La agenda energética pendiente y los desafíos del nuevo Gobierno

El recambio presidencial abre incógnitas sobre el futuro del sector. La dependencia de los combustibles fósiles y del gas, Vaca Muerta, déficit y subsidios, y desdolarización de tarifas, bajo la lupa de los expertos.

La política energética es uno de los engranajes centrales de las decisiones económicas de un gobierno. El recambio presidencial abre preguntas coyunturales y de largo plazo que la administración que conducirá Alberto Fernández deberá responder por igual.

Más allá de las pertenencias políticas, hay una coincidencia generalizada entre analistas, investigadores y fuentes del sector: la fuerte dependencia de la matriz energética de los combustibles fósiles y, particularmente, del gas natural, pone en el centro de la escena a la producción de este recurso y al autoabastecimiento.

El futuro de Vaca Muerta

Desde 2010, los diálogos sobre la matriz energética del país giran en torno a Vaca Muerta. En ese momento, Cristina Kirchner había anunciado junto a autoridades de Repsol YPF el descubrimiento de una gran reserva de shale gas. Un tiempo después, en noviembre de 2011, la compañía informó que también había petróleo no convencional.

Vaca Muerta tiene una superficie total de 30 mil kilómetros cuadrados y se ubica principalmente en la cuenca neuquina, pero también abarca territorios en Mendoza, La Pampa y Río Negro. Si se compara su extensión con algunas provincias argentinas, es mayor que Tucumán y tiene un tamaño parecido al de Misiones.

En 2015 los usuarios pagaban el 15% del costo de generación. Con Macri, las facturas fueron el 85% del costo.

Documentos oficiales de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) identifican al país como la segunda mayor reserva de shale gas del mundo (solo detrás de China) y la cuarta mayor reserva de petróleo no convencional a nivel global (después de Rusia, Estados Unidos y China). Vaca Muerta aporta la mayor parte de esos recursos disponibles, ya que concentra el 39% de las reservas de gas shale del país (unos 9 billones de metros cúbicos de acuerdo a datos de Chequeado) y el 60% del petróleo no convencional (16 mil millones de barriles).

De acuerdo con cálculos realizados por la Agencia de Información Estratégica de los Estados Unidos y revelados a Clarín por el subsecretario de energía de Barack Obama, Daniel Poneman, la reserva de Vaca Muerta alcanzaría para abastecer 400 años del consumo de gas de la Argentina.

Desde 2015, la Agencia de Inversiones contabilizó anuncios por u$s 59.700 millones en el sector de petróleo y gas, de los cuales u$s 24.700 millones fueron o están actualmente en ejecución. Solo en Vaca Muerta, la Secretaría de Energía contabilizó 18 proyectos de inversión por un monto total de 21.468 millones de dólares. YPF, la petrolera con el 51% del capital accionario en manos del Estado nacional, es una de las empresas que más apuesta al yacimiento, aunque también tienen desarrollos otras compañías como PAE, Pluspetrol, Wintershall, ExxonMobil, Chevron, Total Austral, Pampa Energía y Shell.

Según cálculos de Mariano Saritzu, economista de la región del Comahue especializado en mercado petrolero, la inversión en upstream no convencional en la cuenca neuquina aumentó de manera sostenida desde 2012, con la sola excepción de una caída interanual en 2016.

El 31 de octubre, Alberto Fernández se reunió con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, para hablar sobre la política que vendrá en Vaca Muerta.

La centralidad de Vaca Muerta se explica por dos motivos. En primer lugar, por el nivel de dependencia que tiene la matriz eléctrica argentina de las centrales térmicas. Según le dijeron fuentes del sector a El Cronista, las centrales térmicas explican el 75% del total de la electricidad generada, de los cuales 40 puntos dependen únicamente del gas natural. Esta dependencia de la generación térmica tiene vínculo directo con la segunda de las razones por las cuales Vaca Muerta se vuelve central: resultado de la balanza comercial energética, es decir, la importación y exportación de combustibles.

El déficit de la balanza comercial fue clave durante la última presidencia de Cristina Fernández y el punto de partida desde el cual arrancó la gestión de Mauricio Macri. Según un informe del Instituto Argentino Energía, el saldo comercial energético fue deficitario desde 2011, "con picos de déficit en 2013 y 2014 de u$s -6.163 y u$s -6.543 millones respectivamente".

