Pareció una juntada de dos necesitados. El anfitrión, derrotado en su Provincia por la pelea en la Gobernación, viene amagando desde hace siete años con su proyecto presidencial. Ahora, ante la vacante de un representante del dedo de Cristina Fernández de Kirchner, que se autopercibe proscripta y no presa, cree tener una chance.

El hijo de los dos presidentes, a su vez, tiene en claro que hasta nuevo aviso no es su momento. Salvo para perder. Es más. Algunos de sus fieles seguidores creen que Cristina prefiere llevar como candidata presidencial a Myriam Bregman, la estrella de la izquierda argenta, que puede atraer votos de los que hace tres años fueron a buscar otro antisistema como Javier Milei.

Ambos, Kirchner y Uñac, deben construir un proyecto presidencial que signifique algo potente, una mezcla entre lo nuevo y la estructura que aporta La Cámpora. Sin embargo, ni siquiera estuvo presente el único referente–candidato que tiene fuera de su territorio el propio Uñac: Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, equidistante de todas las agrupaciones que funcionan en el ecosistema del peronismo kirchnerista renovador bonaerense.

El encuentro llevó como título “Democracia, interior y participación”. “Tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por Milei y a las provincias”, señaló el legislador en relación a la presentación de un proyecto de ley que cobra un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

“Cuando nosotros decimos justicia fiscal por equilibrio social, quiere decir que nadie va a dejar de ganar, pero muchos van a dejar de perder. Tenemos que lograr que las familias argentinas dejen de tener la calculadora en la cabeza todo el tiempo”, añadió Kirchner.

Por supuesto que no hubo gobernadores. Ninguno de los que participaron en la juntada de hace dos meses en el Hotel Libertador para discutir una dinámica interna, en la que se logró sentar en una misma mesa a Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, pasó ni cerca del encuentro.

No están convencidos del gobernador bonaerense; creen que Massa es el que más los entiende, pero lo único que tienen en claro que no siguen más bajo la conducción de la expresidenta, presa en San José 1111 y reclamando en los organismos internacionales.

El interior merece tener su chance 🇦🇷

Trabajamos para eso: escuchamos, recorremos y construimos una propuesta. No podemos ser extras de la película política de Milei.

El Partido Justicialista necesita un plan de acción concreto para definir liderazgos y ofrecer una propuesta a… pic.twitter.com/kfrnqgoh34

— Sergio Uñac (@sergiounac) September 25, 2026

Quizás el diputado nacional camporista fue a retribuirle el gesto que tuvo el actual senador nacional en una entrevista esta semana, en la que consideró a su madre como la mejor candidata. ¿Lo es? ¿No es mejor uno libre, sin sentencias por las cuales responder ni explicar y con un llamativo expediente libre de haber pasado por algún sistema de reincidencias? Es raro el peronismo, pero mucho más lo es el kirchnerismo.

Nada de lo que hagan sus rivales–aliados parece inmutar a Kicillof. Su personalísimo enfoque de las cosas, que le provoca serios problemas de relación con el resto de la política e inclusive afecta a su propia gestión, lo salva en estas ocasiones. Hace como si no pasara nada. Calca su procedimiento habitual en la Provincia, donde aparenta no tomar nota ni quedar salpicado de cualquier cuestión que sucede fuera del primer piso que abarca la Privada del Gobernador.

Aunque ya se ha dicho, vale la pena recordar que Kicillof no es un conductor clásico del peronismo. El más parecido, pero también con el que más se diferencia ideológicamente, fue Daniel Scioli, a quien le hicieran lo que le hicieran desde la Casa Rosada, parecía no afectarlo. “El único que tiene una sola jugada y por eso está jugado al todo o nada es Axel”, le recordó ayer a la noche un intendente que lo sigue desde el primer momento en el Movimiento Derecho al Futuro.

Las pocas ganas que tiene de pensar en cómo armar el rompecabezas que tiene debajo de sus pies lo muestra la cantidad de precandidatos a gobernador que hay su propio espacio, a los que se le suman los otros que plantan La Cámpora, aún sin alguien que los contenga a todos. A ellos se suma la nueva Liga de Intendentes, que esta semana anduvo por Bahía Blanca para abrazar a Federico Susbielles, otro de sus representantes.

Los “Federicos” Achával y Otermin, más Gastón Granados, Nicolás Mantegazza y Marisa Fassi recorrieron refinerías y luego hicieron otras reuniones menos protocolares en el distrito más importante de la Séptima sección electoral. Sin decirlo, marcan la representación que tienen en las tres regiones más importantes del mapa electoral provincial.

En el otro frente, Sebastián Pareja anduvo en Mar del Plata, lugar donde la pasó bastante mal a comienzos de año por el hostigamiento producido por los organizadores del festival liberal armado para la ocasión en la que casi le impiden hablar. Antes había tenido que ver como la diputada nacional Juliana Santillán se subió al vehículo que trasportaba a la comitiva oficial y dejaba en el peldaño, del lado de afuera, a su amigo Alejandro Carrancio.

Ahora el más importante, ese al que halagó en todo momento, fue precisamente Carrancio. Santillán ni pasó por el lugar. También la gacetilla oficial mencionó con delicada preferencia al presidente del Concejo Deliberante local, Emiliano Recalt y al coordinador local Mariano Valiente.

