Quiebra

Postergan otra vez el traspaso de OCA y los nuevos dueños llegarán con despidos

Clear, grupo patagónico vinculado con Cristóbal López, debió tomar la empresa el 31 de agosto. Pero pidió extender esa fecha al 15 de octubre. Además, anticipó que ejecutaría una cláusula que le permite reducir hasta el 5% de su plantel. Son los empleados jerárquicos, no afiliados a Camioneros.

La fecha y hora señaladas eran el martes 31 de agosto, a las 10 de la mañana. El lugar, las oficinas de OCA, en la esquina de La Rioja y Moreno. Pero sólo se presentaron los liquidadores, oficiales de Justicia y algunos de los interventores judiciales. No hubo presencia de la Federación de Camioneros -gremio, acreedor y coadministrador de la empresa-, ni, principalmente, el grupo Clear, el comprador al que en diciembre se le adjudicó la compañía. El traspaso a un nuevo dueño, acto que debía poner punto final a más de cuatro años de agonía desde el ingreso de la empresa en concurso preventivo, y luego quiebra, no se produjo.

Pablo Tejada, el juez a cargo de la quiebra del mayor correo privado del país, resolvió postergar hasta el 15 de octubre la toma de posesión.

Fue la segunda postergación. Clear -según se estableció cuando se aceptó su propuesta de pago- debía finiquitar la transferencia antes del 30 de junio. La complejidad operativa que ello implicaría para una empresa como OCA, de 150 sucursales en todo el país y más de 6000 empleados directos, hizo que solicitara la primera prórroga, hasta el 31 de agosto, para tomar el control de su nuevo activo.

No es la única alteración que habrá a lo que Clear prometió. A diferencia de su postura inicial, expresada por escrito, de preservar todas las fuentes de trabajo, en los últimos días, el grupo patagónico anticipó que ejecutaría una opción prevista en el pliego de bases y condiciones con el que se licitó OCA: reducir hasta el 5% del plantel de la empresa.

Clear está conformado por dos empresas: Clear Petroleum (servicios petroleros) y Clear Urbana (servicios de limpieza urbana). Radicadas en Comodoro Rivadavia, fueron fundadas por Cristóbal López, quien salió de su paquete accionario en 2011. Desde entonces, le pertenece a ex colaboradores del dueño de Indalo. En 2019, las Clear consolidaron una facturación menor a los $ 7000 millones. Se comprometieron a pagar por OCA más de u$s 25 millones, por encima de los $ 2500 millones al cambio oficial actual. Hasta ahora, desembolsaron $ 591,63 millones, monto suficiente para que el juez avanzara con la entrega de los activos.

González Pedroso, presidente de Clear

OCA está concursada en mayo de 2017, por un pasivo que luego se verificó en $ 4494 millones. La mayoría, deudas impositivas y previsionales. Tejada decretó su quiebra en abril de 2019, por deudas posconcursales que ya superan los $ 20.000 millones. El juez ya había apartado a su último dueño, Patricio Farcuh -fallecido en enero reciente-, de la conducción, que quedó en manos de una intervención judicial, en la que también participan la Camioneros y el Gobierno nacional.

El gremio, al que está afiliado más del 80% del plantel de OCA, es uno de los mayores acreedores de la empresa, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la ART Experta, del grupo Werthein. Rodrigo Condorí Saldaño, abogado de Camioneros y hombre de confianza de los Moyano, comparte la gestión comercial de OCA con un representante del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, participa en la administración de personal y finanzas.

El lunes 30 de agosto, un día antes de la frustrada toma de posesión, Condorí le presentó al juez un escrito firmado en conjunto con el presidente de Clear, Juan Ignacio González Pedroso, el abogado del empresario -Rafael Algorta, socio del estudio Tanoira Cassagne- y Facundo García Ruhstaller, presidente de Compañía Multimodal Logística (CML), la sociedad que creó el holding patagónico para canalizar la compra de OCA. Manifestaron que, pese que "hemos venido trabajando arduamente en forma conjunta", "a la fecha, no se encuentran dadas las condiciones para lograrlo".

Entre otros motivos, mencionaron "la imposibilidad" de transferirle a tiempo a la nueva empresa la licencia de operador postal que el Enacom le dio a OCA; los permisos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para operar ciertos servicios; y la tramitación del alta de CML como proveedor de los clientes públicos y privados de OCA. Por eso, solicitaron una prórroga de la toma de posesión y pidieron que fuera de 45 días contados a partir del 1º de septiembre, "disponiéndose de las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las actividades de la fallida". Es decir, que OCA pueda continuar operando con normalidad. Tejada lo concedió.

Financieramente, la situación de OCA es precaria. Entre 2019 y 2019, facturó $ 14.000 millones y acumuló pérdidas que rozaron los $ 6000 millones. En seis meses de 2021, registró ventas por $ 5500 millones y el rojo fue de más de $ 1200 millones, según el informe de gestión presentado el mes pasado en el expediente.

Por su déficit mensual, que promedia los $ 200 millones, la empresa posterga pagos fiscales, a obras sociales, sindicatos y mutuales. Ya cuando se extendió al 31 de agosto la fecha de entrega de la empresa, los administradores judiciales le pidieron al juez que Clear se hiciera cargo de todos los compromisos posteriores al 30 de junio, la fecha límite inicial para el fin de la quiebra.

En estos días, los liquidadores de la empresa le advirtieron al juez que, al nuevo deadline (31 de agosto), "el área de Personal y Finanzas informa que no se contará con los fondos suficientes para cancelar los sueldos y salarios devengados en el mes y algunos compromisos más que se encuentran pendientes, como el SAC". Es decir, el aguinaldo.

