Tarifas

El dilema del descongelamiento

El Gobierno inició el proceso para definir tarifas eléctricas "de transición" mientras busca una nueva revisión integral. Pero esa intención contrasta con las abultadas pérdidas que registraron las distribuidoras, después de dos años sin ajustes.

El 29 y 30 de marzo, se realizarán las audiencias públicas que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó para iniciar el descongelamiento de las tarifas de electricidad, tanto en distribución como en transporte. El objetivo de las audiencias es exponer las propuesta de cuadros tarifarios "de transición". La revisión tarifaria integral (RTI) que hizo la Administración de Mauricio Macri en 2017 definió que las tarifas se actualizarían dos veces por año. 

El último ajuste fue a inicios de 2019. Pero el agravamiento de la situación económica persuadió al anterior inquilino de la Quinta de Olivos de la conveniencia de suspender la suba del segundo semestre: debía realizarse en octubre, días antes de la elección presidencial. A cambio, prometió una compensación a pagar en siete cuotas, a partir de enero de 2020.

Alberto Fernández mantuvo el congelamiento. Pero ignoró la compensación prometida por su antecesor. Es más: llegó a la Rosada con la intención de desconocer lo firmado por su antecesor. 

La idea tomó forma a lo largo del año, a punto tal que el mismo Presidente no dudó en comentarlo explícitamente en audiencias con ejecutivos del sector. Un anticipo de lo que anunció semanas atrás, durante su discurso de inauguración del año legislativo, en el que propuso desdolarizar las tarifas de los servicios públicos.

"Desde el día que llegué y hasta hoy mismo, he ordenado el congelamiento de tarifas. He cumplido mi palabra. Ahora, llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo", dijo el Presidente. "La conformación de ese nuevo cuadro tarifario va a demandar meses. 

Hasta tanto podamos formular una nueva Revisión Tarifaria Integral, creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año", indicó. Señaló que, en el caso de la electricidad, de continuar lo definido en la RTI de Macri, el ajuste debería ser del 168 por ciento.

Según informes que las distribuidoras presentaron al ENRE previo a la audiencia -que, para ellas, será el 30-, el pedido de incremento será del 30% en la factura, hicieron trascender fuentes oficiales. Lo que restará debatir es quién lo paga: el usuario final o el Estado, a través de subsidios.

"El Gobierno tendrá que definir los siguientes pasos y quién y cómo se pagará la energía: si serán los consumidores, vía aumento de tarifas, o habrá mayores subsidios. O una combinación de ambas", observa Ezequiel Mirazón, socio de PwC Argentina y líder de la práctica de Energía, Minería y Utilities de la firma.

"De no readecuarse las tarifas, la situación de mediano plazo es compleja. Nos vamos a empezar a consumir la infraestructura actual y nadie podrá asegurar la calidad del servicio ta como la tenemos hoy", advierte.

La semana pasada, Edesur, concesionaria del sur del AMBA, anunció sus resultados de 2020. Sus ingresos cayeron 25%, a $ 66.591 millones, y perdió $ 6065 millones, rojo que contrastó fuerte con el azul de $ 17.262 millones de un año antes. Esta semana, fue el turno de Edenor. La distribuidora del norte también redujo más del 25% de su facturación, a $ 91.316 millones, y perdió $ 17.698 millones. Había ganado $ 16.518 millones en 2019. 

El número reflejó el impacto de la devaluación. El resultado operativo ordinario pasó de una ganancia de $ 6465 millones en 2019 a una pérdida de $ 2676 millones en 2020. "Principalmente, por el congelamiento tarifario, que no permite compensar el incremento de costos por inflación y el mayor cargo por incobrabilidad, producto del significativo aumento de la morosidad", explicó la empresa.

En ambos casos, la variable de ajuste fueron las inversiones. Edenor las redujo 18%, a $ 11.073 millones. Edesur, 37%, a $ 9487 millones. Pero no resultaron las únicas.

"El congelamiento hizo que sea muy complejo que puedan seguir afrontando inveriones y costos operativos que siguen subiendo por la alta inflación", explica Mirazón. "Frente a este escenario, la única forma que tuvieron las empresas de sobervivir fue financiarse con proveedores, básicamente, Cammesa", agrega. 

La referencia es a la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico, a la que Edenor, al 30 de diciembre, debía $ 12.372 millones (sin intereses). Edesur declaró un capital de trabajo negativo en $ 27.633,4 millones, "principalmente, como consecuencia de la deuda contraída con Cammesa para financiar la operación de la compañía durante la etapa de retraso en la actualización tarifaria", consta en su balance.

Mirazón agrega que la pandemia complejizó la situación, dada la menor demanda de energía (y su impacto en los costos fijos) y el aumento de la morosidad. "Las distribuidoras hicieron grandes esfuerzos para hacer las inversiones necesarias para mantener la calidad del servicio", describe. 

"El futuro es complejo. Las empresas necesitan adecuar sus tarifas para equilibrar su situación financiera y poder continuar con los desembolsos", vaticina.

"Las compañías mantuvieron las inversiones indispensables y los mantenimientos críticos para segurar la prestación de los servicios", observa Ariel Eisenstein, socio líder de Auditoría y Power&Utilities de KPMG Argentina. Desafío particular, agrega, en un año en el que sus flujos de caja se resintieron por el golpe de la pandemia y la crisis económica. 

En su opinión, será clave "encontrar mecanismos de recomposición tarifaria que permitan recuperar los planes de inversión previstos para el largo plazo, en función de una economía en crecimiento, y garanticen la prestación de un servicio de calidad".

Tags relacionados
Noticias del día

Compartí tus comentarios