Pareja debe hacer un esfuerzo descomunal para calmar a su tropa y, más que ninguna otra cosa, darle alguna certeza de que seguirán participando como conductores del proceso ante la posible avanzada del PRO en cada pueblo.

Los profesionales amarillos, de la misma manera que lo hacen los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner en el otro extremo, tienen un mecanismo mucho más asertivo a la hora de instalar un relato frente a la dispersión y reclamos por cuestiones pendientes que siempre plantean los dirigentes violetas.

Sin embargo, el empeño por aparecer cerca de sus territoriales valida su política frente a sus observadores superiores, los primos Martín y Lule Menem y, más arriba, Karina Milei, quien ahora se empieza a animar a hablar con quienes antes no lo hacía: los periodistas.

Casualmente, en momentos en que existe un incremento de los deudores en el sistema financiero, producto de las elevadas tasas impuestas por los acreedores, situación en la que el Estado opina que se trata de un “asunto entre privados”, el máximo tribunal se expresó en un fallo en contra de la Aduana por aplicar una tasa de interés elevada por una deuda tributaria de un importador.

El contribuyente importó productos textiles que gozaban del tratamiento arancelario intrazonal del Mercosur por haberse acreditado el origen brasileño de la mercadería mediante el certificado de origen de la mercadería. Unos meses después, la Secretaría de Industria Comercio y Pequeña y Mediana Empresa (SICyPyME) inició una investigación sobre el origen de la mercadería importada que concluyó que los productos, que fueron importados, no cumplían con el régimen de origen Mercosur.

Por ese motivo suspendió el tratamiento arancelario especial y notificó a la Dirección General de Aduanas (DGA) para que ejecutara las garantías constituidas e intimara los tributos dejados de percibir en los despachos de importación.

Ante la confirmación de este reclamo por parte de la Cámara, la empresa interpuso recurso extraordinario, ante la Corte, que rechazó el fallo de la instancia anterior en cuanto a la aplicación de la tasa de interés resarcitorio prevista en la resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La tasa vigente era del 3% mensual, y el fondo del fallo concluyó que el porcentaje del interés resarcitorio, que cobraba la ex AFIP, no sería aplicable a una deuda en dólares, que ya tiene un mecanismo particular de actualización del capital alejada del porcentaje que se utiliza de interés para una deuda en pesos.

Según el artículo 794 del Código Aduanero, los intereses de obligaciones tributarias aduaneras deben ser calculados sobre el capital adeudado en dólares, convertido a pesos al tipo de cambio vendedor vigente al día hábil anterior al del efectivo pago. Por ese motivo, resulta razonable interpretar que ese límite debe guardar correspondencia con la tasa de interés mensual que se aplicaba a obligaciones expresadas en la misma moneda, es decir, en dólares estadounidenses.

El fallo de la Corte, entonces concluyó que la tasa del 36% anual para deudas en dólares dispuesta por la resolución 841/10 resulta desproporcionada y no guarda relación con las tasas aplicadas por otras entidades financieras oficiales a deudas en moneda extranjera.

Detalles del caso

En los autos: “Colecction SRL c/ DGA” una empresa importó productos textiles que fueron fabricados en Brasil. La importación gozó del tratamiento arancelario intrazona del Mercosur por haberse acreditado el origen brasileño de la mercadería mediante el certificado expedido por la Federación de las Asociaciones Comerciales y Empresarias del Estado de San Pablo.

Posteriormente, la Secretaría de Industria Comercio y Pequeña y Mediana Empresa (SICyPyME) inició una investigación sobre el origen de la mercadería importada que concluyó con el dictado de la resolución en la que determinó que los productos exportados por la firma brasilera no cumplían con el régimen de origen Mercosur.

Por ese motivo, suspendió el tratamiento arancelario de intrazonal del Mercosur y notificó a la Dirección General de Aduanas (DGA) para que ejecutara las garantías constituidas e intimara los tributos no cobrados en los despachos de importación de la empresa importadora.

El contribuyente interpuso recursos de reconsideración y jerárquico los cuales fueron rechazados. Por ese motivo se dictó la resolución mediante la cual reclamó la suma de dólares estadounidenses u$s 98.453,98 en concepto de tributos a la importación no ingresados.

En otra instancia el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la resolución que intimaba la deuda, sosteniendo que de acuerdo a la prueba producida y la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, que sobreseyó al representante legal de la actora, surge que el certificado de origen presentado era auténtico y cumplía con los requisitos del Mercosur.

En el siguiente escalón, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había dejado sin efecto la resolución emitida por la Secretaría de Industria y Comercio.

La empresa importadora planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés del 3% mensual, sobre deudas reclamadas en dólares. El hecho de que convalidar esa tasa “significaría sextuplicar el valor de la deuda original.

Finalmente, la Corte expresó que la irrazonabilidad del interés aplicado torna inaplicable la tasa de interés resarcitorio del 36% anual sobre deudas tributarias en dólares. Deben buscarse tasas equivalentes, cuando las obligaciones tributarias se encuentran expresadas en dólares o cuando deban abonarse de acuerdo con el monto de categorías u otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago. No había equivalencia con la tasa aplicada en pesos.

Qué establece el Código Aduanero

En cuanto a la extinción de la obligación tributaria el artículo 794, determina que “vencido el plazo de 10 días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva.