Otro inconveniente -no menor- que anticiparon los enajenadores es operativo. Si bien la empresa continuadora de OCA podía empezar a facturar a partir del 1º de septiembre, "es muy probable, o existe casi certeza, que muchos clientes paguen en la cuenta bancaria que administra la quiebra".

Telegramas de despido

En ese mismo escrito, se advirtió al juez que Clear manifestó que transferirá a CML el 95% del plantel de OCA. Ejercerá una facultad prevista en el pliego de licitación de la compañía: desvincular, sin costo indemnizatorio, hasta el 5% del plantel que había reclamado sus deudas laborales en el marco de la quiebra. Son unos 800 empleados jerárquicos, encuadrados en el convenio de la Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina (Aecpra)

Cuando se publicó el edicto con el pliego de la subasta, este gremio se presentó en el juzgado para oponerse a esa cláusula. Alegó "discriminación inaceptable" a todo un sindicato, al margen de que ninguno de los trabajadores jerárquicos, agregó, deseaba finalizar el vínculo laboral. De hecho, meses después, en el momento en el que hizo su propuesta de compra, Clear expresó que conservaría todos los puestos, pese a que tenía esa posibilidad de ajustar el plantel.

Los liquidadores alertaron también sobre dificultades para ejecutar esto, dada la expectativa del personal ("o de su representación gremial") sobre el cobro de las indemnizaciones. "Además, existe otra diferencia respecto a cuáles son las condiciones en que se transfiere el personal, dado que en los meses de julio y agosto se han devengado tanto proporciones de SAC (aguinaldo) como de vacaciones, que el Grupo Clear entiende que deben ser cancelados por la quiebra", advirtieron. "Se trata de visiones diferentes en función de los intereses en juego", afirmaron.

"Se han intentado acuerdos, se esgrimieron argumentos a favor de uno u otro criterio. Entendemos que se trata de cuestiones que, finalmente, formarán parte de acuerdos más globales entre el Grupo Clear y el sindicato, que, por otra parte, inician una etapa de convivencia directa", agregaron.

Pablo y Hugo Moyano

Al respecto, los liquidadores entienden dos cosas. Por un lado, que el comprador (Clear) tiene derecho a disponer que el 5% de la nómina no se transfiera, "debiéndose instrumentar las notificaciones y trámites que corresponden al respecto". Pero, también, que el personal se transfiere en los términos del artículo 225 de la Ley de Contratos de Trabajo, que prevé que pasarán al sucesor o adquirente de una empresa todas las obligaciones del contrato de trabajo que esa compañía tuviera al tiempo de la transferencia, "aun aquellas que se originen como motivo de la misma".

No obstante, concedieron que, en su opinión, esas indemnizaciones deberán ser atendidas por la quiebra "con la prelación y prioridad que la norma legal (considerando también lo previsto por el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo) otorga a estos créditos". Además, resaltaron, el pliego con el que OCA salió a subasta no menciona que esos pasivos deban ser atendidos por el comprador.

Pero, para eso, harán falta fondos.

En diciembre de 2019, OCA fue tasada en u$s 37 millones. A mitad del año pasado, Tejada la licitó por u$s 36,1 millones, entre una suma fija de u$s 18,5 millones para saldar deudas de la quiebra y u$s 17,6 millones de precio base sobre el que se haría la subasta. Ese proceso fracasó y Tejada intentó un segundo remate, en el que esta última cifra se redujo a u$s 5,28 millones. Todo debía pagarse en dólares. Y en efectivo.

Clear, cuyo interés tuvo bendición de Camioneros, fue el único oferente que cumplió con todos los requisitos que puso el juez. Por eso, Tejada lo habilitó, en paralelo, a formalizar una propuesta. Quiso pagar el equivalente en pesos (a cambio oficial) del precio y cancelar los u$s 18,5 millones, también en moneda local y en 36 cuotas mensuales. Además de tener el manejo de la empresa antes de que se la transfirieran.

El juzgado le pidió que mejorara la oferta, que había sido rechazada por el síndico y la mayoría de los acreedores. Flexibilizó algunas condiciones de pago, como la posibilidad de cancelar en pesos, a tipo de cambio oficial, o utilizar instrumentos como seguros de caución a favor de la quiebra

Clear volvió en octubre. Propuso el equivalente en pesos a u$s 25,28 millones: el monto fijo para contingencias, el precio base al que saldría la segunda subasta y una prima del equivalente a u$s 1,5 millones sobre este último monto. Anticipó $ 440,88 millones: u$s 5,28 millones al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 23 de octubre. Se garantizó, así, acceder al management de la empresa, al que desembarcó una docena de ejecutivos propios.

El 30 de diciembre, Tejada decidió adjudicarle OCA, ante la falta de otros interesados. Le dio 20 días hábiles para cancelar el pago pendiente. Feria judicial de enero mediante, esto significaría hacerlo durante febrero.

Tras algunas idas y vueltas con las pólizas de caución presentadas, Clear terminó cancelando -también, en pesos, a cambio oficial- los u$s 1,5 millones de saldo de precio. En ningún momento -ni el grupo en sus presentaciones, ni el juez en sus decisiones- hicieron alusión a los u$s 18,5 millones para pagar deudas, pese a que el mayor acreedor, la AFIP, lo puntualizó en un cuestionamiento que hizo a los seguros de caución que había presentado el comprador. Entre los ítems a cubrir con esos u$s 18,5 millones, figuran las eventuales indemnizaciones.

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