables”, reveló una fuente en estricto off the record. De no mediar inconvenientes, el proyecto sería sancionado este jueves.

El escenario en la Legislatura

La Libertad Avanza busca replicar el esquema nacional en territorio porteño, pero el camino requiere consenso. Actualmente, la bancada libertaria cuenta con 14 legisladores, frente a los 12 de Vamos por Más (PRO), 20 de Fuerza por Buenos Aires (peronismo), 5 de la UCR, 7 de Confianza y Desarrollo, 1 de PTS Frente de Izquierda-Unidad y 1 de Frente de Izquierda de los Trabajadores/PO.

No es un dato menor que el radicalismo y el espacio integrado por Larreta y Ocaña hayan manifestado su aprobación con disidencias. Si estos sectores no avalan la sanción junto con el oficialismo y el PRO, el escenario podría ser adverso para los “violetas”, dado que se supone que el peronismo no acompañaría la iniciativa.

Otros detalles clave

Si bien resta conocer la redacción definitiva del proyecto, existen otros dos aspectos centrales. Por un lado, los beneficios previstos tendrán una duración de dos años contados desde la fecha de aprobación de la adhesión al RIMICABA, “manteniéndose vigentes durante dicho plazo con independencia de la modificación o derogación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones”.

Por otro lado, la iniciativa insta al Banco Ciudad a adoptar las medidas necesarias para implementar líneas de crédito preferenciales, con destino a los sujetos adheridos al régimen, para lo cual es necesario que la actividad productiva que origine el incentivo sea desarrollada en CABA.

ProyectodeNorma Expediente 833 2026 by damozetic

Con esos números como telón de fondo, docentes, estudiantes, rectores y gremios universitarios volverán hoy a marchar para reclamar por el financiamiento del sistema público de educación superior.

La movilización se realizará en medio de una fuerte disputa política y judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras revertir el veto presidencial de Javier Milei.

Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario “no tiene precedentes desde el retorno de la democracia”. El estudio sostiene que la principal partida destinada a universidades, el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, sufrió un ajuste acumulado de 29% real entre 2023 y 2025 y que el presupuesto vigente para 2026 profundiza esa tendencia.

La caída del financiamiento impactó directamente en los salarios docentes y no docentes. De acuerdo con el documento, en marzo de 2026 el salario real de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva estaba 25% por debajo del registrado tres años antes. Además, el ingreso promedio del sector pasó a ubicarse por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.

El informe agrega otro dato que preocupa al sistema universitario: mientras la matrícula continuó creciendo en las últimas dos décadas, el financiamiento por estudiante cayó a $2,4 millones medidos a precios constantes de 2026, el valor más bajo desde al menos 2004.

En ese contexto, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas de funcionamiento según inflación, recomponer salarios y fortalecer programas de becas.

La norma fue aprobada originalmente en agosto de 2025, vetada luego por el Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras mediante el mecanismo de insistencia legislativa previsto en la Constitución.

Sin embargo, después de promulgarla, el Gobierno suspendió su aplicación con el argumento de que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias. La decisión derivó en una presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la implementación inmediata de la norma.

A fines de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar parcialmente al pedido y ordenó aplicar de manera cautelar los artículos vinculados a salarios y becas.

Más tarde, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa resolución y advirtió que el Ejecutivo no podía suspender una ley aprobada por el Congreso invocando otra norma anterior.

La discusión también gira alrededor del costo fiscal de la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que implicaría un gasto equivalente al 0,23% del PBI, mientras que fuentes oficiales hablaron de un impacto cercano a $2,5 billones. El CIN, por su parte, calculó que el sistema universitario necesitaría alrededor de $7,2 billones para garantizar su funcionamiento durante 2026.

El Gobierno sostiene que la aplicación plena de la norma pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Pero el informe de ACIJ cuestiona ese argumento y señala que parte de la escasez de recursos responde a decisiones tributarias recientes impulsadas por el propio Ejecutivo, entre ellas la modificación del impuesto sobre Bienes Personales, que habría significado una merma recaudatoria equivalente a unos $5 billones en dos años.

Según explicaron desde el Palacio de Hacienda, los recortes en el presupuesto “no representan una desinversión en sectores como la educación y la salud pública”.

El ministerio conducido por Luis Caputo explicó que las medidas buscan “garantizar la eficiencia del Estado, priorizando el financiamiento directo a las instituciones y la mejora en los procesos de gestión, sin afectar el funcionamiento educativo, la investigación científica ni la cobertura sanitaria esencial".

Luego de que se conociera el recorte en $ 5000 millones a las obras de infraestructura de universidades nacionales, Economía subrayó que no hubo recortes en la Subsecretaría de Política Universitaria, “responsable del financiamiento a las Universidades Nacionales”.

En este sentido, sostienen que el estado del crédito del programa 26 de la Secretaría de Educación, en el cual están incluidos los gastos vinculados a las universidades, “no registra modificaciones relacionadas con la medida publicada el lunes”.

En este sentido, explicaron que la reducción del presupuesto en obras públicas forma parte, junto con otras transferencias a universidades, “de la baja del 20% en gasto de capital que corresponde al programa 72 de la Subjurisdicción Infraestructura del Ministerio de Economía, y no tiene que ver con el presupuesto universitario".

Los recortes aplicados el lunes forman parte del programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria en su división de Infraestructura para el Conocimiento, donde trece universidades vieron recortes en sus fondos para infraestructura.

En lo que respecta a los recortes en Salud, explicaron que las reducciones responden al “proceso de mejora en la gestión de compras y administración en general de las diferentes áreas que la componen”.

“En este sentido, se ha registrado una importante reducción en los valores de adquisición de medicamentos de alto costo desde el año 2025, lo que permitió hacer economías sustantivas en ese aspecto”, explicaron desde Hacienda.

Los recortes en la cartera de Mario Lugones se distribuyeron en áreas como Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica, Prevención y Control de Enfermedades Transmisible e Inmunoprevenibles, Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra, Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, fortalecimiento de sistemas provinciales, entre otros.

Una aclaración diferenciada generó el recorte en el programa 65, de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer.

“La baja responde a transferencias a personas, dejando el resto del presupuesto que se destina a la investigación sin modificación”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

El recorte total ascendió a $ 2,5 billones, en medio de la espera para que el directorio del FMI apruebe la segunda revisión del programa por el que debería enviar el equivalente a u$s 1000 millones.

En ese contexto, cuando miramos apenas más de cerca, podemos notar una asimetría entre el régimen general y los regímenes sectoriales.

Mientras que con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES, se suelen licuar los haberes de quienes mayores ingresos tuvieron en actividad, las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales cuentan con tasas de sustitución salarial superiores para sus afiliados.

Cajas para profesionales: la autonomía como escudo

Las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales son entes de derecho público no estatal, de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia. Definen la protección social en el ámbito provincial para los profesionales independientes frente a diversas contingencias.

La autonomía, amparada por la Constitución Nacional (Art. 125), es la piedra angular de su éxito por tres razones:

Independencia del Estado

No dependen de partidas presupuestarias del Estado ni de la recaudación tributaria general (como el IVA o Ganancias, que financian gran parte de ANSES). Se autofinancian.

Fondos inembargables

Los activos se encuentran afectados exclusivamente al sostenimiento del sistema previsional de sus afiliados matriculados.

Además, al pertenecer los activos a la masa de afiliados matriculados, gozan de autonomía patrimonial y administrativa respecto del Estado Nacional.

Autogobierno

Son administradas por los propios profesionales, lo que garantiza que las decisiones respondan a los intereses del sector y no a urgencias políticas de turno.

Inversión y gestión de fondos: ¿cómo se protege el valor de tu jubilación?

La capitalización colectiva es propia de las cajas profesionales: los aportes se destinan a un fondo común y los beneficios se calculan en función del esfuerzo contributivo y de la sustentabilidad de ese fondo.

El sistema actual de varias cajas es de tipo mixto, combinando reparto y capitalización. En el sistema de reparto, los aportes de trabajadores en actividad forman un fondo para atender jubilaciones vigentes.

En el de capitalización, los aportes de cada trabajador se acumulan en cuentas individuales y la jubilación depende de los aportes efectuados y la capitalización obtenida.

Lo que sí es común a todas es que la actualización de los haberes no depende de una decisión política ni de la recaudación impositiva general, sino de la rentabilidad de sus inversiones y de la evolución de una unidad de medida propia (como el “Jus” en el caso de los abogados, o el “Módulo Previsional” en otras cajas).

Las Cajas administran fondos previsionales de largo plazo, con carteras diversificadas que pueden incluir desarrollos inmobiliarios, títulos con cláusulas de ajuste y préstamos a sus propios afiliados.

Financiamiento: el poder de la comunidad vinculada

Una de las razones por las que estas cajas pueden pagar haberes superiores reside en su esquema de financiamiento, que en varios casos va más allá del simple descuento salarial.

Aporte del afiliado

En muchas cajas, las obligaciones del afiliado incluyen aportes sobre honorarios profesionales y el cumplimiento de una Cuota Mínima Anual Obligatoria (CMAO). Esta cuota escala con la antigüedad del título, y los excedentes sobre el mínimo generan mejoras proporcionales en el haber futuro.

La comunidad vinculada

Esta es la fuente de financiamiento más distintiva, aunque su alcance varía por profesión y provincia. Por ejemplo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos de la Provincia de Mendoza tiene la particularidad de que por cada acto notarial que se inscriba en el Registro, los escribanos deben destinar a su caja un monto determinado.

Para los abogados, el mecanismo es similar: los jueces no darán curso a ninguna causa que requiera intervención profesional, ni podrán dar por terminado ningún expediente, disponer su archivo, aprobar transacciones, admitir desistimientos o cesiones, dar por cumplida la sentencia u ordenar el levantamiento de medidas precautorias sin que se acrediten los correspondientes aportes a la Caja.

Para arquitectos e ingenieros, la CMAO se completa en gran medida con aportes por obras, pudiendo hacerse el aporte completo al momento del visado del contrato o pagar el proporcional de proyecto en el acto y el de la Dirección Técnica según el avance de obra.

En las cajas profesionales el aporte para la jubilación sale del bolsillo de los profesionales, salvo en algunos casos que tienen una parte de la comunidad vinculada. Es decir, no todas las cajas tienen comunidad vinculada de igual magnitud, y en algunas el aporte es casi enteramente personal.

La diferencia de rendimiento entre cajas no depende solo de este factor sino también de la escala de afiliados, la antigüedad del fondo y la política de inversiones.

