Sube la tensión entre las telcos y el Gobierno por los aumentos de cable e Internet
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) exigió que se abandone un "control de precios discrecional" y pidió "soluciones regulatorias basadas en criterios técnicos". "Mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto", alertó.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), entidad que representa a las principales telcos de la región, expresó su "profunda preocupación" por "la situación de incertidumbre y falta de camino de sostenibilidad" que observa para el sector en la Argentina. Además, abogó por una revisión de las últimas medidas que tomó el Gobierno en relación a esta industria, con "soluciones basadas en criterios técnicos", ya que "un control de precios discrecional" para todos los servicios "ahoga a los proveedores" de esas prestaciones.
Afirmó, también, que esas medidas son "incongruentes" con la intención de cerrar la brecha tecnológica. "Mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto", advirtió.
"La política de control de precios instrumentada sin sustento técnico, que representa una anomalía en la región, pone en grave riesgo la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas del sector, y compromete el futuro del desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina", expresó la entidad, a través de un comunicado.
"La industria TIC requiere un escenario de certidumbre y sustentabilidad que permita el sostenimiento y desarrollo de inversiones para extender el acceso y calidad de los servicios", agregó.
Asiet es una entidad fundada en 1982 y entre cuyos asociados están los grandes jugadores regionales del sector. Telefónica, Telmex (del magnate mexicano Carlos Slim), AT&T/DirecTV, Telecom y la brasileña Embratel, por citar sólo algunos. Emitió su comunicado dos días después de que el Gobierno anunciara su embestida contra Cablevisión, la unidad de televisón paga e Internet de Telecom Argentina, por los aumentos aplicados a sus abonos este mes.
El martes, Claudio Ambrosini, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), defendió el régimen regulatorio vigente desde agosto, cuando Alberto Fernández firmó el decreto que declaró a la telefonía celular, a Internet por cable y al acceso a Internet como "servicios públicos y esenciales", con lo cual, la fijación de sus precios pasó a estar regulada por el Estado.
Después de que, como consecuencia de la pandemia, las tarifas estuvieran congeladas entre mayo y diciembre, a fines de año, el Enacom autorizó subas del 5%, para los grandes operadores, y del 8%, para pymes y cooperativas. Las empresas ya les habían informado a sus clientes ajustes del 20% en sus facturas a partir de enero.
El Enacom, ahora, quiere que devuelvan el mes próximo el incremento cobrado por encima de lo que permitió. Telecom ya anticipó que no lo hará, ya que existe un reclamo administrativo iniciado por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en defensa de los derechos de sus asociados.
"La Argentina necesita una regulación de los servicios TIC equilibrada y sustentable, basada en criterios técnicos y que dé certidumbre a largo plazo, para proteger el desarrollo de las inversiones que garanticen servicios de calidad, continuar el despliegue de redes y la reducción efectiva de la brecha digital", sostuvo Asiet, en su comunicado.
"Se requiere de confianza entre sector público y privado como base de un diálogo que permita contar con un entorno que habilite y promueva las condiciones para que, cada vez, más argentinos y argentinas accedan a mejores servicios", indicó.
"Desde Asiet, expresamos nuestra profunda preocupación por la sucesión de decisiones en materia regulatoria que amenzan la sostenibilidad de una industria que debe considerarse un aliado estratégico para el crecimiento y el desarrollo del país", manifestó.
"La situación en la Argentina representa una anomalía en la región y genera inquietud entre operadores, inversores, proveedores, especialistas y usuarios de todo el ecosistema digital", advirtió. "Un control de precios discrecional para todos los servicios y planes de un sector en competencia no sólo hace inviable la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas, al hacer insostenible su operación en un contexto de altísima inflación, sino que es incongruente con los objetivos de alcanzar mayor cobertura, acceso y calidad de servicios, al ahogar a los proveedores de un servicio que se considera esencial", alertó.
"No es sostenible que, con una inflación anual del 36,1% -de 26,2% en el período de abril a diciembre, durante el cual permanecieron congelados todos los precios de los servicios TIC (en el caso del servicio móvil prepago, la congelación de precios rigió desde fines de 2019)-, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5% para todos los servicios, insuficiente para cubrir sus costos reales", precisó.
"Considerando, además, que la devaluación superó el 40%, lo cual afecta a una industria con buena parte de su insumos en dólares", remarcó.
"No es conveniente que se mantenga la incertidumbre para los próximos meses, cuando se espera que la inflación aumente otro 12,5% en el primer trimestre", observó.
"Asiet comparte la preocupación por el cierre de las brechas digitales, pero mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto, sino generando las condiciones necesarias para que más y mejores servicios lleguen a más argentinos y argentinas. Ello es responsabilidad del sector privado, a través de inversiones en redes y la puesta a disposición de diversas alternativas comerciales; de sus contribuciones al Fondo de Servicio Universal; y de las medidas temporales acordadas por la coyuntura de emergencia relativas al acceso a sitios educativos o a la conectividad en puestos sanitarios", reseñó la asociación regional de las telcos.
"También es rsponsablidad del sector público, con el uso integral y asignación eficiente de los fondos de Servicio Universal, y otras soluciones de política pública y regulatoria, que brinden acceso a al población vulnerable (debidamente identificada) y garanticen las condiciones de desarrollo de un mercado con potencial de traccionar al conjunto de la economía hacia el crecimiento", añadió.
"La industria de las telecomunicaciones en la Argentina, conformada por más de 1200 operadores en competencia, que generan miles de empleos directos, ha dotado al país, a través de inversiones sostenidas en los últimos años, de redes en constante crecimiento en cuanto a cobertura y capacidad, que han sostenido la conectividad durante los peores momentos de la pandemia y el aislamiento social", indicó la Asiet.
"Las redes de telecomunicaciones han permitido la continuidad de la actividad económica, educativa, de relacionamiento social y de entretenimiento. A su vez, la transformación digital y el uso productivo de las TIC está directamente relacionado con las oportunidades de recuperación económica, por lo que contar con un sector telecomunicaciones fuerte es garantía de desarrollo y beneficio para toda la ciudadanía", subrayó.
"Asiet entiende que deben revisarse las medidas mencionadas, recuperar el tono de diálogo y alcanzar soluciones regulatorias basadas en criterios técnicos, que permitan a la Argentina asegurar la sustentabilidad de la industria, a fin de garantizar el acceso a, cada vez, más ciudadanos y continuar expandiendo y mejorando la calidad de los servicios", finalizó el comunicado.
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