Sustentabilidad

Los pendientes de la agenda 'verde'

No es un secreto para nadie que en materia medioambiental el Congreso tiene varias deudas pendientes. Pero, pese al impacto ocasionado por la pandemia de Covid 19 y la consecuente adaptación de la labor legislativa al sistema virtual de trabajo remoto, la agenda 'verde' logró importantes avances en el 2020.

La Ley de Humedales, la prohibición de los plásticos de un solo uso, la Ley de Envases y el fomento de la agroecología son temas que ya se debaten en las comisiones de ambas cámaras, mientras que la Ley de Educación Ambiental espera el último aval para convertirse en ley. En tanto, cuatro iniciativas lograron su sanción: la ratificación del Acuerdo de Escazú, la reforma de la Ley de Fuego para prevenir los incendios forestales, la Ley Yolanda que tiene como fin lacapacitación medioambiental y la norma que prohíbe cosméticos y dentífricos con microperlas.

Tras el recambio legislativo, las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara Baja y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Alta tuvieron desde el mes de marzo del año pasado nuevos conductores: el diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso, proveniente del Movimiento Evita, y la senadora de Juntos por el Cambio, Gladys González (PRO) les imprimieron aires renovados a estos cuerpos legislativos, pusieron sobre la mesa viejos debates con nuevas ideas fundadas en los principios de una economía circular y de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ¿Cuáles son los proyectos que, porque tienen cierto aval del gobierno o algún grado de consenso entre las distintas fuerzas políticas, tienen más chances de avanzar este año?

AGENDA DE VERANO

En la agenda más inmediata los legisladores tienen apuntado el debate de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental, una iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández y los ministros de Ambiente y Educación de la Nación, Juan Cabandié y Nicolás Trotta, respectivamente, que fue rebautizada durante el debate en las comisiones de Diputados como "Ley Pino Solanas", en conmemoración al fallecido ex legislador militante de las causas medioambientales.

"Con esta norma buscamos fomentar la concientización y responsabilidad ambiental de toda la ciudadana", señaló ante los diputados el ministro de esa cartera, Nicolás Trotta, en una reunión virtual de la comisión de Recursos Naturales.

Mientras tanto, Juan Cabandié señaló que el objetivo es "promover la sostenibilidad y fomentar un nuevo paradigma de relación con la naturaleza, es construir una ciudadanía crítica, con conciencia ambiental, que nos va a garantizar una mejor calidad de vida y una armonía con el ambiente".

El proyecto viene a complementar a la recientemente sancionada Ley Yolanda (Ver recuadro), que prevé la formación de los funcionarios públicos en educación ambiental, dado que impulsa la conciencia ambiental en los niños, niñas y adolescentes desde las currículas escolares y también desde los ámbitos no formales -clubes sociales u organizaciones sociales- e informales -los medios de comunicación y la familia-.

Se espera que el proyecto reciba la media sanción en las próximas sesiones de la Cámara Baja y que continúe su tratamiento en el Senado durante los meses de verano dado que el presidente Alberto Fernández lo incluyó en el temario de extraordinarias.

DEBATES EN MARCHA

Impulsada por los gravísimos incendios forestales que afectaron miles de hectáreas en el Delta del Paraná y en las sierras de Córdoba, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Humedales es uno de los que logró avances en 2020, pero que dejó pendiente para el 2021 un largo trecho de su trámite legislativo.

Tras siete meses de un profundo debate que incluyó las realización de tres reuniones informativas en las que expusieron más de 50 investigadores, ambientalistas, pobladores y productores locales y desarrolladores inmobiliarios, entre otros, los diputados despacharon el último día hábil del período ordinario de sesiones un proyecto que unifica una decena de presentaciones de los distintos bloques políticos.

No obstante, antes de llegar al recinto, debe ser analizado por las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Presupuesto y Hacienda; de Legislación Penal y de Intereses Marítimos y Fluviales.

Con el objetivo de agilizar su paso por las comisiones, durante el debate en Recursos Naturales los diputados acordaron eliminar el capítulo penal que reprimía con 2 a 6 años de prisión a quienes destruyan o deterioren los humedales.

En tanto, el texto crea un Inventario Nacional de Humedales que buscará ordenarlos en cuatro categorías especiales-en las cuales se permitirán diferentes grados de desarrollo productivo hasta la prohibición total-, e incluye una moratoria que prohíbe nuevas actividades y la ampliación de las existentes "durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental del Territorio".

Además, prohíbe la aplicación de productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen -lo cual incluye a las fumigaciones aéreas y terrestres-, penaliza los incendios intencionales, y contempla la restauración ecológica y los principios de in dubio pro natura e in dubio pro aqua, que fijan que los conflictos ambientales y de agua se saldarán del modo más favorable a la protección y conservación del entorno y el agua.

"Este es un tema sumamente resistido", dijo Grosso el día de la aprobación del despacho y se lamentó por las dos medias sanciones frustrada: "Acá durmió el criterio de lo justo", apuntó. También señaló que hubo 400.000 hectáreas de humedales arrasadas por el fuego, hecho que calificó como un "ecocidio", que llevará años para restaurar. "La sociedad pide que la política ponga un límite, que el Estado regule, lo que el mercado viene destruyendo", concluyó.

Otro debate que comenzó a tomar forma en la comisión que lidera Leonardo Grosso (Frente de Todos) es el de la prohibición de los utensilios descartables. A mediados de noviembre, los diputados firmaron el despacho por unanimidad de una ley que fija presupuestos mínimos de protección ambiental para la regulación, reducción, sustitución y prohibición de manera gradual de productos plásticos de un solo uso.

