De la City

Cepo cambiario, cierres de empresas y conflictos: en qué trabajan los grandes estudios de abogados

El aumento del intervencionismo del Estado, las reestructuraciones de deuda y las trabas cambiarias mantienen ocupados a los grandes estudios de la City por encima de los niveles de 2020. Los cierres de empresas y los deals del año.

"Cuando el río baja y hay menos pescados, pescan los que saben pescar". La definición de José Martínez de Hoz (h), managing partner de Martínez de Hoz & Rueda (MHR), alude al nivel del agua y a las corrientes que traen el trabajo para los abogados de empresas. Desde 2020, la pandemia -y la cuarentena extrema como tratamiento- alteraron ese caudal, que lejos está de aportar la cantidad deseada de inversiones o nuevos negocios para alimentar a todos por igual (el ideal siempre pretendido de los estudios corporativos). Pero el volumen que llega viene revuelto y ya es conocido: regulaciones, intervencionismo creciente, reestructuraciones de deuda -forzosas y genuinas- y cambios puntuales de mano entre multinacionales que se van y locales que avanzan. Condiciones ambientales ya vividas en otros tiempos que, proyectan, seguirán agitando el curso del agua hasta que no haya una reversión de expectativas.

Para los abogados de la City, cada nuevo avance que hizo el Estado en los últimos 12 meses provocó llamados, whatsapps y pedidos de asesoramiento. El mercado cambiario, controles de precios, cuestiones societarias, impositivas, reclamos en sede administrativa y presentaciones judiciales ocupan hoy las horas de los departamentos de derecho administrativo, los de litigios y las de los expertos en mercado de capitales, por encima del volumen de 2020.

"En la parte regulatoria tenemos mucha tarea por los avances que realiza el Gobierno en todas las áreas. Trabajamos para las telcos en la obtención de medidas cautelares contra el decreto que determina que Internet y telefonía celular es un servicio público. Trabajamos para concesionarios en negociaciones, con distribuidoras y transportistas de electricidad en discusiones con Cammesa...De eso hay mucho y seguirá habiendo", describe Santiago Carregal, chairman de Marval, O'Farrell & Mairal, el estudio más grande del país con 62 socios (que serían cuatro más desde este mes) y 300 abogados.

"Lo que no podemos contar es lo más importante del trabajo que estamos haciendo", advierte Jorge Pérez Alati, name partner de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam), en cuya cartera figuran clientes históricos de servicios públicos, retail, tecnológicas, laboratorios y sector aeronáutico, entre otras multinacionales. Medidas cautelares favorables y contestaciones de demanda "que son una obra maestra jurídica" -ensalza- mantuvieron ocupado al bufete en los últimos meses para defender a esos clientes de la presión del Estado y las restricciones para operar. "Hay un acoso permanente y todo es muy tedioso. No es solo la norma, sino el mal uso que se hace de la norma", resume Pérez Alati y pone como ejemplos los precios regulados y la ley de góndolas (corporizada en el famoso centímetro con el que salió a medir espacios la Secretaría de Comercio en mayo último).

Marval, O'Farrell & Mairal, el estudio más grande del país con 62 socios (próximo a nombrar otros cuatro) y 300 abogados. "En la parte regulatoria tenemos mucha tarea por los avances que realiza el Gobierno en todas las áreas", resume Santiago Carregal, presidente del Consejo de Administración (segundo desde la izquierda).

"La mayor regulación causa dolores de cabeza en lo cambiario, lo aduanero, lo comercial. Para hacer cualquier cosa tenés que hablar con un abogado", complementa Diego Serrano Redonnet, también socio de Pagbam focalizado en mercado de capitales. Vanina Veiga, socia del departamento societario del estudio, vive esa presión desde la Inspección General de Justicia (IGJ): "En el ámbito societario tuvimos un exceso regulatorio brutal. Fijaron limitaciones a la actuación de las sociedades extranjeras que son vehículo y accionistas de sociedades locales. Eso exige que muchos de los clientes que son multinacionales y están conformados por varios grupos tengan que pensar en reorganizarse para cumplir con la norma". La reorganización, aclara, no es gratis: tiene un costo impositivo "enorme" que está demandando mucho asesoramiento para encontrar soluciones creativas y de bajo costo. "Son resoluciones sin fundamento, retroactivas", cuestiona.

