El Cronista Comercial

Un grupo de empleados busca frenar el remate de OCA

Son 800 personas, entre personal jerárquico y técnico no afiliado a Camioneros sino al gremio de correos privados. Integran el 5% que un eventual nuevo dueño podrá echar, según habilitó el juez. El magistrado ya publicó los edictos de la subasta, que será a fines de septiembre

Un grupo de empleados busca frenar el remate de OCA

Unos 800 empleados jerárquicos de OCA intentan frenar el remate del operador postal, quebrado por deudas que superan los $ 20.000 millones. Al menos, bajo las actuales condiciones. Por lo pronto, el juez a cargo del proceso, Pablo Tejada, de Lomas de Zamora, avanza a paso firme con la licitación: ya se publicaron los edictos, que habilitan a los interesados a comprar los pliegos hasta el 27 de julio. La subasta, estimó el magistrado, será entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre.

Tejada decretó la quiebra de OCA el 1º de abril del año pasado. El mes pasado, decidió avanzar con su remate, tras descartar la única oferta presentada en forma espontánea por la empresa. La había hecho Ficsa, sociedad de inversiones del Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros. Propuso pagar u$s 5 millones por la empresa, de más de 6000 empleados y una facturación bruta que, actualmente, ronda los u$s 120 millones anuales.

La oferta de Ficsa, que prometió conservar el 100% de los empleados, tenía el aval de la Federación de Camioneros, a la que está afiliada la gran mayoría del personal de OCA y que, además de ser uno de sus principales acreedores, participa el comité de administración actual de la empresa. El juez la descartó por, entre otros motivos, considerarla muy inferior a los u$s 37 millones en los que los liquidadores judiciales tasaron a la compañía.

Este lunes, el juzgado emitió la cédula que ordena la publicación de los edictos del remate. Como anticipó este diario, el Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora fijó un precio base total de u$s 36,1 millones, compuesto por un monto fijo, de u$s 18,5 millones, para asumir contingencias laborales y una base en efectivo, de u$s 17,6 millones, sobre la que se realizará la puja, que será en forma electrónica.

Los interesados tienen plazo hasta el 27 de julio para adquirir los pliegos, que valen $ 120.000.

“OCA es una de las más importantes empresas de correo privado y servicios logísticos de la Argentina y América latina, con servicios de cobertura nacional y una red de más de 150 sucursales, que se complementa con un gran número de agentes oficiales distribuidos en todo el país”, se lee en el edicto.

Según las condiciones, sólo deberán participar interesados directos en adquirir la compañía. Es decir, se negará la actuación de gestores, comisionistas o intermediarios.

La oferta, según definió el juez, deberá ser de pago al contado, en ningún caso inferior al precio base (u$s 17,6 millones) y expresada en dólares estadounidenses. Además, tendrá que aceptar la transferencia de los contratos de trabajo de, por lo menos, el 95% de la dotación de personal de OCA al momento en que se decida la adjudicación, reconociéndoles su antigüedad.

En este punto, el juez habilitó a recortar hasta el 5% del plantel, siempre y cuando, fueran aquellos empleados que habían solicitado la verificación de sus créditos en el marco del concurso y la quiebra.

Precisamente, ese grupo, unas 800 personas, no afiliadas a Camioneros sino a la Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina (Aecpra), recurrió esa decisión de Tejada.

“Los presentantes somos todos personal jerárquico y técnico no abarcado por el convenio colectivo de trabajo de Camioneros y tampoco por el encuadre sindical de dicho gremio”, explicaron en su apelación.

“En este sentido, la resolución materializa una discriminación inaceptable en los términos de la Ley 23.592 y del artículo 17 de la Ley de Contratos de Trabajo, ya que bajo el infundado argumento de una supuesta ‘autonomía de la voluntad’ ejercidad por los trabajadores que se presentaron a verificar en reserva de la NO continuidad de la explotación, se excluye de la transmisión de los contratos a todos los trabajadores jerárquicos de la empresa”, agregaron. El “NO” está así, en mayúscula, en el original.

“Es decir, se materializa la eliminación de un gremio completo de trabajadores”, enfatizaron.

“Todos los trabajadores técnicos y jerárquicos hemos sido excluidos de la transmisión de nuestros contratos”, subrayaron. “No hay una sola cláusula que establezca las condiciones laborales en que serán transmitidos nuestros contratos”, completaron.

NINGUNO DE LOS TRABAJADORES que continuamos trabajando en la empresa y que nos hemos presentado a verificar –para el caso de que la empresa no continuara- y que nos encontramos enumerados en los listados DESEA EXTINGUIR EL VÍNCULO”, remarcaron. Otra vez, mayúsculas del original.

Tejada concedió la apelación. El tema pasó en los últimos días a segunda instancia. Los empleados piden que el juez revierta esa decisión de permitir el despido de ese 5% del plantel que solicitó la verificación de sus créditos en el expediente.

Por l pronto, en el edicto de la licitación, el juzgado notifica la existencia de este potencial conflicto legal para el evetual ganador de la subasta.

Un punto importante es que, cuando rechazó la oferta de Ficsa (Campici), Tejada ordenó que, entre las condiciones, se exigiera a los interesados que ya tuvieran la licencia de operador postal que expide el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

El texto final del pliego es parecido pero no exactamente el mismo: “Corresponderá al comprador conocer la normativa y los requisitos legales de Enacom para la transferencia de la licencia correspondiente a la actividad”.

Esto reabre la puerta para que Ficsa –el único interesado que se presentó en la quiebra– vuelva a presentarse. En ese sentido, Campici ya inició los trámites para que Enacom califique a su empresa como apta para recibir la licencia.

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