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OCA: allegados a Cristóbal López no terminaron de pagar pero ya trabajan en su traspaso

El grupo patagónico Clear se comprometió a cancelar el 30 de junio u$s 1,5 millón que debe por el precio de la empresa, más u$s 18,5 millones que tiene que asumir en contingencias. El principal correo privado del país perdió $ 3500 millones el año pasado

Faltan menos de 10 días para que se cumpla la fecha en la que Clear, el grupo patagónico vinculado a Cristóbal López, se comprometió a terminar de pagar por OCA, el principal correo privado del país. Pero, en el juzgado de la quiebra -Comercial 10, de Lomas de Zamora-, ya se está avanzando con la entrega de la empresa.

El viernes a la mañana, Juan Ignacio González Pedroso, presidente de Clear, y su abogado, Rafael Algorta, socio del estudio Tanoira Cassagne, mantuvieron una reunión virtual con el juez Pablo Tejada, en la que hablaron sobre "temas generales del proceso en curso", según consta en el acta de la audiencia. Pero, apenas horas antes, los liquidadores de la quiebra, Alicia Kurlat y Carlos Tabasco, ya le habían informado al magistrado que están esbozando el esquema de transición con los ejecutivos del comprador, que se sumaron a la administración de la empresa en octubre pasado, después de que el grupo depositara un anticipo de $ 440,88 millones, u$s 5,28 millones al tipo de cambio oficial de entonces.

Tejada decretó la quiebra de OCA en abril de 2019. Ya entonces, había sacado de la empresa a su último dueño, Patricio Farcuh, fallecido en enero pasado. Desde ese desplazamiento, la empresa está gestionada por una intervención, en la que participan peritos judiciales, el Gobierno nacional -a través de un representante del Ministerio de Trabajo- y Camioneros, uno de los acreedores de su comité de control y, también, gremio al que está afiliado cerca del 90% de sus más de 6000 empleados.

Además, Farcuh, que compró OCA en 2013, había denunciado que, entre mediados de 2016 y e inicios de 2017, los Moyano le habían usurpado la compañía, causa principal del descalabro financiero que la llevó a presentarla en concurso preventivo. 

Clear es el eufemismo con el que se agrupa a Clear Petroleum (empresa de servicios petroleros) y a Clear Urbana (servicios de limpieza urbana). Ambas, fundadas por López y, desde hace una década, en manos de tres ex colaboradores del Zar del Juego: González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano. López les cedió sus participaciones accionarias después de que compró los activos locales de Petrobras, en 2010, y fundó Oil Combustibles. Sus hijos -Emiliano y Nazareno- permanecieron en los directorios de las dos Clear hasta octubre de 2017, dos meses antes de que López quedara detenido por presunta evasión de impuestos.

El año pasado, después de rechazar por baja (u$s 5 millones) una oferta del Grupo Campici -dueño de Escudo Seguros, ex sponsor de Independiente, club que preside Hugo Moyano-, Tejada abrió una licitación. OCA estaba tasada en u$s 37 millones. El juez llamó a la subasta por una base fija de u$s 18,5 millones, para pagar deudas, más un precio base de u$s 17,6 millones. Todo, en un pago, al contado para el ganador. Resultó desierta.

Clear, que expresó su interés por OCA en julio, fue el único candidato que había cumplido con todas las condiciones que puso el juez. Tejada le permitió formular una propuesta, mientras, en paralelo, convocó a otra subasta, pero a un precio base más de 70% inferior: u$s 5,28 millones. Rechazó la oferta de Clear, que quería pagar un anticipo y el resto, en pesos y en cuotas. El grupo, también, exigió involucrarse en la administración de la empresa, antes de que se decidiera su adjudicación. El magistrado se opuso a esto e hizo propios cuestionamientos de la sindicatura sobre la capacidad financiera de Clear para cumplir con los u$s 70 millones que prometió, entre la compra de la compañía y un plan de inversiones posterior.

No obstante, Tejada le permitió mejorar la oferta. También, por las restricciones cambiarias, flexibilizó las condiciones de pago. Aceptó que se hiciera en pesos, a tipo de cambio del día, o se integrara con un seguro de caución. Esta vez, sobre los u$s 18,5 millones fijos, Clear propuso el nuevo precio base (u$s 5,28 millones), más una prima de u$ 1,5 millones. Para poder ingresar a la administración, y como muestra de la seriedad de su propuesta, hizo el depósito con el anticipo en pesos de los u$s 5,28 millones. Tejada lo aceptó. El 30 de diciembre del año pasado, dio también por cancelada la segunda subasta -que debía realizarse en febrero- y le adjudicó directamente la empresa.

El 1º de marzo, Clear presentó un seguro de caución con el cual pretendió cancelar el u$s 1,5 millón de saldo de precio. No hubo alusión a los otros u$s 18,5 millones fijos. Dos acreedores, la AFIP y el fondo Latin American Postal Acquisitions, objetaron que la póliza estuviese emitida en pesos a tipo de febrero -y su eventual plazo de ejecución final venciera en agosto-, al margen de la solvencia de las aseguradoras con las que la contrató.

