Oficial: la Justicia le adjudica OCA a Clear, grupo patagónico cercano a Cristóbal López

Está compuesto por Clear Urbana y Clear Petroleum, dos empresas fundadas por el Zar del Juego y hoy manejadas por ex colaboradores suyos. Prometió el equivalente a u$s 25,28 millones por el quebrado operador postal. Nadie compró el pliego para igualar su oferta. Ahora, tiene 20 días para completar el pago

El 30 de diciembre de 2020, con la premura por el brindis de fin de año y el apuro por el inicio de la feria judicial, Pablo Esteban Tejada, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, emitió una cédula. “Autos y vistos , el encabezamiento del texto, de rigor. “Proveyendo el escrito de fecha 21 de diciembre de 2020 , explicó el magistrado. “Teniéndose en cuenta lo manifestado por los enajenadores en el presente, no habiéndose adquirido pliegos de venta por parte de terceros interesados en participar del llamamiento público de mejora de la oferta de compra, efectuado el 29 de octubre de 2020 , introdujo, “corresponde declarar al ‘Grupo Clear’ como adjudicatario del mismo, en los términos del artículo 205 de la Ley de Concursos y Quiebras .

“Queda usted debidamente notificado , concluyó, previo de estampar su rúbrica.

El destinatario, único, del documento despachado era el “Grupo Clear . Así, entre comillas. Porque, en realidad, no existe. Es la figura retórica que se utilizó para presentar a dos empresas que tienen los mismos accionistas: Clear Petroleum y Clear Urbana. Ambas, oriundas de Comodoro Rivadavia, Chubut, fundadas a inicios de los ’90 por Cristóbal López.

Aunque el excarcelado Zar del Juego se desprendió de sus participaciones en 2011, desde entonces, estas compañías -en cuyos directorios persisten sus hijos- son manejadas por tres ex ejecutivos suyos: Juan Ignacio González Pedroso (actual presidente), Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano.

Cristóbal López fundó Clear Petroleum y Clear Urbana; se las vendió en 2011 a ex ejecutivos suyos

Clear ofertó, el 30 de octubre, el equivalente a u$s 25,28 millones por Organización Coordinadora Argentina (OCA), el mayor correo privado del país, quebrado desde el 1º de abril de 2019 y a la que sus liquidadores habían tasado en u$s 37 millones.

El juez Tejada aceptó esta propuesta, 15 días después de haber rechazado un primer intento de Clear por hacerse de la operadora postal. Al mismo tiempo, convocó a un proceso de mejora, que preveía el 12 de marzo de este año como fecha límite. Pero, como el 18 de diciembre venció el plazo para adquirir los pliegos de esa licitación y no los compró ningún otro potencial interesado, los enajenadores de la quiebra le recomendaron al magistrado que cortara por lo sano.

En rigor de verdad, será apenas un formalismo. Como anticipó este diario, Clear ya participa en la gestión de OCA. A mediados de noviembre, González Pedroso y 14 colaboradores –luego, se sumaron más– se acoplaron a la dirección y coordinación administrativa de la empresa, a cargo de una intervención judicial desde febrero de 2019, cuando Tejada desplazó al anterior dueño de OCA, Patricio Farcuh.

Los patagónicos cohabitan con peritos designados por el juez y los liquidadores de la empresa. La gestión comercial de OCA está en manos de la Federación de Camioneros y un funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación. El gremio, al que está afiliado el 90% de los más de 6000 empleados de OCA y, además, integra el Comité de Acreedores de la empresa, es representado por Rodrigo Condorí Saldaño, abogado de extrema confianza de Hugo y Pablo Moyano.

Patricio Farcuh, último dueño de OCA

Así como auspició una primera oferta de compra por parte del grupo Campici –dueño de Escudo Seguros, sponsor de Independiente, club en el que también manda la familia camionera–, el sindicato apoyó la propuesta de Clear, único candidato que había cumplido con todos los requisitos formales que Tejada había fijado para una primera, y frustrada, licitación. Clear prometió conservar todos los puestos de trabajo. Incluso, cuando en los pliegos, se habilitaba a reducir al 5% del plantel que había reclamado sus deudas laborales en el expediente. Coincidentemente, 800 empleados jerárquicos, encuadrados en el convenio de la Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina (Aecpra). 

Concursada en 2017 por una deuda que, en el expediente, se verificó en $ 4494 millones, el pasivo posconcursal de OCA ya excede los $ 20.000 millones. La mayoría, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), inflexible a los planes de facilidades que, durante la presidencia de Mauricio Macri, solicitó Farcuh para salvar a la empresa. En la apelación de su desplazamiento, el despojado propietario denunció una confabulación entre el Presidente y Moyano para arrebatarle la empresa.

