¿El Club de Amigos de Punta salvará al verano argentino?

En Uruguay, el Estado y los privados aceleran un plan B para atraer a nuestros turistas, dado el menor poder adquisitivo.

Van dos meses consecutivos de inflación en alza en Uruguay y encima, la expectación es total y permanente desde las vecinas elecciones PASO, con el dominó de anuncios políticos que reperfilan la economía argentina a ritmo de vértigo.

Y el dólar… el "bendito" dólar que formatea los planes de vacaciones veraniegas, aunque sean pocos los que proyecten playa+hotel+espectáculos. Las semanas que quedan de campaña electoral parecen demasiado tiempo para planificar. Y aunque el reciente cepo cambiario en Argentina no abarca al dólar para el turismo, el alza de su cotización encarece cualquier plan en el exterior. Mientras que la restricción de los 10.000, hace que quien los tiene, reconsidere escrupulosamente si serán para hospedarse en el soñado balneario de lujo sudamericano.

Para sumar desafíos, el mismo Uruguay está inmerso en su campaña presidencial y legislativa, con primera ronda el 27 de octubre y posible ballottage, el 4 de noviembre. Sí, mismo calendario ribereño. Pero con cultura política distinta: la industria turística trasciende a los gobiernos de turno, logrando que privados y el Estado consensúen el plan B. O mejor dicho, el plan ABC.

En apenas un mes se hará el lanzamiento de la "temporada estival uruguaya" en la Feria Internacional de Turismo… en La Rural, de Buenos Aires. Y esta vez, la experiencia de veteranos políticos y operadores turísticos uruguayos quiere tener control, si no del cambio, sí de la oferta. Para que los queridos argentinos no resignen el verano uruguayo.

"Nosotros somos argentinodependientes en materia de turismo. El 75% de nuestro turismo es de relación hermana con la Argentina", dijo a El Cronista el intendente de Maldonado, Enrique Antía, en un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

"Hoy tenemos una dificultad cambiaria, económica, y un terremoto. Hemos sacado experiencias en terremotos anteriores", evaluó y explicó que a nivel nacional, el gobierno uruguayo ya decidió mantener hasta abril de 2020 las exoneraciones impositivas que inicialmente caducaban este 1 de noviembre. Que a grandes rasgos, incluyen la devolución del IVA sobre gastos realizados con tarjeta en servicios turísticos, sobre todo en restaurantes, hoteles y alquiler de vehículos.

"Eso ayuda, pero no alcanza, porque la diferencia es grande. En el departamento de Maldonado nos estamos reuniendo con el sector privado para analizar en conjunto qué medidas adicionales podemos adoptar. Queremos hacer un plan del Club de Amigos de Punta del Este, para ofrecer productos especiales con descuentos y tratar de amortiguar las diferencias".

La cumbre de amigos será el próximo lunes, "con todo el sector privado, hotelero, gastronómico y las tarjetas. Después de que resolvamos los privados y los locatorios, hablaremos con el gobierno nacional, pero estamos todos en esa sintonía".

Y destacó la "no grieta" uruguaya. "Hay algo importante: en Maldonado gobierna el Partido Nacional. Mientras que en el gobierno nacional, gobierna el Frente Amplio. Pero en estas cosas, estamos trabajando juntos, aunque seamos partidos distintos. En esto manejamos lo que es una política de Estado, que da una certeza al empresario para que se la juegue".

Es cuestión de días para saber qué acordarán. Por lo pronto, el diario El Observador reportó que entre las "medidas amigables para el turista" que contempla la Sociedad de Formento de Punta del Este, se baraja bonificar peajes y otorgar vales de combustibles a turistas que superen la semana de estadía. Están bregando por un acuerdo de precios con supermercados, mientras el Estado contempla reducir el impuesto inmobiliario a los propietarios argentinos. La ministra de Turismo, Liliana Kechichián, ya le encargó a la embajada en Buenos Aires un informe para evaluar el impacto de las restricciones cambiarias. Y ayer sugirió que "los intendentes de la costa (uruguaya) podrían hacer alguna medida con la contribución inmobiliaria a los ciudadanos argentinos que tienen sus propiedades en la costa uruguaya".

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