Telecomunicaciones

El Gobierno insiste en su embestida por los aumentos de Cablevisión

Para el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, las facturas con subas por encima de lo autorizado "no fue un error". "Si no cumplen, las consecuencias serán peores", advirtió. Su segundo formal, Gustavo López, indicó que Telecom tiene 10 días para informar cómo devolverá el dinero

El Gobierno renovó su embestida contra Telecom. Luego de que, el lunes, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), anunciara que aplicaría sanciones contra la empresa por incrementos presumante indebidos de los abonos de cable e Internet facturados a sus clientes, el titular de ese organismo, Claudio Ambrosini, aseguró este martes, en declaraciones radiales, que "no se juega con el Estado" y las empresas "tienen que cumplir y ajustarse a las reglas".

"Enacom es el órgano que regula las comunicaciones. Tenemos la obligatoriedad de fijar un aumento máximo. Se lo comunicamos a las empresas y algunas no lo cumplieron", dijo el funcionario, histórico vocero de Sergio Massa, entrevistado por la AM 750.

El lunes, el número dos del Enacom, el radical K Gustavo López, había anunciado la intimación porque Telecom aumentó sus servicios un 20% y el incremento máximo que había autorizado el Gobierno en diciembre fue del 5%. El abogado López afirmó que Cablevisión debía suspender la facturación de febrero y refacturar, con el incremento correcto y la devolución del 15% de más cobrado en enero.

En rigor de verdad, Cablevisión ya no es una empresa, sino la unidad de televisión paga e Internet de Telecom Argentina, tras la fusión entre ambas compañías, acordada a mediados de 2017 y aprobada en junio de 2018.

Telecom está controlada por Cablevisión Holdings y el fondo Fintech. Los titulares de la primera sociedad son Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliaro y los hermanos Noble Herrera. Todos, también, accionistas del Grupo Clarín. Fintech, en tanto, pertenece a David Martínez, inversor mexicano que ganó protagonismo en el mercado local a partir de 2003.

Gracias a Cablevisión y Fibertel, Telecom es la mayor prestadora de televisión por cable e Internet del país. Al 30 de septiembre de 2020, registraba 3,6 millones de abonados del primer servicio y 4,2 millones de accesos a banda ancha.

La empresa, que perdió $ 1249 millones entre enero y septiembre de 2020, tuvo sus ingresos afectados por el congelamiento de tarifas que rigió entre mayo y diciembre, producto de un acuerdo con el que el Gobierno buscó atenuar el impacto económico de la pandemia.

Pero Telecom, y la industria de las telecomunicaciones toda, recibió como un inesperado cambio de reglas el decreto que Alberto Fernández firmó en agosto y que declaró a la telefonía celular, la televisión paga y el acceso a Internet como servicios públicos y esenciales. En consecuencia, sus tarifas pasaron a estar reguladas por el Estado. 

En diciembre, el Gobierno anunció la creación de una prestación básica universal (PBU), que rige a partir de enero, y autorizó incrementos de sólo 5% en los servicios. Las grandes operadoras -Telecom, Telefónica Movistar y Claro- ya les habían anunciado subas del 20% a sus clientes.

De hecho, el lunes, cuando López develó la intención, además, de iniciar un expediente para sancionar económicamente a la empresa, fuentes de Telecom replicaron que no darán marcha atrás con las subas. "El aumento informado oportunamente se mantiene vigente. La cámara que representa a las empresas del sector, ATVC, presentó un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas. Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes", sostuvo la empresa.

Ambrosini explicó que la decisión de obligar a Telecom a devolver el aumento se difundió "para que tomen conciencia de que no se juega con el Estado" y que las empresas "tienen que cumplir y ajustarse a la regla".

Ambrosini, con Alberto Fernández

"Estamos apelando a que cumplan porque, si no, las consecuencias serán peores: aplicaremos multas, no los dejaremos participar en licitaciones y otras cosas que el Estado maneja. Tenemos capacidad sancionatoria", anticipó. "Ya les dijimos que cambien su actitud", agregó.

"El Estado puede quitar licencias. Es una decisión importante. Deberíamos poder evitarla. Tengo que usar todas las herramientas del Estado para que cumplan. PEro, ¿hay que llegar a eso?", advirtió.

Ambrosini aseguró que, para él, la aplicación de un aumento del 20%, en lugar del 5%, "no es un error".

Aunque matizó la definición con una apelación a "la buena voluntad de la empresa", estuvo en sintonía con su segundo formal, López, quien también volvió a manifestarse este martes, al asegurar que el aumento del 20% es "una pulseada política".

"Si la ley es tan clara y la resolución es tan clara, lo que quieren es una pulseada política", remarcó. "La pulseada es entre un decreto aprobado por el Congreso y la voluntad de una empresa que dice: '¿Saben qué? Acá mando yo'", agregó. Indicó que, una vez intimada, la empresa tiene 10 días para informarle al Enacom cómo devolverá el dinero.

Ambrosini, por su parte, aseguró que fueron "varias" las empresas que facturaron aumentos por encima de lo autorizado. "El Enacom va a sancionarlas con toda la fuerza para que el usuario no sufra una injusticia", prometió. Sobre Telecom, puntualizó que facturó "mal" (sic) en enero y "ahora, volvió a facturar mal; no es un error".

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Comentarios

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  • CM

    Claudia Magnin

    26/02/21

    Qué hacemos los usuarios cautivos que vivimos en el interior sin muchas chances de otro servicio?? Telefonía fija, celular, cable, internet todo con el 20% de aumento desde Enero/21.

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