El Cronista Comercial

La Justicia de Santa Fe aprobó el concurso preventivo de Vicentin

Un juzgado de Reconquista autorizó la convocatoria. La empresa declaró más de 2600 acreedores, por $ 99.345,26 millones

La Justicia de Santa Fe aprobó el concurso preventivo de Vicentin

Fabián Lorenzini, tiutlar del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista, Santa Fe, aprobó el concurso preventivo de Vicentin, cuya apertura pidió la empresa el pasado 10 de febrero.

El gigante agroindustrial había recurrido a la convocatoria de acreedores para contener los pedidos de quiebra que amenazaban con caer sobre sus activos, luego de que, el 5 de diciembre, anunciara el no pago de sus compromisos, por una situación de “stress financiero”.

En su fallo, Lorenzini citó que Vicentin presentó un total de 1895 acreedores por compra de granos, 586 proveedores de bienes y servicios, 37 acreedores financieros, 19 fiscales, aduaneros y de la seguridad social, 98 acreedores accionistas y tres sociedades vinculadas a la empresa con créditos pendeintes de percepción.

De esta manera, el expediente totaliza 2638 acreedores, por una suma denunciada total de más de $ 99.345,26 millones. Es decir, unos u$s 1500 millones, a tipo de cambio actual. Vicentin declaró, además, tener 1287 empleados.

Además, presentó el detalle de 19 empresas en las cuales Vicentin tiene participación accionaria, sin que por ello estén incluidas en el marco del concurso.

En la explicación de su estado de insolvencia actual, la empresa, reseñó el juez, sostuvo que más del 90% de su producción es para exportación. “Según argumentó, eso requiere un fuerte nivel de inversión, a la vez que tendría como característica grandes volúmenes de facturación pero con márgenes acotados de rentabilidad”, indicó.

“Según refiere la sociedad peticionante, este modelo de desarrollo empresario agroexportador demandó grandes volúmenes de endeudamiento financiero, tanto en la plaza local como a nivel internacional, lo cual se refleja en las características del pasivo denunciado, superando este sector al resto de los acreedores informados”, continúa. En tal sentido, los acreedores financieros suman $ 63.961,56 millones contra $ 25.656,96 millones que debe por compra de granos.

“Aseveró la concursada que la volatilidad de los mercados financieros antedichos, la necesidad de acudir al endeudamiento comercial, sumado a las condiciones climáticas adversas, importación de materias primas desde Brasil y los Estados Unidos, y el abandono por parte del Gobierno nacional durante 2018 de políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector habrían sido los elementos que signaron desfavorablemente su suerte, hacia fines del año 2018 y comienzos de 2019”, se explayó.

“En dicho contexto, manifestaron haber iniciado las gestiones para lograr extensiones de los vencimientos a mediano y largo plazo, a la vez que se desprendieron de su tenencia accionaria en la empresa Renova (16,67%, en favor de su socia Glencore), en busca de liquidez para atender obligaciones con bancos, productores y cancelar prefinanciaciones con cobranzas comprometidas, en miras a mantener la operación comercial e industrial de sus establecimientos”, continuó.

“Conforme lo explicado por la peticionante, en gran medida, se atribuye su actual estado de insolvencia a una serie de complejas causas exógenas que habrían condicionado las expectativas de rentabilidad empresaria, finalizando 2019 con un intento de obtener un acuerdo preventivo extrajudicial y la apertura de diversos frentes judiciales, en los cuales distintos acreedores solicitaron y obtuvieron la traba de medidas cautelares y peticiones de quiebra”, agregó.

En su fallo, Lorenzini menciona que el estado patrimonial de insolvencia, según afirma Vicentin, “se patentiza (…) mediante la interrupción de su normal actividad comercial (falta de entrega de granos y procesamiento de los mismos), interrupción de las líneas de asistencia financiera y crédito comercial, conjugada con el incumplimiento de obligaciones que motivaron el inicio de diverso tipo de acciones judiciales y traba de medidas cautelares”.

El magistrado también definió la conformación del Comité de Control. Estará compuesto por sus principales acreedores: la Corporación Financiera Internacional (CFI), a la que se deben $ 16.504,81 millones; la firma holandesa Netherlandese Financerings ($ 9228,42 millones) y Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), acreedora de $ 4929,06 millones. Serán los titulares.

Integrantes suplentes resultaron designados los siguientes acreedores, en función del monto de sus créditos: ING Bank – Tokyo Branch ($ 4420,04 millones), la santafesina Commodities SA ($ 2780,94 millones) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires ($ 1814,31 millones).

La conformación provisoria de este órgano responde a la determinación de los créditos quirografarios en esta etapa del proceso”, explicó el juez. “Por ello, y en atención a la provisoriedad del desempeño en esta etapa, se ha recurrido a los acreedores cuyas acreencias pueden determinarse como quirografarias, a partir de los datos aportados por el presentante”, agregó.

En este punto, llama la atención la ausencia del Banco Nación, entidad con la que Vicentin tenía un crédito abierto de $ 18.500 millones y cuyo otorgamiento es investigado por las actuales autoridades de la entidad. A punto tal de haber iniciado una causa penal contra Javier González Fraga, su presidente en los últimos años de la administración Cambiemos.

Por lo pronto, al tratarse de un “gran concurso”, el juez extendió sus plazos. “Dada la indiscutible magnitud y complejidad de este proceso concursal en particular”, decidió Lorenzini, “corresponde adecuar los plazos legales a la realidad de este concurso a los fines de favorecer su adecuada y pacífica tramitación”.

El periodo de verificación de créditos será hasta el 9 de junio. El miércoles próximo deberá conformarse la sindicatura, que deberá presentar sus primeros informes el 21 de septiembre (informe individual) y el 18 de diciembre (informe general). El 30 de junio de 2021 será la audiencia informativa y el periodo de exclusividad –es decir, el plazo que tiene Vicentin para presentar y formalizar una oferta final a sus acreedores- vencerá el 7 de julio del próximo año.

Con la apertura del concurso, el juez ordenó también la suspensión de todo otro juicio patrimonial iniciado contra la empresa.

En Vicentin, recibieron la noticia con beneplácito. Por un lado, da el paraguas legal para, finalmente, reanudar sus actividades con los acuerdos a fason que había firmado con Bunge, Molinos, Aceitera General Deheza y Dreyfus, freezados por la eventualidad de embargos o reclamos judiciales.

Voceros de la compañía, además, transmite optimismo en relación a la negociación paralela con sus acreedores para alcanzar un acuerdo extra-judicial que permita levantar el concurso. En tal sentido, esta semana, el portal rosarino PuntoBiz había informado sobre lo avanzado que estaba el diálogo con ACA, el único proveedor al que el juez Lorenzini designó en el Comité de Acreedores.