"Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque les caga la vida a todos". La frase de un enojado Mauricio Macri resumía el profundo malestar que esa realidad generaba puertas adentro del Gobierno a la vez que le daba forma a una especie de declaración de guerra de cara al enorme desafío que se había impuesto el Presidente en el afán de reducir los costos laborales del sector empresario. Corría mayo de 2016 y la foto que observaba Macri a menos de seis meses de asumir su mandato parecía justificar el exabrupto: más de 115.000 juicios iniciados por año, $ 10.000 millones en gastos anuales por honorarios de abogados, el costo de los seguros de riesgos del trabajo por las nubes que hasta llegaba a representar 15 puntos de la masa salarial de cualquier compañía, y un pasivo contingente estimado en u$s 5000 millones por el stock de más de 300.000 demandas acumuladas en los tribunales desde 2010. La escena era dantesca y amenazaba hacer volar por los aires todo el sistema.

La “guerra se puso en marcha con una estrategia a tres bandas. Por un lado, la Casa Rosada lanzó una furiosa ofensiva contra la Justicia laboral, que se concentró especialmente sobre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, responsables –en la interpretación oficial– de una serie de fallos que multiplicaron las demandas judiciales con efectos directos sobre los costos empresarios y el desaliento del empleo y la inversión. En paralelo, el Gobierno también se lanzó a una cruzada contra la dirigencia sindical que, enfocada en la figura de Hugo Moyano, se proponía domesticar su actitud combativa y limitar su capacidad de acción mediante una campaña de desgaste ante la opinión pública, luz verde a las investigaciones judiciales contra importantes dirigentes y la poda de recursos estatales a las entidades administradas por los gremios.

La tercera pata de la estrategia de la administración Cambiemos apuntó a la reforma legislativa del sistema de riesgos del trabajo, principal motor de la industria de juicio en la última década. Allí la apuesta estuvo destinada a articular, con el consenso empresario y sindical, una herramienta normativa que desalentara la vía judicial a partir de la inclusión de una instancia administrativa única y obligatoria previa al inicio de cualquier demanda contra el sistema.

Pero la ingeniería diseñada en el entorno de Macri no tuvo el mismo resultado en todos los frentes. Si bien el Gobierno consiguió avanzar con el desplazamiento de varios jueces laborales y reclamó el juicio político de algunos camaristas, no ocurrió lo mismo con su pretensión de traspasar el fuero a la órbita de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires ni con su plan de alentar un recambio masivo de los magistrados laborales. Hasta el Congreso mantiene congelado el nombramiento de una decena de nuevos jueces del fuero promovidos por la Casa Rosada. De a poco, entonces, la embestida macrista se fue desarmando al punto de que el Presidente parece hasta haberse olvidado del tema.

Pasó algo similar con la declaración de guerra contra Moyano y el resto del sindicalismo crítico. Del ímpetu inicial de los discursos oficiales que imaginaban al líder camionero y a su hijo, Pablo Moyano, tras las rejas, siguiendo los pasos de los polémicos Juan Pablo “Pata Medina, Omar “Caballo Suárez o Marcelo Balcedo, el Gobierno debió recular en sus planes. También aflojó en la presión de las multas millonarias que intentó imponer a Camioneros por sus medidas de fuerza y no logró avances en su propuesta para reformular el convenio colectivo en el transporte de cargas. En buena medida, el deterioro de la situación económica producto de la recesión que activó una posición mucho más combativa de la tropa sindical ya crítica del macrismo, con el propio Moyano a la cabeza y enfocado en su acercamiento a la expresidenta Cristina Kirchner, fue determinante para forzar la revisión de la estrategia de la Casa Rosada.

En cambio, la administración de Cambiemos sí puede mostrar avances significativos en el impacto de los cambios instrumentados en el sistema de riesgos del trabajo. A dos años de la aprobación de la última reforma, y pese a que la norma aún no está vigente en todo el país, la cantidad de nuevos juicios contra el régimen se redujo casi a la mitad, situación que generó una disminución de casi 20% en el costo de los seguros que brindan las ART y significó para las empresas un ahorro estimado en $ 30.000 millones. En paralelo, desde el Ejecutivo afirman que también se produjo un recorte en el pasivo contingente del sistema producto del stock de juicios acumulados hasta 2016 que, de acuerdo con las estimaciones oficiales, pasó de u$s 5000 millones a u$s 2350 millones en el cuarto trimestre de 2018.