Para Nicholson y Cano (NyC), estudio reconocido por su práctica de mercado de capitales en fideicomisos y emisiones de deuda, los asuntos regulatorios y los litigios picaron en punta: presentaron cautelares por la declaración de servicio público a la telefonía e intervinieron en reclamos administrativos y judiciales de empresas de medicina prepaga por la imposibilidad de aumentar sus cuotas.

"Litigios fue líder en facturación", resume Santiago Nicholson, managing partner de la firma, y mantiene en reserva los detalles y nombres de cada caso. El estudio asesoró además a cámaras empresarias en sus batallas judiciales por precios máximos y los regímenes informativos que fija la Secretaría de Comercio.

"Ha crecido muchísimo el trabajo regulatorio. Cuando es excesivo no es sano para la economía. Nos da mucho trabajo, resolvemos problemas, pero a las empresas no les viene bien", comparte Valeriano Guevara Lynch, managing partner de Allende & Brea.

"La reina pasó a ser la ley de abastecimiento con la prolongación del Covid. Regulación de precios, regímenes de información, control de rotulados, restricciones a importaciones y régimen SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). Las empresas conviven con un combo de intervenciones", aporta Bernardo Cassagne, socio fundador de Tanoira Cassagne. "Hay un convencimiento de la política de que la intervención es una buena herramienta", redondea.

En los planteos en sede administrativa se ve hoy una diferencia respecto de la etapa anterior de intervencionismo, advierten en varios bufetes: las empresas empiezan a animarse a reclamar. "Hoy no hay llamados de teléfono como en la época de Guillermo Moreno en la secretaría de Comercio, se regula por norma. Y existe menos temor a judicializar las decisiones", pinta el panorama un socio administrativista que redactó cautelares en los últimos meses.

Parte de los socios de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. El estudio estuvo muy activo en reestructuraciones: tras cerrar la de Argentina en septiembre de 2020, asesoró a varias provincias y a YPF en sus canjes. En M&A, estuvo del lado del Grupo Werthein en la reciente compra de los activos de DirecTV en América latina a AT&T.

"El regulador de defensa del consumidor está muy activo en lo sumarial: todos los meses hay decenas de multas a empresas y por lo general, los montos están en el orden de los $ 2 o 3 millones. A su vez, cada dos o tres meses hay una nueva reglamentación de las normas de defensa del consumidor con precisiones sobre comercio electrónico, categorías de consumidores, ley de góndolas, información a clientes", aporta Matías Ferrari, socio de Cerolini & Ferrari.

En el capítulo fiscal, los aumentos de alícuotas por parte de provincias y municipios (justificados por la caída de recaudación del Covid) también provocaron una oleada de presentaciones en tribunales. Lo mismo ocurrió de parte de los bancos por la aplicación de Ingresos Brutos a resúmenes de tarjeta de crédito y Leliqs por parte de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pelea con el Gobierno por la quita de coparticipación. Liban Kusa, socio del Departamento de Impuestos de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, asesoró a entidades en su reclamo ante la Corte. "Se definirá cuando haya un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión de la coparticipación", afirma.

En esa línea, para Genneia, principal productor de energía renovable, Pagbam consiguió una cautelar contra la imposición del llamado "impuesto al viento" en las provincias, una muestra elocuente -si las hay- de la voracidad fiscal.

El impuesto a la riqueza por la emergencia Covid fue otra fuente de consultas crecientes. Solo en Bruchou llevan unos 140 casos de alto patrimonio. La recomendación a esos clientes consistió en evitar las medidas cautelares para cuidar su exposición mediática y canalizar la defensa en el terreno de la AFIP.

Un empujón para reestructurar

A la hora de alimentar el caudal intervencionista, el Banco Central ocupó un papel principal. "Cada vez que se reúne el directorio del Central los jueves hay novedades. El acceso al mercado de cambios y al contado con liqui está hiperregulado", apunta Alexia Rosenthal, socia fundadora de Tanoira Cassagne. "Sale una norma y los clientes preguntan de inmediato cómo estar encuadrados y qué se puede hacer. Y cuando el mercado empieza a encontrarle la vuelta a la operatoria, el Central corre de atrás y la regula", describe el mecanismo que viene repitiéndose desde 2020, cuando se amplió la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo. El agua busca otro recorrido cuando choca contra una pared.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen lleva causas sensibles de empresas de servicios públicos, retail, tecnológicas y del sector aeronáutico, entre otros. "Hay un acoso permanente del Estado", define su name partner Jorge Pérez Alati. También está activo en emisiones de deuda.

