El Cronista Comercial

Tras el rechazo de la AFIP a la oferta por OCA, los acreedores le piden al juez que abra una licitación

El Grupo Campici había ofrecido u$s 5 millones. El monto está muy por debajo de los u$s 37 millones a los que se había tasado la compañía y, también, de los u$s 17,6 millones de su última valuación. Tenía el aval de Camioneros. Pero la AFIP, además, criticó la forma de pago y la falta de un plan estratégico claro

Tras el rechazo de la AFIP a la oferta por OCA, los acreedores le piden al juez que abra una licitación

Tras rechazar la oferta del Grupo Campici, los acreedores de OCA le piden al juez de la quiebra, Pablo Tejada, que active, lo más urgente posible, una licitación pública con el objetivo de encontrar otros potenciales compradores para la empresa.

Campici –hasta ahora, único interesado en quedarse con OCA– había ofertado u$s 5 millones, a pagar en seis meses, por la mayor operadora postal privada del país. La empresa está quebrada hace más de un año, por deudas que, entre pasivo el verificado y el posconcursal, ya superan los $ 20.000 millones. El monto ofrecido equivale al 13,5% de los u$s 37 millones en que los liquidadores de la empresa habían tasado la compañía, como informó El Cronista esta semana. También queda corto frente a la nueva valuación, de u$s 17,6 millones, que los enajenadores –Carlos Tabasco y Alicia Kurlat– le actualizaron en las últimas horas al juez de la quiebra, Pablo Tejada.

A través de Ficsa, su sociedad de inversiones, Campici presentó la propuesta el 11 de mayo. El grupo es dueño de Escudo Seguros, empresa que a mediados del año pasado firmó un contrato de patrocinio con Independiente, el club que preside Moyano y del que su hijo, Pablo, es vicepresidente. Un lugar que, hace cinco años, ocupaba OCA en la roja camiseta del Diablo de Avellaneda.

La oferta tiene el apoyo de la Federación de Camioneros, uno de los tres integrantes –junto a la AFIP y la ART Experta– del comité de acreedores de OCA. El gremio, también, participa de la intervención de la compañía, con su abogado, Rodrigo Condorí, activo en la gestión comercial. “Celebramos la existencia de una oferta formal que prevea la conservación de los puestos de trabajo y el respeto de los derechos individuales de los trabajadores”, manifestó el sindicato, al que está afiliado el 90% de los 6047 empleados de OCA, en un escrito presentado en el expediente.

Aunque Camioneros reconoce que la oferta, en lo económico, no es la más conveniente para sus propios intereses financieros, “es evidente que es mucho más importante para esta Federación y sus integrantes que nuestros representados conserven sus puestos y condiciones de trabajo antes que la percepción de nuestros créditos”, señaló.

Pero no todos los acreedores piensan igual. La AFIP, el principal, rechazó la oferta de Campici. “Se evidencia que la propuesta efectuada dista significativamente del valor base que propone la tasación”, manifestó el ente recaudador, a la que OCA debe más de $ 8000 millones, entre deuda verificada y posconcursal.

Prima facie, se manifiesta francamente desproporcionado con el valor que tendrían los activos de la fallida, frente a los presupuestos y elementos técnicos que evaluaron los enajenadores”, le indicó la AFIP a Tejada. El precio no es lo único que objeta. Critica que Ficsa, la sociedad inversora de Campici, “no propone un plan de negocios con una concreta proyección operativa, acreditación de idoneidad y experiencia en el rubro, solvencia técnica y financiera de quien lo llevará a cabo para afrontar los compromisos que emerjan de una eventual adjudicación y los propios de la explotación de los activos”.

Si bien valora la intención de cuidar los más de 6000 puestos de trabajo directos de la empresa, “el servicio no funciona sin un proyecto claro y una estrategia concreta de negocio”.

Por eso, la AFIP urge al juez que, dada la altura del proceso y la velocidad del deterioro de las finanzas de OCA –sólo en mayo, habría perdido $ 20 millones por día–, avance con la venta de la empresa y abra públicamente una licitación, “a fin de garantizar la pluralidad de eventuales oferentes genuinos sobre una base técnica cierta, que ofrezca mejores posibilidades de obtener un mayor valor de venta de la empresa en marcha”.

Con esa puja, la AFIP espera que aparezca “un adquirente que tenga un plan y una estrategia de negocios clara, que asegure la efectiva continuidad de la empresa como fuente de trabajo”.

Opinión similar manifestaron los liquidadores, Kurlat y Tabasco, quienes señalaron, en la oferta de Ficsa, condiciones “que deberían motivar un requerimiento de mejora de esa propuesta inicial”.

En diciembre, los enajenadores tasaron a la empresa en u$s 37 millones. Pasados cinco meses, con el grave deterioro que sufrieron sus finanzas, ahora, calculan que ese precio bajó a u$s 17,58 millones.

La cifra, no obstante, refleja las mejores perspectivas que, por el incremento de las ventas online –producto de la cuarentena–, ofrece el negocio de paquetería de la empresa, que ya tuvo un impacto positivo en la facturación de OCA durante abril.

“Claramente, queda expuesto que se trata de una empresa capaz de generar recursos y que su valor está, precisamente, en su potencialidad de crecimiento”, remarcaron.

Los u$s 37 millones en que se había tasado la empresa contemplaba la posibilidad de que hasta su mitad fueran indemnizaciones. El precio actual, en cambio, considera la preservación de los más de 6000 puestos de trabajo, aunque con una reducción del 5% en el costo salaria en los primeros tres meses de gestión del eventual nuevo dueño.