El vaso a la mitad

¿Marcan esos números que el escenario actual da cuenta del fin de la industria del juicio contra el régimen de ART? Los principales actores del sistema –el Estado, las empresas, los gremios y las aseguradoras – creen que todavía falta para eso, pero coinciden en que el camino esta iniciado. “La situación actual de la reducción de la litigiosidad es auspiciosa después de dos años de la vigencia operativa de la Ley 27.348 , afirma el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón. El funcionario destaca la adhesión de la mayoría de las provincias a las modificaciones instrumentadas por esa ley y el hecho de que la Justicia Nacional del Trabajo y la jurisprudencia en distritos como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza haya dictaminado la constitucionalidad de las comisiones médicas como la instancia administrativa, obligatoria, excluyente y previa al inicio de un trámite por la vía judicial.

Morón considera, no obstante, que la discusión quedará zanjada una vez que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia sobre la reforma, en tanto que reclama al máximo tribunal el dictado de la acordada requerida por el Poder Ejecutivo para instrumentar en el Cuerpo Médico Forense un equipo de peritos con competencia específica en riesgos del trabajo. “Con ello, tanto el stock de juicios pendientes de prueba, como los que en el futuro pudiesen generarse, serán peritados acorde a la norma y aplicando el Baremo de ley que establece un parámetro uniforme para el cálculo de las indemnizaciones del sistema, argumenta.

También desde las aseguradoras del sistema, agrupadas en la UART, insisten con ese reclamo. Si bien, por una parte, consideran que la reforma fue “exitosa en el sentido de controlar el flujo de los juicios, que en 2018 experimentó una baja muy significativa respecto de 2017, con un 40% menos en la cantidad de nuevas demandas ingresadas, por otro lado remarcan que sigue pendiente de resolución el stock de juicios existente. “En este punto, el sistema sigue estando en peligro dada la discrecionalidad pericial imperante y la ausencia de cuerpos médicos forenses, aún no constituidos a pesar del mandato de la ley , advierte Mara Bettiol, titular de la UART.

Al respecto, un informe realizado por la entidad el año pasado sobre el análisis de 80.000 causas judiciales contra el sistema muestra que por lo menos un tercio del stock de juicios contaba con pericias médicas judiciales que presentaban en promedio un adicional de 17 puntos de incapacidad respecto de lo establecido por el Baremo (tabla de medición de incapacidades). “Si extrapolamos estos desvíos al total de juicios en stock, se constituye un pasivo contingente imposible de afrontar por parte de las ART, que equivaldría a dos años de la facturación total del sistema. De ahí que resulte imperiosa y urgente la constitución de los cuerpos médicos forenses como órgano, encargados de realizar o controlar las pericias realizadas y poner orden ese desfasaje , explica Bettiol.

El mismo planteo es compartido por las principales entidades empresarias por los efectos que esa situación representa para sus costos laborales. La Corte comenzó el año pasado a evaluar con mayor interés el reclamo y mantuvo encuentros con representantes del Gobierno y las aseguradoras, pero aún no avanzó de lleno en la conformación de los cuerpos periciales. En el sector confían en que este año habrá gestos más concretos del máximo tribunal.

El reclamo por la prevención

Desde la esfera sindical, y en particular dentro de la conducción de la CGT, se muestran conformes con la evolución del sistema en materia de litigiosidad, aunque presionan por acelerar los tiempos para la sanción de una nueva ley de prevención. Sobre ese punto, a principios de 2018 el denominado Comité Consultivo Permanente, el órgano tripartito que dentro del sistema integran el Gobierno, las cámaras empresarias y la CGT, y al que se sumó la participación de la UART, consensuó un anteproyecto de ley para reformular la legislación vigente que se remonta a la década del ’70, pero la administración Macri demoró el envío de la iniciativa al Congreso.