Exención de aportes

El marco legal argentino (Ley 24.241) establece un beneficio concreto: en determinados casos, los profesionales aportantes a cajas provinciales pueden quedar exceptuados del componente previsional del Monotributo.

Esto tiene una lógica de sustitución ya que el profesional ya tiene cobertura previsional obligatoria en su Caja, por lo que no debería, en la generalidad, duplicar aportes al sistema nacional.

Requisitos de acceso: edad, antigüedad y categorías

Los requisitos varían según la caja, pero existen patrones comunes.

Algunas establecen 65 años de edad y 35 años de aportes computables, mientras que otras prevén 60 o 62 años con 25 o 30 años de matrícula. También puede accederse a una jubilación extraordinaria en caso de invalidez o incapacidad de carácter total y permanente, y en caso de fallecimiento se otorga un subsidio a los familiares del afiliado activo y una pensión.

El haber jubilatorio se determina según la categoría acumulada a lo largo de la vida profesional. Los excedentes sobre la CMAO representan aumentos proporcionales en la jubilación futura, quien más declara, mejor jubilación obtiene, sin los techos que impone ANSES.

Cese de matrícula y compatibilidades

En muchas cajas profesionales, el acceso al beneficio jubilatorio exige el cese o la suspensión de la matrícula activa en la jurisdicción correspondiente. Sin embargo, las condiciones de incompatibilidad varían según cada régimen provincial y según el estatuto interno de cada caja.

Mientras algunas permiten determinadas actividades compatibles con la jubilación, otras restringen el ejercicio profesional que requiera matrícula habilitante. En numerosos regímenes, el beneficio previsional puede coexistir con tareas en relación de dependencia, actividades docentes o funciones directivas en sociedades, siempre que no impliquen el ejercicio activo de la profesión.

Compatibilidades válidas

El cobro de la jubilación profesional es compatible con el desempeño de tareas en relación de dependencia, docencia o funciones directivas en sociedades, siempre que no requieran el uso de la matrícula dada de baja.

La doble jubilación y el sistema de reciprocidad

Para los profesionales que, además del ejercicio independiente, desarrollaron actividades en relación de dependencia o realizaron aportes a otros regímenes previsionales, puede existir la posibilidad de acceder a más de un beneficio jubilatorio.

En el caso de las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales, esto ocurre porque los aportes realizados a la caja profesional pueden coexistir con aportes efectuados al SIPA u otros regímenes previsionales.

De este modo, un profesional que haya cumplido por separado los requisitos exigidos en cada sistema podría percibir una jubilación de su caja profesional y otra correspondiente a aportes realizados en relación de dependencia.

Además, cuando no se reúnen los años necesarios en un único régimen, existen mecanismos de reciprocidad jubilatoria que permiten computar aportes realizados en distintos sistemas previsionales para acceder a un beneficio.

La iniciativa no es nueva. El proyecto que se encuentra bajo análisis propone aprobar el tratado celebrado en Washington en 1970, con sus posteriores enmiendas y modificaciones, junto con su reglamento actualizado.

El texto ingresado en Diputados plantea una aprobación simple: la adhesión al tratado. Pero algunas voces legislativas advierten que se podrían introducir algunos cambios que lo harían retornar a la cámara de Senadores.

En términos prácticos, el PCT permite que una persona, empresa, universidad o centro de investigación presente una única solicitud internacional de patente para iniciar el trámite de protección en múltiples jurisdicciones.

El sistema permite buscar protección internacional para una invención mediante un procedimiento centralizado, en lugar de hacer desde el comienzo trámites separados país por país.

Sin embargo, hay una aclaración clave: el PCT no crea una “patente internacional”. Tampoco obliga a ningún Estado a conceder una patente. La decisión final sigue en manos de cada oficina nacional o regional de patentes.

La Oficina de Patentes de Estados Unidos lo explica de forma directa: el PCT permite presentar una solicitud internacional, pero la concesión de patentes queda bajo control de las oficinas nacionales o regionales en la llamada “fase nacional”.

Qué cambia para una pyme o emprendedor argentino

Para una pyme tecnológica, un emprendedor o una universidad argentina, la principal diferencia está en el modo de iniciar una estrategia internacional de protección.

Hoy, si alguien quiere proteger una invención en distintos países, debe encarar trámites separados, con costos, traducciones, plazos y requisitos propios de cada jurisdicción.

Con el PCT, ese primer paso se unifica. El solicitante presenta una sola solicitud internacional y gana tiempo para decidir en qué mercados quiere avanzar efectivamente.

El proyecto sostiene que el tratado permite “simplificar significativamente los trámites vinculados a las patentes de invención” y solicitar protección en múltiples países mediante una única presentación internacional.

El beneficio no es solamente administrativo. El sistema también incluye una búsqueda internacional y una opinión preliminar sobre la patentabilidad de la invención.

Es decir, el inventor puede acceder antes a información técnica sobre si su desarrollo parece novedoso, si tiene actividad inventiva y si puede tener aplicación industrial.

El propio tratado establece que cada solicitud internacional será objeto de una búsqueda internacional destinada a descubrir el “estado de la técnica” relevante.

Para una empresa chica, eso puede ser importante porque permite ordenar decisiones de inversión. Antes de gastar dinero en traducciones, abogados y presentaciones en varios países, puede tener una primera evaluación internacional sobre la fortaleza de su invención.

En los fundamentos del proyecto, se remarca que el sistema ofrece al inventor, emprendedor o empresario innovador “seguridad jurídica, tiempo adicional y análisis técnico” para evaluar las inversiones necesarias para proteger su tecnología.

El punto central: más tiempo para decidir

Uno de los cambios más relevantes es el plazo. El PCT permite demorar la entrada en las fases nacionales de cada país.

En general, el solicitante cuenta con hasta 30 meses desde la fecha de prioridad para decidir en qué jurisdicciones continuará el trámite, pagar tasas nacionales y presentar traducciones. Ese plazo aparece regulado en el texto del tratado incorporado al proyecto.

En criollo, una startup argentina que desarrolla una tecnología exportable no tiene que definir de inmediato si va a patentar en Estados Unidos, Europa, Brasil, México o Asia. Puede iniciar el trámite internacional, recibir información técnica y ganar tiempo para buscar inversores, validar mercado o decidir si la invención justifica el costo de protección en cada país.

Ese es el argumento principal de quienes defienden la adhesión. AmCham Argentina, por ejemplo, sostuvo que el PCT permitiría simplificar y agilizar la protección internacional de patentes, facilitando el acceso de emprendedores, pymes, empresas e instituciones científicas a mercados internacionales.

La entidad también planteó que la adhesión generaría un “triple beneficio”: desarrollo tecnológico y científico, promoción de inversiones y mejora de la competitividad del país.

Además, señaló que Argentina es el único país del G20 que todavía no forma parte del sistema, pese a que investigadores, universidades y empresas argentinas ya lo utilizan en el exterior para proteger sus desarrollos.

Qué no cambia con el PCT

El tratado no reemplaza a la ley argentina de patentes ni le quita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la posibilidad de examinar solicitudes. Cada país conserva la capacidad de aplicar sus propios criterios de patentabilidad.

El texto del tratado es explícito en ese punto: ninguna disposición limita la libertad de los Estados contratantes para fijar las condiciones sustantivas de patentabilidad que deseen. Cada país puede aplicar sus reglas internas para decidir si una invención merece o no protección.

Esto significa que adherir al PCT no implica que una patente concedida en otro país tenga automáticamente validez en Argentina. Ese punto es clave porque suele aparecer en la discusión pública de manera confusa.

Lo que se internacionaliza es el procedimiento inicial de solicitud, no la concesión automática del derecho.

Por qué genera resistencia

La adhesión al PCT fue históricamente resistida por sectores de la industria nacional, en especial por la industria farmacéutica. El argumento crítico sostiene que el tratado podría facilitar el ingreso de solicitudes de titulares extranjeros y fortalecer posiciones dominantes en sectores sensibles.

Desde esa mirada, el riesgo sería que grandes laboratorios internacionales consoliden carteras de patentes más amplias y generen barreras adicionales para competidores locales.

Ese punto aparece especialmente asociado al precio de medicamentos, la producción nacional y la capacidad regulatoria del Estado en materia de salud pública.

También hay una discusión técnica sobre el Capítulo II del tratado, que regula el examen preliminar internacional. El propio PCT permite reservas: el artículo 64 establece que cualquier Estado puede declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capítulo II.

Esa reserva es parte de la discusión política actual. Algunos sectores plantean que Argentina podría adherir de manera parcial, dejando afuera ese capítulo para preservar mayor margen de decisión.

El vínculo con Estados Unidos

El debate también quedó conectado con la agenda bilateral con Estados Unidos. El Gobierno incluyó la adhesión al PCT dentro de los compromisos de modernización del régimen de propiedad intelectual.

Estudios jurídicos privados también señalaron que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos incorporó disposiciones orientadas a fortalecer el sistema argentino de patentes.

En ese marco, el tratamiento legislativo del PCT dejó de ser una discusión puramente técnica sobre propiedad intelectual y pasó a formar parte de una agenda más amplia de inserción internacional, inversión y acuerdos comerciales. Especialmente si se tiene en cuenta el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump.

Para las pymes y emprendedores, el punto práctico es más concreto: el PCT puede facilitar la protección de invenciones argentinas en el exterior, pero no garantiza por sí solo financiamiento, exportaciones ni acceso a mercados.

El entendimiento, exclusivo para la rama acopio cerealero (CCT 130/75), establece un incremento salarial del 5% para el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, junto con el pago de montos fijos no remunerativos para sostener el poder adquisitivo.

Según el documento oficial rubricado por las partes, el aumento del 5% se aplicará de forma escalonada, nominal y no acumulativa. El cronograma de pagos se dividirá en tres tramos:

• 2% a partir del mes de abril
• 1,5% desde mayo
• 1,5% con los salarios de junio.

Todos los porcentajes porcentuales se liquidarán tomando como base de cálculo los sueldos básicos de marzo de 2026, sumando los montos no remunerativos vigentes a esa fecha.

Además del esquema de porcentajes, el gremio y las entidades patronales acordaron prorrogar el pago de las sumas fijas no remunerativas de $ 40.000 y $ 60.000 (un total de $ 100.000) que se habían pautado previamente. Estos montos se mantendrán intactos durante abril, mayo y junio.