Pero este proyecto también adeuda antes de la media sanción los avales de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda.

Durante el debate del tema, Jerónimo Baucher, un joven ambientalista integrante de Jóvenes por el Clima, explicó que el exceso de basura genera microplásticos que todos consumimos en nuestras comidas o inhalamos en el aire.

"El gran problema de la contaminación plástica es que no puede biodegradarse y dura eternamente, va a contaminar para siempre y, además, siempre se va partiendo en partes más pequeñas", agregó y destacó que el proyecto plantea un enfoque no meramente restrictivo, sino que busca lograr una reconversión en la industria y en los hábitos de todas las personas.

En su iniciativa, la radical Brenda Austin (JxC), promueve un mapa de soluciones: "Buscamos sustituir y prohibir aquellos plásticos descartables que podemos hacer el esfuerzo para dejar de utilizar, como vajilla, bolsas, sorbetes. En tanto, se plantean reglas de etiquetado para algunos productos que entendemos que todavía es complejo reemplazar, como los de destino sanitario; y regímenes de excepciones para otros que por razones de salubridad tampoco se pueden sustituir", explicó.

QUÉ PASA EN EL SENADO

Del otro lado del Palacio Legislativo, la senadora macrista Gladys González (Juntos por el Cambio) también aportó desde la comisión medioambiental que preside horas de debate con especialistas al tratamiento de la Ley de Humedales que se estaba desarrollando en Diputados, con el primer objetivo de mostrar el consenso de todas las fuerzas políticas y de ambas cámaras sobre la necesidad de dar una respuesta legislativa a la demanda de las organizaciones sociales en medio de la crisis por los incendios forestales.

Mientras tanto, las comisiones de Ambiente junto con la de Agricultura y Ganadería, presidida por el senador oficialista Adolfo Rodríguez Saá, avanzaron durante este año en el análisis conjunto de una iniciativa de González y dos de su tocaya formoseña María Teresa González (Frente de Todos), que promueven la producción agroecológica como herramienta para la promoción y sustento de la agricultura familiar, a través de la comercialización en mercados de cercanía.

Para el tratamiento de este tema se desarrolló una jornada de debate con funcionarios del Ministerio de Agricultura, ingenieros agrónomos del INTA, de la Red Argentina de Municipios y Comunidades por la Agroecología (Renama), y de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), entre otros organismos, quienes defendieron a la agroecología como un modelo de producción "menos agresivo y más sustentable".

Durante esa reunión virtual, el director de agroecología de la cartera de Basterra, Eduardo Cerdá, afirmó que "es posible y necesario producir sin agroquímicos" dado que "entre el 30 y el 50 por ciento de la materia orgánica de los suelos se perdió por la utilización de estos productos". 

Mientras que el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, Santiago Sarandon, sostuvo que esa forma de producción "es un nuevo paradigma científico para resolver problemas que no encontraban soluciones novedosas", y también destacó que "es viable producir alimentos de una manera más sustentable, con mejores niveles productivos que los actuales y a más bajo costo".

La ley en la que trabajan las González, y que por estas horas espera el visto bueno del Ministerio de Agro, propone la creación de un Programa Nacional de Agricultura Nacional Sostenido que prevé acceso a un banco de tierras fiscales y privadas voluntariamente cedidas en zonas urbanas y periurbanas, a cambio de desgravaciones sobre bienes personales, y financiamiento a través del Fondagro para agricultores que, progresivamente, adopten buenas prácticas agroecológicas para sembrar.

También promueve una vinculación directa entre productores y consumidores a través de centros de comercialización o ferias locales donde los agricultores familiares puedan comercializar sus productos eliminando así costos de fletes.

En paralelo, el Senado retomó el tratamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Envases Post-Consumo, que en el bienio 2018-2019 fue intensamente debatida en la Cámara Baja a instancias de la exdiputada y actual intendenta de la rionegrina ciudad de General Roca, Emilia Soria. A mitad de año, los senadores acordaron conformar una subcomisión de asesores para unificar el caduco dictamen logrado en Diputados -que recogía los últimos consensos alcanzados entre los sectores involucrados- y los proyectos ingresados por la propia González y los oficialistas Alfredo Luenzo y Guillermo Snopek (FdT). 

En tanto, para reinstalar el debate en agenda, realizaron una reunión informativa para conocer en profundidad el funcionamiento del sistema de gestión de envases de México, que presentó el titular de la asociación civil ambiental ECOCE, Jorge Treviño. En esa oportunidad, se le prestó especial atención al tratamiento que los mexicanos dan a los recuperadores urbanos dado que es uno de los temas que "divide aguas" entre los senadores.

En términos generales, los proyectos proponen la fijación de los estándares mínimos que deben cumplir los sistemas de gestión públicos, privados y de Depósito, Devolución y Retorno (DDR), aplicando el principio de Responsabilidad Extendida del productor a los fines de prevenir y minimizar el impacto sobre el ambiente de los envases, promoviendo la reutilización y el reciclado. Además, prevén el pago de un canon por envase y flexibilizan las metas de valorización en función de criterios geográficos, demográficos y de conectividad.

 Respecto al punto más conflictivo, algunos promueven la inclusión socio-laboral de los trabajadores recicladores de manera optativa para las empresas y/o el Estado y otros no. Si bien este tema es una de las prioridades en ambas cámaras, en el último semestre del año resultó desplazado por la coyuntura, pero se espera que el próximo año retome interés.



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