El Cronista Comercial

Camioneros y la AFIP se quieren sumar a la administración de OCA

El sindicato propuso incorporar a uno de sus abogados a la gestión de la compañía. El ente recaudador reflotó la idea de que la Secretaría de Trabajo ofrezca un interventor

Camioneros y la AFIP se quieren sumar a la administración de OCA

La Federación de Camioneros y la AFIP quieren sumarse a la administración de OCA, el principal correo postal privado de la Argentina, cuya quiebra se decretó a inicios de mes. Así lo manifestaron en una audiencia realizada en el Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, en la que participaron el sindicato, el ente recaudador -poseedor de más del 80% de la empresa- y la aseguradora Experta (ex Caminos Protegidos), integrantes del Comité de Acreedores de la compañía.

Camioneros propuso a uno de sus abogados, Rodrigo Condorí, para que se sume a la actual administración judicial y participe en la gestión de la empresa. La AFIP, en tanto, reflotó la idea de que hubiera un interventor provisorio designado por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Algo que la cartera laboral ya había ofrecido en diciembre, cuando acercó el nombre de Roberto Porcel, reconocido abogado de empresas cercano a Hugo Triaca.

Según el acta, el juez, Pablo Tejada, resaltó “los buenos oficios” de la Secretaría de Trabajo para preservar las fuentes laborales y destacó que “tendría en consideración su colaboración para futuras necesidades”. Según ello, agregó, el tribunal podría requerir su colaboración a fin de proponer un administrador.

Francisco Cárrega, el representante de Experta, no objetó la propuesta de sumar nuevos administradores. Abogado de trayectoria en conflictos concursales, Cárrega también tuvo un papel destacado en otra quiebra célebre por su contexto político: fue uno de los interventores judiciales designados en Oil Combustibles.

OCA inició su concurso preventivo en 2017, por un pasivo que, luego, se verificó en $ 4494 millones. Además, la empresa generó una deuda nueva de $ 4000 millones. En su mayoría, también con la AFIP.

A fines de septiembre, el juez apartó al titular de la compañía, Patricio Farcuh, de su manejo. Desde entonces, OCA fue gestionada por la sindicatura, ante el fracaso del magistrado para encontrar interventores. Recién en abril, asumieron tres administradores sorteados entre peritos de la Justicia bonaerense.

A fines de febrero, pese a que todavía estaban pendientes todas las apelaciones y recursos cautelares que presentó Farcuh, el juez dio por vencidos los plazos del concurso e inició el proceso de salvataje. A inicios de mes, decidió avanzar con la quiebra con continuidad, tras rechazar a los tres interesados inscriptos para quedarse con los activos: la cooperativa Los Cedros (todavía en formación, integrada por siete ejecutivos de OCA), Seprit (firma a la que Farcuh había desviado dinero de OCA, lo que detonó su apartamiento) y OCA Logística, otra sociedad fundada por Farcuh, en la que fue presidente su hermano y cuyo domicilio es el mismo que el del correo postal.

Farcuh apeló y denunció “conductas temerarias y maliciosas”, y un “ardid estafatorio y fraudulento”, por parte de la AFIP, Camioneros y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo responsable de darle a OCA la licencia de operador postal. Todo, con conocimiento de Mauricio Macri, precisó.

Farcuh solicitó la nulidad de la quiebra, posición a la que se sumó OCA Logística en un recurso presentado el viernes.

OCA tiene 6500 empleados directos. Hasta que se decretó la quiebra, tenía sus cuentas embargadas, por cerca de $ 1400 millones, a raíz de su deuda con la AFIP. Una de las primeras medidas de Tejada para facilitar su continuidad fue levantar esos embargos.

En la audiencia, los acreedores el propusieron al juez que le requiera a la actual administración judicial que elabore y presente un plan de gestión de corto plazo, “que garantice la continuidad y contemple la preservación de las fuentes de trabajo, el pago de salarios, la atención en tiempo y forma de los gastos operativos de la empresa y el pago de las cargas sociales e impositivas, apuntando a alcanzar los puntos de equilibrio”.

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