A la par, se determinó el otorgamiento de una nueva compensación única y extraordinaria de $ 20.000 mensuales que se liquidará bajo la leyenda “Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026”.

Un dato determinante para la conformación del salario de los trabajadores de la actividad es el destino de estas asignaciones. La totalidad de las sumas no remunerativas mencionadas —tanto los $ 100.000 prorrogados como el nuevo bono de $ 20.000— se extinguirán como conceptos por separado y pasarán a incorporarse de manera definitiva a los salarios básicos convencionales a partir del mes de julio de 2026.

El pacto salarial, firmado ante los representantes de CONINAGRO, la Federación de Acopiadores y el Centro de Exportadores de Cereales, incluye una cláusula de revisión a corto plazo.

Como parte integral de la negociación, el convenio ratifica una contribución adicional, excepcional y solidaria a cargo de la parte empresaria para garantizar las prestaciones del sistema de salud

Los empleadores de la rama cerealera deberán abonar a la obra social OSECAC la suma de $ 28.000 mensuales por cada trabajador dependiente que se encuentre comprendido en el convenio colectivo.

Si bien Luis Caputo, ministro de Economía, destacó días atrás que “las exportaciones de bienes diferenciados son las más altas en 13 años”, el último Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA) elaborado por el DESIP del IIEP-UBA, muestra que aún no superaron el nivel del primer trimestre de 2023.

“Tenés record nominal, pero en términos reales no”, aclaró Federico Bernini, autor del informe y explicó que “los diferenciados no tienen volatilidad de precios como commodities y a veces está la tentación de no ajustarlos por nada porque la inflación en dólares suele ser baja”.

“En plazos cortos puede no molestar tanto, en plazos largos sí”, dijo y aclaró que en los últimos años hubo inflación en dólares de aproximadamente 10% anual en la salida de la pandemia.

El estudio, señala que las exportaciones diferenciadas crecieron 5% interanual en términos reales durante el primer trimestre del año, sin embargo, aclara que el desempeño sigue lejos de marcar “un cambio claro de régimen” tras una década de estancamiento.

“Es un crecimiento que está muy bien pero la cantidad no es muchísima más altas que en otros años”, dijo y marcó que los máximos se registraron hace más de 15 años.

En dólares, el conjunto de diferenciales alcanzó los u$s 4304 millones, lo que significa u$s 318 millones más que en el mismo período de 2025 (u$s 3986), lo que expresa un alza de 8%.

El dato más llamativo es que buena parte de la mejora se explica por sectores puntuales, algunos incluso excepcionales o transitorios.

El principal impulso provino de “carne y pesca”, que saltó 49% interanual. El informe atribuye esa mejora fundamentalmente al aumento de las ventas de carne vacuna diferenciada hacia Estados Unidos, favorecidas por una cuota de importación libre de aranceles.

Ese fenómeno terminó funcionando como el gran salvavidas de las exportaciones diferenciadas en el arranque del año.

A eso se sumó el crecimiento moderado de alimentos elaborados, impulsado por artículos de confitería y jugos de frutas, además de una mejora en químicos explicada por productos farmacéuticos.

El dato sorpresivo que destacó el ITEA es un componente inesperado: las obras de arte. El informe señala que dentro de la categoría “Otros” hubo “un aumento inusual, y probablemente esporádico, en las exportaciones de obras de arte”.

La combinación de esos rubros explica prácticamente toda la expansión de los bienes diferenciados. El propio documento remarca que entre “Carne y pesca” y “Otros” se concentra más que el crecimiento total observado en el segmento.

Alerta industrial

En contraste, los sectores más asociados a una recuperación industrial exportadora mostraron señales de debilidad.

Las exportaciones de maquinaria y equipo cayeron 16%, afectadas por menores ventas externas de bombas y motores. El retroceso encendió alertas porque durante 2025 el sector había sido uno de los motores de la recuperación exportadora.

También los vehículos siguieron en terreno negativo, con una caída de 4% interanual, en medio de procesos de transición productiva en terminales automotrices.

El resultado, como otros datos de la economía en la era Milei, deja una lectura ambivalente. Por un lado, los bienes diferenciados vuelven a mostrar crecimiento luego de iniciar un camino descendente en 2023.

Aún así, la mejora aparece demasiado concentrada en nichos específicos, oportunidades comerciales puntuales y casos excepcionales.

El informe del DESIP parte de una definición amplia de “bienes diferenciados”: productos donde pesan factores como diseño, calidad, marca, confiabilidad o conocimiento incorporado. Por eso, el comportamiento de este segmento suele ser leído como una señal sobre el grado de sofisticación de la estructura exportadora argentina.

En ese sentido, el diagnóstico sigue siendo prudente. Aunque las exportaciones diferenciadas crecieron, el estudio sostiene que la recuperación todavía es “insuficiente” para convertirlas en un motor sostenido del crecimiento económico

Hacia adelante, el economista de IIEP-UBA señaló que “queda por ver si este comportamiento es un rebote o el inicio de un proceso más largo de crecimiento que logre alcanzar los valores máximos”.

El dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el próximo jueves para todo el país.

En Argentina, la forma más común de determinar la clase social de una persona es a través de su acceso a las canastas, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios no alimentarios, tales como vivienda, educación, salud, transporte y vivienda.

Cuánto hay que ganar para ser clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Los últimos datos disponibles de la CBA y la CBT pertenecen a abril y arrojaron los siguientes resultados.

• En situación de indigencia: menos de $ 821.207,57
• En situación de pobreza no indigente: entre $ 821.207,58 y $ 1.513.033,21
• No pobres vulnerables: entre $ 1.513.033,22 y $ 1.907.612,10
• Sector medio frágil entre $ 1.907.612,11 y $ 2.384.515,13
• Sector medio - “Clase media”: entre $ 2.384.515,14 y $ 7.630.448,43
• Sectores acomodados Desde $ 7.630.448,44.

Por lo tanto, para ser una familia tipo de clase media en CABA se necesitan ingresos familiares entre $ 2.384.515,14 y $ 7.630.448,43, según los datos del índice de Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo es el sistema de canastas para medir hogares por clase

El Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), mide la capacidad de acceso de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad.

Estas canastas lo que hacen es establecer una línea de pobreza e indigencia, de la cual pueden tomarse ciertos parámetros para saber también cuándo una persona se encuentra en clase media o alta.

Con los datos, el IDECBA realiza una construcción de una estratificación de los hogares de la CABA y del Gran Buenos Aires en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios.

¿Cómo se determina si una persona es indigente, pobre, pertenece a la clase media o alta?

Los estratos están definidos de la siguiente manera:

• En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).
• En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.
• No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.
• Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.
• Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.
• Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Tras la composición de 5 tipos de hogares compuestos por distintos tipos de integrantes y en distintas situaciones sociales, el informe publica un intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato para un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años (Hogar 1) (en pesos).

La novedad se reglamentó el pasado lunes a través del decreto 315/2026 firmado por Javier Milei, el cual oficializó los detalles del régimen que otorga una reducción significativa en las contribuciones patronales a quienes contraten nuevos empleados, los cuales deben cumplir con ciertos criterios. Su objetivo es promover el empleo registrado a nivel nacional.

El beneficio regirá durante los primeros 48 meses desde el alta de cada relación laboral, inclusive, e implica una fuerte reducción de las contribuciones patronales por cuatro años.

Tras esto, ARCA publicó la Guía 56 del Libro de Sueldos Digital (LSD), donde fijó definiciones clave para acceder al régimen y detalló el procedimiento de registración específico y obligatorio para empleadores.

Paso a paso, cómo acceder al RIFL

El primer paso consiste en dar de alta a los nuevos trabajadores a través del servicio “Simplificación Registral”, donde se debe utilizar indefectiblemente el código de modalidad de contratación 710.

Este paso es crucial para que el sistema reconozca que la relación laboral —iniciada entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027— es apta para la reducción de alícuotas en las contribuciones patronales.

Incluso, aquellas altas registradas desde el inicio de mayo de 2026 que no contaban con este código pueden ser rectificadas para encuadrarse en el beneficio.

Hay que recordar que el sistema de ARCA aplicará automáticamente las siguientes alícuotas:

• una alícuota total del 2% para las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares.
• un 3% para el INSSJP

Por su parte, la guía señala que quedan excluidas de esta reducción las alícuotas adicionales correspondientes a regímenes previsionales diferenciales y/o especiales de la seguridad social.

Formalización Laboral: quiénes pueden acceder y en qué período

El beneficio aplicará a nuevas relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, siempre que los trabajadores cumplan con perfiles específicos de vulnerabilidad laboral o baja actividad previa.

En particular, los trabajadores elegibles deben cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

• No haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Haber estado desempleado en los seis meses previos al alta.
• Estar inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), sin relación de dependencia privada registrada en los seis meses previos. 
• Que su último empleo haya sido en el sector público (nacional, provincial, municipal o CABA).

Punto por punto para liquidar bajo el RIFL

En lo que respecta a la liquidación mensual de cargas sociales, el proceso se centraliza en el sistema “Declaración en línea” mediante el tradicional Formulario 931.

Para operativizar el incentivo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó el release 7 de la versión 47 de dicho aplicativo. Esta herramienta tecnológica permite que, una vez informado el trabajador bajo el código 710, el sistema aplique las alícuotas reducidas de forma automática, lo que simplifica la determinación nominativa de los aportes y contribuciones.

Finalmente, es importante destacar que la obligación de utilizar esta versión específica del sistema rige para todas las declaraciones juradas del período devengado mayo de 2026 en adelante.

El incumplimiento de estos procedimientos o la falta de información correcta en la declaración jurada puede derivar en el decaimiento del beneficio, obligando al empleador a rectificar sus presentaciones y abonar las diferencias correspondientes con intereses y multas

La posibilidad de percibir al mismo tiempo una jubilación del sistema nacional administrado por ANSES y otra proveniente de una caja profesional surge de la propia estructura del sistema previsional argentino y de la coexistencia de sistemas que son jurídicamente autónomos. Pero veámoslo en detalle.

El rol de las cajas profesionales

Las cajas profesionales (abogados, médicos, ingenieros, escribanos, contadores, entre otras) constituyen regímenes previsionales propios, creados por leyes provinciales o normas especiales.

Su característica central es la autonomía ya que administran sus propios fondos, fijan sus requisitos y establecen sus condiciones de acceso a los beneficios.

En muchos casos, la afiliación a estas cajas es obligatoria para el ejercicio profesional, incluso cuando la persona también trabaja en relación de dependencia y aporta al sistema nacional.