La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.”

Asimismo, el correr de los intereses, que se devengan hasta el momento del pago, no se suspende por la impugnación de la liquidación o por la interposición de recurso alguno contra la misma.

En el caso de interponerse demanda de ejecución fiscal, el capital adeudado, actualizado en su caso, y los intereses devengados hasta ese momento devengarán, a su vez, un interés punitorio. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder en el momento de su fijación, del triple de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.

El código permite que cuando mediaren circunstancias excepcionales debidamente justificadas, podrá eximir, en todo o en parte, de la obligación de abonar los intereses por la deuda tributaria.

Existe el mito de la renovación etaria en marcha. Sin embargo, el último Índice de la Junta Directiva de Spencer Stuart publicado a mitad de este año, confirma que la edad media de los directores aumentó en comparación a una década atrás. Hoy esa edad promedio es de 63,8 años. Por su parte, el estudio “Proxy Season Board Composition: Skills Take Priority” publicado por ISS-Corporate, más o menos para la misma época, confirma que mientras en 2022 los menores de 55 años en nuevas posiciones eran casi un 40%, hoy son 27%. Una caída.

Estamos hace aproximadamente medio siglo transitando una revolución tecnológica - que se vio acelerada en la última década, sobre todo, a partir de la masificación de la inteligencia artificial - y los boards siguen conformados principalmente por inmigrantes digitales; personas que nacieron antes de la era de internet y de los smartphones y que tuvieron que adaptarse a usar la tecnología en la adultez. Otro estudio titulado “It Pays to Have a Digitally Savvy Board” (revista MIT Sloan Management Review), encontró que sólo 24% de las empresas cotizantes en Estados Unidos con ingresos mayores a 1000 millones de dólares tiene un directorio digitalmente competente, y que esas empresas ya mostraron mejor crecimiento de ingresos, retorno sobre activos y capitalización de mercado que el resto.

No se trata de restar valor a la trayectoria, sino de ampliar qué cuenta como experiencia calificada para un directorio: cercanía activa con la transformación digital y con la inteligencia artificial en curso, no solo años acumulados en modelos de negocio previos. De hecho, en muchos directorios estos temas todavía no llegan a la agenda de forma estructurada, delegando la estrategia de IA al CTO o CDO, dejando al directorio sin criterio propio para las decisiones que sí le competen.

Pero la tecnología no es el único desafío; la crisis geopolítica, el cambio climático, la economía, los retos demográficos, aportan su cuota de presión sobre la capacidad de gobernar un directorio. La vida corporativa y la consultoría independiente en directorios no son caminos excluyentes, sino complementarios. Resulta fundamental integrar en los directorios a profesionales nativos digitales con experiencia operativa diaria, y combinar su mirada con la trayectoria de otros miembros en este contexto desafiante, constantemente en transición.

En mi caso, llegué a las mesas donde se toman las decisiones 10 años antes que el promedio de la industria. Liderar siendo joven en compañías que redefinen el consumo en Latinoamérica, como Google, Uber, Rappi y mi casa actual, TikTok, lejos de ser un premio es una responsabilidad donde muchas veces te miran con anteojos, lupas y largavistas. Desde esa experiencia, que muchas veces resultó incómoda, es que creo que para que un directorio no quede desalineado de la realidad actual de los negocios debe hackear la forma en que está conformado.

El estudio sobre Directorios y Gobierno Corporativo en Argentina, elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo del IAE Business School a principios de este año, mostró que 80% de los directores en nuestro país tiene entre 46 y 75 años, lo que evidencia la baja representación de perfiles menores de 45 años en los boards. Muchos líderes en etapas activas nos encontramos en la vorágine del día a día. Creo que es ese mismo ritmo corporativo el que lleva a muchos ejecutivos de la alta dirección a considerar el primer board como una meta a largo plazo (¡porque imposible sumarse algo más hoy!) o un esquema de salida frente a ese ritmo acelerado de vida que impone la empresa.

También considero que la incorporación de nuevos perfiles más jóvenes necesita estar acompañada de un proceso formal que logre ese maridaje con los miembros con mayor trayectoria. A veces se pone mucho foco en la búsqueda de ese perfil para el board y una vez, al ingresar, hay un relajamiento. En realidad, el verdadero desafío comienza en ese punto, en el ingreso y en el lograr una transición fluida hacia, en definitiva, un nuevo grupo de miembros realmente más diversos.

¿Por dónde se puede reactivar esta renovación? Por ejemplo, a través de los comités de nominación que deberían incluir una categoría obligatoria de competencia digital o IA en la matriz de habilidades del board. Otra sugerencia es fijar metas explícitas de primeras designaciones, en lugar de usar ex CEO o ex director como atajo automático de credibilidad.

La preparación para gobiernos corporativos no se proyecta más para el retiro. ¡Bienvenidos, cada vez más, los perfiles profesionales que conviven a diario con los cambios del negocio, a estos espacios de decisión!

En diciembre de 2025, Datafolha le daba a Lula una ventaja de 15 puntos sobre Flávio en un eventual balotaje. En junio todavía ganaba 41% a 31% en primera vuelta y 47% a 43% en segunda. La última medición lo muestra 40% a 36% en primera y 47% a 45% en segunda, dentro del margen de error. La consultora Quaest midió 42% para cada uno en la probable segunda vuelta del 25 de octubre.

