Pese a que, recién hoy, el ministro de Transporte, Mario Meoni, declaró que "espera encontrar un camino" para que Latam continúe operando en la Argentina, la decisión de la aerolínea de cesar "por tiempo indeterminado" sus actividades de cabotaje en el país, anunciada el miércoles, parece irreversible. Fuentes del sector, incluso, sugieren que la convocatoria que hizo el funcionario a una reunión con la todavía CEO de la empresa, Rosario Altgelt, resultó tardía.

Ahora, la desvinculación de 1715 empleados -entre ellos, la propia ejecutiva- se resolverá en el Ministerio de Trabajo, ya que la empresa solicitó la apertura de un procedimiento preventivo de crisis (PPC).

Las razones de la salida de Latam (LAN Argentina), tras 15 años en el país, son varias. Pero la que pesó, finalmente, fue la ausencia de medidas de alivio para el sector aeronáutico, algo que todas las aéreas privadas reclamaron para sobrevivir. La pandemia de coronavirus es la mayor crisis de la historia para el aeronáutico y, en la Argentina, hasta el 1º de septiembre, fecha límite para la prohibición de vuelos del Gobierno, habrán debido navegar con seis meses de ingresos prácticamente nulos.

En este caso, también gravitó no haber podido acordar reducciones de salarios temporales con la mitad de sus empleados durante esta crisis, sin mediación del Ministerio de Trabajo, que la intimó a pagarlos al 100 por ciento.

A nivel global, Latam Airlines Group se acogió el 26 de mayo al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, presentación que no incluía la Argentina, Paraguay ni Brasil, por regirse por normativas de cada país. Ese mismo día, el CEO del grupo, Roberto Alvo, no descartó tener que tomar "decisiones importantes en las próximas semanas", en relación a su filial argentina. Los factores que las definirían, anticipó, serían la evolución del coronavirus en el país y el diálogo que lograra la empresa con el Gobierno.

Desde el Gobierno hacia la empresa hubo mensajes ambiguos. Mientras, desde Presidencia y ciertas carteras, se atendían los llamados de Latam, la comunicación era más difícil con Transporte. De hecho, fuentes del Gobierno admitieron que Meoni se sorprendió con el anuncio de Latam el mismo miércoles, cuando, en el sector, había rumores desde hacía semanas. Recién dialogó con la empresa cuando la decisión estuvo tomada.

Con su convocatoria a la empresa -todavía, sin fecha ni hora-, el Ministro dijo que su objetivo era "encontrar un camino que permita que Latam pueda seguir operando en la Argentina y que los trabajadores no pierdan su fuentes de trabajo".

Los problemas, sin embargo, eran previos al coronavirus. El mercado aeronáutico era muy afectado por los costos en alza (por las devaluaciones de 2018 y 2019), y los ingresos a la baja, por la mayor competencia local, ante el arribo de las low cost, que empujaron una baja en los pasajes de cabotaje. También impactó la caída de las tarifas internacionales, por la fuerte disminución en la demanda de pasajeros locales.

Pero, además, el sector tampoco tuvo éxito en sus pedidos al Gobierno anterior. Ya a la Administración Macri se le reclamaron medidas para ganar eficiencia, como poder utilizar el saldo a favor del IVA para pagar impuestos (algo que sólo puede hacer Aerolíneas Argentinas) o una baja de tasas en dólares. Y, aunque hubo amagues, no hubo resultados sustanciales de cambio.

Latam se resignaba a cerrar este año su cuarto balance consecutivo en rojo. Hasta antes del coronavirus, decía tener buen diálogo con el Gobierno. Luego, salvo por el ATP -el programa de ayuda para pagar salarios- y una postergación de tasas, no logró alivios.

Para los empleados, el horizonte también es poco alentador. Por la crisis global que desató en el sector la pandemia de coronavirus, todas las aerolíneas están implementando programas de ajuste, lo que dificultará severamente su reinserción laboral.

Desde UPAL, el sindicato de pilotos de Latam (que rompió con APLA, de Pablo Biró, en septiembre pasado), se aferran a una posible solución, aunque reconocen que es muy difícil. "El proceso preventivo de crisis tiene dos vías: el camino al cierre de la empresa o a su reestructuración. Esperamos poder avanzar por esta última, si todos (empresa, gremios y Estado) ponen una parte en la negociación en el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos que poner los convenios colectivos sobre la mesa. No estoy a favor de perder derechos, pero el peor que se puede perder es el de tener trabajo. Si el Gobierno también pone voluntad con medidas para que la actividad sea sostenible y la empresa también, creo que puede revertirse, con un plan sustentable", comentó Fernán Aras, su titular.