La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino SA y el "desplazamiento total" de su directivos hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje de la empresa.

La sociedad residual de Socma, el grupo de la familia Macri, está bajo la mira debido a que paralelamente se investiga a funcionarios por la deuda que el Estado Nacional mantiene con la empresa.

Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.

Zannini adhirió al planteo de Boquin, para que se controlen las cuentas de la empresa, ya que surgieron dudas sobre su situación patrimonial en cuanto a deudas que ésta tiene con la AFIP, de $ 600 millones, con empresas y hasta un supuesto desvío de dinero por $ 35 millones justificado en "anticipos de directorio".

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La fiscal Boquin manifestó sus sospechas sobre los manejos del Correo Argentino y durante el gobierno de Mauricio Macri denunció que la firma y el Estado habían acordado una fórmula para que la empresa saldara su deuda, cuando en realidad la licuaba casi en su totalidad, según consignó la agencia NA.

Incluso, denunció que durante quince años el Correo Argentino S.A. realizó "actos de gravedad ligados al vaciamiento", por lo que había reclamado la intervención judicial a raíz de esa situación.

Para la fiscal, la empresa "se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores".

Boquin ya había pedido rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado alcanzado durante la gestión anterior, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de $ 70.000 millones al 2033, todo en perjuicio del EstadoNacional.

"Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del "cramdown" –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto" en la Ley de Concursos", evaluó la fiscal.

Incluso, advirtió que se ha incrementado el pasivo concursal durante ese lapso de tiempo.

"En esta nueva etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores", consideró la fiscal.

En la causa penal federal que tiene a cargo el juez Ariel Lijo ya fueron indagados el exministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa.