La Justicia ordenó la intervención de Vicentin por 90 días

El juez a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini, tomó la decisión. Será por tres meses pero se podría extender. Además, prohibió la venta de sus acciones y activos durante este período. En qué se diferencia del anterior intento

Vicentin será intervenida. Así lo decidió el juez de su concurso preventivo, Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1° instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista. Inicialmente, será por 90 días hábiles judiciales, a partir de hoy, aunque la medida queda sujeta a eventuales prórrogas.

Según el fallo, estará al frente del proceso Andrés Shocron, uno de los veedores que propuso el comité de acreedores, mientras que el subinterventor deberá ser nombrado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Hasta que se produzca su designación, la función será desempeñada por María Victoria Stratta, como directora general de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGJ) de esa provincia.

La noticia se supo apenas 48 horas antes de cumplirse un año del default de la cerealera, punto de partida de una vertiginosa crisis financiera de la compañía, que pidió su concurso en febrero y la Justicia lo otorgó en marzo.

Pero el caso Vicentin cobró notoriedad en junio, cuando Alberto Fernández decretó la intervención de la empresa por 60 días y propuso enviar al Congreso un proyecto de expropiación.

Semanas más tarde, dio marcha atrás y dejó sin efecto el DNU 522/2020, con respaldo del Congreso, luego del revuelo que generó la decisión presidencial, con manifestaciones que lograron una alta convocatoria en distintos puntos del país en defensa de la propiedad privada.

La diferencia entre lo ordenado ahora por Lorenzini con aquel intento de intervención es que el concurso de acreedores sigue su curso y el nuevo directorio, que fue designado a mediados de octubre y por primera vez no está integrado por miembros de la familia empresaria, seguirá al mando de la gestión mientras se extienda la medida, aunque el interventor tendrá facultades de "similar rango" a las concedidas al presidente del directorio, Omar Scarel. De esta manera, el veedor se convierte en un coadministrador como copresidente.

El magistrado también resolvió la prohibición de modificar la composición y la tenencia del capital accionario de la empresa concursada, de acuerdo a lo establecido en la última asamblea ordinaria. Esto significa que, en tanto se extienda la intervención, Vicentin no podrá deshacerse de acciones ni tampoco vender parte de sus activos.

En este lapso, deberá completarse la memoria y balance correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2020, según se desprende del fallo. Será tarea del interventor poner en conocimiento los documentos referidos al juzgado en cuestión.

En los considerandos del extenso texto, el juez describe la situación financiera de la empresa, en cuyo último balance -cuestionado por sus acreedores- declaró pérdidas por más de $ 52.500 millones, y argumenta su decisión en la salvaguarda del capital de la cerelera.

Asimismo, pesó en la decisión de Lorenzini "el actual contexto de incertidumbre acerca del rumbo actual de la empresa", que optó por "la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por el juzgado".

En respuesta a la decisión judicial, en un comunicado que hizo circular, el directorio de Vicentin afirmó: "Recibimos con profunda sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervenir la empresa a partir de la reciente resolución del Juez Lorenzini. Entendemos que no existen razones de hecho ni fundamentos jurídicos acertados que la justifiquen y por ello la Sociedad recurrirá por las vías que prevé la ley.

"La compañía seguirá prestando la más amplia colaboración a las autoridades judiciales, veedores, sindicaturas, al actual interventor designado y los organismos de control impuestos en el trámite concursal", aseguró la nueva gestión.

Hace 15 días, en diálogo con El Cronista, el nuevo directorio se mostró confiado en encontrar una pronta salida a la crisis de la compañía. Para los flamantes directivos, la "nueva Vicentin" debe estar integrada mayoritariamente por accionistas locales para mantener el capital de la cerealera en manos nacionales, aunque no descarta la entrada de flujos extranjeros.

"La intención del directorio no es extranjerizarla. El modelo inicial que se plantea es conseguir capital local que mantenga la mayoría nacional. Ya hay interesados internacionales, por la importancia productiva de la Argentina y lo que significa para el país Vicentin. Pero falta atraer a inversores nacionales, para cocrear una propuesta y seleccionar a los de mayor potencial". Con esas palabras le resumió a este medio el propósito que persigue la nueva cúpula empresarial Diego Guelar, a quien Vicentin contrató como asesor externo recientemente.

Pero la relación con los acreedores se tensa a medida que pasan las semanas y no se llega a un acuerdo. Este lunes, Vicentin acusó al Banco Nación, su principal acreedor bancario, de haber hecho "tendenciosas afirmaciones" en un documento que la entidad difundió la semana pasada, donde comunicó su "informe final" sobre el “intento de vaciamiento patrimonial de Vicentin".

En este nuevo round, la cerealera, través de una carta enviada al presidente del Nación, Eduardo Hecker, le contestó: "El BNA no es juez del concurso, ni fiscal, ni juez penal y, por lo tanto, entendemos, no debería incurrir en calificaciones de conductas que no le competen, intentando así influir irregularmente, mediante la prensa, en el ánimo de los distintos magistrados, fiscales y funcionarios que están actuando en las causas judiciales".

De los u$s 1300 millones de pasivo, la agroexportadora le debe unos u$s 300 millones al Nación y u$s 500 millones a un grupo de entidades financieras internacionales. El resto se reparte entre acreedores comerciales, como productores, cooperativas y acopios, entre otros proveedores, a los que Vicentin les compró materia prima, pero no les abonó (se calcula que hay más de 2000). 

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