El Cronista Comercial

OCA sale a remate con una base de u$s 17,6 millones

Lo decidió el juez de la quiebra. Quienes se presenten, deben tener ya la licencia de operador postal del Enacom. El que gane la subasta deberá poner otros u$s 18,5 millones para garantizar los empleos y afrontar contingencias laborales. El grupo asegurador Campici había ofertado u$s 5 millones.

Pablo Tejada, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, decidió abrir una licitación para encontrarle comprador a OCA, el principal operador postal privado del país, quebrado por deudas que ya acumulan los $ 20.000 millones. El magistrado aprobó el valor de la empresa en u$s 37 millones y decidió que el precio base en efectivo a partir del cual se realizará la subasta sea de u$s 17,6 millones, bastante por encima de los u$s 5 millones que formalizó el único interesado que acercó una oferta al juzgado: el Grupo Campici, dueño de Escudos Seguros.

“Resuelvo aprobar el proyecto de pliego de condiciones presentado por los enajenadores, con las modificaciones, adaptaciones y alcances dispuestos en los considerandos”, firmó el magistrado, en una cédula despachada este miércoles a todos los involucrados en el expediente.

Entre otras medidas, Tejada también aprobó la valuación de la compañía presentada por los tasadores, “así como la composición del precio, base, modalidad de venta y publicidad”. Los liquidadores, ahora, tienen 10 días para devolverle la versión definitiva del pliego, que se ofrecerá públicamente a cualquier interesado en quedarse con la compañía, que este mes perdió unos $ 20 millones diarios y tiene más de 6000 empleados. También, deberán definir las fechas de adquisición, tanto del pliego como del comienzo y cierre de la subasta, que se hará en forma electrónica.

OCA está en una situación crítica. Con una facturación anual que promedia los u$s 120 millones, sólo en mayo, habría perdido $ 20 millones diarios, según el presupuesto de recursos y gastos presentado para este mes. Hace dos semanas, el Grupo Campici presentó una oferta de u$s 5 millones, monto que distó, tanto de los u$s 37 millones al que los liquidadores habían tasado la empresa en diciembre, como de los u$s 17,6 millones al que ajustaron el precio días atrás.

La AFIP –principal acreedor, con más del 80% de la deuda– la rechazó por insuficiente, a la vez que criticó la forma y el plazo de pago –en pesos, a seis meses– y la falta de un plan de negocios.

En cambio, la Federación de Camioneros –también integrante del comité de acreedores y, a su vez, partícipe de la intervención judicial que hoy gestiona OCA– la avaló, al entender que la cotización de los enajenadores había sido demasiado alta y, a su vez, la propuesta de Campici garantizaba la continuidad de todos los puestos de trabajo de la empresa. Por eso, el grupo asegurador presentó la semana pasada una propuesta mejorada: ofreció pagar a los 20 días de la adjudicación en firme –es decir, superada cualquier apelación– y en pesos, a tipo de cambio oficial del día anterior al cierre de la transacción.

Los liquidadores habían sugerido que, dada la existencia de brechas cambiarias, el pago se hiciera en efectivo, previo a la posesión de la empresa, y en dólares, obtenidos en cualquiera de sus mercados legales. Campici no informó si su oferta –que era por todo concepto, impuestos incluidos– también había mejorado en cuanto al precio.

Acreedores, síndico y liquidadores habían urgido a Tejada –hombre de Justicia Legítima– que iniciara la licitación “a fin de garantizar la pluralidad de eventuales oferente genuinos sobre una base técnica cierta, que ofrezca mejores posibilidades de obtener un mayor valor de venta de la empresa en marcha”. En particular, la AFIP esperaba que apareciera “un adquirente que tenga un plan y una estrategia de negocios clara, que asegure la efectiva continuidad de la empresa como fuente de trabajo”.