Días después, Clear contrató una nueva póliza, también ejecutable en pesos, pero, en esta ocasión, sí emitida en dólares. El grupo patagónico se comprometió a cumplir con el pago total por OCA el 30 de junio.

Por lo pronto, los liquidadores de la quiebra están en contacto con la docena de ejecutivos de Clear que trabajan en el área de Dirección y Coordinación Administrativa de OCA, para "la mejor planificación de las acciones que quedarán a su cargo", a partir del momento en el que Clear cumpla con todos sus compromisos financieros, "muy especialmente la asunción de la contingencia fija e invariable determinada en u$s 18,5 millones", según resaltaron los enajenadores en su escrito.

"Actualmente, estamos orientando definidamente el trabajo en colaboración, hacia el acuerdo para la determinación de los procedimientos que lubriquen un proceso de transferencia de los activos descritos en el pliego de condiciones de venta, de manera ordenada, transparente, segura y con la mayor celeridad compatible con la complejidad de la operación", consignaron.

En tal sentido, le pidieron al juez que haga un corte de los activos a transferir, dado que, al tratarse de una empresa en marcha, el listado de bienes puede variar. Entre ellos, el dinero depositado en distintas cuentas, en la gestión de cheques de terceros, los propios cheques rechazados (que deberá asumir el comprador) y en los saldos de las cuentas a cobrar. También, bienes de uso, como vehículos, inmuebles, marcas, licencias de software y hardware. En tal sentido, de 1071 vehículos, OCA tiene 571 en uso o servicio; 275 fuera de servicio y 224 identificadas para su venta. También, las acciones de Seprit, correo privado cordobés del que OCA posee el 99% de su capital.

Según las condiciones de la venta, los activos de OCA deberán pasar a una nueva sociedad que Clear tendrá que crear.

OCA entró en concurso preventivo a mediados de 2017, por un pasivo que, en la convocatoria de acreedores, se verificó en $ 4494 millones. La mayoría, impositivo y previsional. La empresa generó un pasivo posconcursal que roza los $ 20.000 millones. El año pasado, facturó $ 8355,43 millones, 46% más que en 2019. Perdió $ 3489,34 millones, contra un rojo de $ 2400 millones el año anterior. Inició el año con un patrimonio neto positivo en $ 1888,11 millones y lo terminó con uno negativo en $ 403,54 millones.

En el primer trimestre de 2021, facturó $ 2400,62 millones, de los cuales 45% provino de su negocio de paquetería. Las pérdidas, que promediaron los $ 200 millones en los últimos meses del año pasado, se redujeron a $ 163,32 millones durante marzo, según el último informe de resultados presentado en el expediente judicial.

Reclamo por deudas y sueldos

En ese contexto, la quiebra continúa acumulando reclamos, tanto por deudas viejas como nuevas. Y algunas decisiones que tomó el juez resienten su operación. Una, por ejemplo, fue hace un año y medio: la eliminación de los sueldos especiales que cobraban Farcuh y un equipo de colaboradores, que significaba un costo mensual superior a los $ 25 millones, y la implantación de un tope de $ 300.000 para todo salario pagado por la compañía.

Semanas atrás, las peritos interventoras y Rodrigo Condorí Saldaño, abogado de Camioneros que ejerce la dirección comercial de OCA, le escribieron a Tejada para advertirle que "hemos soportado la pérdida de un recurso fundamental para la organización, como es el director comercial de la empresa, por haber recibido una oferta superadora en materia económica por parte de un compañía considerada competencia directa".

La cuestión, agregaron, "nos preocupa de sobremanera, asumiendo que podría seguir sucediendo de continuar generándose una pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores y, por consiguiente, un grave y constante riesgo de pérdida de recursos valiosos para la compañía, sobre todo, en momentos tan trascendentales como los que se transita".

"Además de haber sufrido una merma considerable en sus ingresos, éstos permanecen congelados, y considerando que, cada vez, son más los colaboradores alcanzados por el tope salarial, se establece una situación por demás injusta en relación con las responsabilidades asumidas, además de una disociación absoluta de los ingresos medios de mercado para puestos similares", advirtieron.

"La situación detallada suscita no solo una desigualdad evidente entre los mismos dependientes, sino que establece un escenario complejo para estos administradores a nivel jerarquías dentro de la estructura del organigrama empresarial", añadieron.

En consecuencia, le solicitaron al juez que revise el tope salarial, "considerando que el tiempo transcurrido hace que éste se encuentre absolutamente desactualizado".

Con esto, dicen, se logrará "establecer un plan de igualdad en la totalidad de los trabajadores de la empresa" y se mantendrá "la excelencia de un capital humano altamente comprometido, asegurando el sostenimiento y continuo crecimiento de OCA hasta su efectiva enajenación".

El año pasado, OCA pagó más de $ 7800 millones en sueldos. El laboral es más del 70% de sus costos.

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