El torniquete cambiario sigue ajustándose a niveles no vistos en el antecedente del tercer kirchnerismo 2011-2015 ni en los tres meses de 2019 de Mauricio Macri, observan los abogados. Ejemplo: por primera vez se cruzaron dos mundos, el del mercado oficial de cambios y el del CCL (Contado con Liquidación). "La empresa que opera por el mercado de cambios no puede ir por CCL. Hay que elegir el canal donde quieren jugar. Es muy complejo de entender cómo repercute uno con el otro", explica Rosenthal.

La resolución del BCRA de septiembre 2020 que fijó un límite del 40 por ciento para el acceso al mercado de cambios en el caso de las deudas corporativas obligó a todas las empresas con vencimientos en 2021 a reestructurar de manera forzosa el 60 por ciento restante de sus bonos. En la gran mayoría de esos casos, indican los abogados, no había problemas de caja de las compañías sino un obstáculo oficial para comprar los dólares necesarios, lo cual fue entendido en términos generales por los acreedores. "Cuando el origen es regulatorio, los procesos de reestructuración son menos cruentos", resumen.

El de YPF, que cerró un canje de deuda por US$ 2100 millones en febrero, imposibilitado de pagar un vencimiento en marzo por las limitaciones cambiarias, fue el caso más representativo. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a la petrolera en las negociaciones con los acreedores. Por los bancos -Citi, HSBC, Itaú, Santander- actuó Tanoira Cassagne.

Bruchou venía de asesorar a los bancos (Bank of America y HSBC) en el capítulo local de la reestructuración de la deuda argentina cerrada en septiembre de 2020, por US$ 66.000 millones. E intervino, también por los bancos, en las sub soberanas de Salta, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén, y en la de Chubut (por la provincia). "Tenemos un market share altísimo en reestructuraciones", destaca Hugo Bruzone, managing partner de la firma. En casos privados, participan en las de Ribera Desarrollos y la de Molino Cañuelas, donde son asesores del comité de bancos hace dos años.

Tanoira Cassagne asesoró a Río Negro y Neuquén en esos procesos, y por el Banco Comafi intervino en las refinanciaciones de Telecom y Banco Hipotecario. Por Telecom actuó en el canje cerrado en 2020 Errecondo González & Funes (su estudio desde hace años), y por los bancos (Citi, Santander, HSBC, Itaú BBA, JP Morgan), Marval. En el caso de Aeropuertos Argentina 2000 (cliente histórico de Bomchil), que cerró préstamos bilaterales en septiembre y en febrero con bancos locales, Marval también estuvo por el lado de las entidades.

"En la Argentina, las empresas solo pueden emitir deuda a plazos muy cortos y eso fuerza un rollover permanente cada dos años", describe el escenario Serrano Redonnet, más allá de la norma del 60/40 que sacó el BCRA. Pagbam -que cumplió 30 años- puso su firma en las reestructuraciones de Grimoldi y Oilstone, y en los canjes de ON de IRSA y Cresud, en todos los casos por los bancos. Por IRSA y Cresud participó Zang, Bergel & Viñes, asesor histórico del Grupo Elsztain. "Las empresas necesitan financiarse. Siempre estamos activos con emisiones, préstamos o alguna estructura financiera creativa", dice Carolina Zang, socia administradora del estudio que también vio crecer casos de insolvencia (representa a acreedores en los concursos de Ribera Desarrollos y Vicentín a través de su socio Francisco Roggero).

Beccar Varela apuesta al trabajo que genera el sector tecnológico y el mundo fintech. "La regulación no impide el florecimiento de la actividad", señala María Shakespear (izquierda), una de las socias del área.

Con su expertise principal en el sector energético, Martínez de Hoz & Rueda también lanzó su caña al río del mercado de capitales. Para Pan American Energy (PAE) colocó este año US$ 300 millones, "la única compañía que pudo emitir en el exterior y conseguir dinero fresco", resalta el socio José Martínez de Hoz (n). En el mercado local, asesoró en una emisión dollar linked por US$ 280 millones para la misma petrolera, y estuvo del lado de bancos y acreedores en las reestructuraciones de deuda de Jujuy, Chaco, Neuquén y Chubut.

