Puja con el Gobierno

Fallo a favor de las telcos: la Justicia dicta una cautelar contra el DNU del Gobierno

La medida asegura que la suspensión de los aumentos de las tarifas de telecomunicaciones pone en riesgo la posibilidad de realizar mantenimiento de los servicios para los usuarios

Las telcos ganaron un round en la pelea con el Gobierno. La justicia dictó hoy una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara a la telefonía, internet y a la televisión por cable servicios públicos esenciales y establece que los precios sean regulados por el Enacom, a pedido de la cableoperadora TV Cable Color S.A

La medida judicial, iniciada por un representante de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690 y del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

"De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país", sostiene un comunicado de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC)

Después de que, como consecuencia de la pandemia, las tarifas estuvieran congeladas entre mayo y diciembre, a fines de año el Enacom autorizó subas del 5%, para los grandes operadores, y del 8%, para pymes y cooperativas. Las empresas ya les habían informado a sus clientes ajustes del 20% en sus facturas a partir de enero.

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Pero ahora el Enacom quiere que devuelvan el mes próximo el incremento cobrado por encima de lo que permitió. Desde la entidad mostraron su rechazo y explicaron que "la situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumento entre el 5 y el 8%. Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año".

"La intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos.", agrega el comunicado

"Esto pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento sino para el propio mantenimiento de los servicios TICs que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos", remerca.

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La medida judicial, llevada a cabo por el juzgado federal N°1 de Córdoba , sostiene que la modificación de las condiciones de la prestación de servicios de internet y televisión, no respeta lo dispuesto en el Art. 42 de la Constitución Nacional. 

"El fallo deja en claro que los derechos vulnerados no son sólo los de la empresa y quienes dependen de ella, sino también los de todos aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta. En otras palabras, que los usuarios pueden verse privados de continuar recibiendo los servicios contratados", concluye ATVC.

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