El Cronista Comercial

Glovo y Rappi recusaron al juez Gallardo y apelarán la medida que suspendió las apps de delivery

Desde Glovo expresaron que aún no presentaron un escrito apelando el fallo. El viernes el magistrado prohibió los servicios y pidió bloquear los pagos mediante tarjeta de crédito 

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Glovo y Rappi recusaron al juez Roberto Gallardo, que el viernes suspendió el reparto en motos y bicicletas de las aplicaciones de delivery hasta que éstas regularicen a su personal y cumplan con el Código de Tránsito y Transporte. 

Glovo anunció en un comunicado que apelará la medida junto con otras compañías.

En abril, quien había recusado una medida de Gallardo fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Secretaría de Transporte, cuando el magistrado había también prohibido que los servicios de las aplicaciones continuarán operando. Según comunicó, Glovo también se sumó a la mesa de trabajo que en ese momento el Gobierno convocó para lograr mejoras en el sector. 

En esta ocasión, Gallardo también pidió que se les bloquee el pago con tarjetas de crédito a las plataformas, además de requerir que se realicen operativos policiales para sacarles la mercadería a los repartidores. No obstante, los servicios siguieron funcionando.

Hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró a favor de las empresas. Según dijo, "están legalmente constituidas, pagan sus impuestos, son utilizadas por mucha gente, dan mucho trabajo y generan puestos laborales".

Ya el viernes pasado, horas después del anuncio de Gallardo, Rappi había emitido un comunicado confirmando "el normal funcionamiento" de la aplicación y expresando que se mantenía un "fluido diálogo con las autoridades pertinentes". También, anticipaba que la medida iba a ser apelada, y lamentaba la decisión judicial.

Según Gallardo, la suspensión de las actividades de las empresas Rappi, Glovo y PedidosYa es por incumplimientos de resoluciones judiciales, ya que no presentaron la documentación "ordenada hace siete meses" por la Justicia. Requirió, en su fallo, que la Policía de la Ciudad decomisara la mercadería que transportan los conductores de la plataforma, hasta "que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales". Y estableció una multa de $ 10.000 por cada infracción que se vea verificada.

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