El proyecto acordado, que sumó el asesoramiento de la OIT, constituye una ley marco que establece que las paritarias conformarán el ámbito de gestión de la prevención y protección laboral. Allí empresas y sindicatos deberán acordar medidas de prevención y mecanismos de cooperación, que contemplarán la implementación de programas de eliminación y control de riesgos, vigilancia de la salud de los trabajadores, diseño de sistemas de trabajo seguro y provisión de elementos de protección para el personal. La elección del ámbito paritario para la implementación de las medidas de prevención significa en concreto la exclusión de la ley de los denominados comités mixtos, cuya constitución era pretendida desde algunas organizaciones sindicales y firmemente resistida por la representación empresaria.

“Estamos reclamando al Gobierno una definición sobre este tema, no se puede seguir demorando , afirman desde la cúpula de la central obrera. La intención oficial es alentar el debate de la iniciativa en el Congreso en los próximos meses, aunque en gran medida ello dependerá de las urgencias y necesidades electorales de la Casa Rosada.

Números optimistas

Es evidente que el optimismo con el que los actores del sistema observan el futuro del régimen de riesgos del trabajo está ligado estrechamente a los datos de su evolución tras la reforma. Pero, analizados en detalle, ¿qué escenario verifican esos números? Uno de ellos, quizá el más relevante, se vincula con la fuerte caída en los niveles de litigiosidad contra el sistema. Al respecto, el último relevamiento de la SRT precisó que, al culminar 2018, la litigiosidad por accidentes laborales y enfermedades profesionales había descendido un 44,3% promedio en todo el país, un registro histórico para el sistema, que a partir de 2004 experimentó una escalada exponencial de juicios hasta la sanción de la última reforma. El recorte involucró unas 13.214 demandas menos, lo que equivale a un costo de alrededor de $ 4800 millones (alrededor de $ 365.000 por juicio).

Ese dato explica, según las autoridades oficiales, la reducción en el costo de los seguros, cuya alícuota promedio se ubicó en noviembre pasado en el 2,83% de la masa salarial, lo que significó una reducción de casi 20% con respecto al monto de las coberturas previo a la sanción de la reforma.

La contracción de la litigiosidad, sin embargo, no fue igual en todas las provincias. Pese a que los números marcaron una reducción de las demandas en la mayoría de los distritos, ese fenómeno fue más contundente las jurisdicciones que adhirieron a la reforma. Al tope de ese listado figuran Córdoba, con una disminución de 76,4% en la cantidad de nuevos juicios; seguido por la Ciudad de Buenos Aires (-61,9%) y Mendoza (-56,5%). A su vez, la provincia de Buenos Aires, que recién adhirió a la normativa en marzo del año pasado, registró una caída del 42,8% en las demandas iniciadas al pasar de 8022 juicios registrados en el tercer trimestre del 2017 a 4589 en idéntico período de 2018.

Pese a la opinión compartida sobre la evolución del sistema tras la sanción de la ley 27.348, persiste entre algunos actores la preocupación por resolver aspectos pendientes que podrían terminar generando nuevos problemas. Desde la UART, Bettiol advierte sobre el posible impacto de algunas demoras sobre los costos del sistema. “Hay una señal de alarma, básicamente por los desvíos periciales y la aplicación de tasas astronómicas que superan muy ampliamente el rendimiento de cualquier instrumento financiero a nivel local e internacional , señala. Y ejemplifica que en el caso de la determinación de las sentencias en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires se utiliza la tasa activa efectiva anual, que en la actualidad se ubica en 80% en lugar de la tasa activa nominal anual que ronda el 50.

Los gremios, a su vez, se enfocan en la demora en la sanción de la nueva ley de prevención, una herramienta que –en su visión– también resulta clave para asegurar la sustentabilidad del sistema de riesgos en el largo plazo. “Menos accidentes significan menos costos y más empleos , apuntan sobre su ecuación.

Para todos los actores, además, hay otros dos aspectos relevantes que aguardan por una definición en los próximos meses. Por una parte, la adhesión de la totalidad de las provincias a la reforma (particularmente el caso de Santa Fe) para evitar la mudanza interjurisdiccional de juicios. Y, por otro, el pronunciamiento definitivo de la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma y la puesta en marcha de los cuerpos forenses cuya creación fue establecida en esa norma.

 

(Publicada en la edición número 303 de la revista Apertura; marzo de 2019)