Entre los electores que no se identifican ni con el petismo ni con el bolsonarismo, Datafolha muestra hoy una ventaja de Flávio en balotaje. Y entre quienes todavía pueden cambiar su voto, el hijo de Jair aparece como una alternativa más mencionada que Lula. La reacción del gobierno muestra hasta qué punto cambió el escenario. Ahora prima la ansiedad.

Nossa Senhora fake

En las últimas semanas, la campaña oficialista se abrazó a una noticia falsa: que Flávio quería quitarle a Nuestra Señora de Aparecida el título de patrona de Brasil. La historia mezcló una frase del candidato —que Brasil sería “del Señor Jesucristo”— con un proyecto presentado por un diputado en 2007, cuando el bolsonarismo ni siquiera existía. Aquella iniciativa había sido archivada, pero regresó en forma de fake news.

Flávio lo desmintió y el Tribunal Superior Electoral ordenó retirar publicaciones que le atribuyeran falsamente esa intención. Pero Lula mantuvo vivo el tema. En una entrevista dijo que “meterse con Nuestra Señora de Aparecida no es aceptable”. Cuando la periodista Adriana Araújo le señaló que era una noticia falsa, respondió: “No sé si fue una noticia falsa”.

Para entonces, la historia ya se había convertido en una de las más replicadas de toda la campaña, acentuando la fortaleza electoral de Lula entre los católicos, compensada en parte por el peso del apellido Bolsonaro entre los evangélicos.

Pero la principal respuesta del Gobierno a la reciente debilidad electoral fue un auténtico “plan platita” verde-amarelo. Aumentó subsidios, aprobó exenciones impositivas e incrementó el beneficio mínimo del programa Bolsa Familia de unos u$s116 a u$s133. Además lanzó créditos subvencionados para distintos sectores, prohibió las apuestas online y presentó una nueva versión del Desenrola, el programa de renegociación de deudas.

Esta última medida es la más significativa. El Tesoro ya no se limita a facilitar renegociaciones: podrá comprar carteras vencidas para reestructurar hasta u$s29.000 millones en deudas, con descuentos que pueden superar 90%. El costo presupuestario estimado es de u$s2.900 millones. El alivio puede ser enorme para millones de familias. También el incentivo a dejar de pagar esperando un rescate futuro.

La suma de las medidas anunciadas en el año electoral llega hasta u$s41.600 millones. Un monto que presiona sobre un déficit fiscal que ronda 9,5% del PIB y una deuda bruta que supera el 83% del PIB, 11 puntos más que cuando Lula volvió al poder. Esta estrategia podrá ayudarlo a alcanzar el ansiado cuarto mandato, pero puede ser una bomba de tiempo que le explote en las manos.

Economía en amarillo

Lula todavía tiene muchos números económicos para mostrar. El desempleo está en 5,3%, mínimo histórico para un trimestre terminado en agosto. La masa salarial real alcanzó un récord y el poder adquisitivo sigue bastante por encima del nivel que recibió de Bolsonaro padre. Pero las buenas noticias se fueron apagando con el correr de 2026.

El PIB creció apenas 0,5% en el segundo trimestre y el consumo de las familias cayó 0,4%. El salario real perdió impulso desde el pico de marzo. El crédito sigue caro, el endeudamiento de los hogares llega a 49,9% de sus ingresos y la morosidad se convirtió en uno de los principales problemas económicos del país.

También cambió la política. Lula regresó al poder en 2022 con una coalición amplia y eligió como vicepresidente a Geraldo Alckmin, histórico dirigente de la centroderecha y antiguo adversario del PT. Ahora repitió la fórmula, pero la campaña casi no lo muestra y se volvió más identitaria y confrontativa.

La figura detrás de ese giro es Janja, la primera dama, que ganó un inusitado protagonismo. La socióloga de 60 años, militante del PT desde la adolescencia, no sólo habla en todos los actos públicos, en algunos casos profiriendo insultos contra los rivales de su esposo. También es quien maneja la escena, la que decide quién se sube a la tarima, quién habla más y quién menos.

El empoderamiento de Janja fue en desgracia de un hombre clave de Lula: Marco Aurélio Santana Ribeiro, más conocido como Marcola. Era el jefe de gabinete y lideraba la coordinación política y operativa. Pero su nombre quedó asociado a un escándalo de corrupción. Lula trató de preservarlo sacándolo del gobierno y poniéndolo a cargo de la campaña. Pero la presión fue tan grande que debió removerlo también de ese lugar.

Estas son algunas de las razones por las que Lula está perdiendo el centro. Nada de esto alcanza para concluir que vaya a perder. Si el voto económico termina siendo decisivo —como casi siempre— puede pesar que el empleo, los salarios y buena parte de los indicadores sociales estén mejor que en 2022. Pero el desgaste de los últimos meses está cambiando el clima social y político. Por eso Lula llega inquieto al domingo.

En ese contexto puede enmarcarse el omnipresente discurso mediático de las últimas semanas sobre la falta de empatía del Gobierno frente a la morosidad de la deuda: en algunos casos parece producto de una auténtica desinformación sobre el tema, pero en otros claramente surgen como consecuencia de una gran especulación política en medio de una campaña presidencial inusitadamente adelantada.

