El nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, informó que, tras perder las elecciones generales, el ex presidente Mauricio Macri habilitó la transferencia de 31 inmuebles de la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires por un total de $ 15.800 millones.

Las propiedades y los terrenos que hasta entonces pertenecían al Estado Nacional están ubicados en las zonas de Palermo y Caballito. Entre ellos, se encuentran las escrituras del Paseo del Bajo, los viaductos de los ramales del tren Mitre y del San Martín, y el playón ferroviario de Caballito.

Según Cosentino, quien asumió en el cargo la semana pasada y aseguró que se encontró con este panorama días después de ingresar al organismo, los inmuebles "fueron cedidos a la Ciudad para la especulación inmobiliaria" y hubo "una clara intención de beneficiar a la Ciudad", otorgando "escrituras de mucho valor comercial".

El escándalo entre Vicentin y el Nación sumó hoy un nuevo capítulo a partir de un informe del banco estatal, que concluyó que "los números de la empresa no justifican la cesación de sus pagos" en la que incurrió.

"Desde la lógica institucional de gobierno, no tiene ninguna racionalidad", aseveró Cosentino, quien señaló que "si hubo dolo del Estado, se intervendrá". 

Desde la entidad, le explicaron a este medio que estudiarán si el accionar no está alcanzado por la Ley de Responsabilidad Fiscal (la norma 27.428) que prohíbe, entre otras cuestiones, la cesión de bienes y recursos a otros municipios durante los últimos seis meses antes de la finalización de un mandato. La duda es si el DNU de Macri habilita o no esa posibilidad.

"Lo asombroso es la discrecionalidad y la decisión apresurada del traspaso de los bienes. Se hizo todo a las apuradas, muy rápido, con escrituras dadas el 21 de noviembre y algunos actos administrativos el mismo 9 de diciembre relacionados con concesiones , enfatizó el titular de la nueva condución de la AABE, que antes se desempeñó como subsecretario de Relaciones Institucionales de la provincia de Buenos Aires, fue presidente del PJ de Vicente López, diputado provincial por el FPV y luego vicejefe de gabinete bonaerense.

El 28 de octubre pasado, un día después de que quedara trunca la posibilidad de ser reelecto y luego de ser superado en primera vuelta por Alberto Fernández, Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU 740/2019) que habilita al Estado Nacional a dar en forma de pago inmuebles "declarados innecesarios y/o sin destino" a las provincias, "a fin de cancelar deudas, afrontar compromisos de asistencia económico financiera o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario".

Martín Cosentino

Sin embargo, según Cosentino, al menos en los últimos tres meses, la cesión de terrenos no se llevó a cabo en otras provincias como sí ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires desde la publicación del DNU hasta el 9 de diciembre, de acuerdo a los resultados de las investigaciones que la AABE desarrolló respecto de las decisiones tomadas por la gestión anterior.

El anterior gobierno le otorgó los terrenos a la administración de Horacio Rodríguez Larreta para que esta se haga cargo de obras de mejoras que originalmente debían quedar a cargo de Nación. "Sin embargo, dichas obras aún no se hicieron, por lo que a la Ciudad se le pagó por anticipado y se le dio terrenos en compensación de obras futuras", explicó Cosentino, quien agregó que el convenio se realizó a través de la sociedad Plaza Ferroviaria, que tiene el 95% de las acciones del Fondo de Garantía de la Anses.

Esto significa que los inmuebles que se cedieron a la Ciudad formaban parte de los bienes de la entidad, lo que descapitaliza el ahorro que se genera para pagarle a los jubilados.

La AABE es un organismo descentralizado perteneciente al área de la Jefatura de Gabinete, que, entre otras tareas, se encarga de ceder el uso de inmuebles a provincias, municipios y ONGs para proyectos que beneficien a sus comunidades; poner a disposición tierras del Estado Nacional para la construcción de viviendas y desarrollos urbanísticos; vender o concesionar inmuebles subutilizados, abandonados o mal concesionados; e intervenir en bienes recuperados en operativos anticorrupción.