El Cronista Comercial

OCA: el juez de la quiebra avanza con la venta

El titular a cargo del expediente estableció un "protocolo" para recibir ofertas. Ya hubo una presentación pero no cumple con sus requisitos. La empresa debe $ 8300 millones, según la sentencia definitiva sobre su pasivo.

OCA: el juez de la quiebra avanza con la venta

El proceso de venta de OCA, el mayor correo privado de la Argentina, está en marcha. El Juzgado Civil y Comercial Número 10 de Lomas de Zamora, donde se tramita la quiebra de la empresa, ya recibió la primera propuesta de un interesado en adquirir la compañía, cuya deuda total asciende a $ 8263,36 millones, según la más reciente actualización de su pasivo.

La presentación es anónima. No identifica quién es el mandante, es decir, el interesado final, ni cumple con el protocolo que el juez de la quiebra, Pablo Tejada, definió días atrás para la llegada de ofertas. El magistrado pidió que se complemente la información correspondiente. No obstante, ordenó su incorporación al expediente –como “Sobre 1”– y le concedió el carácter de “confidencial”, por lo que la presentación quedó bajo absoluta reserva.

Tejada decretó la quiebra de OCA el 1º de abril. Días atrás, el juez, contra la opinión de la síndico, los interventores de la empresa y los funcionarios responsables de su liquidación, decidió avanzar con la venta de la compañía para cumplir con los plazos del proceso. Para ello, estableció un “protocolo de actuación” para recibir las potenciales ofertas para la adquisición.

El objetivo, afirmó Tejada, es “garantizar la transparencia e igualdad de condiciones” en el proceso de venta y “establecer pautas efectivas, tendientes a fomentar la participación de interesados genuinos”.

Aunque no lo precisó, el juez, todavía, tiene fresco el recuerdo de lo que pasó hace seis meses. Tejada había iniciado el mecanismo de salvataje (cram-down) en febrero. Lo cerró y decidió activar la quiebra el 1º de abril. No le cayó simpático que los únicos tres inscriptos fueran una cooperativa conformada por entonces ejecutivos de OCA, Seprit –empresa a la que el ex dueño de la compañía, Patricio Farcuh, había desviado fondos, motivo que gatilló su desplazamiento de la conducción de la firma– y OCA Logística, otra empresa constituida por Farcuh y que declaró domicilio en la misma sede que la fallida.

“Es evidente (que el cram-down) no se trata de un procedimiento formal e inexorable, que detona efectos por el sólo hecho de reconocer inscriptos en el registro”, sostuvo Tejada en ese fallo.

“Deben verificarse rasgos de estricta seriedad (…) evitando todo abuso que no sólo la desnaturalice, sino que consuma tiempo ciertamente esencial en este tipo de supuestos”, agregó.

“Es decir, el impropiamente denominado cram-down ha sido incorporado a la ley con otro objetivo que habilitar  una alternativa formal para dilatar los plazos y postergar una decisión jurisdiccional. Consiste, entonces, en habilitar un registro destinado a legítimos inversores, con acreditada capacidad para alcanzar el salvataje”, añadió.

“Concierne a los jueces evitar que el sistema sea objeto de abusos y sea usufructuado por personeros de la deudora, que no supo, no pudo o no quiso obtener un acuerdo eficaz y oportuno para evitar la liquidación”, agregó, en otro pasaje.

En consecuencia, entendió en aquel momento que las inscripciones de la cooperativa Los Cedros, Seprit y OCA Logística están “la límite de la transgresión de los principios de lealtad y buena fe hacia el proceso”. Las consideró “inadmisibles” para “justificar la apertura del procedimiento formal del salvataje”.

El protocolo

Con su protocolo, Tejada habilitó a “toda empresa o persona” que “acredite fehacientemente algún interés legítimo” para que solicite información de la empresa, le pida audiencias al magistrado o entable contacto directo con los enajenadores de la quiebra, Alicia Kurlat y Carlos Tabasco.

Una de las condiciones que definió el magistrado es la confidencialidad. “La empresa y todas las partes intervinientes en el proceso se comprometen a no comunicar ni hacer públicos los nombres o brindar datos de las empresas o personas solicitantes de información específica o que denoten interés en participar en el proceso de adquisición de la fallida, garantizando así la igualdad de condiciones entre los potenciales oferentes y la transparencia absoluta del proceso”, justificó el juez.

De esta forma, Tejada hizo extensiva la obligación de confidencialidad a los funcionarios de su juzgado, los enajenadores, la síndico, los tres administradores judiciales que designó, los dos interventores que aportaron la Federación de Camioneros y la Secretaría de Trabajo de la Nación, y los integrantes del comité de acreedores, en el que pesan la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Camioneros y la aseguradora Experta.

No es el único paso que dio OCA hacia su liquidación. El juez ya dictó sentencia definitiva sobre la constitución del pasivo. En el concurso, abierto en 2017, se habían verificado $ 4494 millones. Según el más reciente informe de la sindicatura, al 1º de abril, ascendió a $ 8268,36 millones, entre los créditos privilegiados ($ 5906,9 millones) y los quirografarios ($ 2361,46 millones).

En ese marco, los liquidadores le solicitaron al juzgado autorización para vender un edificio abandonado, parte del activo de la empresa, que está en San Telmo. También, planteó la posibilidad de desprenderse de otros bienes, como vehículos.

En ese escrito, los enajenadores le habían manifestado al juez que, todavía, era prematuro avanzar hacia la venta total de la compañía, que atraviesa severas dificultades financieras: semanas atrás, los administradores judiciales advirtieron que la caja de la empresa era insuficiente para cumplir con todos sus pagos operativos e impositivos.

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