Conflicto gremial

Garbarino: el Gobierno y el sindicato de Comercio ayudarán a 1800 empleados despedidos

Los trabajadores que fueron desvinculados en 2020 y 2021 accederán a los beneficios del Programa de Inserción Laboral (PIL) cuando ingresen a una empresa del sector privado. El convenio fue firmado por el ministro Moroni y el dirigente mercantil Armando Cavalieri

El Ministerio de Trabajo de la Nación y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un acuerdo para proteger a 1800 trabajadores despedidos de GarbarinoSe trata de "un marco de cooperación para la implementación de acciones integradas en materia de empleo", según explicaron desde la cartera laboral, tras la firma del convenio entre el ministro Claudio Moroni y el secretario general de la entidad, el dirigente mercantil Armando Cavalieri. 

Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y podrá ser renovado a su vencimiento, previa evaluación de los resultados obtenidos. Promueve la inserción laboral de los trabajadores desvinculados de la empresa en 2020 y 2021. Así, permitirá que las 1800 personas despedidas en ese período cuenten con el apoyo del Programa de Inserción Laboral (PIL) cuando ingresen en una firma del sector privado.

El programa tiene como objetivo fomentar la inserción laboral de los trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad, brindando a las empresas que los contraten una ayuda económica de parte del Ministerio, que cubre parte de su salario. 

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Además, los empleadores que contraten a los destinatarios de esta medida accederán a una reducción transitoria de contribuciones patronales. Para la verificación de las condiciones de accesibilidad de los trabajadores beneficiarios de las acciones, se aplicarán los controles previstos por el marco normativo de la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado de PIL. 

Según explicó el Ministerio de Trabajo, se continuó buscando posibles soluciones al conflicto gremial, luego de convocar decenas infructuosas de audiencias entre la parte empresarial y los trabajadores, de imponerle sanciones a la compañía, de retrotraer los despidos y de concederle el Repro.

Más del 90% del personal de Garbarino está afiliado al gremio que conduce Cavalieri. El resto son operarios logísticos, encuadrados en la Federación de Camioneros, el sindicato que maneja Hugo Moyano, enemigo histórico del "Gitano".

Cavalieri y Moroni firmaron el convenio

Este martes, los trabajadores realizaron una protesta en Puente Pueyrredón en reclamo de los sueldos adeudados. La manifestación contó con el apoyo de agrupaciones políticas de izquierda y generó caos vehicular en los accesos a la Capital Federal desde el sur del conurbano bonaerense.

En medio de la incertidumbre por el futuro del retailer, la semana pasada, el titular del Juzgado en lo Comercial 7, Fernando D'Alessandro, habilitó el concurso de acreedores para que la empresa pueda renegociar su deuda, que supera los $ 25.000 millones. En forma preventiva, le prohibió a su dueño, Carlos Rosales, salir del país.

La crisis de Garbarino

El empresarió adquirió las distintas unidades del grupo Garbarino en junio de 2020. En ese entonces, la compañía pertenecía a sus fundadores, los hermanos Daniel y Omar Garbarino. Hacía solo unos meses, había finalizado la reestructuración de su deuda bancaria, por $ 5000 millones. Como parte de ese acuerdo, le urgía encontrar un socio que inyectara el capital de trabajo que necesitaba para recomponerse.

Rosales, titular del grupo asegurador Prof y ahora ex tesorero del club San Lorenzo, aterrizó y su propuesta le ganó a los intereses de Inverlat, el fondo dueño de Havanna, y de Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia, empresa de servicios de recolección de basura de óptimas relaciones con Moyano.

Tiempo atrás, la cadena fue líder en ventas de electrodomésticos y artículos de electrónica. Llegó a tener más de 240 sucursales y más de 4000 empleados. Cuando asumió el mando Rosales, tenía más de 200 locales en todo el país. El empresario prometió inversiones por $ 2000 millones, que nunca se concretaron.  

Marcha de trabajadores

Antes, tuvo un par de tropiezos. Sus proveedores se negaron a aceptar una quita de entre el 65% y el 75% de los $ 7000 millones que Garbarino les debía por productos. Acordaron un 35%. El otro traspié fue el fracaso en encontrar un nuevo socio que aportara fondos. El que más cerca estuvo fue Facundo Prado, dueño de la operadora de telecomunicaciones Supercanal Airlink. La negociación se extinguió en el invierno. En un intento desesperado, Rosales también habló de una "empresa norteamericana de comercio electrónico" (sic).

Para entonces, Garbarino ya estaba en situación críticaLos locales cerraban, sin notificaciones a sus propios empleados, quienes acumulaban meses de sueldos sin cobrar. La empresa dejó de facturar por falta de producto y los fabricantes cortaron entregas, porque, además, se quedó sin sistema por deudas con sus proveedores informáticos

Los juzgados comerciales de todo el país recibieron una avalancha de pedidos de quiebra contra la empresa. Los más resonantes, los de Aerolíneas Argentinas y el Club Atlético Boca Juniorsal que se le debían $ 25 millones por un contrato de patronicio que firmó Rosales, IRSA y Cencosud. Estos dos últimos exigían el desalojo de los espacios que Garbarino y su controlada Compumundo ocupaban (ocupan) en sus shoppings.

Carlos Rosales no podrá salir del país

Los dueños de los locales del interior retuvieron mercadería como forma de pago. También los empleados de algunas sucursales, ante la falta de definiciones de la empresa. Según los delegados de las sucursales, para entonces, cerca de 1000 empleados ya habían optado por renunciar por la incertidumbre. En noviembre, con todos sus locales ya cerrados, la empresa envió 1800 telegramas de despido.

Hoy, acumula una deuda cercana a $ 800 millones en sueldos y superior a los $ 1500 millones en cargas sociales. Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de abril para verificar sus créditos, en el marco del concurso que se habilitó.



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