Balance del año: entre el subsidio y la confianza

De las muchas novedades regulatorias en materia de petróleo y gas del año que pasó, sobresalen dos medidas de estímulo: el llamado "barril criollo" y el nuevo Plan Gas.

El primero buscó paliar la terrible caída de los precios y de la actividad, producto de la combinación de múltiples factores macroeconómicos a nivel mundial y de los efectos de la pandemia. La fijación de un precio sostén para el petróleo nacional era necesaria. Sin embargo, su implementación no fue exitosa en la práctica por la falta de un acuerdo suficientemente abarcativo de toda la cadena de valor.

Lamentablemente, mientras duró su vigencia entre los meses de mayo y agosto, los productores no pudieron comercializar sus entregas al precio sostén. Pero las provincias exigen que ese precio se tome de todos modos como base de cálculo para la liquidación de regalías.

La pretensión provincial va en contra de la "regla de oro" enunciada por la Secretaría de Energía de la Nación en 2006, en sintonía con lo dispuesto por Ley de Hidrocarburos y su reglamentación y receptada en numerosas sentencias de la Corte Suprema de la Nación: el valor boca de pozo para el pago de regalías se liquidará en función del valor del producto obtenido por el concesionario en sus operaciones de comercialización.

La controversia entre productores y provincias se ha judicializado… y el precio sostén ya no se aplica. ¿Podría volver en el futuro? Según declaraciones del Secretario de Energía, es factible que vuelva a existir un "precio criollo", es decir, distinto del que surge de tomar como referencia el marcador internacional, siempre que el valor a nivel mundial caiga mucho. Pero, si el precio internacional sube mucho también, puede haber recortes a nivel local porque "no vamos a trasladar todo directamente al surtidor".

Cualquier nueva medida debería tomar en cuenta las lecciones del pasado. Y, sobre todo, considerar otros enfoques más novedosos, como el Fondo Anticíclico, sancionado recientemente por la Provincia del Neuquén, integrado básicamente con recursos provenientes de regalías. Este fondo permitirá paliar situaciones de déficit a nivel provincial, sin esperar a que la Nación establezca un precio artificial para mantener estable el nivel de ingresos de la Provincia.

El Plan Gas también implica un precio sostén, para promover inversiones y reducir la dependencia de las importaciones, sobre todo, en los meses de invierno. La gran incógnita es si el Estado Nacional cumplirá su parte, sobre todo, teniendo en cuenta los incumplimientos aún no subsanados respecto de los planes anteriores y la falta de garantías. Los resultados de la licitación, parcialmente exitosa, nos indican que no basta con las medidas de promoción, sino que hace falta generar confianza. Es más, probablemente a mayor confianza, menor necesidad de subsidios y planes de estímulo.

¿Qué medidas se podrían tomar para generar confianza además de la más importante, cumplir con los compromisos asumidos? Cuando se analizan las políticas públicas en materia de hidrocarburos, un error frecuente es prestar atención solamente a las medidas del Gobierno federal y de los entes regulatorios de alcance nacional y no ver lo que sucede a nivel provincial.

Recordemos que las provincias son, nada menos, que titulares del dominio originario y responsables de la administración de sus recursos hidrocarburíferos en los términos del artículo 124 de la Constitución Nacional. Son la "autoridad concedente" de los derechos sobre los yacimientos respectivos, sea mediante permisos y concesiones o mediante el otorgamiento de derechos contractuales.

Las medidas que se toman a nivel provincial, para bien o para mal, de hecho o de derecho, matizan o tamizan la política nacional en la materia, cuyo diseño está en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional.

En esta ocasión, no queremos detenernos en los aspectos negativos de la regulación provincial –que los hay–, sino en algunas normas recientes muy positivas para la industria y para la economía en general. Tanto Mendoza como Río Negro han establecido programas para estimular las inversiones en recuperación de pozos hidrocarburíferos de baja producción y/o inactivos, con el objetivo de crear condiciones que permitan el desarrollo de la actividad, con la consecuente creación de puestos de trabajo y generación de ingresos a la provincia respectiva.

La Legislatura mendocina, recientemente, convirtió en ley el programa "Mendoza Activa Hidrocarburos", que permitirá a sus beneficiarios el reintegro de parte de sus inversiones en producción de nuevos pozos o en la reactivación de pozos existentes mediante certificados de crédito fiscal, que podrán aplicarse al pago de ingresos brutos y regalías provinciales hasta 2023.

La Legislatura de la provincia de Rio Negro, por su parte, convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo provincial que crea un programa destinado a la reactivación de pozos de baja productividad y pozos inactivos.

Con el fin de revisar las cargas fiscales que desalientan la inversión, el proyecto contempla la posibilidad de otorgar una reducción de la alícuota de regalías, exención o reducción del canon de explotación establecido en el artículo 58 de la Ley Nacional 17.319 y una exención de impuesto sobre los ingresos brutos e impuesto de sellos para las actividades asociadas al plan de recuperación y a la producción incremental.

Por otra parte, se otorga estabilidad fiscal a nivel provincial y municipal al proyecto económico asociado al respectivo Acuerdo de Recuperación.

En tiempos de necesidades de fomento y de generar mayor confianza, conviene aguzar también el ingenio y la creatividad.

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