El Cronista Comercial
JUEVES 18/07/2019

Quebrada, OCA ya duplicó la deuda por la que entró en concurso

A marzo, acumuló más de $ 4000 millones de pasivo nuevo. Ayer, el juez decidió que la gestión comercial y empresarial sea compartida entre el Gobierno y el sindicato de Camioneros

Quebrada, OCA ya duplicó la deuda por la que entró en concurso

En 2017, OCA, el principal correo privado del país, abrió su concurso preventivo por un pasivo que, en el expediente, se verficó en $ 4494 millones. Sin embargo, lejos estuvo de contener la sangría de fondos el amparo judicial. Quebrada desde inicios de abril, la empresa generó una deuda nueva que ya se aproxima a la original. Al 31 de marzo, el pasivo posconcursal de la compañía ascendía a $ 4025,25 millones, según el último informe disponible de la sindicatura del proceso.

Al igual que en el concurso (la AFIP es dueña del 80% de la deuda), de ese monto, $ 3740,5 millones correpsonden a deudas fiscales y sociales.

OCA tiene 6400 empleados directos y se calcula que da trabajo a un total de 10.000 personas, sumando los puestos indirectos. Tras la quiebra, el juez de Lomas de Zamora Pablo Tejada, titular del tribunal Civil y Comercial 10 de primera instancia, apartó de la empresa a su titular, Patricio Farcuh, y sus principales colaboradores. El magistrado abrió el proceso de salvataje pero lo dio por frustado, ya que los únicos tres interesados que se presentaron -Seprit, OCA Logística y la cooperativa en formación Los Cedros, constituida por actuales ejecutivos de la empresa- estaban relacionados con Farcuh (o sospechadas de estarlo).

Mientras el empresario continúa apelando a cuanta instancia puede, y denuncia "maniobras viles", coordinadas entre el Gobierno y Hugo Moyano para sacarle la empresa, Tejada avanzó con la quiebra, no exento de tropiezos.

Decidió la continuidad, hasta tanto se la enajene parcial o totalmente. Un mes atrás, en una audiencia, la AFIP (principal acreedor) y la Federación de Camioneros (a la que están afiliados los empleados de OCA y, también, a la que la compañía le debe más de $ 200 millones) le propusieron a Tejada una gestión conjunta entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el gremio que lidera Moyano.

Ayer, lunes, el juez, que había designado interventores a tres peritos judiciales para conformar una "gerencia plural", le dio el visto bueno a esto.

"Aunque los términos procesales han impedido explorar otras posibilidades, tampoco era razonable prever el nivel de desorganización expuesto por la sorteada gerencia plural, incluso, de inmediato a su puesta en funciones", señaló, acerca de las discrepancias que surgieron entre los tres administradores que nombró. "Denuncias de abusos en la representación, señalamientos recíprocos, ausencia de mínima cohesión, etcétera, dan cuenta de esa problemática. Es evidente que tamaña descoordinación entre sus integrantes torna insostenible la actual estructura", argumentó su nueva decisión, en relación al fracaso previo.

Por eso, sumó dos personas del Comité de Control a la administración de la empresa: Pablo Yannibelli, quien es director Nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, y Rodrigo Condorí, uno de los abogados de la Federación de Camioneros en el proceso (el otro es Hugo Moyano hijo).

Según Tejada, esto es una "opción superadora, orientada a la eficiencia y especialización de la administración de la empresa en continuación, con miras a su adecuada enajenación en marcha, reconfigurar la actual administración judicial; disponiendo la creación de tres áreas con específicas incumbencias, acordes a la expertiz (sic) de los profesionales que habrán de integrarla".

Condorí y Yannibelli integrarán el área de gestión empresarial y comercial. Será la encargada de buscar nuevos clientes y recuperar los perdidos; relevar el área de atención al cliente, "con fines de su optimización"; analizar y adoptar medidas sobre los proveedores actuales, para ajustar calidades, precios y políticas de financiación; la gestión logística; la cobranza de deudores morosos; analizar la organización de la empresa, pudiendo proponer eventuales reestructuraciones de áreas y funciones; coordinar las proyecciones financieras de la compañía; elaborar líneas de acción comercial en función de ellas; gestionar y concretar los levantamientos de los embargos que pesan sobre las cuentas bancarias de la compañía (más de $ 1200 millones); y centrar esfuerzos "en la búsqueda de interesados de la empresa fallida en continuación, sujeta al procedimiento de enajenación judicial".

En tanto, Tejada designó a dos de las interventoras anteriores, Carmen Pérez Alonso y María Cristina Ratibel, en el área de Personal y Finanzas. Serán las únicas autorizadas a operar con "cuenta única recaudadora" y a firmar cheques de la empresa. Según el juez, esto es necesrio ya que "la magnitud de la tarea global configuró uno de los factores que imposibilitó ejercer satisfactoriamente las restantes facetas de gestión (que ahora quedan a cargo de otro espacio), loq ue convence sobre la utilidad de delimitar este marco específico y especializado".

En tanto, el tercer administrador judicial, Rodolfo Dehenen, asumirá el área de Revisión de Actos Económicos-Financieros y Documentación Interna. Tejada aclaró que esto es necesario, dado que rechazó los informes de rendición de cuentas presentados por la sindicatura. "Al respecto, es dable ponderar que fueron presentaciones oficiales del Contador Dehenen las que pusieron en evidencia en la causa la existencia de contratos confidenciales no denunciados por la sindicatura, así como actos realizados por ésta en ejercicio de sus funciones, cuya revisión dse halla recientemente inaugurada a través del incidente correspondiente", justificó.

Los "contratos confidenciales" son los que unían a los socios gerentes (Farcuh y su hermano, Martín), y una serie de ejecutivos, con la empresa. Si bien no trascendieron los montos, el juez decidió topear en $ 200.000 mensuales todo sueldo en la compañía. Panfletos de Camioneros que se pegaron en las paredes de la empresa atribuyen a Farcuh un ingreso de $ 4,7 millones cada 30 días, más el usufructuo de tres motos (marca Ducati) y un automóvil (Mercedes-Benz Clase E 350 Coupé) que pertenecen a OCA.

Cada división, estableció el juez, será independiente en sus funciones específicas, "mas debiendo en conjunto (por área) reportar al juzgado sobre la evolución de sus fuciones a través de informes mensuales".

"Por si quedan dudas frente a la mala experiencia en autos: las áreas integradas por dos profesionales deberá realizar presentaciones y/o informes en el expediente con personería unificada y/o la firma de ambos y/o presentación digital con una firma invocando la conformidad del restante", enfatizó.

"Le es imperativo a los integrantes de la administración extremar los esfuerzos de cooperación y coordinación, para un eficiente desarrollo de tareas; reparando en que integran un ente único y de naturaleza judicial", resaltó.

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