El sistema financiero es lo suficientemente complejo como para permitirnos opinar sin conocer lo suficiente sobre su funcionamiento. Ya lo decía la One hace décadas para disciplinar a los periodistas de la farándula que pretendían juzgar su vida con cierta impunidad: “El decorado se calla”, en clara alusión a que frente a la falta de información es mejor permanecer en silencio: el ejercicio periodístico no habilita a poder opinar hasta de lo que no sabemos; como tampoco un pediatra está preparado para hacer una cirugía ó un actuario para firmar un balance.

FACTOS:

La mora bancaria está bajando sin intervención pública y los bancos (principales interesados) estiman que del 16% en el pico de marzo podría pasar al 8% antes de fin de año; y siempre hablamos de estadísticas de familias, porque para las empresas grandes o pymes, las cifras son mucho más bajas aún.

En la mora no bancaria, las estadísticas son mucho más altas, pero con montos mucho menores y una segmentación que vale la pena señalar: cerca del 40% corresponde a una franja etaria menor a los 30 años que se endeudaron para viajar y lo hicieron con insuficiente conciencia y una casi nula educación financiera, producto de décadas en la que esa materia era percibida como algo pecaminoso o cuanto menos innecesaria. Así estamos.

No quiero con esto desconocer la responsabilidad de las Fintech y los departamentos comerciales/crediticios de cadenas de supermercados y electrodomésticos que financiaron sus ventas al 300% de TNA, que sumados los impuestos y gastos (y la capitalización compuesta) termina frecuentemente en más del doble.

Acá vale la pena mencionar que “el decorado” no les reclama a los mismos gobernadores que le exigen al Gobierno intervenir, que empiecen ellos eliminando el usurero efecto del impuesto a los ingresos brutos; es justo sin embargo reconocer en este esfuerzo la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sí decidió ceder ese ingreso fiscal para quienes aceptasen un acuerdo de refinanciación con los bancos: punto para Jorge Macri.

Cualquier otra intervención por parte de la autoridad regulatoria, exigiendo “precios máximos” para las tasas de interés ó subsidiando a los deudores que no pueden pagar sus compromisos, tendría efectos nefastos sobre la recuperación de la herramienta crediticia a largo plazo en un país que necesita imperiosamente todo lo contrario.

Mientras que la economía a crédito representaba un 5% en la gestión gubernamental anterior y llegó a trepar a casi el triple durante este gobierno, en Brasil o Chile oscila entre el 75 y el 95% respectivamente. Un catch up acelerado por parte de Argentina podría permitirnos crecer a tasas chinas durante los próximos cinco años por lo menos.

No puede ser la mora una excusa para demorar ese proceso. La irregularidad en los pagos de deudas de individuos se ha triplicado en todas las regiones de América, producto del fuerte aumento de combustible y el impacto de las tecnologías sobre el empleo. No se trata de una experiencia “exclusiva” de las pampas criollas ni del conurbano.

Cuando el Estado comenzó a generar superávit financiero (a sólo un mes de asumir el presidente Milei) y dejó de aspirar todos los fondos frescos disponibles en la plaza, los bancos debieron salir a buscar clientes nuevos en segmentos que hasta entonces no solían tener acceso a la financiación y lo hicieron con una pericia bastante limitada.

En ese contexto, deberán hacerse responsables por sus errores, así como también deberán hacerlo las personas que se endeudaron sin entender los riesgos que asumían; con dolor y dificultad deberán aprender cómo evitar caer en trampas financieras en el futuro.

Concluir que la gente se endeuda para comer es no sólo carente de sustento sino y sobre todo muy poco probable (excluyendo las compras de conveniencia con tarjeta en los supermercados). El 10% de la pirámide social con problemas de seguridad alimentaria no tiene ninguna capacidad de acceder ni a los bancos ni a las billeteras virtuales.

Hay, por supuesto, muchas personas de clase baja o clase media baja que pidieron un préstamo para solucionar otras carencias; es el resultado de que aún varios sectores sociales reciben bajos ingresos como consecuencia de la todavía baja competitividad estructural de nuestra economía.

Sobre este punto el conjunto del progresismo suele pedir una devaluación para mejorar esa falta de productividad, desconociendo cómo funciona una economía bimonetaria. Lo repiten como un mantra que tranquilamente podrían interpretar los famosos jinetes del apocalipsis (¿ignorando?) los efectos de esa devaluación sobre los precios internos relativos.

Los ingresos reales mejoran con una condición necesaria y otra suficiente. La primera es que la inflación vaya a la baja; de lo contrario la carrera nominal siempre la termina ganando el gobierno saqueador de turno. La segunda es que la economía crezca; para lo cual se necesitan inversiones y crédito.

Las inversiones tardan. Quieren ver si realmente los argentinos aprendimos o vamos a seguir votando al populismo y pidiéndole al Estado que nos solucione siempre los problemas que no podemos gestionar.

El crédito viene galopando: la monetización en dólares que veremos hasta fin de año por los nuevos créditos en dólares para las pymes, la ley de Inocencia Fiscal II y el uso de una parte del FGS en plazos fijos a largo plazo va a generar una fuerte reacción en la construcción y en los créditos hipotecarios como no la hemos visto desde los tiempos de la convertibilidad.

Sólo hay que saber esperar a que las brevas maduren y aprender a tolerar que el decorado no se calle.