La cuestión del autoabastecimiento es central. Desde 2015, la producción de gas creció desde los 117,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) hasta un promedio de 136,3 en los primeros ocho meses de 2019 y un pico de 144,5 en agosto. Esta tendencia, sostenida en el tiempo, significaría un aumento de 16% en cuatro años.

No pasó lo mismo con la extracción de petróleo. En 2015 el promedio de extracción diaria era de 532.438 barriles por día (bpd) mientras que entre enero y agosto de este año la media llegó a 505.172, con un pico en 519.201 en agosto, último dato oficial. El peor momento de la gestión de Macri fue en 2017, cuando la producción bajó hasta 479.632 bpd, producto de la caída internacional de los precios y de un fuerte impulso de la inversión en Vaca Muerta.

La duda es cómo desdolarizar tarifas, con una macro complicada y poco margen para subir el déficit fiscal.

Debido al aumento del consumo de energía por parte de la sociedad y las industrias (que provocó un fuerte crecimiento del déficit energético) los subsidios económicos fueron aumentando su importancia en el presupuesto nacional en los años del kirchnerismo. "La emergencia del déficit comercial energético no sólo tuvo impacto negativos en la escasez de divisas sino que también afectó las cuentas fiscales, en la medida en que el estado aumentó notablemente los subsidios para evitar que el elevado precio internacional de los combustibles se traslade al mercado interno", aseguran los economistas e investigadores de CONICET, Mariano A. Barrera y Esteban Serrani en un extenso artículo titulado "Energía y restricción externa en la Argentina reciente".

Según un informe de IERAL, en 2015 los usuarios de energía pagaban alrededor del 15% del costo de generación de la electricidad y el resto se cubría con subsidios. Mauricio Macri modificó esa ecuación hasta que las facturas llegaron a representar el 85% del costo, lo que también permitió ajustar el gasto del Estado. Sin embargo, cada vez que se produce un salto devaluatorio esa ecuación se modifica y si no se traslada a la tarifa significa que el Estado debe destinar una mayor cantidad de subsidios para cubrir la diferencia.

"Vamos a desdolarizar las tarifas", aseguró Alberto Fernández a lo largo de la campaña electoral. Esto abre una pregunta sobre cuál será la política tarifaria de la próxima administración, en un contexto macroeconómico más complejo, con menos margen de aumentar el déficit fiscal y una sostenida caída del poder adquisitivo del salario en los últimos cuatro años.

Fuentes del Frente de Todos le dijeron a El Cronista que ya está redactado un nuevo marco regulatorio para el sector energético pero que no se dará a conocer hasta después del 10 de diciembre. Fue Guillermo Nielsen el encargado de coordinar el trabajo del equipo, aunque se mantiene un completo hermetismo de qué contiene esa regulación.

Lo que se viene

La situación macroeconómica, con la imposición de fuertes restricciones cambiarias y nulo acceso al financiamiento, es el principal desafío que mencionan los especialistas para lo que se viene.

Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, asegura que la cuestión financiera es uno de los nudos que debería contemplar la próxima gestión para que continúen las inversiones en Vaca Muerta. "La gran pregunta qué hacen las empresas con los pesos. La clave es que quien pone plata que la pueda sacar", señala.

Emilio Apud, ex secretario de Energía y actual director de YPF, considera que los desafíos hacia adelante están vinculados con "lograr que se mantenga la inversión en el sector de transporte de la energía eléctrica, la infraestructura para poder evacuar el gas de Vaca Muerta y volver a pleno con la exportación a Chile".

"Para eso es necesario retomar el camino de la confianza. El principal problema que tiene el sector energético, y principalmente nuestro país, es que tiene recursos pero no tiene el capital para ponerlos en valor. Y la única forma de que vengan las inversiones es con la confianza del inversor en el país", analiza el funcionario.

Según Emilio Apud, el problema del sector es que tiene recursos pero no el capital para ponerlos en valor.

