Batalla judicial

La Justicia confirma millonario embargo a Vicentin por una denuncia de la AFIP

Se trata de $ 111 millones sobre bienes de la cerealera y de sus directivos, en el marco de una causa por presunta facturación apócrifa. La empresa, que está en concurso preventivo por un default de u$s 1500 millones, había apelado el fallo pero la Cámara de Apelaciones de Resistencia lo rechazó

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja interpuesto por Vicentín y confirmó así el embargo trabado por la AFIP contra la empresa concursada en 2020 y sus directivos, por más de $ 111 millones.

La AFIP denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agosto de 2020. Las maniobras detectadas por el organismo consisten en el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. 

De esta forma, la Sala 4 de la Cámara, desestimó la apelación realizada por los representantes de los contribuyentes denunciados.  

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La medida recae sobre los activos de la cerealera, como así también en los bienes de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo, entre otros directivos.  

El perjuicio estimado al Estado supera los $ 111 millones de pesos. La denuncia fue ampliada en abril de 2021.

La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores falsos.

Para el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont, las sociedades no poseían plantas de acopio, no tenían capacidad económica y no justificaron el origen de la mercadería. "Las tareas de control determinaron que los comprobantes presentados por los reintegros eran falsos. No denotaban actividad real", subrayaron.

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Según Vicentin, la suma de $ 111.637.479 representa menos del 0,1% de las operaciones registradas y declaradas durante el período de referencia, mientras que los 54 proveedores granarios acusados forman parte de una red que, hasta antes del default, de u$s 1500 millones y que llevó a la compañía al concurso preventivo, estaba compuesta por más de 2000.

Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de queja interpuesto por Vicentín.

De esta forma la medida presentada por los abogados de la empresa ratificó la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que ya había confirmado los embargos solicitados por la AFIP al Juzgado Federal de Reconquista. 

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