El nuevo directorio de Vicentin SAIC intenta redireccionar el rumbo de la compañía concursada. Mientras avanza el proceso por la vía judicial, busca generar acuerdos que le permitan aliviar su millonario pasivo, que supera los u$s 1300 millones, y formular una salida a su crisis. 

La nueva cúpula empresarial debutó en un encuentro con las autoridades de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Se trata de un acercamiento clave: ACA es su principal acreedor comercial, con más de u$s 90 millones.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que el nuevo management lleva a cabo con las partes involucradas en la causa, con el fin de esbozar una propuesta de pagos, que espera definir en diciembre.

Según fuentes allegadas a la agroexportadora, el encuentro transcurrió en "un clima de máxima cordialidad y entendimiento" y ratificó "la voluntad compartida de contribuir a alcanzar una solución consensuada" que le permita a la empresa seguir adelante con su actividad productiva, mientras se logran los acuerdos necesarios, con "el menor perjuicio posible a todos los involucrados".

La avanzada de Vicentin se suma a las alcanzadas hace unos días, cuando el juez Civil y Comercial que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, homologó contratos de fasón, que representarán ingresos de entre u$s 80 y u$s 100 millones anuales. El magistrado también rechazó el pedido de la AFIP y el Banco Nación de frenar la venta del frigorífico Friar.

Así y todo, todavía, Vicentin debe ganarse a los acreedores comerciales más ríspidos, que exigen que se pesifiquen sus deudas y reclaman a jueces y síndicos independientes, como Sumando Cabezas. 

El grupo se reunió hoy en el centro de Rosario, frente a las oficinas de Baravalle & Granados, en Paraguay 777. El estudio rosarino asesora a la sindicatura del concurso, que, en unos días deberá presentar los informes finales de las verificaciones individuales de las acreencias, antes de que se venza el plazo estipulado. 

Sumando Cabezas es un grupo de 150 damnificados que se formó a comienzos de año tras el default de la cerealera en diciembre pasado, integrado por acopios, corredores, cooperativas y productores. En un texto que hicieron circular sobre la protesta de hoy, solicitaron "jueces y síndicos independientes que garanticen sus derechos como acreedores".

También pidieron que se evite "una estafa penal y procesal, que tiene como fin el vaciamiento de la empresa" y "la licuación de las deudas trasladándolas a pesos, cuando, por tratarse de granos, los usos y costumbres de la actividad son en dólares". De igual modo, señalaron que el concurso se abrió sin el balance, lo que incumple la normativa vigente (artículo 11, incisos 4 y 13 de la Ley de Quiebras y Concursos). 

No obstante, según la Sindicatura, la reglamentación establece que las deudas contraídas en moneda extranjera se convierten al valor de la moneda de curso legal, al día de la presentación del concurso. En tal caso, la conversión de las acreencias se realizaría a una cotización de aproximadamente $ 63, de acuerdo con el promedio de bancos y casas de cambio que realizó el Banco Central el 10 de febrero pasado, fecha en la que se pidió la apertura del concurso.

Algunos acreedores desconfían del nuevo management, compuesto por tres ejecutivos que, por primera vez en la historia de Vicentin, no pertenecen a la familia. Temen que no se produza un verdadero cambio. 

Incluso, la Bolsa de Comercio de Rosario rechazó a la nueva gestión: pidió un "rápido reestablecimiento" de la empresa "en manos responsables" y planteó su inquietud sobre el último balance, en el que la compañía evidenció pérdidas por $ 52.500 millones. Agregó que se pone a disposición de la Justicia en las investigaciones por las denuncias de presunto fraude.

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de la empresa.