El funcionamiento de los aportes y la Caja Profesional

A diferencia del sistema nacional administrado por ANSES, donde los aportes se calculan como un porcentaje del salario o del ingreso declarado (en el caso de trabajadores en relación de dependencia o autónomos), las cajas profesionales funcionan como regímenes previsionales autónomos, con esquemas de financiamiento propios definidos por cada ley provincial o normativa específica.

En términos generales, su financiamiento suele apoyarse en tres mecanismos, que pueden variar según la profesión y la jurisdicción.

Aporte o cuota obligatoria

Cada caja establece una contribución periódica obligatoria para sus afiliados. Este aporte puede consistir en:

• Una cuota fija mensual
• Una escala que varía según la antigüedad, categoría profesional o parámetros internos del sistema.

Su finalidad es garantizar el financiamiento del régimen previsional y la sustentabilidad del sistema solidario.

Aportes vinculados al ejercicio profesional

En algunas cajas, además del aporte fijo, existen contribuciones asociadas a la actividad profesional concreta. Estos mecanismos no son universales, pero pueden incluir, según el caso:

• Aportes sobre honorarios profesionales
• Tasas vinculadas a actuaciones judiciales o administrativas
• Contribuciones por visado de obras, expedientes o certificaciones.

Este tipo de aportes depende estrictamente de la normativa de cada caja profesional y no está presente en todos los regímenes.

Aportes complementarios o diferencias de cálculo

Al finalizar determinados períodos, algunas cajas pueden establecer ajustes o regularizaciones cuando los aportes mínimos no resultan suficientes para cubrir la cobertura previsional prevista. Estos mecanismos varían ampliamente según el sistema y no responden a un modelo único de capitalización individual.

Jubilaciones: fundamento de la dualidad

La clave de la doble percepción reside en la naturaleza de los entes otorgantes. Mientras el ANSES gestiona el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) bajo órbita federal, las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales son creadas por leyes provinciales.

Estas últimas se amparan en el artículo 125 de la Constitución Nacional, que faculta a las provincias a conservar organismos propios de seguridad social.

Al tratarse de entidades con autonomía económica y financiera, no se rigen por la prohibición de acumulación que aplica dentro de un mismo régimen. En términos prácticos: no es posible cobrar dos jubilaciones de ANSES, pero sí es factible percibir una de ANSES y otra de una Caja Profesional provincial.

Dos mecanismos de tramitación

El sistema de reciprocidad (decreto Ley 9316/46)

Se utiliza cuando un trabajador no alcanza los años de aportes necesarios en un solo régimen. En este caso, se “trasladan” los años de una caja a otra para obtener un beneficio único. Aquí, no hay doble jubilación.

La autonomía de beneficios

Ocurre cuando el trabajador acredita, por derecho propio, el cumplimiento de los requisitos de edad y años de servicios en dos regímenes diferentes de forma independiente.

¿Cómo se logra la doble jubilación?

Si bien la regla general en Argentina (Ley 24.241, Art. 168) establece el principio de “prestación única”, las Cajas Profesionales provinciales están excluidas de este rigor si el profesional decide no invocar la reciprocidad para sumar esos años a ANSES.

Independencia de aportes (sin reciprocidad)

Si se reúnen los requisitos en cada sistema por separado, se tramitan ambos beneficios.

Caso típico

El médico que aportó 30 años a su Caja Profesional provincial por su consultorio y, simultáneamente, otros 30 años como empleado en un hospital (aportes a ANSES).

Aportes simultáneos

Es la situación más frecuente entre profesionales que se desempeñan en relación de dependencia y, paralelamente, mantienen su matrícula activa con ejercicio liberal, cumpliendo mensualmente con ambas obligaciones previsionales.

Desafíos administrativos y fiscales de la doble jubilación

Percibir un doble haber previsional implica desafíos administrativos y fiscales que el beneficiario debe tener en cuenta.

Impacto en el Impuesto a las Ganancias

Al sumarse ambos haberes, la base imponible aumenta significativamente. Es obligatorio realizar la unificación de ingresos a través del sistema SIRADIG para que uno de los organismos actúe como agente de retención y evitar deudas con el fisco.

Cobertura de salud

Por norma general, el jubilado de ANSES es derivado a PAMI. Sin embargo, las Cajas Profesionales suelen ofrecer convenios con prepagas u obras sociales propias.

Es clave gestionar la continuidad de la cobertura médica para evitar duplicidad de aportes sin beneficios adicionales.

El cese de actividad

Mientras que ANSES permite jubilarse y continuar trabajando en relación de dependencia (con los aportes correspondientes), la mayoría de las Cajas Profesionales exigen la cancelación de la matrícula para habilitar el cobro del haber. Esto implica que el profesional debe cesar su firma y ejercicio liberal de forma oficial.

Ese segundo escenario fue el detectado por una reciente investigación que afirma la existencia de una “estabilidad de la insatisfacción” en la opinión pública argentina. Se trata de una novedad que llega de la lectura de múltiples resultados, pero que dan cuenta particularmente de la percepción del rumbo del país.

Se trata de la encuesta realizada por la Universidad de San Andres la que registra el fenómeno: después de meses de caída de la imagen del gobierno y de las expectativas, hay una meseta.

La “estabilidad” que puede incomodar a Milei

El sondeo indaga especialmente sobre la materia con una pregunta directa a los encuestados. La respuesta dio exactamente igual que un mes atrás.

El 68 por ciento muestra sentimientos negativos, y es de casi 50% los que manifiesta estar “muy insatisfecho”. Sólo el 6% se ubica en el polo puesto y los que ven la situación como positiva suman el 29%.

Si bien es cierto que ese resultado no es linealmente trasladable a la administración de Javier Milei, dado que los encuestados podrían mostrarse así por múltiples razones, la encuesta va develando con otros datos a quienes son ubicados como responsables.

El dato positivo para la administración libertaria que es que ese número ya no empeoran tan rápido como hace algunos meses. Desde noviembre de 2025, cuando había rozado los 40 de expectativas positivas, cayó más de 10 puntos para estabilizarse en torno a los 30 en los últimos meses. Eso, sin embargo, no puede traducirse en una mejora.

Comparado con sus antecesores, a la misma altura del mandato, Milei se muestra casi empatado con Mauricio Macri y bastante por encima de Alberto Fernández.

Cuando se indaga sobre responsabilidades, el 23% de los encuestados está satisfecho con el desempeño del Ejecutivo, sólo el 19% con el Poder Judicial, el 16% con el Senado y el 15% con Diputados.

La imagen de Milei sigue bajo la sombra de la polarización

A más de dos años del inicio de su mandato, la figura de Javier Milei sigue polarizando. Como sucede con la meseta de la insatisfacción, la desaprobación del gobierno parece haberse detenido y estabilizado en un rojo de 60%.

Las diferencias más fuertes aparecen cuando se analiza el corte por género y edad. Entre los hombres, el nivel de aprobación alcanza el 44%, mientras que entre las mujeres cae al 29%, una brecha de 15 puntos que vuelve a mostrar un respaldo considerablemente más alto del oficialismo en el electorado masculino.

En términos generacionales, los niveles más altos de apoyo aparecen entre los Boomers —mayores de 60 años— con 41% de aprobación, seguidos por la Generación X con 37%.

La polarización política sigue siendo el principal ordenador de la opinión pública. Entre quienes votaron a Milei, el 74% aprueba su gobierno, mientras que entre los votantes de Patricia Bullrich el respaldo alcanza el 59%. En el extremo opuesto, la desaprobación llega al 96% entre quienes votaron a Sergio Massa y al 97% entre los votantes de Myriam Bregman.

El mapeo de expresiones es bastante contundente. Mientras que en aquellos que apoyan al gobierno predomina casi exclusivamente la “esperanza”, sus detractores hablan de “rechazo” y “vergüenza”, pero también de “desilusión”, es decir, alguien que en algún momento se sintió convocado por el discurso libertario.

Las expectativas del modelo Milei ya no entusiasman, pero tampoco terminan de derrumbarse

Uno de los aspectos más interesantes del relevamiento aparece cuando se pregunta por la situación económica del país y las perspectivas a futuro. Allí también se observa un fenómeno de amesetamiento: el pesimismo sigue siendo dominante, aunque dejó de profundizarse con la velocidad que mostraba meses atrás.

El 58% de los encuestados considera que la situación del país empeoró respecto de hace un año y apenas el 18% cree que mejoró. Sin embargo, cuando se consulta sobre el futuro, el escenario aparece algo menos sombrío: el 26% considera que el país estará mejor dentro de un año, mientras que el 44% cree que empeorará.

La diferencia aparece especialmente marcada entre quienes todavía sostienen expectativas positivas sobre el gobierno. Entre los votantes de Milei, el 56% cree que la situación económica mejorará el próximo año y sólo el 11% considera que empeorará. En cambio, entre quienes votaron a Massa el 81% cree que el país estará peor dentro de un año y apenas el 5% espera una mejora.

El lento adiós a la idea de la dolarización

La idea de dolarización fue cambiando para el Gobierno. O, por lo menos, el presidente Javier Milei fue dando explicaciones sobre aquella idea. En algún momento habló de “competencia de monedas” y, más recientemente dijo que “no se puede dolarizar porque la gente no quiere hacerlo”.

En ese sentido, los investigadores de San Andrés realizaron un “experimento” que dividió a los encuestados en tres grupos y les presentaron distintas explicaciones sobre por qué Milei finalmente no dolarizó.

A uno le ofrecieron el argumento político: “la gente no quería dolarizar”; al otro el argumento técnico, es decir, que “no estaban dadas las condiciones económicas y faltaban reservas”.

En todos los casos, más del 63% está de acuerdo con no haber dolarizado. Cambia la justificación, cambia quién lo dice, pero no cambia demasiado la respuesta social.

Para los investigadores, la sociedad ya “internalizó” que la dolarización no era viable o deseable en este contexto.

Luego, cuando preguntan en qué moneda preferirían cobrar el salario, el 47% responde pesos y solo el 29% dólares.

Asimismo, están disponibles la 24 horas, uncluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.

¿Cuánta plata puedo extraer del cajero automático?

Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente.