Debe ser por eso que muchos políticos y algunos economistas la proponen como una vía fácil para crear la ilusión nominal de bienestar que, como una droga, dura tanto como sus efectos alucinógenos y termina tan pronto como arrancan la resaca y los efectos secundarios: la inflación, la brecha cambiaria y la pobreza inducida desde el propio Estado.

Sí, se puede inducir la pobreza desde el Estado. El famoso “plan platita” no es ni más ni menos que eso. Pan para hoy y hambre para mañana. Literalmente hambre, más pobreza e indigencia en la población más vulnerable y con menos recursos para protegerse de esa violencia pública y política.

Porque no le pega igual la inflación a quienes están bancarizados, a quienes pueden dolarizarse tempranamente, a quienes logran generar activos en el exterior. En cambio, le pega sin piedad a los que gastan casi todos sus ingresos en alimentos cuyos precios vuelan inmediatamente frente a los descalces generales y sostenidos de las variables macroeconómicas.

Por eso, el pedido irresponsable de “aflojar” un poco la lucha contra la inflación no sólo es intelectualmente falaz sino y sobre todo moralmente muy cuestionable: más inflación es SIEMPRE más pobreza.

¿Cuánto más se le puede pedir a un plan de transformación y estabilización económica con dos años y medio de gestión?

La inflación cae desde un 12% mensual (dejo afuera adrede la de diciembre 2023 para evitar una discusión innecesaria) a menos del 2%. La pobreza del último semestre del gobierno anterior (dejo afuera adrede el arrastre que dejó su desastrosa gestión económica y social en el primer semestre del 2024) fue del 42% y hoy nos espantamos -porque cada nuevo pobre duele y mucho- con el 32% que crece 4 pp como consecuencia del rebrote inflacionario del primer semestre de este año por la corrida electoral del 2025.

Y claro, este parece otro aprendizaje difícil de internalizar en nuestra clase dirigente. Dejar que el dólar se desplace al nivel que le venga bien a tal o cual sector tiene un mero efecto nominal de cortísimo plazo que se desvanece rápidamente cuando los precios incorporan su efecto.

Porque Argentina, lo decimos una vez más, es una economía bimonetaria y nada de lo que se haga con los pesos deja de tener efecto en la cotización del dólar; y viceversa.

El riesgo país hoy parece “desbocado” en 600 pb después de haberlo tenido incluso por debajo de 400 postriunfo electoral de las intermedias. Pero nos olvidamos de que hace menos de tres años lo recibimos en 2500 completamente afuera de cualquier posibilidad de recurrir al mercado internacional o local para obtener créditos. Tuvimos que honrar nuestras deudas con las reservas que compraba el BCRA.

El desempleo subió marginalmente y el salario real privado, con algunas turbulencias, se mantiene en línea con la evolución de los precios.

Hablemos entonces de lo que más controversia generó esta semana: los índices de actividad económica.

El EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) de julio dio negativo en más del 2% intermensual luego de conocerse que el PBI del segundo trimestre diera negativo en 0,6. Esto desencadenó una cadena de pánico sobre el riesgo de entrar en recesión técnica si en el tercer trimestre el PBI volviera a dar negativo.

Sobre este punto me parece prudente poner en perspectiva que las consultoras más especializadas en la estimación de actividad están preanunciando para agosto una fuerte recuperación de entre el 1,5 y el 2%. Sobre septiembre aún no se conocen cifras confiables.

Lo cierto es que, a esta altura de la soirée, aparece como algo desproporcionado y bastante tardío, en todo caso, la sobrerreacción del JPM dando por sentado una recesión económica cuando el único indicador confiable para evaluar la tendencia del PBI “sin ruido” es el de tendencia-ciclo, que hace casi dos años que se mantiene positivizado en alrededor del 0,2% mensual o 2,4% anual.

En todo caso, la mayoría del mercado prevé que en el cuarto trimestre de este año comenzarán a sentirse en la calle, comercio y consumo, los efectos positivos de 1) un salario real que va mejorando (muy de a poco y en los márgenes, pero mejorando al fin) en los últimos tres meses de manera consistente y que, con una inflación a la baja y paritarias que se negocian al 2% mensual, podrían sostener ese ritmo al alza; y 2) una incipiente recuperación del crédito hipotecario y prendario, toda vez que los indicadores actuales de mora temprana muestran una franca recuperación tanto a nivel de las billeteras virtuales como de los bancos.

La construcción podría ser otro sector que inicie un proceso de recuperación sostenida a partir de los préstamos en dólares para las desarrolladoras, el despegue de los créditos hipotecarios con el fondeo del FGS, los cordones viales ya licitados y en plena ejecución en las provincias y, finalmente, con la llegada de los siete mil millones de dólares del Eximbank para garantizar obras de infraestructura que unan la actividad de los Andes con los destinos de exportación desde el Atlántico.

En los últimos días, por otra parte, vimos un empeoramiento del clima financiero expresado sobre todo en la cotización de los bonos de deuda y el riesgo país. Más allá de los factores globales que influyen (conflicto en Medio Oriente, suba de tasas en EE.UU.), se pretendió desde algunos sectores “interesados” adjudicar este efecto negativo a las dudas sobre la sostenibilidad social del modelo que impulsa el equipo económico.