También, incluye un recorte de gastos operativos del 4% a lo largo de un año, en el que las ventas subirían 20%. Además, se prevé una asistencia de fondos públicos –mediante subsidios y aportes extraordinarios– para el pago de sueldos durante seis meses y la venta de un inmueble como fuente financiera adicional en el primer año.

Sin embargo, pese a que el precio se redujo en cerca de u$s 20 millones, “ninguno de los cálculos y estimaciones hechos en el marco de la revisión realizada hacen concluir que una base de u$s 5 millones (monto que, por otra parte, no sería de ingreso neto para la quiebra, sino que sufriría ciertas deducciones) sea apropiada en esta instancia”, rechazaron los liquidadores.

Las deducciones aludidas son a que el monto ofertado por Campici es por todo concepto, incluidos impuestos y honorarios.

“En ese sentido, estimamos que deberá invitarse al oferente a considerar una mejora cuantitativa sustancial de su propuesta”, le recomendaron al juez. También, le pidieron que abra la licitación, cuyas principales bases y condiciones sugirieron.

En tal sentido, propusieron que el precio sea puesto en dólares y, en la medida de lo posible, dada la brecha cambiaria entre el oficial y sus alternativas legales –dólar bolsa y contado con liquidación–, se cancele en esa moneda.

También, que se exija a quien presente su oferta una garantía del 10% del monto propuesto o, en su defecto, el mismo porcentaje pero del precio base, si el juez lo considera conveniente para evitar filtraciones que permitan deducir la cifra propuesta. “En cualquier caso, esta garantía debería ser constituida en dólares”, indicaron.

Además, recuerdan que la Ley de Concursos y Quiebras, en el artículo 205 inciso 4, establece que la venta debe ser al contado y el precio, saldado 100% antes de tomar posesión de la empresa quebrada. “Esa, hemos propuesto, debería ser la condición de pago”, señalaron.

Conceden que, si Tejada quisiera dar un plazo como los seis meses que pidió Ficsa, en ese caso, debería pagarse una garantía del 10%. Si fuera a través de una caución –una de las opciones aceptadas para cumplir con esa garantía–, el monto asegurado debería ser en dólares, pagable a la primera vez que el juzgado lo exigiera.

 “Ese mecanismo de garantía podría complementarse con la sujeción de la transferencia de la titularidad (no del uso) de ciertos activos (inmuebles, marcas), a la realización efectiva del pago comprometido”, remarcaron.

En caso de que, una vez abierta, hubiera otros interesados en la licitación, a Ficsa (Campici), se le reconocería un derecho a mejora, “más no necesariamente una lisa y llana facultad de empate de la oferta más alta”.

También indicaron la necesidad de prohibir la compra a comisión o la cesión posterior de la compañía a un tercero por parte del ganador de la puja, salvo que se tratara de una holding que, luego, transfiera los activos a una controlante directa.

Pero, antes de la licitación, Ficsa deberá mejorar su propuesta. Es que, según los enajenadores, para que la oferta de venta sea atractiva, la base debe ser de u$s 11,72 millones, dos tercios del valor al que tasaron la compañía.

Camioneros, vale aclarar, no se opone a la apertura de una licitación. “Creemos que el valor ofrecido por Ficsa parece razonable como base para abrir una puja competitiva”, aseguró el gremio.

Aclaró que, en el expediente, había expresado que la tasación de u$s 37 millones hecha por los liquidadores “parecía, a nuestro criterio, elevada”. Remarcó, además, que, desde entonces, la situación económica de la empresa se agravó.

OCA necesita inversiones que vuelvan a colocarla en el lugar de liderazgo que jamás debió perder. Para recibirlas, requiere de un nuevo dueño que las planee, las ejecute y obtenga o provea el financiamiento que las haga realidad”, subrayó el gremio en su escrito al juez.

La consecución de ese objetivo no puede demorar. Hay 6100 familias que lo esperan, que han puesto su esfuerzo para mantener a la empresa en pie y que merecen la tranquilidad de saber que hay un futuro de trabajo digno para ellos”, remarcó.

“Creemos, entonces, que debe abrirse un llamado a mejora de la oferta presentada”, concedió Camioneros. Acepta el gremio que se concedan “todos los mecanismos apropiados para asegurar la máxima concurrencia de interesados y el eventual cumplimiento de los compromisos asumidos por el oferente”.

Es positivo, como dijimos antes, que exista una oferta respetuosa de los derechos de los trabajadores y que -a su vez- prometa allegar fondos a la quiebra para la cancelación de al menos parte de los créditos verificados en ella. Pero eso no significa que esa oferta no deba ser sometida a una puja transparente y competitiva”, aclaró.

No obstante, advierte que, en el hipotético escenario (sic), que el juez Tejada no estuviera de acuerdo con abrir una licitación, “entendemos que debe ponerse en marcha un proceso rápido para que, en caso de fracasar cualquier instancia diferente de venta que Vuestra Señoría dispusiera recorrer, la oferta (N.d.R.: de Campici) sea inmediatamente considerada luego del eventual fracaso” de la compulsa.

“Dicho de otro modo: OCA y sus trabajadores no pueden perder la oportunidad de que una oferta concreta sea sometida en alguna instancia a puja competitiva”, enfatizó la presentación del sindicato.

“Creemos que el momento es ahora. Pero, a todo evento, dejamos asentado nuestro criterio para el caso de disentir Vuestra Señoría con nuestra posición”, finalizó.

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