Los límites actualizados en mayo 2026 son:

Banco	Tope de extracción diario
Banco Nación	Hasta $ 1.000.000 por día en cajeros propios, con posibilidad de ampliación desde la app o home banking.
Banco Provincia	Límite de $ 400.000 diarios. Con tarjeta de débito y configuración personalizada puede alcanzar hasta $ 800.000 diarios
Banco Ciudad	Límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.
Banco Galicia	Extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 4 millones en cajeros propios.
ICBC	Límites entre $ 600.000 y $ 800.000 diarios, dependiendo del perfil del cliente
Banco BBVA	Límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.
Banco Macro	Tope de $ 1.000.000 diarios
Banco Santander	Hasta $1.000.000 diarios, aunque clientes Platinum o Black pueden retirar hasta $ 1.700.000

Cuáles son los montos que controla ARCA en mayo 2026

Los límites vigentes para informar operaciones quedaron definidos de la siguiente manera:

Transferencias y acreditaciones bancarias

• Personas físicas: $ 50.000.000
• Personas jurídicas: $ 30.000.000

Extracciones en efectivo

• $ 10.000.000 para personas físicas y empresas.

Saldos bancarios mensuales

• Personas físicas: $ 50.000.000
• Personas jurídicas: $ 30.000.000

Plazos fijos

• Personas físicas: $ 100.000.000
• Personas jurídicas: $ 30.000.000

Billeteras virtuales

• Personas físicas: $ 50.000.000
• Personas jurídicas: $ 30.000.000

Tenencias en sociedades de bolsa

• Personas físicas: $ 100.000.000
• Personas jurídicas: $ 30.000.000

Compras como consumidor final

• Hasta $ 10.000.000 sin requerimiento adicional de información.

La Cámara de Diputados convocó a la reunión para el jueves a las 11 con el objetio de tratar el temario propuesto por los legisladores.

La convocatoria fue impulsada por el diputado Esteban Paulón junto a otros legisladores y quedó formalizada a través de una citación emitida por la Secretaría Parlamentaria.

El temario incluye cuatro expedientes centrados en presuntas irregularidades relacionadas con el uso de bienes del Estado, fondos públicos y la situación patrimonial declarada por Adorni.

Entre los proyectos figura un pedido de informes verbales al funcionario sobre supuestas inconsistencias patrimoniales y otro dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde precisiones sobre distintas cuestiones vinculadas a su declaración jurada.

Además, uno de los expedientes propone avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, en el marco de los cuestionamientos impulsados desde la oposición.

“Nunca se sabe”, repiten las partes involucradas en cuanto a la posibilidad de que haya quórum para poder avanzar con el temario.

La sesión se desarrollará en un contexto de creciente tensión política en Diputados y volverá a poner bajo discusión la situación patrimonial y el desempeño del principal funcionario político del Gobierno después del presidente.

Es preciso marcar que desde el peronismo no llamaron a esta sesión, aunque acompañarán en la Cámara de Diputados. Desde el sector consideran que la figura de Adorni desgasta al gobierno, mientras crecen las acusaciones que penden sobre él por corrupción.

Por otro lado, si bien el fin de semana el PRO sacó un comunicado dónde cuestionó el rol del jefe de Gabinete, no dará quórum para posibilitar el tratamiento del temario.

No será la primera vez que los legisladores intenten esta maniobra, la misma ya cayó en dos oportunidades desde que inició el escándalo Adorni.

Para remover al jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni, la Constitución exige mayoría absoluta, no mayoría simple.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

El caso Adorni hasta hoy

El caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una de las principales crisis políticas que enfrenta el gobierno de Javier Milei. La controversia comenzó a escalar después de una serie de revelaciones periodísticas sobre gastos, viajes y bienes patrimoniales del funcionario que no coincidirían con sus ingresos declarados.

Entre los episodios más cuestionados aparecen viajes al exterior, vuelos privados y propiedades inmobiliarias que derivaron en denuncias judiciales y pedidos de explicaciones públicas.

Actualmente, Adorni está siendo investigado en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, el expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, que espera documentación adicional sobre el patrimonio y los movimientos financieros del funcionario.

La investigación se concentra en justificar gastos realizados en los últimos meses, incluyendo remodelaciones, viajes y operaciones inmobiliarias que la oposición considera incompatibles con su evolución patrimonial declarada.

En medio de la presión judicial y parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich reclamó públicamente que el funcionario adelante la presentación de su declaración jurada patrimonial, cuyo vencimiento formal recién opera el 31 de julio.

Bullrich sostuvo que “tiene que ser inmediato” porque el oficialismo necesita “discutir otras cosas y no esto”, y defendió su postura asegurando que “siempre fue un poquito rebelde”.

El planteo de Bullrich abrió una tensión interna inédita dentro del oficialismo y atravesó la última reunión de gabinete encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Durante ese encuentro, Milei volvió a respaldar enfáticamente a Adorni y rechazó cualquier posibilidad de desplazarlo.

Según trascendió, el Presidente afirmó ante sus ministros que “prefiere perder una elección antes que echar a alguien honesto”, mientras que Adorni tomó luego la conducción de la reunión y repasó el plan de gestión.

La medida forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo durante 2026 y afectará principalmente a quienes hayan recibido el beneficio antes de septiembre de 2025.

Según explicaron desde el oficialismo, el objetivo será revisar si los titulares continúan cumpliendo las condiciones necesarias para acceder a la asistencia estatal.

Qué pasará con las pensiones por discapacidad

Las modificaciones alcanzan a las pensiones otorgadas bajo el esquema anterior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A partir de ahora, las prestaciones pasarán a denominarse oficialmente:

• Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

El proceso incluirá una revisión integral de los expedientes y datos de cada beneficiario.

Quiénes podrían perder la pensión

Desde el Gobierno explicaron que los controles apuntarán a verificar si los titulares mantienen los requisitos exigidos para cobrar la prestación.

Entre los puntos que serán revisados aparecen:

• Situación socioeconómica.
• Condición laboral.
• Documentación médica.
• Certificados de discapacidad.
• Datos personales y registrales actualizados.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el Ejecutivo buscará concentrar los aumentos y recursos “en quienes realmente tengan incapacidad para trabajar”.

Qué pasará con quienes sean auditados

La resolución oficial establece que todas las pensiones otorgadas antes del 22 de septiembre de 2025 ingresarán automáticamente en un proceso de revisión y conversión administrativa.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que:

• Los pagos continuarán mientras dure la auditoría.
• Ningún beneficio será suspendido automáticamente.
• Primero deberá completarse la verificación correspondiente.

Recién una vez finalizado el proceso administrativo podrían definirse eventuales bajas o modificaciones.

Por qué el Gobierno impulsa estos cambios

La medida se enmarca dentro de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y forma parte del plan oficial para revisar prestaciones sociales y actualizar registros estatales.

Desde el Ejecutivo sostienen que buscan:

• Reducir irregularidades.
• Evitar fraudes administrativos.
• Actualizar bases de datos.
• Controlar incompatibilidades.

También remarcaron la importancia de mantener actualizada la información de contacto y documentación personal para evitar inconvenientes durante las auditorías.

Qué deberán hacer los beneficiarios

Especialistas recomiendan que quienes cobran una pensión por discapacidad:

• Revisen que sus datos estén actualizados.
• Mantengan vigente la documentación médica.
• Controlen notificaciones oficiales.
• Respondan a eventuales pedidos de información.

El proceso de revisión continuará durante los próximos meses y alcanzará a miles de titulares en todo el país.

El fenómeno ya empieza a cambiar la dinámica de la construcción, el empleo del sector y hasta el tipo de materiales que más se venden.

Los datos se desprenden del último informe de Econviews que recuerdan que la construcción creció 4,7% mensual en marzo, según el INDEC. Sin embargo, el nivel general del sector todavía se ubica 19,3% por debajo de noviembre de 2023. La recuperación es plausible, pero no viene impulsada por grandes desarrollos inmobiliarios ni por obra pública, sino por “micro-obras, remodelaciones y refacciones”, consigna la consultora.

La señal más clara viene por el lado del consumo de insumos. Los materiales que más crecieron en el trimestre fueron pinturas para construcción (+13,5%), artículos sanitarios (+12,6%), placas de yeso y productos asociados a terminaciones y remodelaciones. En cambio, materiales típicos de obra gruesa, como cemento portland, ladrillos huecos o hierro, muestran mucho menos dinamismo.

El diagnóstico de Econviews es que hoy resulta más rentable remodelar que construir desde cero.

El problema: el costo en dólares se disparó

Según el documento, el principal factor detrás del cambio es el fuerte aumento del costo de construcción medido en dólares. Con costos que no detuvieron la escalada en pesos y un tipo de cambio relativamente estable, construir se volvió cada vez más caro para quienes manejan ahorros dolarizados. El informe expone que el índice de costos de construcción ajustado por dólar blue se encuentra en niveles históricamente altos.

Ese fenómeno impactó de lleno sobre el valor de los desarrollos nuevos. Según datos de Zonaprop citados por Econviews, el precio promedio del metro cuadrado desde pozo llegó a u$s 3109, un 31% más que en noviembre de 2023.

Al mismo tiempo, el metro cuadrado usado ronda los u$s 2219 y permanece relativamente estable desde abril de 2025 y es esa diferencia la que cambió completamente los incentivos del mercado.

Para un comprador medio, hoy tiene mucho más sentido adquirir una propiedad usada, negociar precio y destinar parte del capital a remodelarla, antes que entrar en un proyecto nuevo con costos mucho más elevados y plazos largos.

El rebote de la construcción tiene “cara de refacción”

La consecuencia es que la construcción empezó a fragmentarse. Por un lado, aparecen pequeñas obras privadas, remodelaciones de viviendas y ampliaciones chicas. Por otro, siguen deprimidos los grandes desarrollos y la obra pública.

Incluso el mercado laboral refleja ese cambio. El informe destaca que desde fines de 2023 el empleo total en construcción aumentó en 11.000 personas, pero con una particularidad: cayeron los asalariados y crecieron fuerte los trabajadores independientes, un patrón típico de trabajos de menor escala y refacciones.

En paralelo, la obra pública sigue prácticamente paralizada. El gasto de capital cayó 26% entre enero y marzo y el presupuesto 2026 prevé apenas 0,3% del PBI destinado a inversión pública. Sin obra pública y con desarrollos privados frenados por costos altos, el sector encontró una salida parcial en el mercado de remodelaciones.

Otro punto clave es la falta de financiamiento. Econviews señala que una eventual recuperación más sólida de la construcción dependerá de la vuelta del crédito hipotecario, algo que todavía luce lejano.

¿Una devaluación ayudaría al sector?