Jorge Lapeña, ex secretario de Energía durante la gestión de Raúl Alfonsín, identifica que el principal desafío es la consolidación de un consenso para elaborar una política de Estado que perdure más allá de un gobierno en particular. "Es necesaria la elaboración de un "Plan Energético Nacional Estratégico", que contemple una proyección de la demanda y el desarrollo de inversiones que estén fundadas "la racionalidad". "Es importante la satisfacción de la demanda a un costo mínimo para el usuario pero también debe contemplar precios competitivos a nivel internacional", apunta.

Desde otra perspectiva pero en esta misma línea, Serrani asegura que uno de los desafíos es "construir un sendero de precios de gas natural de largo plazo". "El gran desafío es construir dos precios energéticos: uno de la oferta, para volver viable Vaca Muerta con un precio decreciente, y un precio de demanda, que permita que los hogares no destinen entre el 10 y 15% de los salarios a los servicios públicos energéticos y que las pymes puedan pagar la energía para reactivar el mercado interno. Y ahí es importante definir cuánto subsidio está dispuesto a poner el Estado, que sea razonable y sustentable en el largo plazo para volver viable Vaca Muerta pero también para desacoplar el precio de la oferta y la demanda", señala.

Apuesta por renovables

Desde su llegada al Gobierno, la administración de Mauricio Macri impulsó la aplicación de la ley 26.190, sancionada en 2006 y promulgada en diciembre de ese año, que daba un plazo de 10 años para que las renovables aportaran el equivalente al 8% del consumo eléctrico nacional. En noviembre de 2016 se adjudicaron los primeros proyectos.

Florencia Balestro, economista especialista en energías renovables, aseguró que la actual administración nacional encontró un "terreno fértil" para desarrollar las energías renovables principalmente debido a tres razones: el alto costo del combustible a nivel internacional; una buena capacidad de transmisión debido a las inversiones realizadas en el Sistema Interconectado (SADI) durante la gestión anterior y la luna de miel del cambio de gobierno, que aumentó el apetito inversor y un mayor acceso al financiamiento internacional.

Vaca Muerta tiene una superficie total de 30 mil kilómetros cuadrados y se ubica principalmente en la cuenca neuquina.

El fuerte impulso a las renovables "permitió bajar el costo de producción de alrededor de u$s 100 por MW/h a u$s 52,40 luego de las sucesivas rondas de Renovar", calcula la especialista.

Según información de la Subsecretaría de Energías Renovables, desde 2016 se adjudicaron 250 proyectos para producir 6.405 MW a partir de fuentes limpias en 21 provincias del país, que aportan electricidad equivalente a lo que consumen 6,4 millones de hogares argentinos.

"La generación de energía eléctrica de fuentes renovables aumentó 227% desde 2016: de 248 GWh en ese momento pasó a generar 810 GWh en septiembre de este año", señaló la dependencia que conduce Sebastián Kind. Esto se vio reflejado en la participación de las renovables en la demanda eléctrica, que pasó de representar el 2,2% al 7,9% actual, según los últimos datos de CAMMESA.

Hacia adelante, el sector enfrenta dos desafíos fundamentales según Balestro. En primer lugar, qué va a suceder con los proyectos licitados y adjudicados de Renovar que, aun con los contratos firmados y los plazos vencidos, todavía no fueron construidos. "La última prórroga vence en diciembre de 2019, así que será la próxima administración la que deba decidir qué sucederá con esos 1500 MW que están por fuera de los papeles firmados", asegura. En segundo lugar, la economista menciona que la inestabilidad complica el acceso a financiamiento, necesario no solo para la inversión en infraestructura (debido a que el SADI ya no soporta más capacidad de conexión de nuevos proyectos) sino también para proyectos de menor envergadura que se enmarquen en la ley de generación distribuida.

El presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, Marcelo Álvarez, considera que la prioridad del próximo gobierno debe estar en "poner énfasis en la generación distribuida". La ley que permite a usuarios residenciales y empresas a producir su propia energía (y vender el excedente) fue aprobada por el Senado en la última sesión de 2017. Según Álvarez, apostar a este tipo de matriz es más beneficioso porque "genera mucho más empleo pyme y tiene un impacto positivo en economías regionales. Todo esto debería hacerse con estímulos claros a la industria local, no cerrando la importación de nada pero sí generando un mecanismo más agresivo".

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