Vicentin: ordenan congelar todas sus cuentas en la causa por estafa y la empresa asegura que no podrá pagar sueldos

Es en la causa por estafas denunciada por productores agropecuarios. Ayer el fiscal había asegurado que la empresa mostraba en los balances como propios granos que no había pagado. 

La empresa Vicentin denunció que el el Juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario, Hernán Postma ante el pedido del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno ordenó al Banco Central el congelamiento de todas sus cuentas bancarias.

La medida se da en el marco de la denuncia por estafa que realizaron productores agropecuarios y que fue la causa de una serie de allanamientos esta semana en oficinas y domicilios en la ciudad de Reconquista y en Avellaneda.

"Es una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores", aseguró el directorio de la empresa en un comunicado, en el cual además piden a quienes tomaron la media que recapasiten a la brevedad.

 

Según el mismo documento, "la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C  pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición".

La firma emplea a 5000 personas en Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a Vicentin bajo la modalidad de "precio a fijar", le entregó la mercadería pero no pudo cobrarla por el concurso preventivo de la agroexportadora.
La denuncia plantea que Vicentin habría ocultado información o tergiversado sus balances para "exhibir una salud financiera que no era tal", detalló justamente ayer el fiscal Moreno.

Sin embargo, por el momento no se pudieron determinar imputaciones concretas a directivos de la firma que está intervenida desde principios de diciembre por 90 días.

"Los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor ", indican desde la empresa.

Segun la empresa, "esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal".

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