Empresaria textil en alerta: tarda hasta un año que una importación entre al país

El sector de indumentaria fue uno de los más golpeados por la pandemia. En 2020, durante el confinamiento obligatorio, la mayoría de los comerciantes permanecieron meses con sus persianas cerradas. Si bien este año los números en rojo comienzan a revertirse, las complicaciones para importar insumos generan incrementos de precios en la nueva temporada y una disminución en la producción.

"Emprender en el mundo de la indumentaria en la Argentina es todo un desafío. Sobre todo, en los últimos tres años, en los que pasamos por varias crisis económicas propias de la Argentina, sumadas a una pandemia global", explica Soledad Silva, fundadora de Sole Silva Textiles, importadora y exportadora de telas y proveedora de las principales marcas del país.

Mientras que la producción dentro del país aumentó un 42,5% interanual en el primer semestre, las trabas a las importaciones crecen cada vez más, lo que enlentece los procesos y encarece ampliamente el precio de los productos finales, explica.

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"Según la revisión que hacemos cada año desde la cámara, los precios de la temporada tienen un incremento del 54% en comparación con un año atrás", explica Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y director de la cadena Jazmín Chebar.

 Al día de hoy, traer productos del sector textil desde otros países hacia la Argentina puede tardar desde seis meses hasta un año.

"Los procesos de aprobación son muy lentos y, a ellos, se le suman cada vez más requisitos, que terminan convirtiéndose en trabas", resalta Silva.

Las principales complicaciones tienen que ver con la licencia de importación, que es el procedimiento administrativo que permite monitorear las importaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad básicas de los productos importados.

A esto, se le suma la declaración jurada de composición de productos (DJCP): un documento que solicita el Gobierno sobre la composición porcentual de las fibras, o de los materiales constitutivos, con el objeto de respaldar la veracidad de la información declarada.

Y, por último, el pedido de amparo que, si bien no es un requisito, termina siendo una instancia a la que llegan muchos importadores para que el Gobierno les apruebe la SIMI.

"Cuando decidimos importar, no queda otra que armarse de paciencia y levantar todos los días el teléfono y llamar para preguntar en qué estado está la situación", remarca  Silva.

Según un empresario textil, de una de las marcas nacionales más importantes, "hoy la situación es más compleja porque no quieren usar los dólares antes de las elecciones: los plazos son aún más largos".

A los inconvenientes que tienen hoy las principales marcas para importar insumos se suma un factor también fundamental: la alta presión impositiva.

Los precios que llegan al público tienen un 21% de IVA, un 5% de Ingresos Brutos, un 1,2% de Impuesto al Cheque y 2% de arancel de tarjeta. A esto, se suma el costo financiero del programa Ahora 12, que es del 9,8 por ciento.

Las marcas que venden en shoppings, además, deben sumar un 23% por el costo del alquiler. En consecuencia, el ingreso neto para el comercio es del 42% del precio venta al público de la prenda.