En 2019, OCA facturó $ 5600 millones y perdió más de $ 2400 millones. El año pasado, pese a la recuperación que experimentó en sus ingresos por el estallido del e-commerce, su rojo promedió los $ 200 millones mensuales. Para noviembre y diciembre, presupuestó respectivos déficits de $ 234 millones. Su complicada situación legal le hizo perder clientes y, además, la restringió para presentarse en nuevas licitaciones. Por eso, una de las primeras cosas que González Pedroso le pidió a Tejada fue un certificado que le aclarara que, si bien la empresa está en quiebra, tiene un horizonte de continuidad con el ingreso de un posible nuevo dueño.

“Consecuentemente, intímese al ‘Grupo Clear’ a dar cumplimiento con lo dispuesto al punto II, párrafo tercero, de la resolución de fecha 29 de octubre de 2020 , ordenó Tejada, en la cédula de la semana pasada, en la que le notificó la adjudicación. Se trata, ni más ni menos, que del cumplimiento del pago comprometido.

Para acceder a la gestión de la empresa mientras se definía su futuro –una de las condiciones de su propuesta–, Clear depositó un anticipo de $ 440,88 millones, u$s 5,28 millones al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 23 de octubre. Fue un adelanto el precio contado en efectivo que ofertó: una prima de u$s 6,78 millones sobre los u$s 18,5 millones fijos que el juzgado exigió para el pago de deudas laborales, fiscales y previsionales.

Clear deberá cancelar los u$s 20 millones restantes –entre u$s 1,5 millón de saldo de precio y el monto fijo para contingencias– en un solo pago, en dólares, su equivalente en pesos al cambio vendedor del BNA del día previo a que efectivice el desembolso “u optar por afianzar debidamente dicho monto constituyendo en idéntica moneda y a favor del juzgado una garantía bancaria de primera línea, autorizada por el BCRA o un seguro de caución emitido por una compañía de primera línea, de reconocida y acreditada solvencia , definió Tejada cuando aceptó la propuesta.

Considero justo, para el caso de que el oferente resulte adjudicatario, otorgarle un plazo de 20 días desde la notificación de la resolución que decreta la adjudicación , agregó en ese mismo fallo. También aclaró que el nuevo dueño deberá formalizar la operación “a través de una sociedad controlada directamente por las sociedades del ‘Grupo Clear’, ya que toda otra alternativa resultaría contraria a los términos del pliego de condiciones firme y consentido .

En su decreto de adjudicación, el juez intimó a cumplir con la propuesta, “bajo apercibimiento (sic) de otra de sus resoluciones anteriores: “Si, vencido el plazo, el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de la oferta .

Cuando rechazó la primera propuesta, que prometió el “equivalente en pesos a u$s 70 millones, entre el precio de u$s 37 millones y futuras inversiones, Tejada la rechazó por “inviable . Clear, en ese momento, pidió pagar sólo u$s 18,5 millones y cancelar el resto del precio en 36 cuotas fijas fijas de $ 28,12 millones –lo que suponía un dólar a $ 75–, con algunos mecanismos de ajuste, en función de los propios ingresos que generara OCA.

Gonzalo Campici (izquierda) y Hugo Moyano (derecha)

No ofrece garantía suficiente para respaldar la financiación ofrecida , resaltó en ese momento el magistrado, quien además rechazó con énfasis el pago en cuotas. Se sostuvo en argumentos de la sindicatura de la quiebra. Este órgano consignó que, según sus estados contables de 2019, Clear Petroleum, dedicada a los servicios petroleros, facturó $ 6258,5 millones y ganó (antes de impuestos) $ 61,4 millones. En tanto, Clear Urbana (servicios sanitarios) recaudó $ 536,5 millones y perdió $ 24 millones. La primera mostró un patrimonio neto de $ 1370,97 millones; la segunda, de $ 776,9 millones.

Los balances y estados contables no reflejan, prima facie, capacidad económica-financiera suficiente para cometer la compra de una empresa de la magnitud de OCA; menos aún, capacidad económica para las inversiones que promete, salvo que cuente con el respaldo de alguna entidad bancaria y/o financiera u otro fondo de inversión aún no explicitado , objetó la sindicatura. Develó, además, que, según su análisis, el plan de negocios presentado estaría basado en un precio de compra de u$s 6 millones, sensiblemente menor al que, en ese momento, pretendía el juzgado.

De hecho, un par de meses antes, Tejada había rechazado la oferta de u$s 5 millones que presentó Ficsa, la sociedad de inversiones de Campici, por considerarla “insuficiente .

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