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Hasta cuándo seguirá perdiendo Trump sus batallas judiciales contra el 'lobby' verde

Desde que asumió, su gobierno enfrentó un promedio de una demanda cada cinco días como consecuencia de sus políticas energética y ambiental

Hasta cuándo seguirá perdiendo Trump sus batallas judiciales contra el 'lobby' verde

Desde que asumió, la Administración Trump fue impactada a un promedio de una demanda ambiental cada cinco días. Casi siempre que el Presidente intentó implementar su agenda en esta materia –centrada en potenciar los combustibles fósiles y cortar las regulaciones–, recibió como respuesta denuncias judiciales. "Nosotros demandamos a la Administración Obama. Demandamos a la Administración Clinton. Lo hicimos, también, con Bush I y Bush II… Pero no una vez cada 11 días", dice Mitchell Bernard, consejero jefe del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, una organización no lucrativa cuyos abogados iniciaron más de 80 acciones locales contra el Gobierno actual. Agrega que estos litigios ambientales de la era Trump son "diferentes, tanto en nivel como en especie", de cualquier otra cosa que hubiera visto antes.

Esa batalla legal se intensificará. Los nuevos estándares de vehículos limpios del Gobierno, que se espera que reciba denuncias en las próximas semanas, están hechos para disparar una larga pelea judicial entre el Gobierno federal y, al menos, 18 estados de la Unión, liderados por California. Los abogados y fiscales estatales ya están esbozando quejas y la industria automotriz se prepara para años de incertidumbre.

El parámetro fue fijado en la campaña presidencial de Donald Trump, cuando apuntó contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), votando por "liberarse de ella en casi cualquier forma" y prometiendo cortar muchas de las normativas de la era Obama.

Hoy, la EPA está a cargo de Andrew Wheeler, un ex lobbysta de la industria del carbón. Trump planea retirar a los Estados Unidos del acuerdo climático de París y las emisiones de dióxido de carbono comenzaron a subir, revirtiendo un declive de tres años.

Hasta ahora, la Administración perdió la mayoría de los casos ambientales que afrontó. Fue derrotada en más del 90% de las 41 acciones legales relacionadas con los retrocesos regulatorios, en las que hubo sentencia final, según el Instituto para la Integridad de Políticas de la Escuela de Leyes de New York University (NYU).

Desde que Trump asumió el cargo, más de 150 demandas relacionadas con protecciones climáticas y ambientales fueron iniciadas contra el Gobierno Federal, según la Escuela de Leyes de Columbia. "La agenda de desregulación climática de Trump hizo mucho ruido… Pero, de verdad, no alcanzó demasiado", dice Ted Halstead, líder del Concejo de Liderazgo Climático, una ONG de Washington. "Muchas de estas acciones están atascadas en tribunales o en períodos de comentarios públicos".

Los efectos de estas batallas se extienden más allá del arcano mundo de la regulación ambiental. Las industrias estadounidenses, desde los fabricantes de autos a las compañías químicas y los grupos de gas y petróleo, tendrán sus futuros delineados por los casos abiertos a lo largo del país.

Pese a que la justificación de Trump, de que muchos de sus cambios ambientales son una agenda pro-negocios, no pocas empresas se encuentran a sí mismas atrapadas en un fuego cruzado. Uno de los más grandes retrasos para la Administración ocurrió en marzo, cuando un juez de Alaska derrumbó sus planes de abrir la perforación off shore en el Ártico y el Atlántico.

Otro retraso provino cuando los tribunales rechazaron los esfuerzos de la administración para revertir una regla de la era Obama que incrementaba las regalías pagadas por las empresas de combustibles fósiles en tierras públicas. Mientras tanto, los distintos estados a lo largo de la Costa Este están demandando para frenar la exploración sísmica de petróleo y gas en sus aguas territoriales.

Los Estados Unidos tienen una larga historia de demandas ambientales. Una parte clave de los mecanismos de reforzamiento convertidos en leyes, como el Acta de Aire Limpio, es el derecho de los ciudadanos a demandar al Gobierno si no está cumpliendo con la Ley. Ese derecho constituye la base de muchos de los casos iniciados en los pasados 28 meses. Pero los abogados dicen que la situación actual es diferente.

"Es, actualmente, mucho peor de lo que podríamos haber imaginado antes de que asumiera Trump", dice Bernard. "Hay un absoluto desprecio por los hechos, por la ciencia por el imperio de la ley…. Que es uno de los motivos por los que fuimos tan exitosos en Corte: porque ellos fueron temerarios y poco rigurosos".

Algunos políticos argumentan que el litigio es, hoy, una parte crítica de la protección ambiental. "Es realmente importante que los abogados estén sacando estas cosas, una después de la otra", afirma Sheldon Whitehouse, un senador demócrata y ex fiscal general de Rhode Island.

El Gobierno Federal no lo ve de esa manera. Wheeler, que fue confirmado como jefe de la EPA a inicios de este año, cepilla hacia afuera sus derrotas legales. Dice que abordar el cambio climático ya no está a tope de prioridades de la agencia -que tiene un presupuesto anual de u$s 8000 millones-, comparado con asuntos como el agua potable y limpia.

Trump revirtió la regla de la era Obama que incrementaba las regalías pagadas por las empresas productoras de combustibles fósiles. Después de una demanda de varios estados, que argumentaron que se reducían sus ingresos, el cambio fue trabado en corte y las regalías volvieron a su nivel previo. Las batallas legales están por endurecerse. Revuelven sobre dos piezas centrales de la política de Trump: su cambio del Plan de Energía Limpia, que regula las emisiones del sector privado, y un rediseño de los estándares de emisiones vehiculares.

Ninguna, todavía, entró en litigio porque las versiones finales de esas políticas, aún, no fueron publicadas.

"Su reemplazo del Plan de Energía Limpia será una burla a las responsabilidades de la EPA", asegura Vickie Patton, abogada general del Fondo de Defensa Medioambiental y ex integrante de la agencia estatal. "Habrá litigios masivos para proteger la salud humana y hacer cumplir la Ley".

Aunque completado en 2015, el Plan de Energía Limpia nunca fue aplicado debido a sus desafíos legales. Wheeler dice que su reemplazo, la regla de Energía Limpia Costeable, impulsaría las inversiones en la tecnología necesaria para hacer que las usinas alimentadas a carbón funcionen con menos emisiones.

Un subproducto involuntario del celo regulatorio de Trump es que brindó un gran impulso a las organizaciones ambientales. Contrataron más personal, subieron sus perfiles y aumentaron sus fondos. "En un sentido, para mí, los últimos dos años fueron fantásticos", dice Bernard. "No tenemos tanto poder político y económico, por lo que los tribunales son nuestro refugio, nuestra protección".

El número de abogados empleados por el Consejo Nacional de los Recursos Naturales y otros grupos no gubernamentales se disparó. "Teníamos que expandirnos", dice Bernard. "Trump es un gran recaudador de fondos para nosotros. Porque es un muy definido y vívido enemigo. Y la gente responde a eso".

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