El beso de despedida

Pero el terreno de las emisiones de deuda respondió a la obligación de reestructurar y a la montaña de pesos que se tradujo en instrumentos para escaparle a la inflación, como los bonos dollar linked. Con la economía aún bajo los efectos del derrumbe que causó la pandemia, lo que domina es el conflicto.

"En la Argentina es imposible hacer negocios con el cepo cambiario. No se pueden girar utilidades", recuerdan en los estudios en alusión al clima general que marca el momento. Las salidas de empresas del país -las que fueron públicas, como Falabella o Latam, y las que se manejan bajo siete llaves porque no quieren un impacto en su imagen global- ocuparon parte de sus horas.

A Marval le tocó cerrar operaciones chicas de representantes y distribuidores (de entre 10 y 15 empleados) que venían postergando su decisión de dejar el país y para quienes la cuarentena fue el empujón final. "Cuando sumás todos los cierres de firmas de ese tipo que había en Buenos Aires representan un número importante", subraya Javier Patrón, managing partner del estudio. En esos casos, pese a la prohibición de despedir y a la doble indemnización, primó la decisión de bajar la persiana definitivamente e irse, agrega el socio, cabeza del Departamento Laboral de la firma.

Entre las que fueron públicas, Allende & Brea llevó la salida de la aerolínea Emirates. ¿Cómo es trabajar en el cierre de una empresa sin que se venda? Muy arduo y para nada grato, responde Guevara Lynch. El proceso lleva varios años, explica: primero hay que desvincular a los empleados, en negociaciones bilaterales uno a uno (dada la prohibición de despido), y luego dar de baja todos los contratos, desde los más simples (el alquiler de la oficina) a los más que complejos con proveedores o distribuidores. En todos los casos se negocian indemnizaciones por incumplimientos. Lo último es liquidar la sociedad. "Por suerte son casos aislados", apunta.

Así como el aumento de las regulaciones remite a la última década, en las escasas operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés) se repite una característica cíclica: salen los extranjeros y entran los locales. "En nuestro caso fueron más los casos donde asesoramos a clientes que decidieron dejar el país y vender", acota Jorge Garnier, socio de EY Law. "Lo que les interesa a muchos inversores extranjeros, más que el recupero, es irse de manera prolija y ordenada", aporta Santiago Sturla, socio de Allende & Brea.

Si bien fue una operación regional, la reciente compra de los activos de DirecTV en América latina cerrada por el Grupo Werthein con el gigante estadounidense AT&T se inscribe en esa corriente. Bruchou asesoró a los Werthein -cliente del estudio desde los tiempos en que fueron accionistas de Telecom, a principios de los 2000- en toda la transacción y coordinó desde la Argentina la elección de los estudios jurídicos que intervinieron en cada país, cuenta el name partner Carlos Lombardi. Las negociaciones con AT&T arrancaron en marzo en Nueva York y fueron manejadas con muchísima reserva hasta que se firmó el deal semanas atrás en Manhattan.

Marval se sentó a la mesa por Compañía General de Combustibles (CGC) en la reciente compra de la petrolera china Sinopec, y firmó la venta de Walmart al Grupo De Narváez en noviembre último como asesor del gigante estadounidense. En el sector energético, que volvió a activarse con la recuperación del precio del petróleo, hubo otros movimientos, como el acuerdo de inversión de Trafigura con Vista Oil & Gas para el desarrollo de 20 pozos en Vaca Muerta, un deal de US$ 250 millones.

"Ha crecido muchísimo el trabajo regulatorio. Cuando es excesivo no es sano para la economía", dice Valeriano Guevara Lynch, managing partner de Allende & Brea, que llevó casos de cierres de empresas.

"Vaca Muerta recuperó el nivel de actividad por los precios del petróleo, a pesar de la situación local", aclara José Martínez de Hoz (h), referente en la práctica energética y asesor de Trafigura en esa operación (Bruchou es el de Vista, la petrolera de Miguel Galuccio). "A nivel regulatorio, el gran tema es la nueva ley de hidrocarburos. Pero el problema no está en la ley, sino en las políticas, que no se cumplen. El mero hecho de dictar una nueva ley servirá para poco si el Gobierno no tiene una intención clara de cumplirla", dice sobre el proyecto que agita las aguas.