Como si una propuesta alternativa pudiera ofrecerle a la gente una mejora rápida y genuina sin los clásicos costos nefastos que vivimos en los últimos 50 años.

La realidad empírica y teórica muestra otra cosa. Cuando se calcula el riesgo país implícito en un bono argentino que vence durante el primer mandato del presidente Javier Milei y se lo compara con otros papeles con vencimiento posterior a diciembre del 2027, el spread entre unos y otros supera los 500 puntos. Cabe decir entonces que lo que teme el mercado es que pueda volver el populismo, se produzca un derrumbe de las cotizaciones y de ahí a una reestructuración de deuda hay solo un paso.

Pero ¿cuánto de esto se sustenta en las últimas encuestas hechas con cierta seriedad y consistencia metodológica?

La UTDT elabora hace más de 20 años el ICC (Índice de Confianza del Consumidor) y el ICG (Índice de Confianza en el Gobierno) a través de Poliarquía, dirigida por Alejandro Catterberg. Con algunos vaivenes para arriba y para abajo, hoy muestran que el actual mandatario mantiene una confianza del 39%.

Algo parecido nos recuerda Federico Aurelio de Aresco, que suele señalar en los medios que hace muchos meses que el presidente mantiene un acompañamiento del 40% que se sostiene en el tiempo, aunque supo tener valores más altos en el pasado.

Señalo adrede a ambos consultores porque probablemente sean los dos más confiables y prestigiosos en esta materia tan controvertida. Los mercados se sentirían seguramente más cómodos con una aprobación que suba 3-4 pp de los valores actuales y que asegure de antemano la reelección de Javier Milei.

Si el salario real sigue creciendo (aún muy gradualmente) como viene haciéndolo en los últimos tres meses, y el crédito para bienes durables continúa la senda de la recuperación que empezó a verse en agosto, no es imposible que el mercado obtenga lo que pide.

Ni hablar con la cotización del dólar que incluso bajo la presión de una corrida sigue siendo caro viendo el superávit comercial proyectado y los precios de intercambio internacional vigentes. Además… Bessent vigila. Aunque ya lo decía Cerati, tarda en llegar porque el INDEC tiene cierto rezago tanto para lo bueno como para lo malo. Al final, probablemente habrá recompensa.

El Gobierno suele reaccionar mal cuando se le plantea que hace falta un modelo de desarrollo. El Presidente prefiere hablar de libertad. Espera que los privados vayan tomando decisiones a la par de las reformas. Pero los funcionarios no siempre son conscientes de que el orden en el que las ejecutan tiene un impacto.

Y cuando se habla de ruido político no miden tanto el fuego cruzado con la oposición (con la que no comulgan) sino al sinuoso y áspero camino que el Gobierno suele recorrer para consensuar criterios.

Para mencionar algún ejemplo, son los idas y vueltas que surgen con el Presupuesto, las diferencias entre sectores internos que demoran decisiones (algo que se vio en determinadas privatizaciones) o la ausencia de una acción más decidida para enfrentar problemas reales del sector privado.

A los empresarios no les cae bien el Milei agresivo. Prefieren al Presidente empático que pide paciencia y promete prosperidad. Pero no pueden dejar de darle atención a los dirigentes que se embarran en los debates políticos más micro, como sucedió ayer con Patricia Bullrich.

Les gustaría ver un idea y vuelta que sea efectivo, que traduzca un accionar que no implique “intervenir”, sino impulsar. Discutir qué hacer con la educación, evaluar las herramientas proempleo o ver si hacen falta otras respuestas para mejorar infraestructura no es rendirse a los lobbys, sino conducir la búsqueda de soluciones.

En poco más de dos décadas más que duplicamos el peso de Ingresos Brutos. ¿Duplicamos también la calidad de los servicios que prestan las provincias?

Un impuesto que había muerto y resucitó

La historia tiene algo de tragicómica. Cuando nació el IVA (al 13%) se derogaron el Impuesto Nacional a las Ventas y el Provincial a las Actividades Lucrativas. Pero las provincias no tardaron demasiado en recuperar lo perdido. Poco después (2 años), aquel impuesto provincial reapareció bajo otro nombre: Ingresos Brutos. El muerto había resucitado. Y no solamente volvió: creció, se multiplicó y terminó convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento provincial. Hoy los argentinos pagan IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales sobre una misma cadena económica. Después nos preguntamos por qué producir en la Argentina es caro.

También exportamos impuestos

Hay otra contradicción difícil de explicar. La Argentina debe exportar más, necesita dólares, inversiones, empresas competitivas y nuevos mercados. Pero mientras otros países procuran que sus productos salgan al mundo sin carga tributaria doméstica, nosotros también exportamos impuestos. El IVA vinculado con exportaciones tiene mecanismos de recupero. Ingresos Brutos, en cambio, queda escondido dentro del costo de los insumos, servicios y distintas etapas de producción. Por eso, cuando un producto argentino llega al exterior, lleva en su precio una mochila tributaria que muchos de sus competidores no tienen. Queremos competir con el mundo, pero obligamos a nuestras empresas a correr la carrera con una mochila de piedras.