Andrés Salinas, economista y docente de la UNLaM, señaló en diálogo con El Cronista que hoy el mercado inmobiliario funciona, “aunque bajo límites muy marcados que en algún momento deberán corregirse”.

Según explicó, el principal problema es que el costo de construcción en dólares, es decir, mano de obra, materiales y otros insumos, “se mantiene extremadamente alto, lo que obliga a los desarrolladores a vender a precios elevados para sostener márgenes de rentabilidad”.

Sin embargo, la demanda real todavía “no logra validar esos valores y el crédito hipotecario, que podría actuar como motor del sector, aún no alcanzó una escala lo suficientemente masiva”.

En ese contexto, Salinas consideró que “un dólar estable ayuda en el corto plazo porque reduce la incertidumbre, mejora las expectativas y permite proyectar costos con mayor previsibilidad, haciendo más predecible la inversión en ladrillos”.

Pero advirtió que, si esa calma cambiaria se prolonga demasiado mientras los costos internos continúan subiendo en dólares, el sector puede empezar a perder competitividad.

“Quizás suene mal decirlo, pero una devaluación puede ayudar al sector”, afirmó. Salinas recordó que históricamente la Argentina ajustó competitividad vía tipo de cambio y remarcó que, si el dólar queda atrasado frente al aumento de costos, construir se vuelve cada vez más caro en moneda dura.

Eso, explicó, termina por afectar toda la cadena: “El desarrollador pierde rentabilidad, el comprador enfrenta precios demasiado altos y la vivienda usada gana competitividad frente a los proyectos nuevos".

Por eso, sostuvo que el mercado necesita dos condiciones fundamentales para consolidar una recuperación sostenible:

• una estabilidad macroeconómica prolongada, y no limitada a algunos meses dentro de un año no electoral.
• Y una profundización real del crédito hipotecario, algo que también depende de que esa estabilidad logre sostenerse en el tiempo.

“Con este dólar y esta inflación, el negocio es insostenible”

Federico Vacarezza, economista y docente de Comercio Internacional de la Universidad Austral, señaló en declaraciones a este medio que la inflación de costos aleja “cada vez más los precios de los inmuebles nuevos de los niveles reales de demanda”.

“Si analizamos los precios de las viviendas nuevas en el mercado actual, están en niveles imposibles, sobre todo en un contexto de crédito cada vez más escaso”, explicó.

Además, advirtió que el actual esquema cambiario solo sería funcional para el sector con inflación prácticamente nula. “Este esquema le sirve a la construcción con una inflación del 0% anual. Con una inflación del 35% anual, un dólar planchado, sin crédito y sin demanda, el negocio se vuelve insostenible”, advirtió.

Según Vacarezza, ese combo termina por generar un mercado con precios “artificialmente elevados”, baja actividad y márgenes cada vez más comprimidos. “Los precios terminan inflados en un mercado deprimido. Esa es la situación hoy”, concluyó.

Por su parte, el economista Federico Glustein sostuvo que los últimos datos de la construcción muestran una recuperación todavía muy frágil y atravesada por fuertes desequilibrios de precios relativos.

Según explicó, el retroceso en los despachos de cemento durante abril volvió a evidenciar que el rebote de marzo no logró consolidarse. Para Glustein, “hoy conviven dos dinámicas muy distintas dentro del sector. Por un lado, el dólar relativamente estable facilita que parte de la clase media destine ahorros a pequeñas obras y refacciones".

“El dólar planchado da cierta garantía para encarar obras de menor superficie y compras de materiales”, explicó. Esa estabilidad cambiaria, en un contexto de inflación todavía alta, impulsa principalmente remodelaciones y proyectos chicos, más vinculados al consumo defensivo que a grandes inversiones inmobiliarias.

Pero al mismo tiempo, advirtió que el atraso cambiario eleva fuertemente el costo de construcción medido en dólares. “La inflación en moneda dura derivada del atraso cambiario encarece cada vez más la obra nueva”, señaló.

Ahí aparece el vínculo con el fenómeno que describen los desarrolladores: “Mientras los precios de los inmuebles nuevos suben cada vez más por encima de la capacidad de demanda, el mercado empieza a migrar hacia propiedades usadas y refacciones”.

Glustein remarcó además que la construcción depende de una mejora más firme de la economía general. “Sin un repunte sostenido de la actividad es difícil pensar en una tendencia alcista”, afirmó. Y agregó que, al tratarse de una actividad procíclica, el comportamiento del sector termina por funcionar como un reflejo bastante directo del nivel de actividad y del poder adquisitivo de la economía.

“Nos aspiraron, sin avisarnos, por orden de Caputo, fondos que ya estaban con la asignación concreta”, se quejó un técnico de alto rango que responde por el programa. “Pero nos dijeron que se trata de una orden generalizada a todas las dependencias del Estado”, explicaron fuentes al tanto de la operatoria de las contrataciones de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva.

La novedad surcó todo el Poder Ejecutivo el viernes pasado, pero finalmente tuvo su explicación este lunes, cuando se conoció la decisión administrativa 20/2026, a partir de la cual se decidió recortar unos $ 2,5 billones mediante la reasignación de partidas, en una decisión por el equivalente al 1,6% del presupuesto nacional.

El propio Luis Caputo firmó la medida junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que, en medio de la crisis política desatada por su nivel de gastos versus sus ingresos, rubricó una decisión polémica, ya que concentra los ajustes en las áreas ligadas a la educación y la cultura en vísperas de una nueva marcha en reclamo de fondos para las universidades, además de otras áreas sensibles ligadas a la salud.

El objetivo de la medida es ajustar en un 2% los gastos discrecionales para sostener las metas de superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional, del orden de los $ 3,2 billones.

Con el freno de la actividad económica de los últimos tres trimestres, la recaudación viene sufriendo caídas en términos reales hace casi 10 meses, también en línea con la decisión oficial de bajar impuestos. De esta forma, si no mejoran los ingresos, la Casa Rosada aplica reducciones de forma tal de sostener el resultado positivo en las cuentas públicas, que es el corazón de la gestión de Javier Milei y su respuesta a todo.

“No hubo notificación, ayer tenían la plata y hoy no, entonces se llamó a Economía y les dijeron que sí, que era parte central del plan antiinflacionario mantener el superávit y por eso se habían quitado los fondos”, se lamentaba un funcionario de Seguridad. Tuvo que explicar en su cartera por qué se había tenido que frenar pagos ya comprometidos. Y por ende, congelar actividades.

El Ministerio de Seguridad tuvo un recorte de $ 34.000 millones, pero no fue de los más significativos. El ajuste más importante fue el ligado a la partida “Otras asistencias financieras”, que profundiza la baja de subsidios económicos y supone una merma de unos $1,47 billones. También el programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía sufrió un recorte de unos $ 359.497 millones.

La decisión de achicar el gasto no tuvo contemplaciones de ningún tipo. En el Ministerio de Salud, se recortaron $ 63.000 millones del programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer. También cortaron $500 millones del Programa de Prevención de Enfermedades Transmisibles. En Capital Humano, el área de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía tuvo una merma de $55.000 millones.

Previo a la marcha

El Gobierno decidió activar los nuevos recortes presupuestarios que incluyen el área de educación en las vísperas de una nueva Marcha Federal Universitaria que justamente reclama por el cumplimiento de una ley de financiamiento. El Congreso la había aprobado para paliar la caída de los salarios del personal docente y la falta de actualización en los gastos de funcionamiento.

En rigor, por orden del Presidente se suprimió casi $ 79.000 millones en programas de la Secretaría de Educación. Según figura en los anexos, el principal impacto lo tuvo el “Plan Nacional de Alfabetización”, la política pública anunciada por el titular del área, Carlos Torrendell. Le aspiraron unos $ 35.200 millones. Es posible que los gobernadores levanten la voz porque se afectaron concretamente las transferencias ligadas a este programa.

El Poder Ejecutivo también cortó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por casi $ 9.000 millones. Se trata de un programa que buscaba equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales. Y además, se frenaron transferencias para obras en universidades nacionales por $ 5000 millones. A todo esto, Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, la dependencia de donde cuelga Educación, publicó una foto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Trabajando por todas las universidades del país”, reza el tuit oficial.

De acuerdo con un reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en total se reduce el gasto para 211 programas por un total de $ 2,8 billones mientras que se incrementan las erogaciones para 15 programas por $ 372.000 millones.

La novedad llega en momentos donde el Gobierno está exultante por la baja de riesgo país a menos de 500 puntos básicos luego de una mejora en la calificación de la agencia Fitch Ratings, que lo acerca a una eventual vuelta a los mercados de deuda. Las advertencias, sin embargo, de diversos economistas es hasta qué punto puede ser socialmente sostenible la reducción permanente del gasto público para sostener el superávit si la recaudación no repunta.

En este escenario, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley: el denominado Súper RIGI, una versión ampliada que busca atraer inversiones en industrias que aún no tienen desarrollo en la Argentina.

La iniciativa fue presentada por el presidente Javier Milei durante su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos, y luego detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa.

“El interés por invertir en Argentina se ha exponenciado todavía más. Ahora hay empresas atraídas por lo que Argentina hace y sus resultados, sino además por diversificación, porque tienen que asignar recursos que estratégicamente convengan más, ha incrementado la atención y el deseo de invertir en nuestro país”, aseguró Caputo.

De qué trata el RIGI original

El RIGI fue creado a través de la Ley Bases con el objetivo de atraer grandes inversiones en ocho sectores claves: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

El esquema ofrece un paquete integral de beneficios para las empresas que adhieren:

• Impuestos: reducción de la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, amortización acelerada de inversiones, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y menor carga sobre dividendos (7% y 3,5% en el largo plazo). Además, permite recuperar el IVA de las inversiones y computar el impuesto al cheque como pago a cuenta.
• Aduana: exención de aranceles para la importación de bienes de capital, insumos y repuestos, junto con la eliminación de derechos de exportación una vez transcurridos los primeros años del proyecto.
• Dólar: mayor flexibilidad cambiaria, con acceso progresivo a las divisas generadas por exportaciones y libre disponibilidad para girar utilidades, cancelar deuda o mantener activos en el exterior.
• Seguridad jurídica: los proyectos adheridos cuentan con estabilidad normativa en materia tributaria, cambiaria y aduanera por 30 años. Esto implica que los beneficios no pueden ser modificados por nuevas regulaciones ni por cambios en el marco legal.

Hasta el momento, el monto total comprometido, entre proyectos aprobados y en evaluación, asciende a u$s 94.965 millones, con un claro predominio de iniciativas vinculadas a hidrocarburos y minería.