El foco del negocio hoy en no convencionales está puesto en la exportación de petróleo y gas, explica Tomás Lanardonne, también socio de MHR. Cómo lograr desde lo legal que sean viables en escala campos que tienen una reacción muy rápida para exportar. Los obstáculos para nuevas inversiones pasan por el aspecto cambiario -primera piedra de cualquier operatoria, sea el que sector que fuere- y por las condiciones regulatorias: sin posibilidades de exportar con contratos en firme, que no sufran interrupciones o cuotas para el mercado interno, todo se hace cuesta arriba. "El barril vale US$ 20 más en el mercado internacional que en el interno, por el tope de precios", recuerda.

En minería, el litio figura a la cabeza y Allende & Brea actuó en la fusión entre Orocobre y Galaxy (cuyo headquarter estará en el país) a través de su socia Florencia Heredia. "Se viene un desafío para los abogados en todos los proyectos de litio que existen en la Argentina: el financiamiento", anticipa la especialista.

Para Nicholson y Cano, una de las transacciones más relevantes tuvo condimento de pura coyuntura: la constitución del fideicomiso para financiar la nueva planta del Laboratorio Richmond, del empresario Marcelo Figueiras, que fabricará la vacuna rusa Sputnik en el país. "El trabajo empezó los primeros días de abril. El contrato para la compra de la planta se firmó en febrero y la empresa tomó la decisión de financiarse en el mercado de capitales a fines de marzo. En paralelo armamos la estructura de financiamiento y los contratos de compra de la planta, que ya está construyéndose", describe Mario Kenny, socio que lleva la operación. "Es una emisión de US$ 85 millones con un mínimo de US$ 70 millones. Richmond aspira a conseguir el 100 por ciento. Es un bono a 20 años, un típico project finance, que para algunos inversores puede ser difícil de digerir. La renta tiene un mínimo del 3 por ciento anual y propone participar de las utilidades que dé esa planta como unidad de negocios, no solo de la vacuna Sputnik", explica las características.

Realidad paralela

Desacoplado de la incertidumbre local, hay un mundo que sigue moviéndose en una realidad aparte a la hora de las inversiones: el de la tecnología y las fintech. Los principales estudios salen a pescar cada vez más seguido en ese lago.

"Todo lo que es fintech, banca virtual, criptomonedas, tiene jugadores nuevos que llegan. Lo demás está en wait and see", resume Carregal, de Marval. Como abogados de MercadoLibre, colocaron ON de la empresa fundada por Marcos Galperin y desarrollaron los fideicomisos de préstamos digitales.

"La industria de medios de pago está migrando hacia la transferencia en tiempo real", indica Carlos Melhem, socio de banking de Allende & Brea que vio crecer el volumen de asuntos por las transferencias 3.0 y la fiebre que generan los nuevos entrantes al mercado.

"Cada vez que se reúne el directorio del Central los jueves hay novedades. El acceso al mercado de cambios y al contado con liqui está hiperregulado"

Beccar Varela viene apostando al área hace ocho años y constituyó un departamento fintech propiamente dicho, que asesora a empresas, bancos e inversores. "Todos los negocios de base tecnológica siguen siendo buenos y generan consultas de asesoramiento y deals. La regulación, que existe y es amplia, no impide el florecimiento de la actividad. Hay un relato distinto", resume María Shakespear, socia del área de Beccar Varela. Galicia, Itaú (para sus divisiones fintech), Nubank y Softbank son algunos de los nombres que integran la cartera del centenario estudio.

"Lo que empezamos a ver son fondos de private equity que están abriendo sus propios fondos de venture capital (para invertir en tecnológicas) o ampliando sus mandatos. Hay un cruce entre fintech, venture capital y el área de sustentabilidad a la hora del financiamiento que derrama para todos lados", aporta Tomás Allende, socio de Beccar Varela especializado en fondos de inversión. Recientemente, cerró, por el fondo Cantor Fitzgerald, la fusión con Satellogic, la empresa de satélites del emprendedor local Emiliano Kargieman, a través de la figura del SPAC (empresas de adquisición con propósito especial). "Fue el primer caso en la Argentina", destaca.

El color del agua del negocio tecnológico se parece al de los tiempos siempre añorados por los estudios corporativos, porque trae corrientes nuevas. En el resto hay estancamiento y poco pique. Solo apto para los que saben pescar. 

La versión original de esta nota se publicó en el número 322 de revista Apertura.

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