El Gobierno imputó a Rappi, Glovo y PedidosYa por "presuntas cláusulas abusivas en su contratación e información engañosa". Las empresas tienen, ahora, cinco días hábiles para hacer su descargo. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los $ 5 millones.

Según informó la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, "estas plataformas, en sus términos y condiciones, poseen cláusulas que resultarían abusivas, ya que deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores".

"Asimismo", agregó el comunicado del organismo, "para acceder al servicio, se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenuncaibles y se encuentran garantizados constitucionalmente".

De acuerdo con la imputación que hizo la Subsecretaría, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en los casos de Rappi y de Glovo, "cuando el consumidor accede a la app, acepta contratar al trabajador del delivery, en vez de a la empresa prestataria del servicio (lo que se conoce como contrato de mandato)".

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"De esta manera, las compañías pretenden eludir todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en la relación de consumo", subrayó.

Por esto, alega el Gobierno, cuando un consumidor adhiere a los términos y condiciones del servicio ofrecido por las plataformas de envío a domicilio, no puede prever que lo que está suscribiendo es un contrato con el trabajador de cadetería, ya que, sostiene, la información proporcionada no es lo suficiente clara al respecto.

"En el caso de Glovo, además, en los términos y condiciones, se identificaron cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho de revocación, también conocido como de arrepentimiento, en productos no perecederos", precisó el comunicado oficial.

"Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra", aclaró.

Además, acusó el Gobierno, Glovo establece que cualquier reclamo y consigna deberá realizarse ante la Justicia de Barcelona o ante la Corte Española de Artibraje de la Cámara de Comercio. "Este tipo de cláusulas están prohibidas por nuestra legislación, ya que no se puede condicionar o limitar el acceso a la Justicia, al disponer una jurisdicción distinta al lugar del domicilio del consumidor", enfatizó.

En el caso de PedidosYa, amplió, entre otros cláusulas, según la imputación, la firma se deslinda de la responsabilidad por cualquier error que pudiera contener la plataforma y se reserva la posibilidad de dar de baja o rechazar a los usuarios sin expresar los motivos que, por lo menos, justifiquen la medida.

"Asimismo, en sus términos y condiciones, se hace referencia a otros instrumentos. Pero, luego, no se especifica cuáles son, por lo que la información a las y los consumidores es confusa", indicó.

El Gobierno señaló que este tipo de cláusulas en los términos y condiciones de contratación vulneran los derechos de los consumidores, establecidos en la Ley 24.240, "ya que la modalidad contractual establecida por las firmas implicaría una desnaturalización de sus obligaciones y limitaría su responsabilidad frente al consumidor por cualquier daño que se pudiera ocasionar durante el servicio que brindan".

"Esto las haría incurrir en infracción, ya que no brindarían información cierta, clara y detallada respecto del servicio que, efectivamente, prestan", concluyó.

Consultadas por este diario, las empresas dijeron no anticiparon si harán su descargo. "Hasta el momento, la compañía no ha sido notificada legalmente", contestaron en Rappi. Respuesta similar hubo en PedidosYa. Glovo, por su parte, refirió: "En relación a la noticia de público conocimiento sobre a una denuncia realizada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Glovo informa que no ha recibido al momento notificación alguna sobre la supuesta denuncia. Una vez recibida y notificada en su domicilio legal ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, podrá ser analizada para presentar el descargo correspondiente a las autoridades pertinentes".

Durante la pandemia, y por las prohibiciones al comercio que implicaron la cuarentena, las plataformas de delivery tuvieron en la demanda de sus servicios un incremento que, sólo durante el primer mes (abril), fue del 30 por ciento.

Esta imputación que hace Defensa del Consumidor se suma a otra embestida por parte del Gobierno, relacionada con sus intentos de regular laboralmente la relación entre las apps y sus repartidores.