Con fallo de la Corte argentina, se cierra el megajuicio contra Chevron en Ecuador
La Corte Suprema de Argentina cerró ayer un largo capítulo entre la empresa de energía Crevron y un grupo de demandantes indígenas ecuatorianos, llamados a sí mismos como 'Los Afectados', que venían litigando en varios tribunales del mundo contra la firma a la que acusan de contaminación en los afluentes del Amazonas que se ramifican en Lago Agrio.
El máximo tribunal argentino rechazó por unanimidad el recurso planteado por los demandantes como parte de su estrategia para ejecutar una sentencia ecuatoriana de $ 9500 millones de dólares contra Chevron Corporation.
La historia arrancó en 2003 en Ecuador. 'Los Afectados' venían exigiendo que Chevron cumpla con los u$s 19.021,5 millones a los que la Justicia ecuatoriana la condenó por décadas de contaminación. El proceso tuvo sentencia en 2012. Como Chevron carece de activos en Ecuador, los demandantes detonaron embargos, contra ella o sus subsidiarias, en otros países. Lo hicieron en Canadá, Brasil, Colombia y también en la Argentina, en el año 2013.
En el país, la demanda arrancó con un embargo sobre todos los activos de la petrolera, El entonces juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil 61, Adrián Elcuj Miranda, concedió el embargo sobre el 100% de las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos por ventas de petróleo crudo a las refinerías de Chevron Argentina. También, se congeló su 14% de participación de Oleoductos del Valle. Tras siete años de recursos y apelaciones, el caso llegó a la Corte Suprema, que en un fallo unanime de sus cinco miembros desestimó el 30 de julio pasado la apelación de los demandantes contra la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del 3 de julio de 2018, que confirmó la decisión de una corte de primera instancia y desestimó el recurso interpuesto por los demandantes ecuatorianos por falta de jurisdicción.
"Las cortes argentinas han rechazado de manera uniforme y definitiva el intento de los demandantes de lograr que se reconozca y se ejecute la sentencia ecuatoriana en esa nación", informó Chrevron en un comunicado.
"Esta es la última de una serie de victorias legales en la defensa global de Chevron contra dicha sentencia, que fue considerada por cortes de Estados Unidos como producto de fraude, soborno y corrupción, mientras que un tribunal de arbitraje internacional de La Haya la declaró inejecutable en virtud del derecho internacional", agregó la empresa.
La estadounidense siempre negó toda responsabilidad. En su defensa, dice que compró Texaco, recién, en 2001. Alega que, hasta 1992, Texpet, filial de su adquirida, fue socia minoritaria de Petroecuador, operadora exclusiva de las áreas a partir de 1990. Que, como parte de su salida de Ecuador, Texpet –que había hecho su primera perforación en Lago Agrio en 1972– negoció con el Gobierno un acuerdo de reparación ambiental, a tres años, a un costo total de u$s 40 millones. Agrega, además, que la demanda, iniciada en 2003, pretende aplicarle, retroactivamente, efectos de una ley sancionada en 1999.
No es su único descargo. Subraya que el proceso prosperó en Ecuador porque la Justicia neoyorquina lo desestimó. “La compañía cree que el juicio es producto del fraude y contrario a la evidencia científica evidente , viene denunciando. Sutil eufemismo para referirse a jueces corruptos y peritos, como mínimo, desprolijos que, denuncia, habrían manipulado la causa –de 200.000 páginas– en los tribunales ecuatorianos. “No es un caso ambiental. Sino de fraude, coimas y extorsión , aseguran sus asesores locales.
"Con la decisión de la Corte Suprema de Argentina, el último proceso pendiente que busca el reconocimiento de la corrupta sentencia ecuatoriana ha llegado a su fin. Las decisiones de cortes y tribunales de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Gibraltar, La Haya y ahora Argentina, confirman que la fraudulenta sentencia ecuatoriana debe ser inejecutable en toda corte que respete el Estado de Derecho. Incluso la República del Ecuador, que apoyó durante mucho tiempo el litigio contra Chevron, finalmente admitió en una declaración pública a principios de este mes que la sentencia de $9.500 millones de dólares dictada por sus cortes es “fraudulenta'", subrayó la compañía en el comunicado.
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