Qué es el Súper RIGI

El nuevo proyecto apunta a fomentar la instalación de industrias que hoy no existen en el país, especialmente aquellas vinculadas a la industrialización de recursos naturales.

“Lo mejor era que esto englobara los sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, que además tuviera mayor recaudación fiscal, vamos a cobrar menos impuestos pero que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país”, explicó Caputo.

Entre los sectores que analiza el Gobierno se destacan:

• Producción de baterías de litio
• Fabricación de autos eléctricos
• Refinación y laminado de cobre
• Paneles solares y turbinas eólicas
• Cadena de valor del uranio
• Producción industrial pesquera
• Fertilizantes (potasio y fósforo)
• Datacenters

Principales diferencias con el RIGI original

El Súper RIGI introduce cambios relevantes frente al esquema actual:

Beneficios impositivos más agresivos

• Ganancias baja al 15% (vs. 25% del RIGI)
• Amortización acelerada más favorable: 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero

Eliminación de zonas grises aduaneras

• Se eliminan completamente los aranceles a importaciones vinculadas a la producción.

“Hoy en el RIGI estas excepciones básicamente son para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura. Entonces, a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir”, explicó Caputo.

Exención de retenciones

Los productos generados bajo este régimen no pagarán derechos de exportación.

Límites a provincias y municipios

• Ingresos Brutos no podrá superar el 0,5%
• No se permitirán tasas municipales sobre ventas

“También va a ser que no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación”, advirtió el ministro.

Los proyectos aprobados bajo el RIGI

Los 13 proyectos aprobados concentran inversiones por u$s 27.210 millones y están distribuidos en distintas provincias:

• San Juan: Los Azules, Gualcamayo, Veladero
• Salta: Rincón, Diablillos
• Río Negro y Neuquén: Vaca Muerta Oleoducto Sur
• Río Negro: Southern Energy GNL
• Catamarca: Fénix, Hombre Muerto Oeste, Diablillos
• Buenos Aires: Sidersa, Parque Eólico Olavarría
• Mendoza: Parque solar El Quemado
• Santa Fe: Terminal Timbúes

Estas iniciativas abarcan minería, energía, siderurgia y renovables, y proyectan miles de puestos de trabajo en todo el país.

Cuáles son los próximos pasos

El texto del Súper RIGI aún se encuentra en etapa de definición y el Gobierno prevé enviarlo al Congreso en los próximos días. Uno de los puntos pendientes es el monto mínimo de inversión requerido para acceder a los beneficios. “Todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana”, indicó Caputo.

En términos de magnitud, el Gobierno proyecta inversiones de gran escala. “Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó el ministro.

Y concluyó: “Va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, va a generar muchas más exportaciones y una mayor recaudación, que nos va a permitir a nosotros continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía, para todos los argentinos, para que podamos tener cada vez más una economía más competitiva y la gente se pueda beneficiar”.

Tras el ataque de Estados Unidos a Irán, el importe del barril de petróleo crudo comenzó a dispararse y se instaló por arriba de los u$s 100 durante casi dos meses y medio.

En febrero, el precio de la nafta súper de YPF (que suele ser la más barata del mercado en Buenos Aires y la mayor parte del país) estaba a $ 1609, mientras que en marzo subió a $ 1999.

Desde el 1° de abril que no hubo incrementos. YPF y el resto de la industria decidieron postergar cualquier incremento hasta el 15 de mayo. Y esa fecha se está acercando: es el próximo viernes.

Antes del comienzo del conflicto en Oriente Medio, el petróleo estaba en la zona de los u$ 70. Después, se instaló en u$s 100 y casi nunca bajó.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre, a Marín le preguntaron sobre la evolución del precio de los combustibles. Dijo que, durante esta semana, tendrá una reunión con otros integrantes de la industria. En muchos lugares se instaló que la definición podría estar el mismo lunes.

Sin embargo, desde el Gobierno deslizan que la corrección será más hacia el viernes o fin de semana. “El acuerdo vence el 15 de mayo. Si hay un precio nuevo será el 16 de mayo”, comentan cerca de las decisiones ejecutivas energéticas.

Un aumento en los combustibles tendrá un impacto en la inflación, en un momento que el Gobierno creía que abril le traerá mejores noticias que el trimestre enero-marzo.

Sin embargo, desde despachos oficiales admiten que -de aplicarse un aumento desde el sábado-, el golpe en el IPC solo comprendería medio mes. Además, como la inflación mayorista se “corta” de otra manera (al 15 de cada mes, y no a mes corrido como la inflación minorista), el incremento recién impactaría allí desde junio.

A mediados de marzo, Horacio Marín, explicó que la empresa iba a sostener sus ajustes micro de precios como una manera de respetar los contratos con los consumidores.

El precio del petróleo ya volaba e YPF se incremento a sostener su “acuerdo honesto y moral” con los consumidores y evitar los saltos en los precios.

“Hace un año dijimos que íbamos a hacer un acuerdo honesto y moral: cuando sube (el barril), sube (la nafta) y cuando baja, baja. Cuando haces un acuerdo con los millones de consumidores, es más fuerte que firmar un contrato”, dijo Marín

La industria acordó luego un congelamiento de precios por 45 días. En ese momento, se dijo que los importes en los surtidores reflejaban un valor del barril más cercano a los u$s 80 a u$s 90.

La nafta premium de YPF estaba a $ 1845 en febrero y saltó a $ 2207 en marzo. El gasoil pasó, en el mismo período, de $ 1658 a $ 2065. El gasoil euro trepó de $ 1861 a $ 2271.

El organismo potencio su red de beneficios para los adultos mayores que permiten acceder a rebajas automáticas al pagar con la tarjeta donde se cobra la jubilación.

Las ofertas alcanzan más de 7.000 comercios dentro de los que se encuentran supermercados y locales de cercanía donde se podrá comprar con hasta 20% de reintegro.

Sandra Pettovello activó el mejor beneficio para los jubilados

Uno de los principales ejes del programa de Beneficios ANSES es la compra de alimentos y productos de primera necesidad con reintegro.

En los supermercados Disco, Jumbo y Vea hay un 10% de devolución en todos los productos (incluso carnes). Además, 20% en perfumería y limpieza. En ambos casos, no hay tope de reintegro y no se acumula con otras promociones.

En caso de Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, se ofrecen 10% en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas). No cuenta con tope de reintegro y no es acumulable con toras ofertas.

En la misma línea, se ofrecen se los siguientes descuentos:

• Josimar: 15% en todos los rubros sin tope. No se acumula con promociones vigentes.
• Carrefour: 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marca seleccionadas. Tope de $ 35.000 no acumulable con otras promociones.
• Día: 10% en todos los rubros con tope de # 2.000 por transacción, acumula con otras promociones.
• Changomas: 10% en todos los rubros (no contempla carnes electro, marcas seleccionadas). Tope de $ 1.000 por transacción y límite mensual de $ 15.000, no acumulable con toros beneficios.
• Toledo: 20% en todos los rubros, excepto carne, electro y marcas seleccionadas. No tiene tope de reintegro ni es acumulable con otros beneficios.
• Otros comercios (más de 7.000): 10% en todos los rubros con tope de $ 1.000 por transacción. No acumula con otras promociones.

Beneficios bancarios para jubilados

En línea con los descuentos para jubilados, los bancos ofrecen promociones propias para los adultos mayores beneficiarios de ANSES.

• Banco Nación: ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran sus haberes en la entidad, utilizando tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ con MODO. Aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Tope de $ 5.000 semanales y hasta $20.000 mensuales por usuario.
• Banco Galicia: hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El beneficio se aplica con tarjetas vinculadas a la seguridad social y contempla un tope de $ 20.000 mensuales en supermercados y $ 12.000 en farmacias y ópticas.
• Banco Supervielle: los martes ofrece 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. Con tarjeta de débito física, el tope es de $ 25.000, mientras que con QR es de $ 15.000. Además, incluye 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles.
• Banco Provincia: 5% de descuento en supermercados como Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El tope es de $ 5.000 semanales por persona y puede acumularse con otras promociones bancarias o comerciales.

Cómo acceder a los beneficios

Los jubilados que quieran acceder a los beneficios en supermercados deberán pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes.

No hará falta presentar ningún cupón ni realizar trámites para acceder a los reintegros.

Los recortes alcanzan programas operativos, reequipamiento militar, logística, mantenimiento y estructura administrativa. Según estimaciones construidas sobre las partidas oficiales, la reducción total supera los $48.900 millones.

La fuerza más afectada es la Fuerza Aérea Argentina, con un ajuste cercano a los $16.500 millones, de acuerdo a los datos publicados en el Boletín Oficial.

Le sigue el Ejército Argentino, con más de $12.622 millones menos y por último la Armada Argentina, con una baja superior a los $11.800 millones.

También aparecen reducciones sobre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y organismos asociados al sistema militar cómo el Instituto de Ayuda Financiera y Retiros de las Fuerzas Armadas (IAF).

Las planillas muestran que el ajuste no se concentra únicamente en áreas administrativas, sino que alcanza directamente programas de “alistamiento operacional”, es decir, partidas vinculadas a capacidad logística, mantenimiento, movilidad y funcionamiento de las fuerzas.

En el caso del Ejército, el principal golpe aparece sobre maquinaria, transporte, comunicaciones y equipamiento militar.

Las partidas oficiales muestran más de $6.659 millones menos en maquinaria y equipos, $3.000 millones menos en transporte y elevación y más de $2.700 millones menos en equipamiento militar y de seguridad.

En la Armada, una de las bajas más relevantes aparece sobre programas de reequipamiento y alistamiento naval.

Entre ellas figura un recorte superior a $10.620 millones vinculado a la incorporación de cuatro helicópteros navales para la Base Naval Puerto Belgrano.

También aparecen reducciones sobre servicios de Hidrografía Naval, logística y equipamiento operativo.

El ajuste alcanza además al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), el mecanismo creado para financiar reequipamiento y modernización militar.

Las planillas muestran una reducción superior a los $3.300 millones sobre partidas destinadas a equipamiento de Defensa y Seguridad.

En términos técnicos, buena parte del ajuste se concentra sobre bienes de capital, maquinaria, equipamiento, movilidad y proyectos de inversión.

Eso sugiere que el impacto más inmediato podría sentirse sobre modernización, reequipamiento, mantenimiento y recuperación de capacidades operativas.

Sin embargo, dentro del ámbito militar crece la preocupación por posibles efectos sobre funcionamiento cotidiano y logística básica.