La trampa adentro de la trampa

Como si esto fuera poco, dentro de Ingresos Brutos existe una perversión todavía mayor: los saldos a favor. El sistema tributario debería funcionar de una manera bastante sencilla: se determina cuánto debe pagar el contribuyente y se cobra. Las provincias lo hacen al revés, primero se retiene, luego se percibe, después se vuelve a retener y recién al final se determina cuánto debía realmente el contribuyente.

Cuando la suma de esos anticipos supera la obligación final, ocurre algo insólito: el Estado, que nació para cobrar impuestos, termina debiéndole dinero al contribuyente. SIRCREB, SIRTAC, SIRCUPA, SIRPEI y otros mecanismos forman una verdadera aspiradora fiscal equivalente a un “virus” que funciona automáticamente. Para cobrar, la tecnología es instantánea. Para devolver, aparece la burocracia llena de “laberintos”.

Cobrar en segundos, devolver en meses/años

Ese contraste resume buena parte del problema tributario argentino. Una retención bancaria puede practicarse automáticamente. Pero cuando el contribuyente pretende recuperar su propio dinero comienza la peregrinación: trámites, verificaciones, inspecciones, expedientes y meses/años de espera.

Mientras tanto, la empresa debe pagar salarios, proveedores, bancos, inversiones y —por supuesto— nuevos impuestos. El Estado retiene capital de trabajo privado y el empresario debe salir a buscar financiamiento para reemplazar el dinero que el propio Estado le inmovilizó.

Es el crédito más extraordinario del mercado: el Estado toma el dinero, decide cuánto toma, fija cuándo lo devuelve y determina qué interés mínimo reconoce. El contribuyente, naturalmente, nunca aceptó ser prestamista.

Aquí aparece una paradoja difícil de justificar. Las administraciones tributarias conocen facturación, movimientos bancarios, declaraciones juradas, retenciones, percepciones y prácticamente toda la actividad económica formal de una empresa. El Estado sabe en tiempo real cuánto dinero tiene que sacarle al contribuyente, pero necesita meses/años para descubrir cuánto tiene que devolverle. Algo no cierra.

La caja antes que la competitividad

Los saldos a favor dejaron de ser un accidente del sistema. Cuando se reproducen de manera permanente y alcanzan magnitudes significativas, pasan a ser un problema estructural. Y económicamente funcionan como lo que son: financiamiento forzoso del sector privado al Estado. Dinero que debería financiar mercadería, salarios, tecnología, inversión o exportaciones termina depositado involuntariamente en las arcas provinciales. Después discutimos cómo bajar el costo argentino. Tal vez podríamos empezar por dejar de quitarles capital de trabajo a quienes producen.

Transparencia: mostrar la cuenta completa

Hay además otra deuda pendiente. La Ley de Transparencia Fiscal avanzó en mostrar al consumidor los impuestos nacionales indirectos incluidos en los precios e invitó a provincias y municipios a hacer lo propio con Ingresos Brutos y tasas municipales. Sin embargo, la adhesión provincial sigue siendo limitada.

¿Por qué es importante? Porque el ciudadano tiene derecho a saber cuánto cuesta realmente lo que compra y cuánto del precio termina quedándose el estado nacional, provincial y municipal.

La transparencia fiscal tiene una virtud incómoda: convierte algo abstracto —“los impuestos”— en un número concreto delante de los ojos del consumidor. Quizás por eso cuesta tanto implementarla.

El Estado no puede cobrar lo que sabe que no le corresponde

Hay finalmente una cuestión jurídica que no puede soslayarse. Una cosa es establecer razonablemente anticipos para asegurar la recaudación. Otra muy diferente es mantener mecanismos que, de manera sistemática, generan cobros superiores a la obligación tributaria y enormes saldos a favor.

Si la administración dispone de toda la información del contribuyente y puede determinar que las retenciones y percepciones excederán persistentemente el impuesto, seguir cobrando deja de parecer una simple imperfección administrativa. En ese punto entran en juego el derecho de propiedad, la razonabilidad de las cargas públicas y los límites jurídicos de la potestad recaudatoria.

Frente a exigencias, a “sabiendas”, conscientemente superiores a las legalmente debidas, también corresponde preguntarse dónde termina el exceso administrativo y dónde podría comenzar la responsabilidad personal de los funcionarios.

Basta de financiar al Estado con plata ajena

La Argentina habla permanentemente de competitividad. Queremos inversiones. Queremos exportaciones. Queremos empresas que contraten personal. Queremos crédito. Queremos crecimiento. Pero simultáneamente mantenemos un sistema que cobra impuestos antes de que nazca la obligación, cobra muchas veces por encima de lo debido y después demora meses/años en devolver la diferencia. Es difícil construir competitividad sobre semejante contradicción.

Ingresos Brutos necesita una reforma estructural. Los regímenes de anticipos deben tener límites. Los saldos a favor estructurales deben desaparecer y, cuando excepcionalmente se produzcan, deben devolverse de manera automática y rápida. Y la transparencia fiscal debería alcanzar a nación, provincias y municipios.

Porque el federalismo fiscal no puede convertirse en una competencia para ver quién llega primero al bolsillo del contribuyente. Nación, provincias y municipios pueden tener distintas potestades tributarias. Pero el bolsillo es uno solo. Y hay una regla todavía más elemental:

Las provincias tienen derecho a cobrar impuestos; lo que no tienen derecho es a quedarse durante meses/años con dinero que sabe que no le pertenece.