En los considerandos de su resolución de este miércoles, el juez aclaró que “siendo que la oferta espontánea de adquisición agregada, y su ampliación, dista sustancialmente de a base de la subasta que habrá de fijarse, no corresponde en esta instancia habilitar un procedimiento de mejora de oferta o similar, debiendo continuar el trámite del proceso conforme se dispone a continuación”.

En los párrafos siguientes, explicita cómo deberá ser esa licitación. La primera condición es que se preserven las fuentes de trabajo y se respete la antigüedad de sus empleados.

La primera valuación de la compañía, los u$s 37 millones, aceptaba que hasta un 50% de ese precio se hiciera con la inversión necesaria para indemnizaciones. Ahora, se le dará al eventual comprador un margen para achicar el 5% de la dotación, dentro de los primeros tres meses desde la toma de posesión, sólo en los “únicos y exclusivos casos” de aquellos que hubieran reclamado el cobro de sus deudas laborales en el marco de la quiebra, “sin que aplique el reconocimiento de antigüedad precedente por el comprador”.

Es de sentido común aceptar de su parte la necesidad de encarar lógicas reestructuraciones y acomodamientos acordes a su política empresaria”, justificó Tejada.

Otra zanahoria será la eliminación de los llamados “adicionales OCA”: beneficios específicos que cobraban los empleados de la empresa y que significan un costo laboral superior a los $ 25 millones mensuales. “Quedarán eliminados a partir de la fecha de enajenación, debiendo, en su caso, ser nuevamente negociados entre los trabajadores y el adquirente, a partir de la toma de posesión”, decidió el juez.

¿Quién da más?

“Estamos ante una empresa que presenta características muy particulares, entre las que se encuentra ser una prestadora de servicio, por lo que cual, su mayor capital no son los bienes materiales que la componen, sino la calidad y eficiencia con que desarrolla su tarea, reconocida por el volumen de operaciones que lleva adelante diariamente y por ser una de las líderes del mercado en el rubro”, explicó Tejada. Por ello, dado que el servicio requiere autorización estatal para funcionar, agregó, definió que quien resulte comprador “deberá haber acreditado cumplir los requisitos formales que establece el Enacom para ser licenciatario de la licencia postal, lo cual implica condiciones especiales que deben ser evaluadas con anterioridad al acto”.

En otras palabras, prácticamente, excluye a interesados sin experiencia en el negocio -como Campici- y mejora las posibilidades de algún otro operador postal existente, como Andreani u Ocasa, la empresa que conservó Héctor Colella, el famoso “HC” de la carta de suicidio de Alfredo Yabrán, dueño de OCA hasta 1997, cuando se la vendió al Exxel Group. Ninguna de las dos, vale aclarar, manifestó su interés en la compañía. Al menos, no en el expediente.

Tejada ratificó la valuación de la empresa hecha en diciembre: u$s 37 millones, como precio total. No obstante, desdobló el precio. Definió que u$s 18,5 millones sea un valor “fijo e invariable”, a pagar por contingencias –el mantenimiento de las fuentes de trabajo–, en tanto que u$s 17,6 millones será el precio en efectivo que podrá ser aumentado en la puja, que se hará mediante subasta electrónica.

Aclaró el juez que, si bien Camioneros objetó el precio por considerarlo “muy elevado”, “tales argumentos no logran evidenciar el desacierto de la tasación experta, ya que se basan en cuestiones generales, referidas al contexto de incertidumbre e inestabilidad propias de la realidad económica del país, pero que no son acompañados de documentación respaldatoria, tasaciones privadas o informes de entidades del rubro”.

“Además, tampoco toman una posición concreta respecto a la base que estimarían apropiada. En otras palabras, no explicitan cuál sería, a su criterio, la valuación pertinente”, agregó. Recordó que tanto el Tribunal de Tasaciones de la Nación como el Banco Ciudad, convocados a participar del proceso, se negaron a valuar a OCA.

La oferta económica, resaltó el juez, deberá ser pagada al contado y en ningún caso podrá ser inferior al precio base en efectivo, es decir, los u$s 17,6 millones que ya estableció.