Fuentes castrenses advirtieron que estos recortes podrían llegar al mantenimiento de unidades, la compra de insumos, funcionamiento de bases y cuarteles, provisión de servicios públicos y alimentación de soldados.

La situación aparece especialmente sensible por la crisis que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que no termina de reactivarse gracias a las deudas acumuladas por la vieja estructura.

Aunque las planillas presupuestarias no permiten calcular automáticamente cuál será el impacto operativo final, la magnitud de las reducciones puede generar tensiones sobre capacidad logística, mantenimiento y disponibilidad operativa si no aparecen compensaciones posteriores.

El ajuste también expone una tensión política incómoda para el Gobierno.

Durante la gestión de Javier Milei, el Ejecutivo reforzó el discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas, promovió acuerdos militares internacionales y avanzó en proyectos de reequipamiento, como la compra de aviones F-16.

Sin embargo, las planillas oficiales muestran una lógica distinta de menos transferencias, menos inversión y menor financiamiento operativo.

La decisión administrativa parece consolidar el mismo patrón que atraviesa otras áreas del Estado. A esto se le suma la crisis en la obra social y los salarios bajos del sector.

La medida apunta a reducir el impacto de la inflación sobre los sectores más afectados por la suba de precios en alimentos, medicamentos y productos esenciales.

El esquema alcanza a miles de comercios en todo el país y permite acceder a beneficios automáticos utilizando la tarjeta de débito donde se cobran haberes o asignaciones.

El programa de descuentos para jubilados y pensionados

El programa ya incluye más de 12.000 puntos de venta entre supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y comercios barriales. Participan tanto grandes cadenas nacionales como negocios regionales y locales de cercanía.

Los descuentos pueden variar según el banco, el comercio y el medio de pago utilizado, con promociones que oscilan entre el 10% y el 25% de ahorro.

En muchos casos, además, los reintegros no tienen límite de compra, lo que permite maximizar el beneficio en consumos cotidianos.

Todos los descuentos del programa del Ministerio de Capital Humano

Entre los rubros más utilizados por jubilados y beneficiarios de programas sociales aparecen los alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

Los principales beneficios vigentes incluyen:

• Supermercados: descuentos desde el 10%
• Perfumería y limpieza: hasta 20% de ahorro
• Farmacias: promociones especiales según banco
• Combustibles: reintegros y descuentos adicionales

Dependiendo del acuerdo entre la entidad bancaria y el comercio, el beneficio puede verse reflejado de dos maneras:

• Descuento inmediato en línea de caja
• Reintegro acreditado dentro de los siete días hábiles posteriores

Cómo acceder a los descuentos del programa para jubilados

El mecanismo para utilizar las promociones es automático y no requiere trámites extra.

Para obtener los beneficios, los usuarios deben:

1. Utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran la prestación
2. Comprar en comercios adheridos
3. Cumplir las condiciones específicas de cada promoción bancaria

Por eso, antes de realizar una compra, se recomienda consultar qué locales participan y cuáles son los topes de devolución disponibles.

Banco Nación suma reintegros extra con BNA+ y MODO

Los clientes previsionales que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a promociones adicionales mediante la aplicación BNA+ y pagos realizados con MODO.

Entre los beneficios más destacados aparecen:

• 5% extra de reintegro
• Compras con débito o crédito
• Tope semanal de $ 5.000
• Hasta $ 20.000 mensuales acumulables

Las promociones alcanzan cadenas reconocidas como:

• Carrefour
• Coto
• ChangoMás
• Disco
• Jumbo
• Día
• La Anónima
• Vea

Banco Galicia ofrece hasta 25% de descuento y cuotas sin interés

Otra de las entidades con promociones fuertes para jubilados y pensionados es Banco Galicia.

El paquete de beneficios contempla:

• Hasta 25% de descuento
• Tres cuotas sin interés
• Reintegros de hasta $ 20.000 en supermercados
• Hasta $ 12.000 en farmacias y ópticas

La propuesta busca aliviar especialmente los gastos vinculados con salud y consumo diario.

Banco Supervielle lanza descuentos por días y rubros

El Banco Supervielle organiza sus promociones según jornadas específicas y categorías comerciales.

Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:

• Jumbo
• Disco
• Vea
• ChangoMás

Los topes establecidos son:

• Hasta $ 25.000 con tarjeta física
• Hasta $ 15.000 pagando con QR

Además, suma:

• 50% de descuento en farmacias adheridas
• 10% de ahorro en combustibles

Banco Provincia y Cuenta DNI amplían beneficios

En la provincia de Buenos Aires, miles de usuarios utilizan diariamente la billetera virtual Cuenta DNI para acceder a promociones y reintegros.

Durante mayo, la app mantiene descuentos en supermercados y comercios de cercanía.

Los beneficios incluyen:

• 5% de descuento en supermercados
• Pagos con QR o Clave DNI
• Tope semanal de $ 5.000
• Compatibilidad con otras promociones

Entre las cadenas adheridas figuran:

• Día
• Carrefour
• ChangoMás
• Toledo
• Nini

Qué beneficiarios pueden usar los descuentos

Las promociones no están destinadas únicamente a jubilados y pensionados.

También pueden acceder quienes cobren:

• AUH
• Asignación por Embarazo
• Asignaciones Familiares
• Pensiones No Contributivas
• Prestación por Desempleo
• Becas Progresar

De esta manera, millones de personas en todo el país pueden aprovechar herramientas de ahorro en medio de un contexto económico complejo.

Cuándo cobran los jubilados en mayo

En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

Titulares de la mínima

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
• DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Titulares con haberes superiores al mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Quiénes podrán recibir $ 405.000 en mayo

Conforme a lo establecido por la Resolución 161/2026, el Gobierno fijó una suba del 38% en la Tarjeta Alimentar, la cual está destinada a familias en situación de vulnerabilidad y que se acredita de manera conjunta con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En este sentido, todos los montos de esta prestación social fueron actualizados y un grupo recibirá $ 405.037 al combinarse la AUH con la Tarjeta Alimentar.

Asimismo, es importante remarcar que la Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento del 3,38% a través de la fórmula de movilidad por inflación.

A cuánto subió la Tarjeta Alimentar

Con la suba del 38% para la Tarjeta Alimentar, los valores de la prestación social ascendieron tendrán los siguientes montos:

• Familias con un hijo: $72.250.
• Familias con dos hijos: $113.299.
• Familias con tres o más hijos: $149.425.

Cuánto se cobra entre la AUH y Tarjeta Alimentar

Al sumar los dos beneficios que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias que sean beneficiaras de ambas prestaciones registrarán estos montos:

Familias con un hijo

• AUH: $85.204.
• Tarjeta Alimentar: $72.250.
• Total: $157.454.

Familias con dos hijos

• AUH: $170.408.
• Tarjeta Alimentar: $113.299.
• Total: $283.707.

Familias con tres hijos

• AUH: $255.612.
• Tarjeta Alimentar: $149.425.
• Total: $405.037.

Cuándo se paga la AUH en mayo

La ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo se pagará conforme al siguiente esquema:

• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8: 21 de mayo
• DNI terminados en 9: 22 de mayo

El fallo, firmado por el camarista Eduardo Farah, parte de un dato clave: las distintas denuncias presentadas describen “los mismos hechos”, con variaciones en el nivel de detalle y en los posibles responsables. Esa coincidencia habilita la aplicación de las reglas de conexidad y de denuncia repetida, que establecen que debe intervenir el juzgado que recibió la primera presentación válida.

Sin embargo, el punto central está en cómo la Cámara evalúa esa “primera denuncia”. Si bien cronológicamente la causa que tramitaba en el juzgado de Lijo se originó antes, el tribunal concluyó que esa presentación carecía de los requisitos mínimos para impulsar una investigación penal. Según el fallo, no sólo no cumplía con las exigencias básicas de descripción de los hechos, sino que además carecía de “un mínimo de lógica”.

Esa denuncia había sido realizada por Daniel Sarwer, un denunciante recurrente al que el propio camarista ya le había rechazado presentaciones similares en el pasado. Al no haber sido subsanadas esas deficiencias —ni mediante ratificación ni con elementos adicionales—, la Cámara decidió dejarla de lado como punto de partida válido del proceso.

En consecuencia, el tribunal determinó que la primera denuncia “válida” es la que dio origen al expediente 1364/2026 iniciado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, radicado en el juzgado de Capuchetti. A partir de ese criterio, ordenó que ese tribunal continúe interviniendo no sólo en su causa original, sino también en la que tramitaba en el juzgado de Lijo y en sus acumuladas.

El trasfondo de la disputa muestra un escenario habitual en causas sensibles: múltiples denuncias presentadas en pocos días, con distintos actores políticos y sociales, que terminan generando conflictos de competencia.

En este caso, las presentaciones llegaron por correo electrónico a la Secretaría General de la Cámara entre el 2 y el 13 de abril, con distintos niveles de precisión y respaldo.

Lo que introduce este fallo es un criterio más estricto para definir qué denuncia puede considerarse válida a los efectos de fijar competencia. Esa interpretación no sólo resolvió la puja entre Capuchetti y Lijo, sino que también deja un mensaje hacia futuras presentaciones en causas de alto impacto.

Las denuncias

El escándalo estalló a comienzos de abril cuando se difundió que funcionarios del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación en condiciones que la oposición calificó de privilegiadas.

Entre los investigados figuran Federico Furiase —secretario de Finanzas—, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi y Mariano Campero, entre otros. Al momento de tramitar los créditos, Furiase e Inchauspe eran directores del Banco Central, el organismo regulador del sistema financiero y fijador de las tasas que inciden directamente sobre los préstamos hipotecarios. Algunos de esos créditos llegaron a equivaler a 350.000 dólares.

Las denuncias judiciales apuntan a varios frentes. La diputada Mónica Frade denunció por negociaciones incompatibles, cohecho, abuso de autoridad, defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público al expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y a los beneficiarios de los créditos. Por su parte, el abogado Alejandro Díaz Pascual abrió otro flanco al pedir que se investigue si el superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Juan Curuchet, cumplió con sus obligaciones de supervisión sobre una operatoria en la que los propios funcionarios regulados eran al mismo tiempo los beneficiarios.

El BNA, tras auditorías internas, sostuvo que no se detectaron irregularidades y que los préstamos fueron otorgados bajo condiciones objetivas, postura que respaldaron públicamente tanto el presidente Milei como el ministro Caputo.